Por Rodrigo Montoya Rojas
En el Perú existe una ley ya reglamentada que autoriza la consulta
previa como derecho de los pueblos indígenas, frente a las empresas -que vienen
de fuera y muy lejos- que invierten para explotar en sus territorios petróleo,
gas, minas y hacer grandes carreteras. A varios empresarios, internacionales y
nacionales, les gustaría que la consulta previa no existiese para hacer lo que
quieran, como en el pasado lejano y reciente. A los pueblos indígenas les
gustaría que ese derecho ganado desde el Acuerdo 169 de la OIT sea plenamente
ejercido y que sus acuerdos sean vinculantes, que sean tomados en cuenta y
respetados. Lamentablemente, en la incipiente democracia peruana, la
colonialidad del poder se impone para desvirtuar los mandatos legales y seguir,
como antes, tratando a los indígenas como menores de edad, sin derechos ni
opinión propia.
Resulta ahora que para el gobierno llamado nacionalista los únicos
pueblos indígenas a quienes habría que consultar, sin compromiso alguno,
serían los de la Amazonía y no los quechuas y aimaras de los Andes; que el
reconocimiento de esa condición sería otorgado a pedido de parte y que la Base
de Datos sobre los pueblos indígenas no será publicable sino para cada caso
concreto. En buen romance, el dilema parece muy simple: inversión minera o
consulta previa. Las empresas no quieren consulta previa en los Andes y
todo indica que el gobierno se inclinará por favorecerlas con el pretexto de
salvar las inversiones que el país necesita para volver a asegurar las altas
tasas de crecimiento que estarían cayendo.
Una de las primeras lecciones en un curso de antropología peruana es la
siguiente: la lengua, el territorio, la cultura y la identidad son 4 pilares
de existencia de los pueblos indígenas. Habría que ser ciego, conservador
y reaccionario para suponer que estos cuatro elementos no están presentes entre
los Cañaris del norte y entre los Quechuas y Aimaras. Decir que las comunidades
campesinas de los Andes están ya integradas al Estado, y que por eso
habrían dejado de ser indígenas, es la expresión de un pensamiento
antropológico pobrísimo que limitaría lo indígena a un espacio ajeno al mercado
y al Estado. Siguiendo ese razonamiento, indígenas habrían sido solamente los
pueblos pre-incas e incas.
Se puede ser indígena y estar inmerso en la llamada globalización, tener
facebook y tarjetas de crédito. Los indígenas con derechos son lo nuevo y
último de la modernidad. ¿Para qué se autoriza por ley una consulta previa?
Sencillamente para conocer y oír la opinión de los pueblos que tienen todo el
derecho de defender sus cuencas de agua, sus tierras de cultivo y pastos para
sus animales. Son esos pueblos los que producen los alimentos que los peruanos
consumimos. Las grandes empresas multinacionales no producen ni un kilo de papa,
ni una cebolla. Se llevan, sí, el oro, la plata, el cobre y dejan una pequeña
cantidad de dinero para el Estado. Si se consulta a los pueblos para no tomar
en cuenta sus opiniones se trata simplemente de una burla. La hipocresía del
“sí pero no”, agrega leña al fuego de los conflictos que ya conocemos.
Como una bibliografía, una base de datos es por definición y principio
abierta para agregar, actualizar, mejorar las informaciones ya recogidas y
eliminar los datos irrelevantes. Si el gobierno anuncia que no puede
publicar la base de datos que había prometido entregar está confesando que
tiene entre manos un gato encerrado. Este hecho es demasiado grave y revela una
gran incompetencia.
Hay algo más dentro de este juego de hipocresías: a las empresas les
gustaría que la consulta previa se haga en la fase de explotación y no en las
de concesión y exploración. Sin embargo, todo comienza con la concesión porque
cuando una empresa compra el favor de una concesión ya tiene un derecho
muy próximo a la propiedad. Al tener la concesión y al explorar, la
empresa ocupa un territorio. En la fase de explotación ya no hay nada que hacer
y la propiedad queda registrada. En esas condiciones ¿Qué sentido tendría la
consulta? Ninguno.
¿Será posible que los funcionarios del estado con seriedad
profesional y ética no se den cuenta de este juego de hipocresías? ¿Confianza a
los inversionistas o consulta previa? Esa es la dicotomía según los
empresarios. Después del “Conga va”, el gobierno de Humala reafirma su voluntad
de agravar el conflicto con los pueblos indígenas. No tomar en cuenta a los
pueblos quechua y aimara y, particularmente a Cañaris, será un nuevo error con
múltiples consecuencias. No se apaga un incendio con gasolina.
Publicado
en Otra Mirada, 14 de junio de 2013
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