Cladem advierte que ley contra la violencia dejaría desprotegidas a las mujeres al momento de denunciar

 

• Ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar pone en peligro la protección a las mujeres víctimas de violencia, advierte Cladem.
• Habría colapso en el sistema de recojo de denuncias en las Comisarías y en los Juzgados Mixtos y de Familia.

La reciente Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (N° 30364) -promulgada hace cuatro semanas- dejaría desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia, por problemas en su implementación, advierte el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

A pesar que la norma propone agilizar el acceso a la justicia, ya que ahora la denuncia pasa en solo 24 horas desde la Comisaría al Juzgado de Familia o Mixto, y precisa que el juez debe resolver la medida de protección en máximo 72 horas; existen conflictos dentro de la regla.

La problemática surge porque en la Policía Nacional del Perú (PNP), no existe un consenso sobre las características de atestado que deben elaborar y remitir al Poder Judicial; incluso en algunas comisarías a nivel nacional no se reciben ni tramitan las nuevas denuncias. Todo esto podría generar que las denuncias de las víctimas no sean consideradas y queden fuera del proceso.

“Existe el riesgo de que la ley no se aplique adecuadamente porque se ha generado una incertidumbre en los operadores de justicia sobre la implementación”, explica  Jeannette Llaja, abogada de CLADEM. Agrega que al no existir una capacitación con respecto a la norma, “tenemos un Poder Judicial colapsado, una policía no sensibilizada, las denuncias de las víctimas podrían rebotar y salir del proceso”. 

Asimismo, Llaja considera que los juzgados mixtos y de familia no están en la capacidad de atender los casos tal y como está previsto en la norma, considerando su carga procesal, horario de trabajo y el escaso personal con el que cuentan.

Otro inconveniente es que los Centros de Emergencia Mujer y los servicios de defensa de las víctimas del Ministerio de Justicia a nivel nacional, no tienen los lineamientos para acompañar los casos: “Ante esta situación, las mujeres víctimas de violencia que están acudiendo a las autoridades se encontrarán desprotegidas y en mayor riesgo, porque las instituciones que integran la ruta de atención, se han encontrado con un nuevo proceso de la noche a la mañana”, manifiesta Cynthia Silva, abogada de CLADEM.

Añade que la falta de claridad, sumada a los “prejuicios machistas que persisten en muchos operadores, puede provocar que no se atiendan los casos por considerar que no son graves y que no merecen atención prioritaria”.  Por ello, Silva enfatiza que es indispensable fortalecer el servicio de defensa y acompañamiento de las víctimas.

Demandas

Los profesionales que integran CLADEM Perú esperan que se adopten medidas urgentes, pues nos encontramos cerca de las fiestas de fin de año y uno de los meses donde los índices de violencia aumentan es enero, según los Centros de Emergencia Mujer.

Por ende, demandan que se incluya presupuesto adicional para la implementación de la ley y se de acompañamiento a las denuncias. También que se instruya al personal policial a nivel nacional para asegurar que todas las comisarías tramiten las denuncias en 24 horas.

Además, piden la creación de nuevos juzgados especializados en familia para que se garantice el dictado de medidas de protección y cautelares dentro del plazo establecido por la ley (72 horas desde que se realiza la denuncia). En la misma línea, consideran necesario el establecimiento de lineamientos de actuación interinstitucional para la atención de diversos casos de violencia y que se realice una capacitación estandarizada para la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el personal de los servicios de atención pues de esa manera, se aplicará adecuadamente la ley.

Más de dos años de retraso para empezar a elaborar el Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad

ü  Mañana 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así lo proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 1992

 

El Ministerio de Vivienda anunció con más de dos años de retraso la conformación de la Comisión Multisectorial que elaborará el Plan Nacional de Accesibilidad para eliminar las barreras arquitéctonicas y comunicativas para las personas con discapacidad. Sin embargo, ni siquiera se ha aprobado aún la resolución de aprobación. Esta política, establecida por la Ley General de la Persona con Discapacidad, debió estar lista en abril de 2013. Hay dos incógnitas siguen sin despejarse: la fecha de culminación de la elaboración del plan, y el momento en el que entrará en vigencia.

Gradas, escalones, rampas mal hechas, puentes peatonales con peldaños, postes en medio de las veredas. “¡El no tener accesibilidad hace que me sienta más atada a mi silla!”­­, lamenta Milagros Ruiz. Esta periodista de 32 años, al nacer sufrió una parálisis cerebral, la lesión afectó sus miembros inferiores y a su aparato psicomotor postrándole en una silla de ruedas de por vida. Las calles de nuestro país representan una carrera de obstáculos para las personas con discapacidad, quienes a diario deben pedir ayuda constante a transeúntes, perdiendo la independencia y autonomía por la que tanto batallan.

Hace más de dos años se estableció que se debía crear un Plan Nacional de Accesibilidad, con un plazo no mayor de 120 días. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe. El Ministerio de Vivienda en octubre anunció la conformación de la Comisión Multisectorial para la elaboración de este documento. “Ha habido falta de voluntad política para poder avanzar en el tema de accesibilidad, pero saludamos que por lo menos se conforme la comisión”, señala Milagros Sovero, de la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Para el congresista Jhon Reynaga es indignante que estas políticas públicas establecidas en la ley general, no se hayan terminado de ejecutar. “Los representantes del Ministerio de Vivienda se comprometieron, dijeron que en noviembre iban a emitir una Resolución Suprema para que conformen una Comisión Multisectorial de 45 a 60 días”, agrega que, si bien ya se está trabajando en el tema, aún no se ha publicado la medida.

Para conocer los detalles sobre la culminación de la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad y cuándo entrará en vigencia, intentamos comunicarnos en reiteradas oportunidades con la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, a cargo del arquitecto Luis Obdulio Tagle.

A pesar de eso, no obtuvimos respuesta

Sin embargo, en una entrevista realizada hace varios meses, Tagle comentó que la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico aún no iniciaba sus funciones, pues no se les había asignado el presupuesto. En el intento de gestionar una entrevista, se nos informó que dicha área ya había iniciado sus labores, pero que tenía recursos muy limitados, por lo que solo se había contratado a “un par de personas”.

Sobre lo anterior, Sovero comenta que la Dirección General de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda “es una dirección que estaba puesta, pero que finalmente no había avanzado nada, porque no se han generado ningún tipo de políticas, ni siquiera se ha diseñado en Plan de Accesibilidad”, enfatiza.

Reynaga comenta que, en el Congreso de la República, ya se ha designado el presupuesto para dicha dirección; pero, por ser una entidad nueva, el dinero será entregado el año entrante: “Mediante la Ley General de Presupuesto para el año 2016, se aprobó el monto aproximado de 700 mil soles para medidas operativas y administrativas”, señala.

La espera que desespera

“Tu desarrollo personal se complica mucho cuando no tienes accesibilidad porque, si eliminaran las barreras arquitectónicas y respetaran el modelo social, las personas con discapacidad no tendrían ningún problema al desplazarse”, comenta Miilagros Ruiz.

Desde pequeña se ha sentido constantemente discriminada, incluso recuerda que fue expulsada del nido porque las autoridades de la institución temían que su discapacidad pudiera ser contraída por otros niños. “Dijeron que mi discapacidad iba a contagiar y por eso, mis papás tuvieron que buscar un colegio especial”, relata.

Cuando creció y decidió estudiar periodismo se enfrentó a un mundo lleno de prejuicios cuando empezó a buscar empleo “No me contrataban, decían que no podían aceptarme porque no podría acudir a cubrir las comisiones y que la infraestructura de la empresa no estaba adecuada”. Finalmente, Ruiz decidió alejarse de las comunicaciones y trabajar en atención al cliente, pues le permitían laborar desde su hogar.

Problemas latentes

Las personas con discapacidad no solo esperan que la infraestructura del país se empiece a adecuar a sus necesidades, sino que también anhelan un sistema de transporte donde puedan desplazarse con tranquilidad y a precios módicos.

Para Milagros Sovero, el tema de accesibilidad urbana debe ser prioritario, “se tiene que ver la accesibilidad en el entorno urbano y de edificaciones, eso es básico”, sostiene. Además, agrega que incluso los dos sistemas de transporte público que anunciaron que serían accesibles, el Metropolitano y el tren eléctrico, cuentan con numerosas deficiencias que impide su uso por las personas con discapacidad.

Eso lo comprobó Ruiz, pues decidió hacer un “experimento social” y vivir la experiencia de utilizar el Metropolitano, para luego compartirla con los seguidores de su blog llamado “No invisibles”.

“Me fui hasta la estación de Naranjal en un alimentador, no sin antes ver en sus páginas web que era todo accesible, pero no fue así. No tenían rampas y me subieron cargada, yo pensé que adentro estaban los cinturones de seguridad y ganchos que agarran las sillas de ruedas, pero no había nada. Entonces, en una curva, me caí y me lesioné la columna”, cuenta la periodista.

“El problema con el Metropolitano es que solo el 10% de sus unidades alimentadoras son accesibles para personas con sillas de ruedas. Entonces normalmente entre dos a tres horas tiene que esperar una persona en silla de ruedas en los paraderos, para acceder a un carro accesible”, manifiesta Sovero, quien añade que otra problemática es lo abarrotados que transitan dichos buses.

Por otro lado, esas no son las únicas necesidades de las personas con discapacidad, pues también demandan empleo (el 76% de ellos se encuentran inactivos) y mayores oportunidades de acceso a la educación, pues según la Defensoría del Pueblo, el 78% de las personas con discapacidad en edad escolar, están fuera del sistema educativo.

Ausente

Si hay una institución que está encargada de vigilar y fiscalizar que las normas en beneficio de las personas con discapacidad se cumplan, es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad (Conadis), pero dicha entidad ha sido duramente criticada.

Milagros Ruiz recuerda que a la primera institución que acudió cuando cayó en el alimentador del Metropolitano, fue a Conadis, pero “solamente llegaron a unas conversaciones y nunca hicieron nada, por lo que tuve que recurrir a otros entes para que me puedan defender”, enfatiza.

Intentamos comunicarnos con el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, presidido por Fernando Bolaños, quien también es presidente del Conadis, para consultarle sobre el Plan de Accesibilidad y el rol que está cumpliendo actualmente el Conadis, pero no nos concedió entrevista.

Reynaga comenta que los grupos de trabajo que ha conformado han venido cumpliendo el papel de dicha institución: “Nosotros estamos haciendo el papel del Conadis llamando a las instituciones y exhortándolas a que elaboren el plan que debió estar listo hace tiempo”, sentencia el congresista.

“El Conadis está dormido desde hace más de un año y medio, el viceministro Bolaños ha asumido el liderazgo de esta institución, pero finalmente la institución en sí no está cumpliendo nada de lo que la ley establece. Espero que tengan nuevo presidente pronto”, señala Sovero.

Asimismo, agrega que “necesitamos que el Conadis con su nuevo presidente pueda tomarle especial atención a los temas de discapacidad, que se pueda contar con todos los medios accesibles para el beneficio de las personas con discapacidad”, finaliza.

Es importante recordar que el Conadis, además de ser el órgano rector en materia de discapacidad, debe velar por que las instituciones públicas cumplan con garantizar la accesibilidad de sus servicios. No obstante, hasta la fecha no ejerce dicha potestad debido a la falta de procedimientos internos. Distintas organizaciones están evaluando interponer una demanda de cumplimiento contra este órgano por dicho incumplimiento.

¿Cómo se está cumpliendo el protocolo del aborto terapéutico?

A casi un año y medio de la aprobación de la guía sobre aborto terapéutico, existen en la propia norma barreras para que algunas mujeres puedan acceder a él. Además de haber  falta de transparencia en las estadísticas. Aún queda una deuda pendiente del Estado en la materia: el pago de una indemnización y cumplir con la atención  integral de  salud de L.C. y K.L. tras haberles obligado a continuar con un embarazo que afectó gravemente su salud física y mental.

 

Por Nylva Hiruelas

“Libre, gratuito y seguro” estas son las demandas que miles de mujeres corearon al unísono por las calles del planeta en el Día de Acción Global por la despenalización del aborto que se celebró el 28 de setiembre. En el Perú, la batalla legal se cierne sobre la aprobación del proyecto de ley N°038039, que permitiría que las mujeres que hayan quedado embarazadas producto de una violación sexual pudieran abortar. Por ahora sólo es legal el aborto terapéutico. No cabe duda de que la aprobación del protocolo en junio de 2014 se trata de un gran avance, pero ¿se está implementando de manera adecuada? La falta de transparencia de las estadísticas, o haber limitado el establecimiento donde debe implementarse, son algunas de las barreras señalados por los expertos consultados.

 

Limita el aborto terapéutico para casos de riesgo inminente

El Protocolo para el aborto terapéutico regula el  derecho de las mujeres a interrumpir  del embarazo en las 22 semanas de gestación cuando sea el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

 

¿Garantiza esta Guía de manera efectiva el acceso al  aborto terapéutico para las mujeres que lo requieran? La reconocida psiquiatra Marta Rondón responde con un “no”. Este protocolo “pasa por alto el espíritu del código penal que dice que es para proteger de un daño grave y permanente la salud de la madre, o sea que no es necesario que la mujer esté en riesgo inminente de morirse para que se practique el aborto terapéutico”, explica.

 

“Al limitar el nivel del establecimiento al tipo II-E, que cuentan con un quirófano completo, limitan el acceso a esta medida, y lo coloca en un contexto solamente de peligro a la vida. Para recetarle misopostrol a una mujer no necesitas de ninguna manera este tipo de establecimiento”, especifica la presidenta de la Asociación Internacional de Salud Mental de la Mujer.

 

La otra barrera que identifica Rondón son las Juntas Médicas. “No se necesita realmente la opinión de tres personas. Exponer el tema de la mujer ante un Comité donde, aparentemente, por muy especialistas que sean, son las que sustituyen a la mujer en determinar cuál es el riesgo que ella está dispuesta a correr respecto de su salud”, subraya. 

Según la Guía, en el caso de que la Junta Médica concluya que no es recomendable proceder a la interrupción terapéutica del embarazo, la gestante podrá solicitar al Director General del establecimiento de salud que se realice una nueva Junta Médica con otros médicos, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 48 horas. En ese caso, el Director general del establecimiento de salud constituiría y convocaría por última vez a una segunda Junta Médica, pudiendo convocar a otros médicos especialistas del sector público o privado (disposición 6.3.4.)

 

“Se está trabajando en la capacitación de los médicos, se está trabajando con organizaciones, para poder asegurar la competencia técnica. Lo más importante es que los profesionales que ven a la mujer gestante y ven los potenciales problemas, estén capacitados, y tengan una actitud positiva de llevarlo al nivel correspondiente y en una respuesta ética, de libertad, y de respeto a las leyes nacionales, y que se dé la oportunidad de recurrir a la mujer al aborto terapéutico si así lo desea”, explica Daniel Aspilcueta, coordinador nacional de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud.

 

La salud mental también importa

La Guía aunque identifica una serie de causas médicas concretas por las que una mujer podría acceder al aborto terapéutico, no se trata de una lista cerrada como así lo han presentado varios medios generando desinformación. El protocolo señala 10 de las enfermedades más comunes pero además incorpora el causal 11, aquella que dispone que podría practicarse el aborto terapéutico “para cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un  mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica”. Sospechosamente, algunos medios de comunicación obviaron informar del supuesto número 11 que amplía las razones.

“La número 11 se puso porque no debe haber una receta de cocina para esto. Si miramos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud  (OMS) hay más de 4.000 enfermedades, y éstas pueden afectar a la mujer durante el embarazo”, explica el doctor Luis Távara. Es decir, no existen sólo ni 10 ni 11 razones médicas que permiten a una mujer acceder al aborto terapéutico.

 

Cuando se publicó la guía, a pesar de ser un derecho reconocido desde 1924 en el Código Penal (artículo 119), los conservadores pusieron el grito en el cielo. Aprovecharon entonces ese momento para despreciar o infravalorar la importancia de la  salud mental como un supuesto  –que entraría en el punto 11-para poder abortar. “Fue un tema controversial [supuesto 11], lo bloqueaban, pero finalmente se logró incorporar”, comenta Aspilcueta.

 

La salud mental es definida por la OMS como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida,  trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La Constitución Política reconoce en el artículo 2 el derecho de toda persona a la integridad “moral, psíquica y física”, y en el artículo 1 afirma que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

  

“El Tribunal Constitucional dice que la salud mental es indispensable para la vida digna, por tanto, le compete al Estado protegerla”, sostiene Rondón. Añade además que la depresión es la primera causa de morbilidad de las mujeres en edad reproductiva en países como el Perú: “la depresión es una enfermedad grave, crónica, incapacitante que conlleva un riesgo de muerte por suicidio”.

 

El suicidio precisamente es uno de los factores preocupantes en la mortalidad materna en adolescentes, que ha pasado del 39%  en el 2010, a 44% para el 2012, según documenta la publicación “Historias para no olvidar”, de PROMSEX.

 

Falta de transparencia estadística

 

Si queremos conocer cuántos abortos terapéuticos se han practicado desde que se aprobó la Guía Técnica no encontraremos un espacio web donde figure una cantidad total, ni desagregada por hospitales. Para conocer tales cifras, se debe solicitar a través de un pedido de información en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Ni siquiera en tal caso, se ofrece una información completa. Según los datos recabados, se habrían practicado, al menos, siete abortos terapéuticos en tres  de los principales hospitales de Lima.

 

“Hay abortos terapéuticos que no figuran como tal, por ahora no estamos transparentando bien la información, en la estadística existen códigos para cada problema y el aborto terapéutico no sé si ya se asignó un código desde el Ministerio de Salud que es donde se origina esto, si ya se hizo, solo hay que usarlo convenientemente cuando sea necesario”, explica el médico Luis Távara, especializado en obstetricia y ginecología. Esta información no ha podido ser contrastada con el Ministerio de Salud al no responder a una petición de entrevista.

 

Hasta febrero de 2015, el Ministerio de Salud tenía por delante la labor de llevar a buen término las coordinaciones con la Oficina General de Estadística para monitorear la implementación de la Guía. Desconocemos cuánto  ha avanzado en su implementación desde entonces. Rondón comenta que “no tienen ni tal vez vayan a tener estadísticas realistas sobre lo que pasa porque, en muchos casos, los médicos no quieren verse comprometidos con el tema de las Juntas Médicas. Simplemente lo pasan como aborto incompleto”.

 

La deuda pendiente del Estado con K.L. y L.C.

La publicación de la Guía sin duda ha marcado un antes y un después. “En los últimos cincos años, desde el año 2010 hasta el 2014, se han realizado más de 200 abortos terapéuticos .Yo confío en que ya con la Guía las mujeres sientan un derecho, y los profesionales que tienen un deber, una obligación de entregar servicios, y obviamente es lo que está ocurriendo ahora con actividades de capacitación. Confío en que más mujeres van a tener acceso a la interrupción de embarazo por razones de salud”, declara Távara. 

“Antes no hubo facilidades de acceso al aborto terapéutico”, comenta el médico quien señala que hace más de 50 años dos hospitales públicos (La Maternidad de Lima, y el Hospital San Bartolomé) realizaban estas intervenciones.

 

Según un estudio de Pathfinder International desarrollado en 2009, analizó un total de 118 hospitales del Ministerio de Salud de todo el país. De éstos, sólo en 15 hospitales se realizaban procedimientos de aborto terapéutico, y en el resto, es decir, el 70%  este procedimiento no se realizaba. Según otro estudio llevado a cabo por la misma organización junto con Flora Tristán y ESAR en 2008, de 350 médicos ginecólogos consultados, sólo el 37,4 % de los profesionales manifestaron que conocían los dispositivos legales y normativos sobre al aborto terapéutico. Sin embargo, al preguntarles cuáles eran, el 83,4% no respondió. Entre las barreras y limitaciones experimentadas en el aborto terapéutico, las legales constituían el 55,6%, y las religiosas un 54,5%. Entre las barreas médicas, la falta de capacitación aparecía destacada (40.6%).

 

En este contexto, a las adolescentes K.L. y L.C. el Estado peruano les negó, en el 2001 y 2007 respectivamente, la posibilidad de interrumpir un embarazo que lea afectaba de manera grave en su salud física y mental.  Perú fue condenado por comités internacionales por vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de ambas. Sin embargo, el Estado tiene una deuda pendiente: 10 años después, aún no ha pedido perdón,  pagado ninguna indemnización a estas mujeres, y tampoco ha garantizado un servicio de salud integral.

 

Hay que recordar que L.C. fue víctima de violación de la que quedó embarazada a los 13 años. Tuvo un intento de suicidio, arrojándose desde un edificio, que le produjo una paraplejía. A pesar de que requería una intervención quirúrgica urgente, nunca se le realizó por su  embarazo. L.C. sufrió un aborto espontáneo, hoy está postrada en una silla de ruedas. K.L. quedó embarazada a los 17 años pero una ecografía mostró que se trataba de un feto anacefálico. La adolescente decidió interrumpir su embarazo, sin embargo, el director del hospital nacional Arzobispo Loayza le negó esta posibilidad argumentando que se trataba de un aborto eugenésico (sancionado por el Código Penal). K.L. dio a luz a una niña que vivió tan solo cuatro días. Tras este episodio, la joven se sumió en un estado de profunda depresión. Hoy vive en fuera del país. 

Rondón explica que cuando una mujer tienen que pasar experiencias traumáticas como esta, es posible que haya transformaciones persistentes de la personalidad, donde se pierda la capacidad de confiar  en las otras personas, además de una incapacidad para poder expresar emociones en toda su intensidad, y con una visión pesimista sobre el futuro.

 

La historia de estas mujeres  y la judicialización de los casos ha sido emblemático pues los dictámenes emitidos por organismos internacionales exigían también al Estado que adoptara medidas para evitar que se cometan violaciones  de este tipo en el futuro: En el caso de K.L. (defendida por la organización Demus) se instó a que Perú aprobara  el protocolo del aborto terapéutico, esta medida, sin embargo, no fue cumplida hasta nueve años después de la emisión del dictamen. En el caso de L.C. (defendida por Promsex), la CEDAW recomendó la despenalización del aborto por violación sexual; un derecho que sigue siendo vulnerado hasta la fecha, sólo con su aprobación el Estado podrá resarcir a L.C. y a todas las mujeres que le son negados  sus derechos sexuales y reproductivos.