La
actividad minera y petrolera ha entrado en competencia directa con la
agricultura de pequeña escala en muchos países. Las tensiones por el control de
la tierra y, sobre todo, por el agua, han producido protestas y conflictos
violentos en las comunidades. Reconciliar estos dos importantes impulsores del
desarrollo se ha convertido en un tema crucial de gobernabilidad y desarrollo.
Según
estudio de la Universidad de Queensland, Clark University (2014), los costos para las corporaciones en la conflictividad social pueden llevar a
ser muy altos, cerca de los US$ 20millones semanalmente, en el caso de
grandes proyectos mineros valorizados entre US$3,000 y US$5,000 millones.
Según
el FMI, el Perú debe diversificar la economía en sectores estratégicos como la
agricultura y no depender tanto de la minería. Si observamos lo que pasa en
zonas con actividad minera, como en Espinar, entre 2004 y 2012, la provincia
contó con más de mil millones de soles por recursos de canon y del aporte de la
empresa minera bajo el convenio marco. Esa cifra constituyó el 86% del total de
los recursos que recibió entre esos años dirigidos a mejorar condiciones de
vida inmediata pero sin atender cambios estructurales de productividad y
competitividad.
Según
el informe, las cinco cuencas de drenaje
que presentaban mayor proporción de su área bajo concesión a la industria
minera eran el Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari. La superposición
se ha incrementado rápidamente, desde el año 2002, especialmente en las
regiones de la costa y del centro del Perú. A partir del 2007 se empezó a
otorgar desproporcionadamente áreas agrícolas, especialmente en la costa
peruana.
El
geógrafo Anthony Bebbington señaló que uno de los desafíos a superar tiene que ver con vencer la limitación de
información, el marco legal incompleto y la asimetría en el acceso a la
información entre los actores. Explicó además que uno de los indicadores más
importantes son las concesiones otorgadas para la actividad extractiva, en
zonas en donde se desarrolla pequeña agricultura, así como los cambios
expuestos en el suelo y en la sociedad después de una actividad extractiva.
“Las
concesiones nos indican que son decisiones tomadas por actores públicos y
privados. Decisiones que tienen que ver con el uso de la tierra.
Conscientemente dictadas. Otros indicadores de cambios están en la tierra y los
que son de carácter social. Aunque sea un indicador negativo, sirve para
medir”, añadió.
La
problemática entre ocupación de territorios agrícolas por parte de las
actividades extractivas tiene impacto también en la seguridad alimentaria del
país, tema que OXFAM ha venido trabajando en los últimos años en nuestro país
mediante la campaña CRECE.
Por
ello, Giovanna Vásquez Luque,
representante de OXFAM, señaló que la pequeña agricultura en Perú no tiene la atención, ni la prioridad
necesaria por parte del Estado, a pesar de que destinan el 76% de sus tierras a
la producción de tubérculos y el 72% a hortalizas; es decir son la base de
nuestra seguridad alimentaria y de la gastronomía.
“En el
país no ha habido una política agraria adecuadamente implementada para ese
sector porque ni siquiera se encontraba data del mismo hasta el año pasado. El
censo de 2012 nos habla que hay 2,260 mil pequeños productores y llama la
atención que el sector no se ha disminuido sino que muy por el contrario ha
aumentado aproximadamente en 500,000 mil. Las regiones de mayor concentración
de la pequeña agricultura son Cusco, Puno y Cajamarca. Regiones en donde la
industria extractiva tiene una presencia importante”.
Vásquez
menciono que una muestra del poca prioridad del sector fue el diseño en el año
2013 de la discusión de la política en seguridad alimentaria donde se diseñó la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara y una Ley marco que garantiza el
Derecho a la Alimentación, la cual aún no está aprobada por el legislativo a
pesar de los esfuerzos conjuntos de sociedad civil para lograr su envío al
ejecutivo, anoto.
El
estudio a cargo del profesor Bebbington de la Universidad de Clark, dice que la agricultura continúa siendo el
mayor empleador de la población rural en el Perú. El 25% vive hoy en zonas
rurales, de ese porcentaje, el 25.2% es el sector agrícola que aporta a la PEA
y aporta el 7.2% al PBI nacional. La pequeña agricultura es un sector en el que
hay una gran cantidad de gente empleada.
En los
años futuros, es probable que los distintos usuarios de la tierra compitan cada
vez más por el acceso a los mismos recursos de tierra y agua. Los mapas que
muestran dónde se superponen los usos propuestos de la tierra, identifican así
dónde la expansión de las industrias extractivas podría amenazar los medios de
subsistencia que dependen de la tierra y el agua existentes.
Pese a
los beneficios que genera, el desarrollo puede traer consigo también riesgos e
incertidumbre para las comunidades. Las personas y los grupos responden a
nuevos riesgos con un amplio rango de estrategias para sobreponerse a estos
problemas.
El
informe, advierte además que la producción agrícola y las industrias
extractivas están dándose en las mismas áreas geográficas en el Perú y Ghana.
Puede
predecirse que la superposición de la agricultura con las industrias
extractivas conllevará a un conflicto social permanente, a menos que los
gobiernos manejen esta situación de manera efectiva y mediante una adecuada
coordinación de políticas.
Nuestro
país está experimentado el espectacular crecimiento basado en la minería pero
que según instancias como Banco Mundial, BID, etc., crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Los conflictos
entre extractivas y comunidades locales están expresando raíces profundas de
preocupación de agricultores, por ejemplo sobre el impacto en sus medios de
vida.
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