En
los últimos días de octubre, pobladores de las cuencas de los ríos Pastaza,
Corrientes, Tigre y Marañón, que pertenecen a las comunidades afectadas por la
contaminación producto de la actividad petrolera de la empresa Pluspetrol en la
zona, tomaron el aeropuerto de Andoas, en protesta por el incumplimiento de sus
demandas.
La
actividad petrolera en dicha localidad loretana lleva más de 40 años. Pluspetrol
opera desde el 2000. Lo más grave es que ya hay registros oficiales de la
exaltante contaminación, que permanece sin reparación, mientras que los
pobladores aún siguen negociando los términos de la indemnización que exigen
hace varios años.
La
congresista Verónika Mendoza, explica que uno de los temas más urgentes que se
debe resolver cuanto antes, es el de la titulación de tierras. Sin embargo, la
falta de voluntad del Estado ha alargado el proceso incluso existiendo
recursos.
“La
titulación es un asunto de voluntad política. Presupuesto hay. No solo de lo
que dispone el Estado peruano, sino aportes de la banca multilateral, de
cooperación internacional. Lo único que tenemos es una voluntad expresada por
la propia presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara”, comenta Mendoza.
Días
después de haber tomado el aeropuerto de Andoas, la Federación Indígena del
Pastaza (Fediquep) llegó a un acuerdo de solución con Pluspetrol. Lo que ha
informado la empresa es que se acordó soluciones a los temas planteados por la
comunidad nativa en relación a la compensación por el uso de tierras y el uso
de canteras. Todo ello con la presencia de la Defensoría del Pueblo.
Entre
los acuerdos está el solicitar las valorizaciones técnicas independientes para fijar
el monto de compensación. La congresista Mendoza recalcó la importancia de este
acuerdo. Al respecto sostuvo que “las lagunas y los pozos de agua han quedado
prácticamente inutilizados en muchos casos. Antes eran fuente de agua y
alimento y hoy pues, han desaparecido completamente”. Por ello exigió la
presencia del Estado en todo el proceso.
La
congresista adelantó que, de no tener solución a los reclamos de las
comunidades del Pastaza, éstas no dejarán que se inicie un nuevo proceso de
licitación.
“Las
comunidades ya han dicho que no van a aceptar que se convoque a una nueva
licitación como está previsto para darle el lote a un nuevo concesionario.
Porque el contrato de Pluspetrol se acaba en agosto de 2015. Antes de convocar tiene
que haber un proceso de consulta previa. Eso es totalmente legítimo”, expresó.
Mendoza
sostiene que hay una enorme desconfianza de las comunidades hacia el Estado y
la empresa privada. Lo que se teme, agrega, es que se mantenga la situación de
incertidumbre sobre el territorio para facilitar que cualquier inversionista
pueda instalarse sin garantías ambientales, sociales.
“El
gobierno debe establecer, de manera planificada con criterio de sostenibilidad
ambiental y social, qué se hace, dónde y cómo se hace. Debe titular a las
comunidades, hacer consulta previa. Eso garantizaría inversiones sostenibles
que no solo generen renta sino bienestar a las comunidades y que garanticen la protección del medio
ambiente”, concluyó la congresista.
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