ü La visión
economicista de PPK de los conflictos
sociales se perfila como una de las principales debilidades para resolverlos.
ü La
contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre. Además,
la reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo
escenario económico.
La reciente
visita de PPK al Complejo Metalúrgico
de La Oroya donde sólo ha mostrado su preocupación por la situación laboral de
los trabajadores, y ha dejado de lado en su discurso la contaminación que afecta a esta ciudad- unas de los 10
lugares más contaminados del mundo- y a sus habitantes, tras 18 años de
incumplimientos ambientales por parte de Doe Run, constituye uno de los
primeros movimientos del recién electo presidente y un reflejo de su entendimiento
sobre los conflictos sociales. “Es legítimo preocuparse por la situación de los más de 2000 trabajadores, pero que Pedro Pablo Kuczynski
haya dejado de lado el tema ambiental resulta inquietante. En su plan de
gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar
con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los
conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente
ambientales, sociales y culturales”, afirma José de Echave, economista de CooperAcción,
en el 18º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros presentado por
CooperAcción, Fedepaz y Grufides.
El Gobierno de Humala cierra su legislatura y deja como legado a PPK más de 200 conflictos
sociales sin resolver. Además, el Ejecutivo ha adoptado normativas conocidas
como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental,
vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la
propiedad comunal. “El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir
desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está
enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política
sería negativo y preocupante”, explica el especialista. Durante las elecciones
presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron -
en primera vuelta- por fuerzas políticas
de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio
de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de
explotación de recursos.
“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen
distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía
María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es
decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos
para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a
tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso
de Las Bambas”, precisa De Echave. No obstante, la propuesta de creación de un
Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de Conflictos Sociales por
parte de PPK considera el especialista que ayudaría a mejorar la prevención de
los mismos.
El sur motor de la inversión minera
El informe OCM da cuenta de que en los
últimos dos años se observa una tendencia a nivel nacional de reducción del
área concesionada a la minería. El 14,9% del territorio peruano está
concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas). En 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba
concesionado; y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir,
26 millones de hectáreas).
El
documento recorre la macro región norte, la zona central y la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna,
Cusco) que se ha convertido en el principal destino de las
inversiones mineras pero al mismo tiempo es la región donde se concentra
el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac (23
casos).En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera
en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló
un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose
en un estado de conflictividad latente.
El documento destaca la importancia del corredor minero
(abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa) une las operaciones de Las
Bambas, Constancia y Antapaccay culminando en el puerto de Matarani (Arequipa )
por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha
convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica. Arequipa ha
desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de
año, y se proyecta como una región donde
se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico. Perú reporta un crecimiento
excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho,
y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se
produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la
producción de cobre al 2017,
consolidando al Perú como segundo productor mundial.
La carretera que une el corredor minero, sin embargo, es
motivo también de preocupación y
malestar entre la población por
los continuos accidentes de transporte de mineral y otras sustancias, y por el
polvo que se genera. Por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su
impacto. En Cusco, Espinar es otro de los conflictos latentes con la minera
Glencore-Xtrata. La población se sigue
exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas
de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de
determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su
origen es natural. En Arequipa, el anuncio de la empresa Southern que sostuvo
que solo estaban esperando la licencia de
construcción para iniciar la ejecución del proyecto generó tensión y convocó un
paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.
El informe OCM alerta también del peligro de la
consolidación de la minería ilegal, siendo Madre
de Dios y Puno
son dos de los bastiones de esta actividad. Todo indica que su objetivo central será detener el proceso
de interdicción y formalización, así como consolidar su presencia en influencia
en ciertos territorios.
Menores aportes tributarios
La
inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no
es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado
también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año
consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido
proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo,
La Granja y Michiquillay, entre otros. El aporte del sector minero ha ido
disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la
minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el
25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.
El
informe OCM da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que
éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha
devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos
del sector minero ha recibido S./1,037 millones, por lo que advierte que habrá
que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades
extractivas.
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