ü Las Bambas, una de las cinco operaciones mineras más
grandes del mundo, se ubica en una de las zonas más pobres del país donde la
tasa de pobreza alcanza al 88% de su población.
En Apurímac se esconde el mayor
proyecto de inversión minera en la historia del país: La Bambas, operado por el
consorcio chino MMG, es una apuesta de
10 mil millones de dólares. Sin embargo, a pocos kilómetros de los tajos
abiertos, las comunidades de Grau y Cotabambas viven en la pobreza, en especial
los niños: la mitad de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica,
y la región Apurímac muestra la peor tasa de pobreza extrema de la población de
65 a más: 35.2%.
El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los representantes
sociales acordaron ampliar la Mesa de Diálogo por 180 días más. Comienza la
cuenta regresiva para cerrar acuerdos y cumplir con las expectativas generadas
en una población que espera poder beneficiarse de este proyecto.
“La gente de otros departamentos
piensan que la población de Apurímac vivimos con un mayor desarrollo económico,
pero no es verdad”, afirma Juan Carlos Huilca, vecino de Pissacasa. El
megaproyecto Las Bambas generó expectativas sobre su impacto económico en la zona,
especialmente durante la fase de construcción que llegó a demandar unas 18 mil
personas como mano de obra; ahora, se ha reducido a unas cuatro mil. Fue entonces cuando la localidad de
Challhuahuacho experimentó un crecimiento sin precedentes: pasó de tener una
población de 3 mil habitantes a 16 mil. Restaurantes, bares, lavanderías,
hospedajes, sedes bancarias comenzaron a multiplicarse en una pequeña localidad
en medio de la puna. “Desde que entró la mina, los precios de nuestros
productos de primera necesidad se elevaron”, relata Huilca.
Sin embargo, todos estos nuevos
servicios y habitantes, lejos de hacer de Challhuahuacho un polo de desarrollo,
empezaron a colapsarla. Ahora, el río está contaminado por las aguas servidas y
residuos sólidos. “Esta localidad
tiene una cantidad impresionante de casos de violación sexual.
Challhuahuacho ni siquiera tiene una oficina de Centro de Emergencia Mujer”,
explica Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras. Luque añade que
la presencia de la actividad minera ha alterado la realidad social “los hombres
que trabajan para empresas que prestan servicios a la minera tienen mayor
capacidad económica, por tanto, acceden a una serie de servicios como bares,
cantinas, y eso trastoca las relaciones familiares y vida comunal”.
Los vecinos apurimeños no
quieren que se repita la experiencia de Challhuahuacho; quieren que el
desarrollo empiece por tener acceso a servicios básicos. Para atenderse en un
centro de salud deben viajar unas siete horas hasta Cusco, el 70% de los
hogares no tiene acceso a agua, y el 88,5% no tiene acceso a desagüe. Felipe
Mamani, presidente de Defensa de los Intereses de Mara, espera que el Estado
invierta y apoye a los pequeños productores que cultivan papa nativa.
“La población
ha pedido que se promueva un desarrollo más concertado y planificado. Estos
planes tienen que hacerlo los gobiernos regionales y locales, pero si el Estado
nacional quiere fortalecer el desarrollo en estas zonas debería hacer un
esfuerzo por mejorar la institucionalidad local”, declara César Flores,
economista y antropólogo de CooperAcción.
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