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jueves, 24 de abril de 2014

Liliana Panizo: “El Congreso tiene el deber de restituir el honor de Javier Diez Canseco”

ü  El caso de Javier Diez Canseco no debe ser intencionalmente comparado con el de Alan García para confundir a la opinión pública.


En el primer aniversario de muerte del líder del Partido Socialista, Javier Diez Canseco, su familia sigue reclamando justicia y exigiendo al presidente del Congreso, Fredy Otárola, que acate las sentencias que lo declaran inocente de haber ocultado la existencia de un conflicto de intereses que supuestamente beneficiaría a su hija y ex esposa. “Reiteramos nuestra demanda de que se haga justicia en memoria de un hombre que dedicó toda su vida a defender causas justas y a luchar contra la corrupción”, demanda Liliana Panizo, esposa del fallecido.

La sentencia, dictaminada por el Quinto Juzgado Constitucional y ratificada por la  Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima,  declararon nulos tanto el informe de la Comisión de Ética que dio pie a la sanción, como la pena del Pleno del Congreso, por la que Javier Diez Canseco fue suspendido del ejercicio del cargo de congresista por 90 días debido a la supuesta existencia de un conflicto de intereses, derivado de la presentación del Proyecto de Ley Nº 564-2011-CR. El Congreso incumple su obligación hasta el momento, pues de acuerdo al artículo 139, está obligado a acatar las decisiones del Poder Judicial sin poder calificar sus sentencias, “interpretarlas” o dilatar su ejecución. “Esperamos el cumplimiento inmediato de la orden judicial que amparó los derechos de Javier Diez Canseco, exonerándonos de tener que demandar al Estado Peruano ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos por desacatar la orden judicial que cauteló sus derechos”, declara Panizo.

“Javier no ha incurrido en ningún conflicto de interés. La propia Secretaría Técnica de la Comisión de Ética había acreditado matemáticamente que el proyecto de ley no generaría ningún beneficio económico para algún familiar suyo. El proyecto, claro está, respondía a una demanda general y no buscaba otorgar derechos excepcionales a nadie”, explica el abogado Ronald Gamarra.

“Javier Diez Canseco falleció en mayo del año pasado, pero eso no exime al Congreso de cumplir dicho mandato judicial. Al contrario, lo resuelto exige que su dignidad y buen nombre sean reivindicados, por lo que me he constituido en cabeza del proceso y lucharé hasta que se cumpla con poner el nombre de Javier en el lugar que le corresponde en la historia”, manifiesta su esposa.

Pero, además de esta acusación formulada, a Javier Diez Canseco se le vulneró su derecho a la defensa , ya que en el momento en que fue debatida la sanción, se le sumaron nuevos cargos que éste no pudo conocer ni contradecir en la investigación previa a que fue sometido.

Asimismo, la familia del fallecido líder del Partido Socialista reclama que no se compare esta situación con la sentencia que excluye a Alan García de ser investigado por la Megacomisión. “En el caso de Diez Canseco es clarísimo el ánimo de venganza política que dio pie a la sanción. En el caso de García, en cambio, ocurrió una falla en el procedimiento de investigación que debe rectificarse, prosiguiendo la investigación e imponiendo la sanción que corresponda de acuerdo a los graves delitos que se le imputan”.

jueves, 6 de febrero de 2014

Obras por impuestos: cuando el Estado tira la toalla

Escribe Carlos Monge

Una de las herencias menos conocidas de Alan García es la del esquema de Obras por Impuestos (OxI), mediante el cual las empresas privadas en lugar de pagar los impuestos que corresponden a sus ganancias, ejecutan directamente las obras públicas que el Estado normalmente haría con esos recursos.
 
Pues bien, de manera que podríamos llamar discreta, el esquema ha estado funcionando y creciendo. La ley fue aprobada en el año 2008, y entre el 2009 y el 2013 se ha ejecutado obras por casi 900 millones de soles bajo este concepto. Entre las empresas que han estado participando destacan el Banco de Crédito y la minera Southern Perú.

¿Cómo funciona el mecanismo de OxI? Las empresas interesadas acuerdan con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales las obras a ser priorizadas, las ejecutan, descuentan lo invertido del pago de sus impuestos, y el MEF le descuenta este monto a los GR y GL en cuestión de sus recursos del canon.

Los medios de la derecha y el propio sector empresarial se quejan de que este monto es apenas poco más del 10% de los 8 mil millones de soles que se había autorizado gastar bajo esta modalidad. Y echan la culpa a los GR y GL de no tener interés o de demorar la negociación con las empresas. Sospecho que la queja apunta a quitar de en medio a las autoridades subnacionales, para que sean las propias empresas privadas las que decidan directamente qué obras hacer.

Este es el tema de fondo: la total privatización de la generación de bienes públicos en las áreas de influencia de las grandes empresas. La privatización de la función básica del Estado moderno, cual es la de cobrar impuestos para asegurar a la ciudadanía bienes y servicios esenciales. La razón inmediata es acelerar la ejecución del gasto público, presumiendo que las empresas privadas serán más eficientes que el Estado. La razón política es que las empresas ganen legitimidad ante la población, la que no terminará de entender que en el fondo se trata de “su plata” y sí más bien quedará profundamente agradecida a la empresa por las obras realizadas.
 
Pero creo que el problema que se viene es aún mayor. Así como no tengo duda de que las quejas de los medios y de los empresarios apuntan a eliminar la función de priorización que la ley le da a los GR y GL, pienso también que después pedirán la gestión directa de las obras que bajo este esquema se construyen. Y de esa manera, daremos un salto histórico para atrás, hacia las épocas en que las familias hacendadas no solamente decidían si en sus territorios había o no había escuelas, sino también cuantas, hasta que nivel o grado, para quienes, y lo que en ellas se enseñaba. Regresaremos a tiempos pre modernos en los que el poderoso local cumplía las funciones de Estado.
 
Publicado en el Diario La Primera, martes 4 de febrero de 2014

domingo, 29 de diciembre de 2013

Corrupción en Lima

Escribe Pedro Francke
Carlos Burgos, el reelecto alcalde de San Juan de Lurigancho, ha pasado de tener un patrimonio de medio millón de soles a tener a su nombre propiedades por 10 millones de soles, a lo que se suman 3 empresas dueñas de otros 18 inmuebles y 41 autos y camiones de carga. Su casa propia es de 8 pisos, con billar, bar y piscina incluidos, y se ha comprado además una casa grande (245m2) de playa en el exclusivo balneario de Las Totoritas en Mala.
 
¿De dónde habrá salido esta fortuna? ¿Solamente de coimisiones cobradas en las compras municipales, el famoso “diezmo” en las obras públicas? ¿O son las licencias y permisos municipales, que en un distrito altamente informal y “emprendedor” pueden ser exigidas a unos y no a otros, teniendo para eso tiene un ejército de serenazgos que opera como su guardia personal?
 
EL SUELO
A comienzos del 2011, Burgos hizo un gran movimiento por convertir a su distrito en provincia, siendo ayudado por el APRA, cuyo operador político y ex - jefe de Foncodes Carlos Arana acompañó la movilización. El castañedismo, en la persona de José Luna, su congresista millonario suspendido en el pasado por vínculos con Montesinos, también apoyó. Atrás de lo que parecía un reclamo localista por autonomía, estaba en realidad un apetito distinto: según ley son los municipios provinciales, y no los distritales, los que cambian la categoría de uso de suelos. Cambiar un terreno de uso agrícola a uso urbano multiplica su precio muchas veces, y en San Juan de Lurigancho tiene un territorio amplio y muchos terrenos aun sin permiso de urbanizarse, resguardados como futuras áreas verdes. Era atrás de este meganegocio que estaba Burgos, sobre quien pesar varias denuncias por tráfico de terrenos en otras zonas como el límite con Jicamarca (en la parte más al este y lejana de su distrito).
 
Si en San Juan de Lurigancho el gran negocio es por el volumen de tierras disponibles, en San Isidro y las zonas céntricas de clase media-alta, la ganancia está en el precio por metro cuadrado. Ese precio hoy es estratosférico, si se puede construir un edificio de 20 pisos. Si solo se puede construir uno de 4 u 8, el negocio es proporcionalmente menor. Para lograr apropiarse de esas jugosas ganancias, luego de convencer a un municipio distrital, el partido se juega en el Concejo Metropolitano de Lima quien tiene la última palabra en el cambio de zonificación en la ciudad de Lima. Esto bien lo saben algunos regidores del PPC, que suelen patrocinar intereses de empresas inmobiliarias con quienes están vinculados. Pablo Secada bien haría en tomar distancia de algunos de sus colegas de bancada.
 
DEBAJO DEL SUELO
Bajo tierra se planifica la construcción del Metro de Lima en su tramo Callao-Ate con ramal al Aeropuerto. El gobierno anuncia que esta llamada Línea 2 tendría un costo de US$ 6,500 millones de dólares. Nunca ha habido en el Perú una obra pública con un presupuesto tan elevado. Posiblemente la que más se le acerca es la Transoceánica, 2,600 kilómetros de carretera que se planificaron costarían US$ 800 millones pero terminaron costando US$ 2,800 millones de dólares. UUps, pequeño sobrecargo de 200% a favor de Odebrecht.
 
Hace unos meses, se suponía que la línea 2 del Metro de Lima costaría US$ 5 mil millones. Ya le sumaron otros US$ 1,500 millones. Los ingenieros expertos en el tema indican que el presupuesto está considerando un precio por kilómetro muy superior, cerca del doble de lo que costaron otros subterráneos en países europeos, donde la mano de obra es mucho más cara. ¿Por qué? No hay justificación. Hay sospechas.
 
Se pretende otorgar este contrato bajo una modalidad que no es la mejor, permitiendo un esquema de Alianza Público-Privada APP como si hubiera un alto grado de financiamiento privado mediante los pasajes, cuando en realidad el 80% del costo lo va a poner el estado. De esa manera, la línea 2 del metro de Lima nos costaría a los peruanos 12 veces más que TODO el presupuesto anual de inversiones de la Municipalidad de Lima Metropolitana, incluyendo transportes, parques, cultura, Barrio Mío y demás proyectos.
 
No ayuda tampoco a la transparencia de este enorme gasto, el que esa obra esté bajo el mando de Carlos Paredes Rodríguez, dueño de la empresa de alimentos Alprosa, que hizo grandes negocios con el estado durante el fujimorismo y que fue denunciada el año 2000 por entregar una papilla que estaba adulterada, razón por la cual fue vetada de participar en licitaciones de Foncodes por 5 años. El ministro Paredes es íntimo de la pareja presidencial, gran contribuyente de la campaña de Ollanta y pagadero de buena parte de los ingresos mensuales que percibía Nadine Heredia en el periodo 2006-2011 (mediante la empresa Apoyo Total de su hermano José Guillermo). ¿Nos vendrán otra vez con el cuento de “yo no sé nada” como en el caso López Meneses, como Alan García con BTR y los petroaudios, como Fujimori con Montesinos?
 
POLITICA
La corrupción tiene billeteras abultadas y dientes afilados, capacidad de comprar voces y plumas, armar campañas electorales y negociar titulares. Atraviesan paredes y Paredes. Tienen partidos y candidatos presidenciales con quienes trabajar con confianza. Están en el día a día de las comisiones del Congreso.
 
NO es fácil vencerlos. Es necesario un Frente Amplio para derrotar a la corrupción.
 
Publicado en Hildebrandt en sus Trece, 29 noviembre 2013

El negocio de las universidades

Escribe Pedro Francke
 
La Asamblea Nacional de Rectores se opone tajantemente a la nueva Ley Universitaria. Pero los responsables de conducir nuestras universidades se olvidan que tienen muy pocos logros que mostrar: entre las primeras 50 Universidades latinoamericanas (según el ranking de QS), solo aparece una (1) universidad peruana. La lista incluye 18 universidades de Brasil, 9 de Argentina, 7 de Chile, 5 de Colombia y 2 de Venezuela. ¿Con tan pobres resultados, pueden los rectores ser voz autorizada en esta materia?
 
Negoción
Los estudiantes que hoy cursan estudios superiores han pasado, en una década, de 1 millón a 1millón y medio, es decir 500 mil estudiantes más (cifras de G.Yamada, J.F.Castro y colaboradores: “Mayor acceso con menor calidad en la educación superior”, Universidad del Pacífico 2013). ¿Por qué este enorme aumento? Es que los que terminan la secundaria hoy pasan los 3 millones, 1 millón más que la década pasada, y el crecimiento económico ha hecho que sus familias tengan más posibilidades de sostener sus estudios.
 
En respuesta a esta demanda, hay una enorme oferta de universidades e institutos privados. Al 2010 había 65 universidades privadas y 1 118 institutos superiores, cuyo costo promedio cayó 30% en 6 años. Mientras los egresados de secundaria aumentaron 55%, los estudiantes en universidades privadas amentaron casi 200%; es decir, se triplicaron. Mientras en las universidades públicas un 20% de los postulantes ingresan; a las universidades privadas lo hace el 75%. Las universidades privadas-negocio consideran que «[...] si tenemos un perfil rígido en el examen de admisión, nos quedamos sin alumnos. Lo que hemos hecho es adaptar nuestro sistema a ese perfil que nos llega: un alumno con deficiencias» (palabras de un rector de una universidad privada).
 
Esto ha sido facilitado por una ley de 1997 que permite las universidades-negocio. El acogotamiento presupuestal de los institutos y universidades públicas, que les impide crecer, ha sido la otra medida neoliberal eficaz en promover el negocio privado en la educación superior. La ley fujimorista además les otorga la ventaja de no pagar impuestos: aunque son un negocio muy rentable, pueden importar carros que usarán sus rectores sin pagar aranceles ni IGV, y sus utilidades se las repartirán sin darles un sol al fisco ni tener mayores obligaciones de reinversión o resultados (la ley quiere cambiar esto, una de las razones por las que las universidades-negocio se oponen).
 
El negocio está también, aunque escondido, en universidades que en el papel dicen no tener fines de lucro. El rector de la apristona Universidad Garcilaso de la Vega gana 2 millones de soles ¡MENSUALES¡ al mismo tiempo que le otorga título “a nombre de la nación” a Carlos Burgos, alcalde de San Juan de Lurigancho sin que éste hubiera terminado la secundaria. Por su parte, la U. Ricardo Palma consiguió durante el gobierno aprista ventajas en la asignación de plazas en EsSalud para el residentado (los estudios médicos de especialización), gracias a que contrató al entonces Gerente General por 10 mil soles mensuales adicionales a su sueldo.
 
Los padres quieren que sus hijos estudien a como dé lugar, los jóvenes no ven otra oportunidad de progreso, nadie sabe cuánto aprenderán pero el cartón seguro que lo sacan, los negociantes han encontrado una mina de oro, el país navega feliz rumbo a ningún lado.
 
Privatización no fue solución
¿Cómo es que hoy tenemos muchas más universidades privadas con mucho más estudiantes, pero en el ranking latinoamericano no hemos avanzado nada? ¿No se suponía que lo privado era sinónimo de eficiencia, calidad y buenos resultados? Como dijimos, solo una universidad peruana está entre las mejores 50 de Latinoamérica mientras Chile, cuya población es la mitad que la nuestra, tiene 7. Por cierto, la universidad peruana que figura en el ranking latinoamericano no es ninguna de las empresas privadas que desde la derecha neoliberal tanto se alaban, es la Universidad Católica, la universidad “caviar” que tuvo como rector al presidente de la CVR, que no tiene fines de lucro y sí sentido de país desde muchos años antes de la privatización fujimorista. Eso fue un testimonio de parte: ahí enseño. Pero es un hecho que el boom de universidades privadas no ha llevado a uno solo de estos negocios a una buena colocación en el ranking internacional.
 
Puede parecer sorprendente, ya que las universidades públicas atraviesan una larga y prolongada crisis por falta de presupuesto, mala gestión y corrupción, pero los resultados que obtienen las universidades privadas son peores. En efecto, según el estudio de Gustavo Yamada y Juan Francisco Castro, mientras alguien egresado de una universidad privada obtiene en promedio una rentabilidad de 11% por sus años invertidos estudiando, quien va a una universidad pública logra 5 puntos más, llegado a 16%. Las universidades-negocio son muy rentables para los dueños, pero no tanto para los estudiantes.
 
El problema es que las universidades públicas se han convertido en muchos casos en semi-privadas. En San Marcos, el rector no quiere respetar la democracia y desconoce las elecciones donde pierde, para perpetuarse en el poder. El tener el control de la universidad permite controlar sus recursos; los pocos que les da el estado, y también los que se agencian mediante maestrías y cursos – de los que pueden disponer más libremente. Así, la asignación de bonos y cursos adicionales pagados extra, son mecanismos mediante los cuales se favorecen a argollas y camarillas, a cambio de su respaldo en la Asamblea Universitaria. Por eso el rechazo de muchos rectores de universidades públicas a uno de los cambios indispensables: elecciones universales, y no mediante delegados que luego son comprados – o desconocidos si no se logra lo anterior.
 
Universidades públicas
Varias de las mejores universidades latinoamericanas son públicas. De las 10 primeras en la lista de QS, hay 4 universidades brasileñas todas ellas públicas, y también la Autónoma de México (UNAM) y la U. de Chile. En el Perú, San Marcos figura recién en el puesto 52.
 
La UNAM hizo una reforma exitosa la década pasada, mientras en Brasil la reforma de la educación superior ha abarcado a todo el sistema. Son centros de formación pero también de investigación, logrando nuevos conocimientos y tecnología que luego redundan a favor de su desarrollo. China, como antes otros países asiáticos con logros en su desarrollo como Japón y Corea, han invertido fuerte en su educación superior pública. De las universidades salen ingenieros pero también pensadores que miran su sociedad y con sus discusiones aclaran las posibilidades de rumbo futuro.
 
En el Perú, la reforma neoliberal en la universidad ha generado cantidad sin calidad. Como en el transporte público, que hay gran cantidad de combis no quiere decir que el transporte haya mejorado. El libre mercado ha generado desorden, caos y mal servicio. En las universidades privadas, el problema ha contaminado la política: José Antonio Chang Escobedo siendo rector de la U. San Martin de Porres contrató a Alan García con un jugoso sueldo entre 2002 y 2006 gracias a lo cual luego consiguió un ministerio, César Acuña quiere ser presidente y usa su universidad para contratar operadores políticos, Alas Peruanas tiene varios congresistas que la defienden y José Luna gasta la plata que hace con su universidad en promover la revocatoria. En vez de pensamiento iluminador tenemos mercachifles con ansias de acumular más poder.
 
Las universidades no están cumpliendo adecuadamente su rol en el nuestro país. Quizás esa sea una de las razones fuertes por las cuales la discusión de nuestros futuros posibles, la conformación de un proyecto nacional, es tan pobre en el Perú. En estas condiciones defender el statu quo universitario no es una buena idea.
 
Publicado en Hildebrandt en sus Trece el 13 diciembre 2013

lunes, 23 de diciembre de 2013

Qali Warma: los problemas de fondo


Por Pedro Francke
Los desayunos y almuerzos escolares se entregan en el Perú a millones de estudiantes desde hace más de veinte años. Qali Warma no es un programa nuevo; pero junto al cambio de nombre hubo un cambio de rumbo. 
 
Qali Warma, a diferencia de los programas anteriores, contrata empresas para que entreguen los alimentos ya preparados a los niños. Anteriormente, los alimentos se entregaban crudos para que los prepararan las madres de familia, poniendo de su parte algunos complementos.
 
Las empresas cobran mucho más, porque sacan ganancias de la preparación y distribución. Mucho más: el presupuesto para esta alimentación escolar se ha triplicado de 300 a 900 millones de soles anuales. Pero aún así, en varias oportunidades han entregado comidas que han intoxicado a los niños y niñas. El Presidente Humala tiene razón cuando culpa a las empresas, pero quien contrata el servicio y quien es responsable es el estado que él dirige.
 
Pero el problema no es ineficacia de los gerentes ni de malos empresarios. Es de enfoque y de sistema. A nadie sorprende, en el Perú de hoy, que haya empresas poco éticas arriesgando la salud de niñas y niños por ganar más dinero (¿algún empresario terminará en la cárcel por esto?). El problema de fondo es que los tecnócratas neoliberales provenientes de las canteras del MEF de Luis M. Castilla, dejaron de lado a las madres de familia organizadas y optaron por las empresas.
 
No es de extrañar: ya sabemos que Castilla y los neoliberales odian las comunidades y aman a las empresas. Ahora, pretender solucionar el problema contratando a más empresas para que supervisen a las otras empresas, y manteniendo de lado a las familias y comunidades. Tampoco funcionará, ¿acaso creen que se tomarán muestras de laboratorio de cada comida en cada uno de los 50 mil colegios del país?
 
Ya sabemos que ni la ministra Rubio del BID ni los ministros de economía han visitado colegios rurales que muchos carecen de desagüe, ni han observado a las madres preparando los alimentos con leña, ni han visto a los niños aburridos dejando sin comer la misma galleta de siempre. Muchas cosas por mejorar allí, pero también mucho esfuerzo, mucha entrega, mucho compromiso, muchas soluciones adaptadas a cada región y cada colegio.
 
El Apra apunta sus disparos contra el gobierno y la ministra del ramo, buscando oportunistamente ocultar la escapada de Alan García de las investigaciones de la megacomisión con el respaldo de sus compañeros de la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional. Pero no cuestiona el fondo del problema: dejar de lado al pueblo.
 
Todo esto sucede al mismo tiempo que, tras 20 años de “exitosa” política neoliberal, un tercio de los niños rurales sufren desnutrición crónica infantil. En el último año la deficiencia de hemoglobina en la sangre que dificulta los aprendizajes, en vez de disminuir ha subido y afecta a más de la mitad de los niños en edad pre-escolar. Los niños andinos se siguen muriendo de frío. Así vamos con esta política social de parches focalizados, de confianza ciega en las empresas y  negación total del valor de las comunidades.
Publicado en Otra Mirada, 7 de octubre de 2013