“El Cambio Climático es una realidad y está afectando todas las formas de vida del planeta. En un futuro cercano afectará especialmente a las poblaciones de los países más pobres que no han sido precisamente los que más han generado los gases efectos invernadero que nos han llevado a la situación actual. Es el fondo de una situación de injusticia ambiental, de injusticia climática”. Con estas palabras, Marco Arana, líder del partido ecologista Tierra y Libertad y del Frente Amplio del Perú, se refirió a propósito de la próxima conferencia mundial sobre el cambio climático COP20, que se desarrollará en el país.
“Frente al Cambio Climático, el Perú debe afrontar una serie de desafíos que van desde la acelerada pérdida de sus glaciares, la galopante deforestación amazónica, la cada vez mayor ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos, la destrucción de sus cabeceras de cuencas por expansión no planificada de actividades mineras sean estas legales o ilegales. Los cambios que se necesitan son profundos y no puede esperar más”, sostuvo Arana.
El líder ambientalista anunció que miles de ciudadanos apoyarán la Gran Marcha de los Pueblos que partirá el domingo 7 desde las lagunas de Conga en Cajamarca para llegar a Lima el nueve de diciembre para unirse a la marcha que se realizará el 10 por varios distritos de la capital.
Así mismo, señaló que es “muy importante que sean acogidas las propuestas no solo de mitigación a las que las grandes economías del mundo deben comprometerse sin dilación, sino que demando al gobierno peruano y a la comunidad internacional, encarar las medidas de adaptación al cambio climático en el Perú, principalmente entre los sectores más pobres”.
Al mismo tiempo, destacó la necesidad de potenciar el SERFOR, el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales para combatir la deforestación amazónica, fijando metas precisas y asignando los recursos financieros internacionales necesarios. “Lo mismo para una protección adecuada de las fuentes naturales de agua y poder garantizar el derecho al agua sobre la base de la defensa de las empresas públicas de provisión de servicios de agua y saneamiento que también se hallan amenazadas con procesos de privatización, lo cual afectaría más aun el derecho al agua de las poblaciones con menores recursos”, acotó.
Finalmente, Arana expresó su preocupación por cómo el gobierno peruano, para reactivar el crecimiento de la economía, ha dado un conjunto de normas que desmantelan los pocos avances que se habían logrado en materia de institucionalidad ambiental, que podría agravar aún más nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático ya que se ejercerá mayor presión de las inversiones en ecosistemas andinos, costeros y amazónicos frágiles y podrían vulnerar aún más
“Los derechos territoriales de los pueblos amazónicos, las comunidades campesinas y las poblaciones urbano marginales de las principales ciudades costeras, siguen careciendo de derecho al agua y el derecho a vivir en ciudades limpias y seguras social y ambientalmente”, manifestó.
El ambientalista señaló por eso “la importancia que la COP20 pueda ser también una oportunidad para fortalecer el movimiento ciudadano ambientalista peruano que cada vez ha ido creciendo, a pesar de la dura hostilidad que contra sus miembros han tenido las leyes de criminalización de la protesta y las actividades ilegales que actúan con impunidad y han convertido al Perú en el cuarto país del mundo donde más asesinatos se cometen contra los defensores ambientales”, puntualizó.
