Escribe Pedro Francke
Se reúne el Foro Económico Mundial y Ollanta Humala
habla de diversificar la economía y de una economía más equilibrada entre lo
público y lo privado en el marco de las negociaciones para comprar Repsol. Si
le creemos – difícil en realidad - una nueva discusión podría abrirse sobre el
modelo económico y los cambios que se necesitan. Pero un tema clave resulta
ausente: la necesidad de un mejor equilibrio entre empresarios y trabajadores,
entre ganancias y salarios, entre financistas y derechos laborales.
En este tema el gobierno camina al revés, hacia un
mayor desequilibrio. La semana pasada, el ministro José Luis Silva había hecho
una fuerte denuncia: “Las ONG extranjeras están en el país para desestabilizar
en algunos casos y en otras para generar mayores costos a las empresas
peruanas, para que pierdan competitividad ante sus pares de otros países”. Se
trata evidentemente de una denuncia muy poco seria, ya que si tuviera pizca de
prueba ya habrían expulsado a los responsables de tremenda violación de la soberanía
nacional, sobre todo si alguien refresca su memoria y se recuerda que se trata
de un gobierno del partido “nacionalista”.
En realidad Silva, dueño de importantes empresas
farmacéuticas nacionales, respondía a la carta que hace unas semanas un grupo
de trasnacionales de ropa – no de sindicatos, de gigantescas empresas de muy
conocidas marcas– le envió al gobierno, reclamando por la reiterada violación
de derechos laborales. Las trasnacionales tienen miedo que, si en Europa se
enteran que al primero que se sindicaliza en el Perú inmediatamente lo
despiden, podrían tener un fuerte boicot de consumidores en su contra. Ya les
pasó antes.
El régimen de exportación no tradicional
250 mil trabajadores peruanos están sujetos a
contratos de exportación no tradicional. El Decreto Ley 22342 es de la época de
la dictadura militar de Morales Bermúdez y permite que los trabajadores sean
sometidos a contratos de plazo fijo durante décadas, de tal manera que al
primer reclamo, no les renuevan el contrato y se quedan fuera sin derecho a
ninguna indemnización ni reposición.
Esta ley no tiene límite de tiempo: empresas que
llevan décadas y ya tienen ganancias millonarias y una posición de
competitividad muy bien posicionada, siguen con sus mismos trabajadores
impedidos de tener un sindicato. Y claro, que a consumidores de países
desarrollados, donde los derechos importan y los trabajadores también, eso les
sabe a chicharrón de sebo.
A pesar de todas las amenazas, con mucho esfuerzo
esfuerzo y tras reclamos internacionales, los trabajadores de Topytop han
logrado formar un sindicato. Esta semana Amed Albujar, el secretario general
del Sindicato de Topy Top, una de las principales empresas de exportación de
confecciones, fue detenido justo cuando salía de una reunión sindical y en
pleno proceso de presentar el pliego de reclamos. Le sembraron
"quetes" en su mochila, para llevarlo detenido a la Comisaría de
Zárate. Ya fue liberado, pero el amedrentamiento es evidente.
La libertad sindical es una libertad
fundamental, que desde luego no es considerada por nuestros destacados
liberales criollos, esos que se rasgan las vestiduras por cualquier movimiento
mínimo del estado para regular la economía. No importa que el derecho al
trabajo esté consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos ni que la
libertad sindical sea respaldada por gobiernos, empresarios y trabajadores de
casi doscientos países reunidos en la Organización Internacional del Trabajo.
La CONFIEP, el ministro Castilla, Alan García y Fujimori, emulando a la
Thatcher y Rajoy, luchan porque el derecho a organizarse en sindicatos no
exista.
Los agroexportadores
El sector agroexportador tiene para escoger. Puede
acogerse al régimen de la exportación no tradicional, pero tiene además un
régimen agrario especial, por el que paga solo la mitad del impuesto a la renta
(utilidades), pagan menos gratificaciones y vacaciones, y contribuyen a EsSalud
4% en vez de 9% del salario. Ojo, amigo lector: estas grandes empresas
exportadores que tienen ganancias de cientos de millones de dólares, pagan
menos impuesto a las utilidades (15%) que la bodeguita de la esquina o la
microempresa de muebles de Villa El Salvador (30%). Las agroexportadoras
multimillonarias pagan a EsSalud menos de la mitad de lo que paga el
independiente informal que apenas llega al sueldo mínimo.
Entre el 2001 y el 2010 las exportaciones agrarias
han crecido desde 650 millones a 3,200 millones de dólares, lo cual está muy
bien. Muy positivo para nuestra economía. Pero un informe hecho por Apoyo a
pedido de la AGAP (Asociación de empresas agroexportadoras) muestra que un
trabajador del sector gana en promedio apenas 971 soles. Menos de mil soles
mensuales por deslomarse 8 horas 6 días a la semana recogiendo espárragos o
uvas. Lo peor es que, considerando el aumento de los precios al consumidor, el
salario promedio de un trabajador del sector agroexportador en estos 12 años de
democracia desde el año 2000 no creció, sino que disminuyó en 16%. En términos
reales el trabajador de una de estas empresas gana hoy 125 soles menos que hace
12 años. ¡Viva el ministro Silva! ¡Abajo las ONGs extranjeras que quieren
quitarnos competitividad reinstaurando derechos laborales!
En la agroexportación los sindicatos están
prácticamente prohibidos. En el Perú la sindicalización alcanza al 4,7% de
trabajadores, es mínima y por esto hay tantos abusos, pero en la
agroexportación es apenas el 1.3%. Claro, si al que reclama, organiza un
sindicato, pide diálogo y presenta un pliego de reclamos lo botan, que podemos
esperar. Por eso, las ventajas que tiene la agroexportación, de pagar menos
impuestos, usar el agua a bajo costo incluso depredándola como en Ica y pagar
menos gratificaciones, vacaciones y contribuciones a la seguridad social que el
resto, no favorecen a los trabajadores.
CHAVISMO DESEMBOZADO
Entre denuncias a “ONGs extranjeras” y
encarcelamiento de dirigentes sindicales, ha trascendido que el Ministerio de
Economía y Finanzas viene preparando proyectos de leyes y normas para terminar
con las enormes discriminaciones que existen en el mercado laboral, en el que
trabajadores de la exportación y el agro tienen menos derechos legales que el
resto. Castilla se volvió chavista ´pensará algún lector. No, no, no se
confundan. Lo piensa hacer recortando derechos y beneficios a todo el resto.
Igualación para abajo. Aumentando las desigualdades.
Como se ve, la reacción del gobierno a las
trasnacionales de la ropa no ha sido restituir los derechos laborales que
prometió el candidato Ollanta. El gobierno que la derecha denuncia de ser “chavista”
y de “espantar inversiones” no insinúa medida alguna a favor de los
trabajadores. Mientras tanto, las señoras que en Ica trabajan bajo el sol 8
horas, seguirán sin poder tener un sindicato ni pretender que les chorree un
poquito del boom agroexportador.
Publicado en Hildebrandt en sus trece, 26 de abril de 2013
