Planes de Gobierno deben de poner más atención a la Seguridad Alimentaria

• A pesar del crecimiento económico, el 46% de la población rural peruana es vulnerable a la pobreza. Producen el 70% de los alimentos, y son los que tienen los índices más altos de desnutrición.
• Expertos coinciden en la necesidad de poner en marcha las políticas públicas de fomento a la agricultura familiar, y en aprobar  la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se encuentra paralizada en el Congreso.

Las elecciones se acercan, la alimentación  y pequeña agricultura no se cuelan entre los temas prioritarios de los candidatos,  pese a que el 70% de los productos con los que nos alimentamos cada día son producidos por los pequeños agricultores.   Pero  además  se da la cruel paradoja de que casi la mitad de los productores son los más vulnerables a la pobreza, como recuerda Cepes, la FAO y la OPS/OMS organizaciones que están promoviendo un foro sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura Familiar (25 de febrero), donde debatirán sus propuestas  los equipos técnicos de los principales partidos políticos. ¿Cómo se asegurará en los próximos cinco años que toda la población tenga acceso a alimentos?  El cambio climático, el Fenómeno El Niño y  la competencia por el uso de los suelos avizoran un horizonte poco halagüeño que podría conducirnos a un serio problema de inseguridad alimentaria.

Agricultura familiar, sector estratégico

“La importancia de la agricultura familiar es doble en el tema alimentario, hay que tomar en cuenta que la desnutrición se da principalmente en las áreas rurales y, en especial, en el seno de esa agricultura. Entonces, una política de apoyo y fomento a la agricultura familiar contribuiría no solamente a mejorar la constitución de alimentos, sino que también ayudaría a que ese sector más pobre de la agricultura se enfrente al problema de desnutrición”, señala Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

Más de medio millón de niños sufren de desnutrición crónica, concentrada en Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac  y  Ayacucho. Estas regiones  junto a Amazonas son además las que tienen mayores niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, según el mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Programa Mundial de Alimentos, de las NNUU (PMA).

Sin embargo, la situación de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en el área urbana también es preocupante, pues según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a pesar que la prevalencia de la DCI en el área urbana es 3.5 veces menos que la del área rural, la cantidad de niños menores de cinco años desnutridos es muy similar (141 mil en el área urbana y 167 mil en el área rural). Por tal motivo, es evidente que la desnutrición no solo se debe combatir en las zonas rurales.

Esta problemática ha llamado la atención mundial, diversas organizaciones de las Naciones Unidas como la FAO, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias instituciones nacionales como Cepes, vienen promoviendo debates para que el tema forme parte de una agenda nacional y mundial. “Para la FAO es una realidad mundial la existencia de estos pequeños agricultores en el mundo, pero que curiosamente no han estado suficientemente visibilizados para las políticas públicas globales y nacionales”, añade Alberto García, asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los especialistas destacan que en Perú no solo hay problemas de desnutrición, sino también de malnutrición, como la obesidad. En octubre del año pasado la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis (APOA) alertó de que el número de niños y adolescentes obesos y con sobrepeso se incrementó en algunos departamentos del país del 3% hasta el  19% en las tres últimas décadas, aumentando sus posibilidades de contraer  diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

García sostiene que la agricultura familiar es un sector estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, porque es responsable de la mayor parte de la producción de alimentos frescos, no industrializados.

Eguren manifiesta que la agricultura familiar no solamente es clave para la seguridad alimentaria del país, sino que nos ayudaría a generar un desarrollo descentralizado, más equilibrado y más equitativo, pues más del 97% de las unidades agropecuarias del país (2 millones 157 mil) pertenecen a la agricultura familiar: “La manera más eficaz para combatir de manera permanente la pobreza es con el desarrollo rural, incluso es uno de los sectores que crea más empleo”, dice el especialista.

Menos suelo cultivable

“Hace 50 años se hicieron estudios que demostraron que un tercio de las tierras de la costa estaban salinizadas, no se ha hecho nada al respecto y tampoco hay nuevos estudios. En términos del cuidado del suelo, nuestro país es una desgracia”, sentencia Eguren. El estrés hídrico se revela como otro de los graves problemas que disminuiría la capacidad de producir alimentos, además de las inundaciones o sequías por el Fenómeno El Niño.

Asimismo, la mala distribución de los recursos ha ocasionado que en zonas como Ica, los pequeños agricultores no tengan agua, pues son las grandes agroexportadoras las que se benefician con el recurso elemental: “Es realmente un problema, si pones de ejemplo lo que está sucediendo en Ica, te das cuenta que lo que ha sucedido en los últimos años es catastrófico para el futuro de ese lugar”, señala el asesor de la FAO.

“Los gobiernos van a tener que optar sobre qué partes de la agricultura priorizan. En términos de adjudicación de recursos públicos, la gran agricultura destinada a las exportaciones absorbe más recursos que aquella que va a la agricultura familiar, cambiar eso es una decisión política”, sostiene Eguren.

¿Qué está haciendo Perú?

Durante este Gobierno se ha avanzado lentamente en la normativa con respecto a seguridad alimentaria y agricultura familiar. Existe una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 que pretende impulsar la agricultura familiar en la producción de alimentos. Asimismo, en 2015 se aprobó una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, mediante Decreto Supremo 009-2015-MINAGRI.

La norma más clara en el tema es la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (N° 30355) que reconoce su importancia como conservadora de la agrobiodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional está estancada en el Congreso, debido a las observaciones de la congresista fujimorista, Martha Chávez.   La ley que está paralizada porque no se da el reglamento, por oposición de la industria alimentaria y las empresas de publicidad, es la de Promoción de Alimentos Saludables para Niños, Niñas y Adolescentes, que fue promulgada en mayo del 2013 y aún no se aplica. 

“Hay un cuerpo normativo que está esperando, está en la línea de partida de que comience su ejecución y esto depende mucho de decisiones políticas. Podríamos decir que esos temas están entrando en agenda, pero todavía es insuficiente. Sin duda este es un tema que va a retar al próximo gobierno y al próximo Congreso”, declara Eguren.

 

Por otro lado, ambos especialistas señalan que ha sido muy importante la presencia de programas sociales como “Juntos”, “Pensión 65” y “Qali Warma”. Asimismo, consideran que se debe seguir impulsando los mismos, pues son importantes para la reducción de la pobreza. “La gente que sale de la pobreza, puede regresar mucho más rápido a ella. Ese crecimiento, esa clase media es un fenómeno transitorio”, comenta García.

América Latina impulsará políticas públicas para combatir el hambre en la región

Escribe Iara Urbina

Parlamentarios de 17 países de América Latina asumieron el compromiso de trabajar desde sus facultades legislativas para cumplir con el “Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC para el 2025”, que propone eliminar el hambre en América Latina; pues, aunque la región ha reducido en más de la mitad el número de personas que padecen hambre, aún 37 millones no tienen con qué alimentarse, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Más de 60 legisladores participaron en el VI Foro del Frente de Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, desarrollado en Perú del 15 al 17 de noviembre. El evento giró en torno a la problemática del hambre en la región, pues los congresistas consideraron inaceptables los niveles de población subnutrida (obesidad, sobrepeso, malnutrición) y desnutrida en Latinoamérica.

“No es posible que en nuestra América Latina tengamos una enorme cantidad de alimentos y que todavía haya 37 millones de personas que se mueran de hambre; pero que, paradójicamente, la mayoría de esos que se acuestan sin comer sean los que producen los alimentos con los que el 80% de nuestras mesas se nutren”, sostiene María Augusta Calle, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe.

Parlamentarios de África y Asia también compartieron sus experiencias. “Hay mucho interés por parte de Asia y por parte de África de poder beneficiarse de lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado en América Latina para llevar la experiencia y poder ver también avances importantes en la reducción del hambre en esos continentes”, manifiesta Marcela Villarreal, directora de la Oficina para Asociaciones, Promoción y Desarrollo de Capacidades de la FAO.

Metas para erradicar el hambre

Los representantes de América Latina discutieron durante tres días sobre cómo contribuirán desde sus países a la implementación del plan de la CELAC 2025, que pretende erradicar el hambre en Latinoamérica, y resaltaron que es necesario legislar en materia de seguridad alimentaria, apoyar a los pequeños productores para que así, no solo se erradique el hambre, sino que se contribuya en la lucha contra la pobreza.

Jhon Preissing, representante de la FAO en Perú resaltó la importancia de que los países tengan normas alimentarias en sus legislaturas: “Hay que tener una estrategia, legislación, presupuesto y programas bien organizados. Entonces, lo principal es empezar con un compromiso político y luego con leyes que vayan apoyando en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional”, comentó.

Asimismo, integrantes de la sociedad civil demandaron que los países cuenten con leyes que garanticen la alimentación y que hayas políticas que protejan a la  pequeña agricultura, porque son el sustento para la alimentación de la población.

Giovanna Vásquez, de la campaña CRECE de Oxfam de América Latina señaló que el plan de la CELAC es el marco normativo que regirá el diseño de políticas públicas sobre seguridad alimentaria en la región y, en muchos casos, es desconocido por los gobiernos.  Vásquez agregó que esta situación debe cambiar.

Perú y la Ley de Seguridad Alimentaria

El Parlamento peruano acaba de aprobar el dictamen de la Ley de Seguridad Alimentaria (N° 3981) que propone reconocer y garantizar el derecho de todos los peruanos a acceder a una alimentación sana y saludable. Sin embargo, el fujimorismo, a través de la congresista Martha Chávez, ha solicitado reconsideración y pedido de votación calificada que impide que la Ley sea emitida al  Ejecutivo, la discusión de esta ley en el Congreso lleva cuatro años, y en dos oportunidades la parlamentaria ha puesto trabas –mediante consideraciones- que impiden un marco legal que garantice políticas públicas nacionales y sectoriales en esta materia.

Con la maniobra política del fujimorismo, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional aún está en manos del Congreso.  Y el presidente del Congreso, Luis Iberico y los miembros del Grupo Parlamentario contra el Hambre, presidido por el congresista Jaime Delgado, después de asumir el compromiso de promover políticas públicas que garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria en el VI Foro Parlamentario contra el Hambre, deberán asumir el reto de destrabar la ley.

Y el siguiente paso es que el Poder Ejecutivo reglamente la ley para que el Estado favorezca y cree condiciones que conlleven al progreso social y económico, en especial en las zonas más pobres de nuestro país, pues 4 millones y medio de peruanos son muy vulnerables a quedarse sin alimento.

La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, reconoce que el 70% de los alimentos que se producen en nuestro país proceden de la agricultura familiar. “La ley es importante porque garantiza y pone en valor a los pequeños agricultores, el reto es incorporarlos a una producción más competitiva, que el sector más pobre pueda ingresar a un circuito productivo que les haga salir de la pobreza, ese es el objetivo de esta ley”, enfatiza.

 “Yo espero que no se objete la ley y que más bien la reglamenten lo antes posible. Yo confío en que así será”, dijo Espinoza.

Para Carlos Díaz, productor ecológico de Lambayeque, la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria es algo positivo, pero sostiene que estará alerta a su reglamentación: “Es muy bueno para nosotros que se haya aprobado la ley, pero estamos a la espera de su reglamentación porque es lo que siempre hemos esperado los pequeños y medianos agricultores que hemos sido los que siempre estuvimos marginados”, relata.

En la misma línea, el representante del Frente Parlamentario contra el Hambre de Perú y congresista, Jaime Delgado, considera que con la ley se está planteando un conjunto de lineamientos para que el Estado realmente se comprometa con asegurar alimentos de calidad a los peruanos. Además de dar estímulos y apoyo a los pequeños agricultores porque son ellos los que llevan cerca del 80% de alimentos a nuestras mesas”.

Honduras ha dado un paso a favor de la mujer rural

Es importante destacar el rol de la mujer en el cultivo de la tierra en todo el mundo, son ellas las que producen más del 50% de los alimentos que consumimos.

Las mujeres rurales de este país centroamericano acceden a menos del 11% del crédito a nivel nacional, 8 de cada 10 mujeres rurales de Honduras no tienen tierra propia para cultivar, 6 de cada 10 viven bajo los niveles de la pobreza.  Por ello el  paso que dio el Congreso Nacional con la aprobación de la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER),  es vital para mejorar la producción agrícola y beneficiar a más de dos millones de mujeres rurales.

La propuesta surgió de la iniciativa de 28 organizaciones que estuvieron asesoradas por Oxfam, ONU MUJERES y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM),  y fue aprobada el pasado 30 de septiembre en el parlamento hondureño. “CREDIMUJER fue aprobada por unanimidad en nuestro Congreso de la República y da fe de que como sociedad podemos construir consensos armoniosos y de gran impacto social”, comenta Yadira Bendaña, parlamentaria impulsora de la propuesta legislativa.

Asimismo, el congresista hondureño David Reyes manifiesta que CREDIMUJER es un proyecto que nació para devolverles la dignidad a las personas y darle valor al trabajo de las mujeres. “Cuando se invierte en la mujer, se invierte en la persona más valiosa en la administración de los recursos de un hogar”.

Se crea la ley, se pone un capital semilla y se espera que, en el presupuesto del año 2016, se pueda incrementar para que beneficie a un grupo más grande de mujeres campesinas”, comenta Elvia Argentina, diputada de Honduras.

Claramente existe un compromiso adoptado por varios países Latinoamericanos en la lucha contra el hambre, pero eso no es suficiente si no va de la mano con presupuesto y la voluntad política de los gobiernos, más allá de legislar en materia de nutrición y seguridad alimentaria.

La mitad de los peruanos con riesgo de sufrir inseguridad alimentaria

Foto:@ApoyayCrece

ü  Organizaciones sociales exigen al Congreso la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 

Diversos premios  internacionales están posicionando a Perú como la “meca gastronómica”. No obstante, más allá de estos reconocimientos y de la promoción de sus platos como atractivo turístico, en este país casi un 35% de los ciudadanos no ingiere los requerimientos calóricos mínimos, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, 13 millones 800 mil peruanos, es decir, casi la mitad de la población no cuenta en todo momento con acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para llevar una vida activa y sana. Ante esta situación, la organización  Seguridad Alimentaria con Soberanía exige al Congreso aprobar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 

Esta ley ya fue aprobada en el Pleno del Congreso del 19 de diciembre, sin embargo, debido a un pedido de reconsideración de la misma, se impidió su aprobación definitiva y está paralizada. Con esta ley se busca no sólo que se reconozca la alimentación como un derecho, sino que el Estado “asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria y genere condiciones favorables para que la población pueda tener acceso a los alimentos”, explica Rosario Romero, coordinadora del Colectivo Perú: “Por una seguridad alimentaria con soberanía”. Esta ley supone un cambio de óptica respecto al papel que ejerce el Estado en esta materia, pues hasta el momento “asume una responsabilidad asistencial, es decir, el Estado se preocupa de generar programas de auxilio para aquellas personas que no tienen acceso a los alimentos. Es diferente que el Estado trate de paliar este problema, a que asuma que es su problema,  ya que no sólo tendría que paliarlo sino también preveerlo”, afirma la especialista.

 

“La mitad de los peruanos está en riesgo de inseguridad alimentaria, no sólo por dificultad en el acceso a los alimentos, sino porque no se está alimentando de manera nutritiva y equilibrada. Consumen más carbohidratos, grasas, y ‘comida chatarra’, especialmente en las ciudades”, comenta Alejandro Laos, antropólogo experto en desarrollo rural. Esta dieta deviene en problemas como la obesidad que afecta al 62,4% de los peruanos.

 

La disponibilidad de los alimentos depende de varios factores. Uno de ellos son los pequeños y medianos productores que son responsables del abastecimiento del 70% de los productos que conforman la canasta básica alimentaria. Estos productores trabajan en duras condiciones, por ejemplo, en apenas el 23,8% de las unidades agropecuarias el propietario cubre sus costos. “Si no se les apoya, difícilmente se va a asegurar el abastecimiento nacional, por lo que habría que incrementar las importaciones de alimentos, aumentando la dependencia de nuestro país del exterior”, asevera Rosario Romero. Si bien la  Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional no es una ley de desarrollo del agro-al tratarse de una ley marco, es decir, constituiría el cimiento para abordar esta materia-sí establece que para garantizar la seguridad alimentaria hay que promover el desarrollo y la atención al pequeño productor y productora (existen 692 mil mujeres campesinas en todo el país).

 

A este escenario, hay que añadirle un factor más que contribuirá de manera decisiva en la producción de alimentos: el cambio climático, siendo Perú uno de los países del mundo más vulnerables ante él, como así lo reconoce el PNUD. 

 

En la actualidad, Perú importa cerca del 90% del trigo que requiere, el 60% del maíz, y el 100% de la soya, volviéndose vulnerable ante las alzas de estos productos en el mercado internacional y repercutiendo también en los bolsillos de los ciudadanos. Trasladándose este incremento a otros productos básicos para la alimentación de la población como el pollo, pues se alimenta de este grano. En el 2012, el costo de la canasta básica alcanzó los 151 nuevos soles mensuales por cada persona que conforma un hogar, según el PNUD.

Exhortan al Congreso aprobar de manera definitiva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional

ü  Cerca a 14  millones de personas en el Perú se encuentran en situación de  riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional.

ü  Ley busca establecer el marco institucional idóneo para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para peruanos y peruanas.

 

Mientras el pleno del Congreso de la República no dé luz verde a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, millones de peruanos seguirán  en situación de riesgo de  inseguridad alimentaria, por lo que diversas organizaciones sociales, campesinas y agrarias, piden al Congreso aprobar definitivamente dicha ley, que busca institucionalizar el derecho a la alimentación dentro de un ordenamiento jurídico, así la Ley establece un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que implementará políticas, programas o iniciativas que estén orientadas a contar con una adecuada alimentación en base a productos locales con alto valor nutricional.

 

Con ello se asegura una adecuada alimentación y  nutrición de los peruanos con políticas, estrategias y planes –bajo un marco legal- en materia de sistemas de producción sustentables, la gestión de la biodiversidad, la transformación, distribución y acceso a alimentos adecuados, garantizando su disponibilidad; promoviendo el consumo de alimentos inocuos, nutritivos, económicamente accesibles, que permitan satisfacer necesidades alimenticias fundamentales para lograr una salud integral.

 

La Alianza de Organizaciones Agrarias y el Colectivo Perú por la Seguridad Alimentaria con Soberanía señalan que la aprobación definitiva de esta Ley contribuirá a darle dirección y coherencia institucional a todas las iniciativas de políticas públicas nacionales y sectoriales, hasta ahora no alcanzados en los tres niveles de gobierno. Pues la ley establece, además, un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional encargado de diseñar, implementar y supervisar –con participación de los gremios campesinos y agrarios, comercializadores y consumidores– las políticas, programas o iniciativas implementadas desde el Estado, orientadas a garantizar que las actuales y futuras generaciones puedan contar con una adecuada alimentación, a través del consumo de  productos locales con un alto valor nutricional.

 

La problemática de la seguridad alimentaria en nuestro país es un desafío: 13 millones 800 mil peruanos se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. Por lo que se requiere involucrar y articular con los gobiernos regionales y gobiernos locales para formular e implementar las políticas, planes, programas y proyectos de la seguridad alimentaria.

 

La ley sostiene en su capítulo III, la conformación de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) como ente rector que orientará y conducirá en la toma de decisiones y coordinación intersectorial e intergubernamental del país.

 

Además, la Ley promueve el desarrollo económico y social de las poblaciones dedicadas a la producción agropecuaria orientada al consumo interno y local.

 

Cabe señalar que esta Ley está en agenda del Pleno del Congreso tras su aprobación en primera votación (19 de diciembre de 2013), con 58 votos a favor, cinco en contra y 20 abstenciones. Luego, fue exonerado del requisito de segunda votación con 56 votos a favor, 22 en contra y tres abstenciones.

 

Cifras:

Ø  El Censo Agrario (2012) revela que las pequeñas unidades agropecuarias (hasta 5 hectáreas), representan el 81% del total. De estas unidades proviene más del 60% de los alimentos que se consumen en el país, por lo que no puede diseñarse ni implementarse una estrategia de seguridad alimentaria sin impulsar y fortalecer este sector.

Ø  En el Perú, el impulso a la pequeña agricultura sigue siendo un reto pendiente. El presupuesto de AGRO RURAL, principal programa promotor de la inversión rural, muestra una tendencia hacia la baja, con un presupuesto que pasó de S/. 301 millones en 2009 a S/. 157 millones en 2012.