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Dos años y medio después
de que el Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no
se ha realizado.
La
noticia sobre la posible licitación del lote 192 en la selva loretana, antes del 15 de enero
sin realizarse una consulta previa, ha hecho saltar todas las alarmas. Frente a
la falta de información y aclaración sobre el tema, el presidente de la
Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, pidió
al presidente Ollanta Humala que se respete la consulta previa. “En el Lote 192
se tiene que dar la consulta previa, no
se pueden burlar de nosotros”, dijo.
“Antes de cualquier proceso de licitación de lote 192, las
federaciones indígenas de las cuatro cuencas han exigido que se respeten sus
derechos y que el Estado garantice la atención a demandas mínimas de atención,
como son la remediación ambiental de sus territorios, la titulación de sus
comunidades, la compensación por el uso de sus tierras, entre otros”, reclaman
las federaciones que conforman la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos
en defensa de sus Territorios (PUINAMUDT).
Esta plataforma recuerda además
que, en diciembre, el Estado pospuso indefinidamente y de manera
unilateral una reunión entre la Presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara, y
los dirigentes indígenas (apus) de las comunidades de las cuatro cuencas.
“Entre los anuncios de convocatoria a licitación del lote 192
desde Perupetro y otros sectores, y el ninguneo que impone el Poder Ejecutivo a
las exigencias de las federaciones y comunidades indígenas, se ha generado un
riesgoso escenario de conflicto”, alertan.
Consulta previa en su laberinto
Este
caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que
celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por
ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades
indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el
11,7% del crudo nacional.
La viceministra de Interculturalidad,
Patricia Balbuena, en declaraciones a Consultape,
afirmó que “sería contraproducente no realizar un proceso de consulta
previa en el lote 192”. La Defensoría del Pueblo, en febrero de 2014, en una
carta remitida al presidente Ollanta Humala, solicitaba al Ejecutivo a que continuara “con la preparación del
proceso de consulta previa a fin de que este instrumento permita alcanzar
acuerdos en bien del desarrollo del país y de los pueblos indígenas”. Este
proceso resulta además simbólico, pues de acuerdo al antropólogo Carlos Monge,
“el lote 192 es la prueba ácida de hasta dónde va la consulta previa”.
Andoas, un enclave
petrolero
Los rumores y dudas han acompañado a
este proceso. Perupetro en noviembre de 2013 mostró su preocupación por el cronograma tan ajustado
que tenía para poder implementar la consulta previa en el Lote 192 antes de 2015, fecha en la que ya se tendría
que haber licitado el lote debido al vencimiento del contrato de Pluspetrol e
implementado la consulta previa.
En
paralelo a esta situación, trascendió la noticia de que esta compañía obtuvo
una autorización para incrementar su producción en este lote, estimándose el
valor del proyecto en $ 18,5 millones.
“En
la medida en que los que tienen la concesión ven que no les van a renovar,
ellos no tienen interés en invertir, eso hace que la producción baje. Si se les
amplía el período de concesión ellos van a invertir, y aumentar la producción”,
comentaba el economista del Grupo Propuesta Ciudadana, Gustavo Ávila. Hay que
señalar que había una tendencia de caída en la producción de crudo de este
lote. “El lote 1AB entre los años 98 y 99 producía entre 45 y 50 mil barriles
por día. A diciembre de 2013 está
produciendo 14 mil barriles por día. La tendencia es que si no se hacen mayores
inversiones siga descendiendo”, precisa Ávila.
Pese
a esta presión y al reiterado compromiso
de las comunidades para establecer canales institucionales que les permitan
resolver los problemas generados por la explotación petrolera, el gobierno ha
hecho muy poco por avanzar en el proceso de Consulta.
Son
muchas las reuniones y mesas de trabajo
en donde las comunidades de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón han
participado sin que hasta la fecha se atiendan sus demandas de agua limpia, postas médicas, etc. De acuerdo al informe publicado por el Grupo
de Trabajo-adscrito a la Comisión Multisectorial-, sobre el cálculo de un 20%
de familias quechuas, el 97% de ellas declara que en la actualidad es difícil
acceder a los recursos de caza, que constituye el complemento alimenticio
central de la dieta diaria.
La
plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en defensa de sus Territorios
(PUINAMUDT) nos recuerda que este lote , explotado por Pluspetrol, encuentra en
una “grave crisis ambiental y social”, ante la cual, el propio Ministerio del Ambiente tuvo que
declarar a las cuencas del
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón –que comprenden los
territorios del pozo petrolero- en emergencia ambiental y sanitaria.
Estas comunidades exigen un nuevo contrato permita establecer las condiciones necesarias para una convivencia respetuosa, que garantice sus derechos. En ese sentido, la consulta previa, se constituye en un medio necesario para conseguirlas y en un elemento central de sus demandas.
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