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Sigue sin llegarse a acuerdos sobre la
titulación de tierras y el pago por servidumbre petrolera entre el Ejecutivo y
las comunidades.
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Dos años y medio después de que el
Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no se ha
realizado.
Los plazos se agotan y las propuestas no convencen. La Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo se reunió con
representantes de las comunidades de las
cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y
propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en el 2012.
Las comunidades indígenas enfrentan con desconfianza este proceso tras la
falta de actuación del Estado durante 43 años de
explotación petrolera, la misma que ha ocasionado contaminación del agua y la
tierra de estas poblaciones. Así lo documentan diversos informes estatales realizados por
Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de
Salud Ambiental (Digesa) que alertan de
la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos
totales de petróleo en altas concentraciones.
Sin embargo, se muestran firmes en
sus reclamos. “No queremos que ratifiquen contratos sin
consulta previa y sin cumplir las cinco demandas
que tenemos”, declara Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena
Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Es por ello que el líder indígena no firmó el
Acta de Acuerdos (los dirigentes de las otras cuencas sí lo hicieron) pues
señalaba que “las partes están de
acuerdo en encontrar una solución que asegure la continuidad de la operación
petrolera, bajo el criterio de protección ambiental”. No obstante, el diálogo con el Ejecutivo
continúa abierto.
Pese a las declaraciones
del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en las que remarca que las comunidades verán respetados todos sus derechos, existen temas
pendientes que ponen en duda esta afirmación.
Titulación ‘regresiva’
El Ejecutivo planteó titular sólo aquellas tierras con aptitud agropecuaria,
pero no aquellas que tienen aptitud forestal. “Si el 95% del territorio amazónico tiene
aptitud forestal, la propuesta del Gobierno significa no reconocer derecho de
propiedad, sino sólo contratos de cesión de uso de suelos forestales, que
desconocen derecho de propiedad”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del
Instituto de Defensa Legal (IDL), que estuvo presente en la reunión.
Asimismo, el Gobierno
sostuvo en la reunión que no tocará las servidumbres petroleras gratuitas dadas
por el Ejecutivo en favor de la empresa. Sin embargo, según el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos tienen derecho de
propiedad sobre los territorios que han usado ancestralmente, lo que equivale a
un título de propiedad. “Como no reconoce
que esos son territorios son los de los pueblos indígenas, y cree erróneamente
que es del Estado, dispone de ello”. Así, tampoco el Ejecutivo reconoce el pago
de servidumbres petroleras en favor de las comunidades nativas.
Ruiz afirma que si se analiza
las propuestas ofrecidas por el Ejecutivo en el ámbito de titulación, “no hay
nada nuevo, hay una actitud regresiva. Hay que exigir judicialmente la
titulación de tierras, y eso pasa por interponer una demanda de amparo contra
el Gobierno Regional de Loreto, y en favor de las cuatro cuencas, para que
titule el territorio”.
Remediación a cargo de Pluspetrol
Respecto a la
remediación de pasivos ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) ha identificado hasta 92 pasivos ambientales, los que, según
este organismo deben que ser remediados por la empresa Pluspetrol. Sin embargo,
esta propuesta ha sido acogida con recelo entre las comunidades. “¿Cómo vamos a
confiar si esa empresa nos está matando?”, se cuestiona el presidente de Fediquep, Aurelio Chino.
Una desconfianza que
compartía el Grupo de Trabajo de la Comisión
de Pueblos del Congreso de la República que publicó en su informe: “La licitación del Lote 1-AB hace surgir
preocupaciones, porque se teme que Pluspetrol Norte S. A., al igual que Oxy en
1996 y 2002, vaya dejando pasivos no remediados propios, pero también los que
correspondían a las actividades de la Occidental Petroleum, creando así un
círculo vicioso”. Además, no hay que olvidar que Pluspetrol cuenta con un largo
expediente de sanciones impuestas por el Organismo Supervisor en Energía y
Minería (Osinergmin).
Contra
reloj
Este
caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que
celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por
ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades
indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el
11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso
de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año,
y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una
fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues
el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización
del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la
licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en
siete meses.
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