Escribe Magali Zevallos/Gran Angular
Durante los últimos dos años del gobierno
de Ollanta Humala se han aprobado por el Congreso de la República o mediante decretos
supremos cuatro “paquetazos ambientales”, a fin de atraer la inversión y reactivar la economía
a través de la flexibilización de los estándares ambientales y sociales. Para el Ejecutivo estas medidas no han sido suficientes, por lo
que viene pidiendo al Parlamento facultades especiales para legislar en materia
económica, este cheque en blanco sigue apuntando a proyectos extractivistas,
pues propone “eliminar trabas que desalienten la inversión”. Diversos expertos afirman que
con las normativas ya aprobadas se abren las
puertas para vulnerar los derechos de las comunidades
nativas y campesinas, porque son una amenaza a la propiedad comunal.
Estas leyes dispersas son piezas de un
rompecabezas que al unirlos terminan siendo un conjunto de normas articuladas
que buscan debilitar la regulación, especialmente, en dos temas considerados
obstáculos por el sector privado: la propiedad y posesión de tierras comunales
y el sistema de gestión ambiental; quitando
rigurosidad a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y debilitando a la
fiscalización ambiental, advierte Ana Leyva de CooperAcción.
La alerta a la inseguridad territorial de
las comunidades se deben a que según cifras del Instituto
del Bien Común (IBC), aún quedan por titular casi
4.000 comunidades: 666 comunidades nativas y 3.303 comunidades campesinas. Las
comunidades ocupan casi un tercio del territorio nacional y albergan a doce
millones de peruanos. El 47,8% del territorio de las comunidades campesinas está superpuesto por concesiones mineras, mientras el 75% de la Amazonía tiene concesiones petroleras.
Es decir las leyes aprobadas garantizan a las grandes inversiones pasando por
encima de los derechos territoriales de estas poblaciones.
“Este paquete de proyectos es la amenaza más grande
desde la Constitución de 1920 contra la propiedad comunal, con la idea de que
todas las tierra rurales deben estar en el mercado, y el que paga más se queda
con las tierras. Con estas medidas desaparecerán las comunidades indígenas y
parte de nuestra identidad, alerta Richard
Smith, director del IBC.
“El Ejecutivo no ha hecho una reflexión en cuanto a
los temas centrales de los conflictos Conga y Tía María, en estos proyectos el
problema ha sido la luz verde de los EIAs en zonas de ecosistemas frágiles. En
ambos casos hay una preocupación central de las poblaciones por el agua, y lo
que se hace es actuar de manera pragmática, modificando procedimientos para
bajar los estándares ambientales y sociales, favoreciendo así a las empresas. Estos paquetes normativos -con
énfasis en el sector ambiental- han sido formulados por una comisión promovida por el Ministerio
de Economía y Finanzas pasando por encima de las competencias del Ministerio
del Ambiente (MINAM). Aunque ha sido el titular de esta cartera, Pulgar Vidal,
quien, lamentablemente, ha salido a
defenderlos”, señala Leyva.
César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental,
cuestionó el progresivo debilitamiento que está sufriendo el MINAM, y sostiene que
este Ministerio “no está para garantizar la inversión, sino para garantizar que
los ecosistemas sean viables”. Ipensa citó el caso del Parque Nacional Cerros
de Amotape, en Tumbes, como ejemplo del debilitamiento al que ha sido sometido
el sector ambiental, al pretender recortar hectáreas de esta área para que pasen
a formar parte de un proyecto de irrigación. Esto es posible desde el momento
en que la Ley 30230 permite al Consejo de Ministros legislar sobre áreas
naturales protegidas.
“Estos paquetazos se orientan a las comunidades
campesinas y a las tierras eriazas, ya que flexibiliza la toma de
decisiones en el interior de las comunidades para disponer (y poder vender) las
tierras, sostiene Silvana Baldovino de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
(SPDA).
Así, estas normativas vulneran los
derechos de los pueblos indígenas como el territorio, el aprovechamiento de sus
recursos naturales y a la autodeterminación, por lo que debieron ser
consultadas, cumpliendo con el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), y con la Ley de Consulta previa a los pueblos indígenas u
originarios, promulgada en 2011.
En cuanto al impacto económico, el ex presidente de
Petroperú, Humberto Campodónico señala que la alta dependencia que tiene la
economía peruana de la exportación de las materias primas favorece el rentismo
o la “pereza fiscal” –desde todos los niveles de gobierno no existe
preocupación por generar recursos propios, pues reciben unos ingresos fijos por
estas actividades extractivas-, inflación, concesión de las tierras del país,
generando conflictos. “No hay instituciones sólidas para una gobernanza de los
recursos naturales”, afirma.
La economía peruana es dependiente de la
exportación de las materias primas que alcanza hasta el 65%. Supera ampliamente
lo que señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), “cuando un país depende
por encima del 25% de su economía de la exportación de los “commodities”
(productos básicos) es considerado como un país dependiente”. Campodónico
cuestiona estas medidas facilistas, y recomienda abandonar este modelo primario
exportador para pasar a una economía que apueste por la diversificación
productiva y la industrialización.
Paquetazos:
tierras a disposición de inversionistas
El primer
paquetazo corresponde al Decreto Supremo 054-2013-PCM, publicado en mayo
del 2013, que atenta contra la protección del patrimonio cultural arqueológico
y el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Es el caso del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Por medio de éste
se aplica silencio administrativo positivo para asuntos medio ambientales y
patrimonio cultural en el procedimiento de aprobación del estudio de impacto
ambiental (EIA) del sector de energía y minas si desde el Ministerio de Cultura
no emiten dicho certificado en un plazo no mayor de 20 días hábiles.
El Decreto Supremo 060-2013 PCM,
publicado en mayo de 2013, aprueba disposiciones especiales para la ejecución
de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar y agilizar la
ejecución de proyectos de inversión pública y privada. Reduce el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental de 120 a 83 días en el sector de energía y minas.
La Ley 30025, que modifica la Ley General de Expropiaciones.
Esta ley faculta al inversionista
privado a gestionar la adquisición por trato directo de los inmuebles
requeridos para la ejecución de obras de infraestructura y, de fracasar en
estas gestiones, iniciar un procedimiento de expropiación. Dispone que los
predios y edificaciones de propiedad estatal, requeridos para la ejecución de obras
de las infraestructura señaladas en esta Ley, serán transferidos a título
gratuito y automáticamente al sector o al gobierno regional- local al cual
pertenece el proyecto, por el solo mérito de la resolución que emita la
Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), en un máximo de 45 días.
El SBN tiene un plazo de 30 días, desde la vigencia de la resolución para
desalojar y entregar la posesión de los citados bienes.
El segundo
paquetazo corresponde a la Ley 30230, aprobada en junio de 2014. Organizaciones
indígenas y de la sociedad civil presentaron una demanda de
inconstitucionalidad contra esta normativa. El Título III de la ley permite al
Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de
inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades,
ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, siendo
tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados
o certificados de posesión. A pesar de que
el borrador del reglamento de la ley 30230 excluye a las tierras de las
comunidades campesinas y nativas, deja abierta la posibilidad de que las
tierras no tituladas y eriazas sí estén sujetas a lo dispuesto por esta ley.
“Hemos recomendado cambiar la expresión que usan para que se exceptúe a todos
los territorios de las comunidades”, precisa Smith.
Con esta ley se debilita la
institucionalidad ambiental y se recorta
a las entidades de fiscalización y regulación ambiental sus funciones. Y el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no podrá sancionar o
multar a empresas contaminantes por tres años, favoreciendo una mayor
permisividad con la contaminación. Se
reduce a la mitad las multas que deben pagar los que dañan el ambiente, con
ello los fondos de la OEFA. También, se
reduce el tiempo de análisis de los estudios de impacto ambiental, entre otras
disposiciones.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo
señala que la interpretación o aplicación de cambios normativos sobre la
propiedad comunal sin un proceso de consulta previa sería incompatible con la
Constitución Política.
El tercer
paquetazo es el Decreto Supremo 001-2015-EM, aprobado en enero de 2015, el cual otorga
competencia a las Juntas Directivas Comunales a disponer de las tierras
comunales, pasando por encima de la Asamblea General. Está dirigido a facilitar
la compra de tierras por parte de las mineras, vulnerando la autonomía comunal y modificando
mediante una norma de menor jerarquía lo dispuesto por la Ley N°
24656, Ley General de Comunidades Campesinas.
El cuarto
paquetazo, Ley 30327 “Ley de
promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo
sostenible”. Flexibiliza procedimientos para crear servidumbres en tierras
eriazas del Estado, derechos de vía y expropiación. Al no tener claro cuáles son las tierras
eriazas, ni contar con registro ni catastro de estas tierras, imponerse servidumbres para proyectos de inversión
podría generar conflictos territoriales. Las tierras eriazas no están
registradas ni saneadas y muchas de estas pertenecen a las comunidades nativas
pero al no tener un título puede generar controversia.
Asimismo, se estaría atentando contra la
autonomía de algunos gobiernos regionales, entre los que se encuentran
Arequipa, San Martín y Amazonas, que según la Ley 27867 tienen la potestad para
gestionar los terrenos eriazos ubicados en sus jurisdicciones pero que con esta
nueva norma pasarían a ser administrados nuevamente por el gobierno central a
través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
Otro punto que marca los lineamientos de
esta norma es el de la certificación ambiental. A través de la creación de una
ventanilla única se busca reducir
sustancialmente el tiempo para la entrega
de certificaciones ambientales así como la aprobación de los EIA.
Normativas
son una ‘bomba de tiempo’
“Muchos de los conflictos
socioambientales tiene que ver con la presencia de industrias extractivas en
tierras comunales. Saltarse las normas que establecen la consulta previa,
obviar que un 74% de las tierras de las comunidades campesinas y nativas no
están georeferenciadas, y que puedan decir que son del Estado, alimenta la
conflictividad”, explica Laureano del Castillo, director de CEPES.
Hay una población
rural e indígena que está dispuesta a protestar, a cuestionar, y es muy crítica
a estos intentos de quitarles las tierras para dársela a inversionistas. No va
a haber paz social si se sigue bajo esta lógica, van a estallar más
conflictos”, sostiene el director del IBC.
Uno de los detonantes de la tragedia en
Bagua fue el Decreto Legislativo 1090, denominado ley de la selva, lo que
generó la muerte de 33 personas, entre policías y civiles, durante el segundo
gobierno de Alan García, quien se declaró contrario a la pequeña agricultura y
contra las comunidades campesinas y nativas, por ser “el símbolo del atraso”
y favorecer a los grandes
inversionistas. Durante su gobierno se
aprobaron 26 decretos legislativos que expresan la decisión política de
transferir recursos naturales a grandes empresas. Nueve de ellos perjudican
directamente a las comunidades campesinas y nativas (cuatro decretos fueron
derogados por la presión social).
Hay que recordarle al presidente Humala
que esta masacre fue debido a la promulgación de estos decretos legislativos
que impulsaban la inversión sin escuchar las demandas de los pueblos indígenas;
y el rechazo a este andamiaje normativo impulsados desde el Ejecutivo se harán
escuchar en el paro nacional el 22 y 23 de junio, promovido por la Confederación Nacional Agraria, donde participarán
comunidades indígenas del interior del país.
