Conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de las personas con discapacidad

Congresistas de Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Alianza Popular conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de derechos del más de un millón y medio de ciudadanos con discapacidad que viven en Perú. Los congresistas se comprometieron a fiscalizar el cumplimiento de las normas ya aprobadas como la Ley General de la Persona con Discapacidad,  a impulsar propuestas que apoyen los derechos civiles y políticos y a promover la asignación de recursos presupuestales para las políticas. Esta bancada inclusiva (Bancada ‘”IN”) contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (SODIS), organización con una trayectoria de casi dos décadas defendiendo los derechos de las personas con discapacidad.

 

“La conformación de esta bancada es una iniciativa inédita en la historia de nuestro país. Debemos luchar por la equidad de las personas con discapacidad. Hoy en día no somos tratados como el resto de ciudadanos. Por eso, la creación de esta bancada es una luz al final del túnel”, declaró José Antonio Isola, director de SODIS.

 

Todos los congresistas que participaron en el acto oficial, celebrado el pasado viernes 16, coincidieron en la necesidad de mejorar la fiscalización de las normas, y se comprometieron a apoyar e impulsar políticas. Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, condenó la discriminación y exclusión de las personas con discapacidad, especialmente, en el sector educativo y laboral.  En la actualidad, más de 120.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanecen fuera de las aulas. Además, el 60% de las personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse, lo cual restringe su acceso a servicios básicos.

 

Alberto de Belaunde, parlamentario de Peruanos por el Kambio, señaló como prioridad la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica para dotar de una mayor autonomía a las personas con discapacidad. “Si dotamos de las herramientas necesarias a las personas con discapacidad podemos estar de igual a igual”, declaró Paloma Noceda, congresista de Fuerza Popular.

 

El anuncio de la bancada, compuesta por 26 congresistas, se acompañó  de la presentación de una guía legislativa con propuestaspolíticas urgentes, consensuadas y  respaldadas por las organizaciones de personas con discapacidad que conforman la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El documento elaborado presenta propuestas concretas que se pueden hacer desde el Congreso para eliminar las barreras en educación, salud, empleo, accesibilidad y autonomía de la persona con discapacidad.

 

“Las personas con discapacidad son un sector invisibilizado. La conformación de esta bancada y la presentación de esta guía constituyen un esfuerzo importante a favor de los derechos de  estos ciudadanos”, declaró Percy Medina, jefe de IDEA Internacional-organización que ha apoyado la conformación de la bancada, junto con la Unión Europea-. El arquitecto Jaime Huerta, usuario de una silla de ruedas, reconoció la importancia de esta iniciativa  que velará por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de una manera transversal a través de todas las políticas que se dicten en el Congreso.

Nuevo Código Penal propone sancionar a las mujeres violadas que abortan con trabajo comunitario

 

ü Durante la sesión del Pleno del Congreso sobre la reforma del Código Penal, se debatió la despenalización del aborto por violación sexual, tras ser archivada esta iniciativa legislativa ciudadana en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

ü El texto vigente castiga a la mujer con pena de prisión de entre tres a 24 meses de cárcel.

 

Durante el debate en el Congreso sobre el nuevo código penal, la congresista Verónika Mendoza, de Acción Popular- Frente Amplio, presentó un dictamen en minoría para debatir la necesidad de despenalizar el aborto en casos de violación sexual, ante el archivamiento del proyecto de ley (03839/2014 IC) por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el martes pasado; con 5 votos a favor del archivamiento, 1 abstención y el voto en contra de la congresista. Este proyecto se trataba de una iniciativa ciudadana, respaldada por más de 64 mil personas, que entró al Congreso en octubre de 2014.

 

El nuevo Código Penal pretende castigar  a las mujeres violadas que abortan con 10 a 50 jornadas de trabajo comunitario. El texto vigente, en su artículo 120, tipifica como delito el aborto sentimental (casos de violación sexual), castigando a la mujer con pena de prisión de tres meses de cárcel. 

 

“Penalizar el aborto no ha ‪reducido ni va a reducir la cifra de abortos, solo incrementa la muerte materna”, declaró Mendoza. Mientras que al congresista Julio Rosas, de Fuerza Popular, le pareció poco que las mujeres violadas que decidan abortar sean obligadas a realizar trabajo comunitario, basando sus opiniones en sus creencias religiosas. Ante lo cual, Mendoza señaló: "esta sanción es arrodillarse a la teología, esto no es optar por un Estado laico. Esto es un código penal, no un catecismo".

 

En el Perú, ya está permitido el aborto terapéutico, es decir, aquel en el que la continuación del embarazo constituye un riesgo para la salud y/o la vida de la mujer, así quedó reconocido en 1924. Desde julio de 204 se tiene un protocolo para practicar este tipo de aborto.

 

35 000 embarazos por violación cada año

El 34% de víctimas de violación resultaron ‪‎embarazadas; de cada 100 muertes maternas, 29 están vinculadas a un aborto inseguro ¿Con qué derecho los congresistas pueden obligar a esa adolescente violada a continuar con un embarazo si así no lo desea?  Daniel Abugattás, congresista de Gana Perú, reseñó que “hay una ceguera intencional, con ley o sin ley hay más 200 mil abortos clandestinos cada año”.

 

Se estima que se producen cada año 35 000 embarazos por violación, según la investigación. “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal”, con datos del 2007. En el 78% de los casos las víctimas son mujeres menores de 18 años. Asimismo, en el 76% de las denuncias realizadas ante la PNP el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima. Una realidad que niega la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, quien explicó en el Congreso que el porcentaje de casos de embarazos productos de una violación es cercano al 0%.

 

Ante lo cual la congresista Rosa Mavila señaló: “detrás hay una concepción del derecho a la vida como la procreación, la vida es un continuum, se merece una calidad de vida, es el derecho de las nuevas generaciones a vivir en condiciones de igualdad”. Y reiteró: “la mujer a la que se criminaliza luego de que ha sido vulnerada, es revictimizada reiteradamente. Una primera vez por el violador, más aun cuando se es niña, se crea un trauma. Luego, se le victimiza cuando se acerca a solicitar ayuda en las instituciones públicas (salud, policía, justicia, etc. Finalmente, su entorno la sigue marginando, la trata mal a la joven violada, se le quita su condición de persona”.

 

Sin más argumentos, la congresista fujimorista, Martha Chávez, afirmó que el Estado no puede ser cómplice de la muerte de un ser humano. “Si quieren matar a alguien, maten al violador. No al niño, que puede ser dado en adopción”, aseveró.  La congresista de Fuerza Popular llegó a afirmar que el aborto es un negocio en los países donde se ha aprobado, equiparándolo al turismo.

 

Derecho a un aborto legal

Es importante destacar que organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) recomendó, el pasado julio, al Estado peruano que se despenalizara el aborto en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que “se modificara la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación”.

 

Asimismo, en la mayoría de los países en donde se ha logrado la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no se penaliza el aborto, es el caso de países como Uruguay, España, Canadá o Estados Unidos. Países como Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador tampoco lo penalizan cuando se trata de un embarazo resultado de una violación. Sin embargo, en el Perú está penalizado, siendo además el país con la mayor tasa de denuncias por violación sexual de América del Sur. Hay que destacar que el 53% de la ciudadanía opinó que sí se debería permitir el aborto en caso de violación, de acuerdo al estudio de opinión realizado por IPSOS Perú en 2013.

Congreso y sociedad civil esperan propuesta sobre pensión para personas con discapacidad severa para el Presupuesto 2015

Del más de millón y medio de personas con discapacidad, hay un grupo pequeño pero significativo que se encuentra en grado de severa y vive en condiciones de pobreza. Para ellos, por ley, les corresponde una pensión no contributiva que, por idas y desacuerdos en el aparato estatal, aún les es esquiva.  

 

A dos años de la promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, y a casi un año de su reglamentación (febrero de 2014), aún no hay ni vestigio del cumplimiento de su artículo 59, que estipula la entrega de una pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa.

 

Pese al reciente anuncio hecho por la Ministra de la Mujer, Carmen Omontes, de que el 2015 se empezaría a pagar la pensión no contributiva, el Ejecutivo no ha establecido todavía los requisitos para determinar cuándo una persona tiene discapacidad severa, tampoco ha fijado el monto de la pensión ni mucho menos ha generado una estadística que contabilice el número de personas con discapacidad severa existen en el país.

 

En el último año, las distintas instituciones gubernamentales involucradas han llevado a cabo reuniones para definir los puntos necesarios para la entrega de la pensión sin lograr ponerse de acuerdo. En un principio se dijo que se entregaría a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), luego mediante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

 

Sin embargo; cuenta el viceministro de la Mujer, Fernando Bolaños, quien también se desempeña como presidente interino del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), se llegó a la conclusión de que la ONP era una institución con varios cuestionamientos en cuestión de rapidez, mientras que el Midis adujo que el tema no era de su competencia.

 

Finalmente, quedó en manos del Ministerio de la Mujer crear una entidad que se encargue de direccionar las pensiones no contributivas hacia las personas que presenten discapacidad severa y se encuentren en estado de pobreza, extrema pobreza y no reciban ningún otro tipo de ingreso público o privado.

 

Lo que nos cuenta Bolaños es que si bien su despacho tiene toda la intención y compromiso de asumir esta responsabilidad, están a la espera del protocolo que elabora el Ministerio de Salud, para definir cuándo una persona tiene discapacidad severa.

 

“Hay una encuesta nacional del 2012 que estableció el número de personas con discapacidad y aún no está definido con claridad, ni siquiera en las personas que ya están registradas en CONADIS, cuáles de estas discapacidades son severas. (Por eso) el Ministerio de Salud está elaborando el protocolo para establecer los requisitos para que se declare una discapacidad severa”, comenta.

 

Por su parte, Margot Sánchez, integrante del componente de discapacidad en la Dirección General de Salud, aclara que el despacho está tratando de facilitar las certificaciones de discapacidad en general.

 

“No va a haber una norma exclusiva para calificar discapacidad severa. No es una norma exclusiva solo para ese beneficio. La norma que vamos a sacar es para regular todo el procedimiento para el certificado de discapacidad. En el certificado, el médico cuando evalúa y certifica, ahí decidirá qué grado de discapacidad presenta la persona”, explica la funcionaria.

 

En julio de este año el Ministerio de Salud pre-publicó la norma técnica para la evalución, calificación y certificación de la discapacidad, la cual se está reformulando con las observaciones alcanzadas por la sociedad civil.

 

CONGRESISTAS PREOCUPADOS

El último punto pendiente, después de definir responsabilidades y tener las normas legales listas para otorgar la pensión, es el acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que debe decidir si se asigna al Ministerio de la Mujer una partida para empezar a otorgar una pensión, comenta Fernando Bolaños, presidente del Conadis.

 

El funcionario admite que lo más probable es que no se pueda entregar una pensión para la discapacidad severa a todos a la vez. “Habrá que comenzar por una región. Un grupo se inclinó por que se empiece en Tumbes porque ya se había implementado el programa “Tumbes accesible” que ha hecho ya un censo y lo que faltaría es definir, de todas las personas censadas, cuáles tienen discapacidad severa”.

 

Si ese modelo se repite, la meta es hacerlo en una o dos regiones más como piloto el 2015, de tal manera que se expandan por el país en los siguientes años. “Eso es lo que estamos definiendo”, dice.

 

No obstante, varios congresistas ya han hecho notar al Ejecutivo que no existe ninguna propuesta concreta para esto en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015. Durante la sustentación del proyecto a cargo de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el entonces ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, los congresistas Jhon Reynaga (Gana Perú), Karla Schaefer (Fuerza Popular), Manuel Merino (Acción Popular) y Rosa Mavila León (Frente Amplio) hicieron notar la ausencia de una partida específica para el pago de la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa.

 

Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el congresista Rubén Condori, nos manifiesta que su despacho está a la espera que las instituciones correspondientes envíen sus propuestas para que la partida para la pensión no contributiva sea materia de debate del Presupuesto 2015.

 

Alberto Vásquez, presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, una de las principales impulsoras de la Ley General de la Persona con Discapacidad, precisa que ese debate debe definirse en los próximos días si es que se quiere cumplir con el anuncio de que la pensión no contributiva comenzará a pagarse en el 2015.

 

“Se estima que habrían unas 97 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza a nivel nacional. En Tumbes, de acuerdo con un estudio hecho por el propio Conadis, vivirían unas 900 personas con esta condición. Con estos datos fácilmente se puede hacer un estimado de los fondos necesarios para la puesta en marcha de un programa piloto. No podemos esperar otro año”, alerta el especialista.

 

“Este tema es multisectorial, para que estas cosas se puedan ir logrando y avanzando. Muchas cosas a veces demoran tiempo. Tenemos que trabajar mejor y articular mejor y cada sector debe cumplir con lo que le toca”, sentencia Fernando Bolaños, del Conadis.

 

Ya estamos finalizando el año y el Congreso está ad portas de debatir el dictamen de la Ley de Presupuesto 2015, en donde no se ha incluido una partida para que el próximo año empiece a implementarse la pensión no contributiva. Si el Ejecutivo no envía una propuesta, aunque sea para un piloto en una o dos regiones, este beneficio tendría que esperar hasta el 2016 para hacerse realidad.

El Congreso debatirá propuesta de ley para despenalizar el aborto en casos de violación sexual

Más de 60 mil firmas respaldan el Proyecto de Ley y ya se encuentran en dos comisiones del Congreso de la República

 

“Los parlamentarios recibimos esta iniciativa ciudadana con mucha responsabilidad, se trata de un asunto serio y delicado”, comentó la congresista Verónika Mendoza.  Más de 60 mil firmas de ciudadanos peruanos de todo el país respaldaron este proyecto de ley, junto con el apoyo de diversas bancadas. El Congreso de la República tiene un plazo de 120 días para debatir el Proyecto de Ley N° 3839/2014-IC: “Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida”.

“El Estado no puede obligar a las mujeres, niñas o adolescentes a llevar a término un embarazo sin considerar su proyecto de vida, su salud física o emocional, sin darles la posibilidad de recurrir a una Anticoncepción Oral de Emergencia”, denunció Mendoza.

Esta iniciativa ciudadana tras conseguir y acreditar las firmas requeridas a través del Jurado Nacional de Elecciones, fue derivada al Congreso de la República, y asignada a las Comisiones de Constitución y Reglamento, y de Justicia y Derechos Humanos para su discusión y posterior debate en el Congreso.

El congresista Carlos Bruce defendió la libertad para decidir de las mujeres ante un delito, un “acto de salvajismo”, coincidiendo con el parlamentario andino Alberto Adrianzén.  Por su parte, la parlamentaria Rosa Mavila afirmó que esta ley implica “un cambio de mentalidad de la sociedad peruana. Detrás de este debate hay un tema de naturaleza cultural, la función de la mujer durante el embarazo, visto como  sagrado, implica aceptar hechos terribles de imposición y de agresión salvaje contra su libertad individual”. Añadió además que “a ninguna mujer se le puede imponer como deber la maternidad cuando ese embarazo es producto de una agresión contra su voluntad”.

El Perú es el país con mayor tasa de denuncia por violación sexual en América del Sur, 17 763 denuncias por violación recibió en 2013 el Ministerio Público, siendo más del 70% de las víctimas niñas o adolescentes. Como consecuencia,  más del 34% de las mujeres quedan embarazadas. Según el Ministerio de Salud,  un 29% de las  muertes en adolescentes están vinculadas al aborto.

Sandra de la Cruz, estudiante de la Universidad de San Marcos e integrante del colectivo Déjala Decidir, denunció las condiciones de inseguridad que sufren las mujeres que se ven abocadas a abortar de manera clandestina poniendo en riesgo su vida y su salud. Además remarcó que la mujer “tras ser agredida y quedar embarazada sufre una segunda violación cuando el Estado no permite a la mujer decidir”.

Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) declaró que la presentación de esta iniciativa demuestra que “la sociedad está cambiando” y por tanto, es la “oportunidad para cambiar aquellos rezagos terribles que dan cuenta de la inequidad que sufren las mujeres”. Apuntó además que son las adolescentes entre 14 y 17 años las que más sufren embarazos como consecuencia de una violación.

La aprobación del Proyecto de Ley supondría la modificación del artículo 119 del Código Penal para incorporar este nuevo supuesto, y la derogación de todas las disposiciones que se opongan a la modificación de la ley, entre ellas la pena de tres meses para las mujeres que abortan a causa de una violación, contemplado en el artículo 120 del Código Penal vigente. Asimismo, el proyecto de ley contempla el acceso a servicios integrales para víctimas de violación sexual.

Se registran cada año un mínimo de 35 000 embarazos no deseados como consecuencia de una violación sexual. Asimismo, desde el año 2009 las mujeres víctimas de violación sexual no tienen acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en los establecimientos de salud del Estado.

El debate de este Proyecto de Ley  pone en juego derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación, y a la salud.

Organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos, entre otros, ya han instado al Estado Peruano a despenalizar el aborto en casos de violación sexual.