Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad

• La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
• Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.

 

Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.

 

“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 

 

Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.

 

“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Mastro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.

 

Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Mastro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.

 

Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.

 

Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.

 

Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad

• La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
• Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.

 

Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.

 

“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 

 

Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.

 

“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Maestro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.

 

Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Maestro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.

 

Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.

 

Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.

 

Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

PPK debe incluir a las personas con discapacidad en los programas sociales que deja el actual gobierno

ü  Salvo la pensión no contributiva –que solo beneficia a personas con discapacidad severa en pobreza extrema-, programas sociales como “Juntos”, “Pensión 65”, entre otros, no incorporaron un enfoque inclusivo que beneficie a las personas con discapacidad.

ü  En educación, el gobierno de Ollanta Humala priorizó la inversión en educación especial, cuando la demanda de las organizaciones vinculadas al tema discapacidad demandan el fortalecimiento de la educación inclusiva.

 

Si hay dos temas que serán destacados del gobierno de Ollanta Humala son la política social desarrollada con la creación de más de 35 programas sociales y el rol de su ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien seguirá al mando del sector durante el próximo quinquenio. Sin embargo, las personas con discapacidad no gozaron de los beneficios implementados en esos sectores, pues los mismos no tuvieron un enfoque inclusivo.

 

Pese a que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destinó más de 5 mil millones de soles a la política social, mediante programas sociales, como “Juntos”, “Pensión 65” o el “Seguro Integral de Salud” (SIS), hace falta que dichos programas tengan en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad tanto en el proceso de afiliación como en el paquete de prestaciones y beneficios. Un estudio elaborado por SODIS, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Londres encontró que las personas con discapacidad, pese a estar entre los más pobres, no han sido focalizadas o priorizadas por parte de los nuevos programas sociales y no se han establecido diferencias notables en cuanto a su atención.

 

“Los programas sociales no tienen un enfoque de discapacidad y eso hace que, muchas veces, las personas con discapacidad sean excluidas o no se beneficien de los programas. No basta con afiliar a personas con discapacidad, debe asegurarse que los programas respondan a sus necesidades”, dice Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (Sodis). Advierte que no se ha considerado el costo adicional de la discapacidad, por ejemplo, el costo del transporte para trasladarse a la escuela o al centro de salud, o el pago de servicios sanitarios especializados y de dispositivos de apoyo como sillas de ruedas, prótesis o audífonos.

 

La misma situación se repite con “Pensión 65” pues, si bien ha ayudado a que adultos mayores mejoren su nutrición y estado de salud, no les ha permitido acceder a tratamientos especializados. Por ende, tales esfuerzos resultan insuficientes.

 

Esperanza Villafuerte, asesora de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip), resalta que la problemática inicia cuando las personas quieren beneficiarse de los programas pues se encuentran en desventaja cuando intentan ingresar. “Los asesores no saben cómo actuar y finalmente no los ayudan”, dice y agrega que no basta con la atención preferente pues es necesario acompañarlos hasta que se familiaricen con el trámite. Por otro lado, la pensión no contributiva, implementada en ocho regiones del país, beneficia solo a 1901 peruanos y está dirigida solo a cubrir la canasta básica.

 

El destino de la inversión en educación inclusiva

El Programa presupuestal 0106 (PPR 0106) del Ministerio de Economía y Finanzas está dirigido a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. Tiene un presupuesto institucional de apertura de S/166,491,749 y su nivel de ejecución (hasta junio de este año) es de 36,5%.

 

Pese a que el actual gobierno impulsó el discurso de la inclusión educativa, sorprende que el 84% del PPR 0106 se destine a escuelas de educación especial, no a escuelas regulares que podrían potenciar la inserción de niños y jóvenes con discapacidad, tampoco a capacitar a los docentes ni a identificar a los niños y niñas con discapacidad que no asisten a la escuela.

 

“El Ministerio de Educación no tiene claro hacia dónde debe ir la educación inclusiva, no se trata de seguir fortaleciendo la educación especial, se trata de que todos los estudiantes accedan a la misma educación y que sea de calidad”, menciona Queija. En la misma línea, Villafuerte cree que la razón sería que desde el ministerio se cayó en una especie de “facilismo”. “Es más fácil potenciar los colegios especiales que invertir en educación inclusiva. Si la idea es ir haciendo una transición de educación especial segregada a educación, por lo menos, de atención preferente entonces se tiene que invertir más dinero a donde se quiere llegar”, menciona la especialista.

 

Cabe resaltar que el presupuesto total en educación es de 27 mil millones 495. Es decir, la inversión en educación inclusiva representa solo el 0,6% del total del presupuesto en educación. La cifra es preocupante si consideramos que el 78% de personas con discapacidad en edad escolar están fuera del sistema educativo.

 

PPK debe impulsar

Desde Sodis, se recomienda que los programas sociales sean diseñados y aplicados sin dejar de lado el enfoque de género, la interculturalidad y la discapacidad. Por ejemplo, si un programa entrega becas a estudiantes destacados, habrá que revisar que los requisitos de postulación se adapten en casos de discapacidad, como una persona ciega que necesite el examen en formato virtual. También es necesario que, además de la pensión no contributiva, se asegure el acceso de las personas con discapacidad a los demás programas, pero con condiciones y prestaciones específicas que respondan a sus necesidades particulares.

 

Además, se debería apuntar a que la mayor parte del presupuesto destinado a la educación de personas con discapacidad se dirija a potenciar la efectiva educación inclusiva y no la educación especial, la cual debería disminuir y desaparecer progresivamente.

Personas con discapacidad fueron impedidos de votar por falta de accesibilidad

• La ONPE no brindó los ajustes necesarios ni las medidas de accesibilidad mínimas para garantizar que personas con discapacidad puedan votar. A Cambio les dieron una “constancia de asistencia”.
• Personas afectadas evalúan el inicio de acciones legales contra la ONPE por discriminación.

 

José Antonio Isola, un conocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, no pudo ejercer su derecho al voto el pasado 5 de junio durante la segunda vuelta electoral. José, usuario de silla de ruedas, se había empadronado en la página web de la ONPE para asegurar que dicha entidad le asigne una mesa accesible que le permita votar con comodidad, tal como sucedió en la primera vuelta. No obstante, el pasado domingo se encontró con la sorpresa de que su mesa había sido trasladada a un segundo piso, al cual no tenía como llegar por la falta de una rampa o ascensor.

Frente a esta situación, el coordinador de la ONPE le extendió una "constancia de asistencia" para que pueda realizar posteriormente los trámites de exoneración de la multa respectiva, restringiendo no sólo su derecho a votar por una falta de la propia entidad, sino obligándolo a hacer un trámite adicional para no pagar la multa.

 

"La máquina en la que me tocaba votar estaba en el segundo piso y no se pueden mover. Entonces ni yo podía llegar a ella ni ella podía llegar a mí, y así perdía mi derecho constitucional a votar", explica José. "Nunca me he sentido más violentado en mi vida".

 

Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (SODIS), explica que el problema se produjo porque la ONPE no ha resuelto el tema del voto electrónico y las personas con discapacidad. “El voto electrónico también ha sido inaccesible para las personas con discapacidad visual. Tenían que ir con otra persona y ya ahí había un problema pues su voto ya no era secreto. Además, la máquina es muy elevada y en algunos casos estuvo mal ubicada, dificultando el voto de las personas en sillas de ruedas”, manifiesta. 

Cabe señalar que durante la primera y segunda vuelta se denunciaron muchos casos de falta de accesibilidad y facilidades para las personas con discapacidad en los centros de votación. En varios medios se difundieron imágenes en las que incluso se cargó a la persona hasta su mesa. Sin embargo, como explica Queija, esta acción no representa ni una medida de accesibilidad ni un ajuste razonable en favor de la persona: "Es una práctica que atenta contra la dignidad y la seguridad de la persona".

Cabe recordar que la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó a ONPE que tome diversas medidas para prevenir y dar solución a estas situaciones sin vulnerar el derecho a votar de las personas con discapacidad. Incluso, luego de la primera vuelta, se emitió un segundo pronunciamiento solicitando las medidas necesarias para impedir que se repitan este tipo de problemas.

"No es un problema de multas, el punto es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a que se les brinden los apoyos y facilidades para poder ejercer ese derecho”, señala la vocera de SODIS.

Lanzan campaña para que candidatos presidenciales recojan demandas en discapacidad

ü  La Mesa de Discapacidad  y Derechos de  la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos  lanza la campaña “Mis derechos también importan”, que emplaza a los dos candidatos presidenciales para que se comprometan en implementar políticas públicas para este sector poblacional, en materia de salud, educación, accesibilidad, empleo, seguridad social y capacidad jurídica.

 

Organizaciones de derechos humanos y discapacidad lanzan campaña “Mis derechos también importan”, a fin de que los candidatos presidenciales (Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski) se comprometan públicamente a firmar un compromiso con el millón 575 mil peruanos que tiene algún tipo de discapacidad en el país. Así desde la Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDDHH -conformado por 15 organizaciones*- se viene impulsando que se incluyan seis ejes temáticos (salud, educación, empleo, accesibilidad, protección social y capacidad jurídica) para revertir las brechas de este sector poblacional.

 

Hace una década empezó el decenio de las personas con discapacidad, sin embargo los avances para reducir las desigualdades no son nada alentadores: 78% de niños y adolescentes con discapacidad que están fuera del sistema educativo, pues se estima que menos del 1% de las escuelas (inicial, primaria y secundaria) tienen condiciones de accesibilidad física para personas con discapacidad (INEI) y el 92.1% de las instituciones educativas supervisadas por la Defensoría del Pueblo señaló no haber recibido ningún tipo de material adecuado para la inclusión de estudiantes con discapacidad. El 38,2% de este sector poblacional no tiene ningún seguro de salud, y el 76.8% se encuentran económicamente inactivas.

 

Durante este decenio, el logro que más se resalta es la promulgación y reglamentación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, N° 29973, la cual se ha visto empañada por su incumplimiento. “Estamos terminando este decenio con muchas falencias, se ha avanzado, pero todavía hay mucho por hacer, principalmente en educación, salud, trabajo y accesibilidad”, señala Hugo León, presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip) organización miembro de la Mesa.

 

“Existe un reto en el nuevo gobierno en evidenciar una real voluntad política. Existe un círculo vicioso entre discapacidad y pobreza. En una familia en la que alguien nace o adquiere una deficiencia se convierte en un factor de empobrecimiento porque todavía no contamos con una serie de políticas que puedan atenuar este tipo de situaciones”, señala Madezha Cepeda, integrante de la Mesa de Discapacidad de la CNDDHH.

 

Esperanza Villafuerte, consultora en políticas de inclusión, equidad de género y personas con discapacidad, remarca que es fundamental que la aplicación de políticas públicas deben ser consultados a las personas con discapacidad, organizaciones y colectivos. “Si no se nos incluye, es muy difícil que tengan algún impacto significativo en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, enfatiza.

 

Aprodeh, Asociación de Abogados Invidentes, Aynimundo, Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad – CEMPDIS, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad, Comisión de Damas Invidentes del Perú – CODIP, Confederación Nacional  de Personas con Discapacidad del Perú (CONFENADIP), Grupo de Iniciativa por la Niñez – GIN, Federación Nacional de Mujeres con discapacidad del Perú – FENAMUDIP, Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP, Musas Inspiradoras de Cambio, Paz y Esperanza, Sociedad y Discapacidad – SODIS, Sociedad Peruana de Síndrome de Down –  SPSD, Sense Internacional Perú.

Urge implementar medidas de accesibilidad para que personas con discapacidad voten en segunda vuelta

 

Pese a que organizaciones de la Sociedad Civil enviaron recomendaciones a la ONPE y al JNE, personas con discapacidad reportaron problemas de falta de accesibilidad y atención preferente en los centros de votación.

• El voto electrónico no fue accesible para personas con discapacidad visual, pues no se contempló un software que les permita sufragar solos.

 

Quedan solo dos candidatos en la contienda electoral que se disputan la presidencia del Perú y, mientras que la mayoría de peruanos se preparan para acudir a votar con normalidad en la segunda vuelta, las personas con discapacidad tendrán que volver a enfrentar las barreras de accesibilidad con las que se topan en cada proceso electoral: colegios inaccesibles, mesas de votación en pisos superiores, máquinas para voto electrónico ubicadas muy alto, falta del pase preferencial, entre otros.

 

Andrea Burga vive en San Miguel, es estudiante universitaria y el 10 de abril vivió su primer proceso electoral; pero no fue sencillo para ella pues, al tener discapacidad visual, no acudió sola: “Yo fui a votar con mi mamá, ella entró a la cabina conmigo y marcó la cédula; pero me parece importante poder hacerlo sola”, señala la joven, a quien no se le ofreció una cédula Braille. “El hecho de que otra persona marque por ti, te quita autonomía”, dice Andrea y duda sobre la accesibilidad del voto electrónico, pese a que en su lugar de votación no estaba habilitado, ya que considera que si el software no está adecuado para personas ciegas, preferiría que se priorice la correcta entrega de cédulas accesibles en todos los locales de votación.

 

“El voto electrónico ha sido inaccesible a las personas con discapacidad visual. Tenían que ir con otra persona y ya ahí había un problema pues su voto ya no era secreto. Además, la máquina es muy elevada y en algunos casos estuvo mal ubicada, dificultando el voto de las personas en sillas de ruedas”, manifiesta Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (SODIS). Añade que hubo falta de mesas temporales en el primer piso de las escuelas, pese a que enviaron recomendaciones a las instituciones estatales para prevenir esos hechos.

 

Tales recomendaciones fueron elaboradas por el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), SODIS, Transparencia, y la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de la CNDDHH. Y fueron enviadas en noviembre del 2015, a instituciones del Estado involucradas con el proceso electoral, para que puedan encarar los desafíos que las personas con discapacidad enfrentan al momento de sufragar. Sin embargo, culminada la primera vuelta, hay muchos aspectos que deben mejorarse.

 

Entre las sugerencias enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), destacaron las dirigidas a esta última organización, en el documento se explicaba la necesidad de que hayan módulos temporales de votación en los primeros pisos de los locales, también que se cuente con los ajustes razonables para el acceso y movilidad de las personas con discapacidad física, como exigen las propias directivas de la ONPE.

 

“Ha habido cierto retroceso respecto a la implementación de las capacidades para el sufragio de los electores con discapacidad. A pesar de que había personas con discapacidad empadronadas, no necesariamente sus mesas estaban ubicadas en un primer piso”, comenta Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría. Lo curioso es que precisamente los empadronamientos sirven para hacer que el proceso sea más accesible, no para dificultar más el desplazamiento de las personas con discapacidad. En este caso, lo que sucedió fue que muchas personas usuarias de sillas de ruedas fueron cargadas hasta los pisos superiores para poder sufragar.

 

¿La solución es la omisión de la multa?

El Jurado Nacional de Elecciones informó que la dispensa de multa electoral que soliciten las personas con discapacidad será gratuita, gracias al convenio institucional entre el JNE y el Conadis. Esto quiere decir que si una persona con discapacidad no acudió a votar, debe presentar ante el JNE su carné del Conadis o un certificado de discapacidad emitido por cualquier centro de salud. Esto permitirá que se le entregue la dispensa sin realizar un pago.

 

Pero, ¿no sería mejor que se garantice que esa población vote? Para la representante de la Defensoría del Pueblo es que se garantice el voto a las personas que quieran votar, no que se usen dispensas. Deben tener un voto accesible, hay que darles las facilidades”, enfatiza Pineda. “No es un problema de multas, el punto es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a que se les brinden los apoyos para poder ejercer ese derecho”, finaliza la vocera de SODIS, Silvana Queija.

 

Recomendaciones que se envió al ente electoral para garantizar el sufragio de las personas con discapacidad;

http://goo.gl/ubQuUK

Naciones Unidas: “Urge a Perú cerrar brechas de exclusión educativa de estudiantes con discapacidad”

• El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pidió que Perú asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios en beneficio del 54% de niños con discapacidad que no saben leer ni escribir.
• Liliana Peñaherrera de SODIS hace un análisis sobre la educación inclusiva en Perú: “Hay una fuerte exclusión y muchos prejuicios hacia los niños con discapacidad”.

Inició el año escolar  y  niños con discapacidad en edad escolar en el Perú no solo tienen que enfrentar barreras arquitectónicas y urbanísticas para acceder a la escuela, sino también  prejuicios, desinformación, ausencia de transporte público adecuado y falta de recursos (docentes insuficientemente preparados, curriculum no adaptado, materiales insuficientes en braille o en lenguaje fácil, por ejemplo).

 

En las recientes recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU  plantea al estado peruano, destaca su preocupación por las altas cifras de discriminación y exclusión de los menores con discapacidad, señalando el hecho de que más del 90% no poseen un certificado de discapacidad y que el 54% de la niñez con discapacidad en Perú no sabe leer ni escribir, y recomienda –entre otras medidas-  que se destinen los recursos necesarios para cambiar estas situaciones.

 

En sus "Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Perú” (enero 2016), el Comité destaca que existe un acceso limitado a la educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad, en particular en las zonas rurales y remotas, debido -entre otras cosas- a la falta de infraestructura y recursos adecuados, además de la limitada ayuda del Servicio de Apoyo y Asesoramiento de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE).

 

“Al Comité le preocupa muchísimo el hecho que haya 120 mil niños con discapacidad fuera del sistema y esa es una realidad que el Ministerio de Educación no está asumiendo con la energía que deberí”, sostiene Liliana Peñaherrera, directora de SODIS. Los prejuicios, las barreras mentales y la desinformación son también factores clave.

 

¿Hay educación inclusiva en Perú?

En Perú, más de 54 mil niños, niñas y adolescentes y jóvenes con discapacidad estudian en instituciones denominadas inclusivas, sean públicas o privadas. Sin embargo, de este universo, solo 10 mil 667 reciben atención especializada y soporte a través del SAANEE, según el Ministerio de Educación. Apenas 17,000 estudian en los 342 colegios de educación especial. Más de 120,000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanecen fuera de las aulas, en sus casas, sin posibilidad de potenciar sus habilidades, de ser parte de su comunidad.

 

Situación de los y las menores con discapacidad

Solo 4,9% de infantes con discapacidad entre 0 y 3 años acude a un programa de intervención temprana.

62.8% de niños y niñas con discapacidad entre 3 y 5 años no va a centros de educación inicial.

36,9% de menores con discapacidad entre 6 y 11 años no asiste a la escuela primaria.

49,2% de adolescentes con discapacidad entre 12 a 17 años no asiste a la escuela secundaria.

85,9% entre 18 y 24 años no asiste a ningún centro educativo.

Únicamente 22,4% cuenta con educación secundaria completa.

Fuente: Primera Encuesta Nacional. Especializada sobre Discapacidad 2012 (INEI)

 

Las cifras muestran que a pesar que se ha tratado de impulsar la educación inclusiva en Perú, aún tenemos muchos retos por delante. Los planes que desde el MINEDU se han querido implementar desde el 2004 para promover el acceso a la educación y una sustancial mejora del servicio, no han dado los resultados esperados.

 

Liliana Peñaherrera expone que “estamos insistiendo en que debe haber un único sistema que provea los recursos necesarios para atender las necesidades educativas de todos sus estudiantes y poder potenciar sus capacidades". Ello requiere, explica, que cada colegio se haga responsable de todos sus alumnos, sin depender de un apoyo externo como los SAANEE.

 

Para este año 2016 el Ministerio de Educación ha identificado 401 colegios que incluyen estudiantes con discapacidad que serán dotados de recursos tecnológicos, de materiales y capacitación. Asimismo, ha establecido que 1,000 acompañantes pedagógicos - figura que ya existe para apoyar a la niñez indígena en las escuelas - atiendan también a niños con discapacidad incluidos en escuelas regulares, y ha implementado un centro de recursos en cada región para apoyar a los docentes. No obstante, se requiere un plan que articule acciones con otras direcciones al interior del ministerio y con otros sectores, claramente con salud.

 

SODIS ve con preocupación, además, que las normas de matrícula escolar existentes se hayan limitado a establecer la obligatoriedad de la reserva de dos vacantes por aula en colegios públicos y privados, sin resolver problemas como los costos adicionales por el acompañamiento y apoyo en el aula de los estudiantes, que suelen cargarse a los padres de familia. Frente a ello, consideran indispensable que el Ministerio de Educación priorice el tema de la educación de niños y niñas con discapacidad dentro de la reforma educativa en marcha.

 

"Nos queda claro que no es principalmente un tema de recursos económicos. La mayor dificultad radica en las barreras mentales que tiene la gente; en la creencia y en el prejuicio de que estos niños no aprenden igual, o no aprenden del todo, o no aprenden nada”, declara Peñaherrera.