Conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de las personas con discapacidad

Congresistas de Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Alianza Popular conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de derechos del más de un millón y medio de ciudadanos con discapacidad que viven en Perú. Los congresistas se comprometieron a fiscalizar el cumplimiento de las normas ya aprobadas como la Ley General de la Persona con Discapacidad,  a impulsar propuestas que apoyen los derechos civiles y políticos y a promover la asignación de recursos presupuestales para las políticas. Esta bancada inclusiva (Bancada ‘”IN”) contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (SODIS), organización con una trayectoria de casi dos décadas defendiendo los derechos de las personas con discapacidad.

 

“La conformación de esta bancada es una iniciativa inédita en la historia de nuestro país. Debemos luchar por la equidad de las personas con discapacidad. Hoy en día no somos tratados como el resto de ciudadanos. Por eso, la creación de esta bancada es una luz al final del túnel”, declaró José Antonio Isola, director de SODIS.

 

Todos los congresistas que participaron en el acto oficial, celebrado el pasado viernes 16, coincidieron en la necesidad de mejorar la fiscalización de las normas, y se comprometieron a apoyar e impulsar políticas. Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, condenó la discriminación y exclusión de las personas con discapacidad, especialmente, en el sector educativo y laboral.  En la actualidad, más de 120.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanecen fuera de las aulas. Además, el 60% de las personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse, lo cual restringe su acceso a servicios básicos.

 

Alberto de Belaunde, parlamentario de Peruanos por el Kambio, señaló como prioridad la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica para dotar de una mayor autonomía a las personas con discapacidad. “Si dotamos de las herramientas necesarias a las personas con discapacidad podemos estar de igual a igual”, declaró Paloma Noceda, congresista de Fuerza Popular.

 

El anuncio de la bancada, compuesta por 26 congresistas, se acompañó  de la presentación de una guía legislativa con propuestaspolíticas urgentes, consensuadas y  respaldadas por las organizaciones de personas con discapacidad que conforman la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El documento elaborado presenta propuestas concretas que se pueden hacer desde el Congreso para eliminar las barreras en educación, salud, empleo, accesibilidad y autonomía de la persona con discapacidad.

 

“Las personas con discapacidad son un sector invisibilizado. La conformación de esta bancada y la presentación de esta guía constituyen un esfuerzo importante a favor de los derechos de  estos ciudadanos”, declaró Percy Medina, jefe de IDEA Internacional-organización que ha apoyado la conformación de la bancada, junto con la Unión Europea-. El arquitecto Jaime Huerta, usuario de una silla de ruedas, reconoció la importancia de esta iniciativa  que velará por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de una manera transversal a través de todas las políticas que se dicten en el Congreso.

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad

• La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
• Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.

 

Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.

 

“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 

 

Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.

 

“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Mastro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.

 

Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Mastro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.

 

Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.

 

Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.

 

Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad

• La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
• Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.

 

Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.

 

“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 

 

Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.

 

“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Maestro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.

 

Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Maestro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.

 

Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.

 

Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.

 

Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

PPK debe incluir a las personas con discapacidad en los programas sociales que deja el actual gobierno

ü  Salvo la pensión no contributiva –que solo beneficia a personas con discapacidad severa en pobreza extrema-, programas sociales como “Juntos”, “Pensión 65”, entre otros, no incorporaron un enfoque inclusivo que beneficie a las personas con discapacidad.

ü  En educación, el gobierno de Ollanta Humala priorizó la inversión en educación especial, cuando la demanda de las organizaciones vinculadas al tema discapacidad demandan el fortalecimiento de la educación inclusiva.

 

Si hay dos temas que serán destacados del gobierno de Ollanta Humala son la política social desarrollada con la creación de más de 35 programas sociales y el rol de su ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien seguirá al mando del sector durante el próximo quinquenio. Sin embargo, las personas con discapacidad no gozaron de los beneficios implementados en esos sectores, pues los mismos no tuvieron un enfoque inclusivo.

 

Pese a que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destinó más de 5 mil millones de soles a la política social, mediante programas sociales, como “Juntos”, “Pensión 65” o el “Seguro Integral de Salud” (SIS), hace falta que dichos programas tengan en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad tanto en el proceso de afiliación como en el paquete de prestaciones y beneficios. Un estudio elaborado por SODIS, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Londres encontró que las personas con discapacidad, pese a estar entre los más pobres, no han sido focalizadas o priorizadas por parte de los nuevos programas sociales y no se han establecido diferencias notables en cuanto a su atención.

 

“Los programas sociales no tienen un enfoque de discapacidad y eso hace que, muchas veces, las personas con discapacidad sean excluidas o no se beneficien de los programas. No basta con afiliar a personas con discapacidad, debe asegurarse que los programas respondan a sus necesidades”, dice Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (Sodis). Advierte que no se ha considerado el costo adicional de la discapacidad, por ejemplo, el costo del transporte para trasladarse a la escuela o al centro de salud, o el pago de servicios sanitarios especializados y de dispositivos de apoyo como sillas de ruedas, prótesis o audífonos.

 

La misma situación se repite con “Pensión 65” pues, si bien ha ayudado a que adultos mayores mejoren su nutrición y estado de salud, no les ha permitido acceder a tratamientos especializados. Por ende, tales esfuerzos resultan insuficientes.

 

Esperanza Villafuerte, asesora de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip), resalta que la problemática inicia cuando las personas quieren beneficiarse de los programas pues se encuentran en desventaja cuando intentan ingresar. “Los asesores no saben cómo actuar y finalmente no los ayudan”, dice y agrega que no basta con la atención preferente pues es necesario acompañarlos hasta que se familiaricen con el trámite. Por otro lado, la pensión no contributiva, implementada en ocho regiones del país, beneficia solo a 1901 peruanos y está dirigida solo a cubrir la canasta básica.

 

El destino de la inversión en educación inclusiva

El Programa presupuestal 0106 (PPR 0106) del Ministerio de Economía y Finanzas está dirigido a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. Tiene un presupuesto institucional de apertura de S/166,491,749 y su nivel de ejecución (hasta junio de este año) es de 36,5%.

 

Pese a que el actual gobierno impulsó el discurso de la inclusión educativa, sorprende que el 84% del PPR 0106 se destine a escuelas de educación especial, no a escuelas regulares que podrían potenciar la inserción de niños y jóvenes con discapacidad, tampoco a capacitar a los docentes ni a identificar a los niños y niñas con discapacidad que no asisten a la escuela.

 

“El Ministerio de Educación no tiene claro hacia dónde debe ir la educación inclusiva, no se trata de seguir fortaleciendo la educación especial, se trata de que todos los estudiantes accedan a la misma educación y que sea de calidad”, menciona Queija. En la misma línea, Villafuerte cree que la razón sería que desde el ministerio se cayó en una especie de “facilismo”. “Es más fácil potenciar los colegios especiales que invertir en educación inclusiva. Si la idea es ir haciendo una transición de educación especial segregada a educación, por lo menos, de atención preferente entonces se tiene que invertir más dinero a donde se quiere llegar”, menciona la especialista.

 

Cabe resaltar que el presupuesto total en educación es de 27 mil millones 495. Es decir, la inversión en educación inclusiva representa solo el 0,6% del total del presupuesto en educación. La cifra es preocupante si consideramos que el 78% de personas con discapacidad en edad escolar están fuera del sistema educativo.

 

PPK debe impulsar

Desde Sodis, se recomienda que los programas sociales sean diseñados y aplicados sin dejar de lado el enfoque de género, la interculturalidad y la discapacidad. Por ejemplo, si un programa entrega becas a estudiantes destacados, habrá que revisar que los requisitos de postulación se adapten en casos de discapacidad, como una persona ciega que necesite el examen en formato virtual. También es necesario que, además de la pensión no contributiva, se asegure el acceso de las personas con discapacidad a los demás programas, pero con condiciones y prestaciones específicas que respondan a sus necesidades particulares.

 

Además, se debería apuntar a que la mayor parte del presupuesto destinado a la educación de personas con discapacidad se dirija a potenciar la efectiva educación inclusiva y no la educación especial, la cual debería disminuir y desaparecer progresivamente.

Personas con discapacidad fueron impedidos de votar por falta de accesibilidad

• La ONPE no brindó los ajustes necesarios ni las medidas de accesibilidad mínimas para garantizar que personas con discapacidad puedan votar. A Cambio les dieron una “constancia de asistencia”.
• Personas afectadas evalúan el inicio de acciones legales contra la ONPE por discriminación.

 

José Antonio Isola, un conocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, no pudo ejercer su derecho al voto el pasado 5 de junio durante la segunda vuelta electoral. José, usuario de silla de ruedas, se había empadronado en la página web de la ONPE para asegurar que dicha entidad le asigne una mesa accesible que le permita votar con comodidad, tal como sucedió en la primera vuelta. No obstante, el pasado domingo se encontró con la sorpresa de que su mesa había sido trasladada a un segundo piso, al cual no tenía como llegar por la falta de una rampa o ascensor.

Frente a esta situación, el coordinador de la ONPE le extendió una "constancia de asistencia" para que pueda realizar posteriormente los trámites de exoneración de la multa respectiva, restringiendo no sólo su derecho a votar por una falta de la propia entidad, sino obligándolo a hacer un trámite adicional para no pagar la multa.

 

"La máquina en la que me tocaba votar estaba en el segundo piso y no se pueden mover. Entonces ni yo podía llegar a ella ni ella podía llegar a mí, y así perdía mi derecho constitucional a votar", explica José. "Nunca me he sentido más violentado en mi vida".

 

Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (SODIS), explica que el problema se produjo porque la ONPE no ha resuelto el tema del voto electrónico y las personas con discapacidad. “El voto electrónico también ha sido inaccesible para las personas con discapacidad visual. Tenían que ir con otra persona y ya ahí había un problema pues su voto ya no era secreto. Además, la máquina es muy elevada y en algunos casos estuvo mal ubicada, dificultando el voto de las personas en sillas de ruedas”, manifiesta. 

Cabe señalar que durante la primera y segunda vuelta se denunciaron muchos casos de falta de accesibilidad y facilidades para las personas con discapacidad en los centros de votación. En varios medios se difundieron imágenes en las que incluso se cargó a la persona hasta su mesa. Sin embargo, como explica Queija, esta acción no representa ni una medida de accesibilidad ni un ajuste razonable en favor de la persona: "Es una práctica que atenta contra la dignidad y la seguridad de la persona".

Cabe recordar que la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó a ONPE que tome diversas medidas para prevenir y dar solución a estas situaciones sin vulnerar el derecho a votar de las personas con discapacidad. Incluso, luego de la primera vuelta, se emitió un segundo pronunciamiento solicitando las medidas necesarias para impedir que se repitan este tipo de problemas.

"No es un problema de multas, el punto es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a que se les brinden los apoyos y facilidades para poder ejercer ese derecho”, señala la vocera de SODIS.

Partidos que ya gobernaron no incluyen a personas con discapacidad en sus planes electorales

• Acción Popular, la Alianza Popular y el Partido Nacionalista no incluyeron propuestas en materia de discapacidad, en sus planes de gobierno.

 

De los 19 partidos políticos y alianzas electorales que están participando en las elecciones, cinco no han considerado -en sus planes de gobierno- propuestas para mejorar la calidad de vida del millón y medio de peruanos con discapacidad. Y  tres de las cinco agrupaciones políticas que omitieron a ese sector poblacional han gobernado el país hasta en dos oportunidades, como es el caso del Partido Aprista Peruano, cuyo candidato es Alan García por la Alianza Popular; el Partido Nacionalista Peruano, que propone a Daniel Urresti; y Acción Popular, cuyo postulante es Alfredo Barnechea.

 

“Es lamentable que partidos que ya han sido gobierno y que han podido ejecutar políticas públicas para las personas con discapacidad, ahora no los estén contemplando”, señala Liliana Peñaherrera, directora de Sociedad y Discapacidad (SODIS).

 

Los otros dos partidos que no consideraron a las personas con discapacidad en sus planes de gobierno son Progresando Perú, de Miguel Hilario y Siempre Unidos, de Felipe Castillo, ex alcalde del distrito de Los Olivos, quien además fue candidato a la alcaldía de Lima.

 

Pero no todo es negativo, pues 14 agrupaciones políticas y alianzas electorales sí incluyeron a las personas con discapacidad en sus programas electorales. El partido que tiene el plan de gobierno más completo en materia de discapacidad es Peruanos por el Kambio (PPK), del candidato Pedro Pablo Kuczynski; seguido del Frente Amplio (FA), cuya candidata es Verónika Mendoza, y Todos por el Perú, de Julio Guzmán. Estas tres agrupaciones han asumido, por ejemplo, el compromiso de aprobar e implementar el Plan Nacional de Accesibilidad para las personas con discapacidad, que debió estar listo hace más de dos años, según la Ley General de la Persona con Discapacidad (N° 29973).

 

“Este plan es la puerta de entrada para ejercer una serie de derechos. Es importante que sea valorado así por algunos partidos. Eso da pie a que, cuando accedan al gobierno, se les pueda exigir el cumplimiento efectivo de las cosas que han ofrecido en sus planes”, sostiene Percy Medina, representante de Idea Internacional en Perú.

 

Peñaherrera destaca que PPK y el FA han incluido activamente a las personas con discapacidad en la elaboración de sus planes de gobierno: “En el caso de PPK está Carla Mertz quien tiene Síndrome Down, también está Giancarlo Contreras (discapacidad física) en su lista parlamentaria. El Frente Amplio tiene a Sonia Malca (discapacidad física y auditiva) que tiene mucha claridad sobre cómo incluir a las personas con discapacidad en las políticas públicas”, enfatiza Peñaherrera. Resalta además que, para conocer las necesidades de este colectivo, es fundamental que las personas con discapacidad tengan participación dentro de las agrupaciones políticas.

 

Todos por el Perú propone, además, empoderar al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) frente a los diferentes ministerios, pues dicho ente ha sido duramente cuestionado. “El CONADIS no tiene productividad, no fiscaliza el cumplimiento de las normas, no ha sido efectivo en su labor: tenemos plata, tenemos ley, tenemos reglamento, pero seguimos en el mismo problema. No hay ejecución ni cumplimiento de ley”, señala Hugo León, presidente Confederación Nacional de Personas con Discapacidad (Confenadip).

 

Por otro lado, el plan de gobierno del Partido Político Orden, de Antero Flores Araoz, también incluye propuestas en materia de salud, educación, trabajo y fortalecimiento institucional que buscan responder a las demandas e intereses de las personas con discapacidad. Entre otras cosas, propone la incorporación de sistemas alternativos de información y comuniación en las escuelas.

 

El resto de partidos

Partidos como Solidaridad Nacional, Fuerza Popular, Perú Patria Segura, Democracia Directa, Alianza Para el Progreso, Partido Humanista Peruano, Perú Posible, Perú Libertario, Progreso y Obras, y Perú Nación también han incluido a las personas con discapacidad en sus respectivos proyectos electorales aunque con propuestas parciales, muy generales, y sin hacer un análisis de la situación de dicho colectivo.

 

Medina argumenta que aunque en el pasado los temas relacionados a la discapacidad no hayan sido lo suficientemente atendidos, “eso no quiere decir que las cosas deban seguir siendo así, sino que justamente hay que recoger las nuevas preocupaciones de los distintos electorados e implementar políticas específicas para personas con discapacidad.

 

“Lo ven como un tema económico, chocar con la economía representa que se hagan nuevas políticas públicas para igualar o beneficiar a la personas con discapacidad, y ellos no están dispuestos a hacerlo, por eso no tocan el tema directamente, ni se comprometen a ellos”, dice León. Peñaherrera sostiene que “existe un concepto errado al creer que las personas con discapacidad son improductivas; no pueden seguir siendo consideradas como una carga para el Estado”, puntualiza.

 

Un reto pendiente

Para las personas con discapacidad, un reto pendiente es la reforma del Código Civil, y el único partido que se ha comprometido a continuar con dicha reforma es PPK. Sin cambios en el Código Civil este sector poblacional tiene restringido muchos de sus derechos, bajo la figura de la interdicción (no puede votar, casarse o tramitar una tarjeta bancaria); el  proyecto está esperando a ser debatido en el Congreso. “Nosotros consideramos que el tema de capacidad jurídica es central. En este gobierno no se ha avanzado, y están dejando la responsabilidad para el próximo mandato”, señala Hugo León, quien espera que los demás partidos políticos planteen la continuidad de dicha propuesta.

Los obstáculos de las personas con discapacidad para dar el salto a la política

ü  En la actualidad, hay  tres congresistas que cuentan con alguna discapacidad. Las Naciones Unidas establece que se debe garantizar la participación política de las personas con discapacidad. Preguntamos sobre la participación política de personas con discapacidad a activistas y miembros de diferentes formaciones políticas: PPK, Frente Amplio y Alianza para el Progreso.

ü  La falta de educación y accesibilidad son uno de los principales obstáculos para involucrarse políticamente.

Participar en política es todavía un reto para las personas con discapacidad. Su escasa representación política y las reducidas propuestas en los programas de los partidos políticos contribuyen a su exclusión. A pesar de que 1 de cada 6 peruanos tienen algún tipo de discapacidad (son más de un millón y medio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el Congreso hay tan sólo tres congresistas. Más allá del escenario parlamentario, ni siquiera existen las estadísticas.

Sonia Malca, activista del Frente Amplio con discapacidad física y auditiva, considera que generar las condiciones que garanticen la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, visibilizará en todos los niveles e instancias del Estado y sus tres poderes, las necesidades, aspiraciones y expectativas del colectivo.

“Los partidos políticos deben poner en debate medidas transversales, que acaben con los principales problemas de las personas con discapacidad. Además, muchos de los congresistas que han llegado al poder, no han avanzado en incentivar reformas en materia de accesibilidad, educación inclusiva y transporte”, comenta Giancarlo Contreras, candidato al Congreso por el Partido Peruanos por el Kambio (PPK), quien tiene distrofia muscular y se moviliza en  una silla de ruedas.

“Es muy importante que las personas con discapacidad tengan espacios de diferente índole para que puedan trabajar el tema discapacidad. Aparte, según el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen el derecho a participar en la política, representar y ser representados”, señala Bárbara Ventura, activista y militante del partido Alianza Para el Progreso, quien también es usuaria de silla de ruedas.

Perú ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en enero del 2008. Este documento normativo insta a  los Estados a promover la participación política de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, el Estado peruano está obligado a eliminar todas las barreras físicas, de información o comunicación, así como actitudinales, que pueden limitar su participación política, y generar las condiciones para que la representación de dicho colectivo esté asegurada.

“La participación política de las personas con discapacidad es necesaria para asegurar que los intereses de dicho colectivo sean representados. Si queremos construir una verdadera sociedad inclusiva, las voces diversas sociedad deben ser escuchadas.”, argumenta el presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS), Alberto Vásquez.

¿Es necesaria una cuota?

Durante el debate sobre la aprobación de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Nº 29973), se generó una discusión sobre si debía existir o no, una cuota específica que promueva la mayor participación de las personas con discapacidad en las elecciones nacionales, regionales y locales. Dicha propuesta no fue aceptada, pero hasta la actualidad el debate sigue latente entre el colectivo de personas con discapacidad.

“La propuesta no prosperó, en parte, porque la representación de personas con discapacidad en el Congreso de la República, en ese momento, era significativa. Se contaba con cinco congresistas con discapacidad (Diez Canseco, Vacchelli, Urtecho, Reynaga y Galarreta), una cifra significativa para el promedio regional. La situación en los gobiernos regionales y locales, sin embargo, es bastante distinta”, enfatiza Vásquez.

Si bien en dicha oportunidad se contaba con cinco congresistas con discapacidad, actualmente solo hay tres parlamentarios con discapacidad, tras la destitución de Michael Urtecho por corrupción y  por el fallecimiento de Javier Diez Canseco en mayo del 2013.

Ventura manifiesta que las mismas personas con discapacidad tienen una opinión divida con respecto a la cuota: “Por una parte, no podemos obligar a que tengan personas con discapacidad como candidatos, sino que deberían tenerlas porque son personas productivas. Pero, si lo vemos desde otro punto de vista, así como se piden porcentajes de género o jóvenes, pienso que también sería importante que haya una cuota porque así habría una visibilización de las personas con discapacidad como protagonistas”, señala.

Para Contreras, las personas con discapacidad y sin discapacidad deben tener las mismas oportunidades: “Yo no estoy en contra ni a favor de la cuota. Todos podemos trabajar a favor de las personas con discapacidad, solo hace falta sensibilización”.

Vásquez considera que lo más importante es que el Estado, a través del Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) y los distintos órganos electorales, promueva activamente la participación de las personas con discapacidad en los distintos partidos políticos, ya sea a través de medidas de toma de conciencia o la creación de fondos específicos para el apoyo a candidatos 

Problemática para planes de gobierno

Es importante que las propuestas políticas de los partidos aspirantes a la presidencia de nuestro país incluyan reformas en el ámbito de la discapacidad, pues son necesarias propuestas efectivas en diversos ámbitos. Además se debe vigilar que se cumpla con las normas ya establecidas en la Ley General de las Personas con Discapacidad y en el Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Creo que hay tres temas vitales: accesibilidad y no solo en infraestructura, sino también en los mensajes, que sean en lengua de señas por ejemplo. Otro tema es el transporte, también la inclusión social y que se promocione la vida independiente para las personas con discapacidad”, comenta Bárbara Ventura. Mientras que Giancarlo Contreras sostiene que, de llegar al Congreso, pelearía porque las personas con discapacidad tengan educación inclusiva e incentivaría una reforma en el transporte. Agrega que hay otros dos temas claves que se deberían discutir: accesibilidad y empleo.

Para Malca, los formuladores de planes de gobierno “deberían visualizar la forma en cómo sus ejes de desarrollo nacional, van a  alcanzar a  las personas con discapacidad. Para esto, no hay nada mejor que incluir a las mismas personas con discapacidad dentro de los grupos de discusión”, señala.

Vásquez considera que lo más importante es que los partidos desarrollen sus programas y propuesta de gobierno en conjunto o en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y sus propios candidatos y candidatas con discapacidad. “Desde SODIS, con el apoyo de IDEA, queremos ayudar a acortar la brecha entre ambos espacios y promover espacios de debate sobre las distintas propuestas que se pongan en la mesa. Son varios los temas en materia de discapacidad que podrían abordar los distintos partidos que aspiran a gobernar el país en el próximo quinquenio: accesibilidad, inclusión social y vida independiente, por ejemplo”.