Congresistas y alcaldes impulsarán modificaciones al proyecto de presupuesto 2017 para incrementar los recursos de los gobiernos subnacionales y el agro

A dos semanas de inicio del debate presupuestal, las autoridades locales y congresistas se reunieron ayer en el Congreso de la República y expresaron su preocupación por el carácter centralista del presupuesto presentado por el Ejecutivo, y adelantaron que platearán modificaciones al proyecto de ley para incrementar los recursos de los gobiernos subnacionales y al agro.

 

El debate, organizado por los congresistas Wilbert Rozas, Humberto Morales, Jorge Castro, Reymundo Lapa, Oracio Pacori y Rogelio Tucto junto con el Grupo Propuesta Ciudadana, contó con la presencia de alcaldes de diferentes municipalidades de país, congresistas, representantes del Ejecutivo, la Plataforma de Gobiernos Descentralizados y representantes de la sociedad civil.

 

En el proyecto de ley de presupuesto, los gobiernos locales en el 2017 tendrán el 12% del presupuesto no previsional ni financiero, cuando en el año 2013 tenían el 21%. El gobierno central controla el 75% de los gastos de capital, mientras que los gobiernos subnacionales el 25% restante; recordemos que en 2013 este porcentaje era de 55% y el 45% respectivamente. “Este proyecto de ley muestra la poca voluntad del gobierno por querer implementar políticas de descentralización. Impulsaremos modificatorias al presupuesto 2017 para garantizar incrementos en las partidas para los gobiernos locales”, afirmó Oracio Pacori, congresista por Puno e integrante de la Comisión de Descentralización

 

“Esta distribución del presupuesto no tiene precedentes, solo se ha visto en los tiempos de Fujimori. Una de las razones que explica esta situación es la disminución de los ingresos por canon y la decisión del gobierno de Ollanta Humala de concentrar el presupuesto”, explica Epifanio Baca, economista de Propuesta Ciudadana.

 

“Con este proyecto de ley centralista se perjudica las dinámicas económicas regionales, afectando la producción local y generando desempleo. Las autoridades municipales se han convertido ya no en gestores de una posibilidad de desarrollo, sino más bien en tramitadores de obras. Esto creemos que tiene que cambiar”, señaló Wilbert Rozas, titular de la Comisión de Descentralización, Gobierno regionales, locales y Modernización del Estado del Congreso“.

 

“Obras inconclusas en saneamiento básico,  agua potable y problemas en carreteras, son algunos de los resultados del recorte presupuestal. remarcó Vidal Suyllo, alcalde del distrito de Pucyura (Cusco). 

 

Otro de los temas críticos del nuevo presupuesto es que su distribución geográfica no guarda relación con los indicadores de pobreza. Por ejemplo, Cajamarca y Huancavelica tienen altas tasas de pobreza; sin embargo no presentan los montos per cápita más altos para enfrentar temas como educación, salud o programas sociales. También es el caso de Loreto,  región a la que tan sólo se le ha incrementado un 12% los recursos cuando es uno de los departamentos con mayor pobreza, situación ésta que contrasta con la asignación otorgada a Tacna y Arequipa, con incrementos del 28% y 24%, respectivamente.

 

Los incrementos sustanciales en el presupuesto público de los últimos años no se ha traducido en mejores resultados en los servicios de educación, salud u otros que presentan deficientes indicadores en el medio rural. Por ejemplo, en el sector rural el 98,5% de los hogares consume agua sin ningún tratamiento.

 

La disminución de los ingresos por canon afecta fuertemente a las municipalidades en los últimos cuatro años. Como consecuencia de ello, los recursos del programa PROCOMPITE, han disminuido a la quinta parte, pasando de 237 millones en 2013 a 55 millones en 2015. El campo además se ha visto duramente impactado por la disminución de los recursos del canon, de los que depende hasta en un 40% la pequeña agricultura. Este sector marginado desde muchos años en el presupuesto público cuenta para el 2017 con un exiguo 2,1% del Presupuesto Institucional de Apertura.

 

 

“Los recursos del canon que ingresan a las municipalidades, especialmente, y en menor medida a los gobiernos regionales, han servido para financiar pequeñas obras de riego, canales, bocatomas, riego por aspersión para pequeños productores y esos recursos son los que se han caído al piso, se han reducido al mínimo y por tanto ellos son los perjudicados”, puntualizó Baca.

 

“Esta dependencia del canon, nos va a hacer caer más. Hay una descentralización en las funciones, pero no en el presupuesto, lo que nos va a generar más empobrecimiento”, aseguró Humberto Morales, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de la República.

 

“La centralización del presupuesto no sólo pasa por pedir más recursos, debe ir acompañado de un impulso a la reactivación económica producto de una diversificación productiva. No podemos seguir dependiendo de la minería…”, aseveró Rogelio Tucto, integrante de la comisión de Economía.

Congreso y sociedad civil esperan propuesta sobre pensión para personas con discapacidad severa para el Presupuesto 2015

Del más de millón y medio de personas con discapacidad, hay un grupo pequeño pero significativo que se encuentra en grado de severa y vive en condiciones de pobreza. Para ellos, por ley, les corresponde una pensión no contributiva que, por idas y desacuerdos en el aparato estatal, aún les es esquiva.  

 

A dos años de la promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, y a casi un año de su reglamentación (febrero de 2014), aún no hay ni vestigio del cumplimiento de su artículo 59, que estipula la entrega de una pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa.

 

Pese al reciente anuncio hecho por la Ministra de la Mujer, Carmen Omontes, de que el 2015 se empezaría a pagar la pensión no contributiva, el Ejecutivo no ha establecido todavía los requisitos para determinar cuándo una persona tiene discapacidad severa, tampoco ha fijado el monto de la pensión ni mucho menos ha generado una estadística que contabilice el número de personas con discapacidad severa existen en el país.

 

En el último año, las distintas instituciones gubernamentales involucradas han llevado a cabo reuniones para definir los puntos necesarios para la entrega de la pensión sin lograr ponerse de acuerdo. En un principio se dijo que se entregaría a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), luego mediante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

 

Sin embargo; cuenta el viceministro de la Mujer, Fernando Bolaños, quien también se desempeña como presidente interino del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), se llegó a la conclusión de que la ONP era una institución con varios cuestionamientos en cuestión de rapidez, mientras que el Midis adujo que el tema no era de su competencia.

 

Finalmente, quedó en manos del Ministerio de la Mujer crear una entidad que se encargue de direccionar las pensiones no contributivas hacia las personas que presenten discapacidad severa y se encuentren en estado de pobreza, extrema pobreza y no reciban ningún otro tipo de ingreso público o privado.

 

Lo que nos cuenta Bolaños es que si bien su despacho tiene toda la intención y compromiso de asumir esta responsabilidad, están a la espera del protocolo que elabora el Ministerio de Salud, para definir cuándo una persona tiene discapacidad severa.

 

“Hay una encuesta nacional del 2012 que estableció el número de personas con discapacidad y aún no está definido con claridad, ni siquiera en las personas que ya están registradas en CONADIS, cuáles de estas discapacidades son severas. (Por eso) el Ministerio de Salud está elaborando el protocolo para establecer los requisitos para que se declare una discapacidad severa”, comenta.

 

Por su parte, Margot Sánchez, integrante del componente de discapacidad en la Dirección General de Salud, aclara que el despacho está tratando de facilitar las certificaciones de discapacidad en general.

 

“No va a haber una norma exclusiva para calificar discapacidad severa. No es una norma exclusiva solo para ese beneficio. La norma que vamos a sacar es para regular todo el procedimiento para el certificado de discapacidad. En el certificado, el médico cuando evalúa y certifica, ahí decidirá qué grado de discapacidad presenta la persona”, explica la funcionaria.

 

En julio de este año el Ministerio de Salud pre-publicó la norma técnica para la evalución, calificación y certificación de la discapacidad, la cual se está reformulando con las observaciones alcanzadas por la sociedad civil.

 

CONGRESISTAS PREOCUPADOS

El último punto pendiente, después de definir responsabilidades y tener las normas legales listas para otorgar la pensión, es el acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que debe decidir si se asigna al Ministerio de la Mujer una partida para empezar a otorgar una pensión, comenta Fernando Bolaños, presidente del Conadis.

 

El funcionario admite que lo más probable es que no se pueda entregar una pensión para la discapacidad severa a todos a la vez. “Habrá que comenzar por una región. Un grupo se inclinó por que se empiece en Tumbes porque ya se había implementado el programa “Tumbes accesible” que ha hecho ya un censo y lo que faltaría es definir, de todas las personas censadas, cuáles tienen discapacidad severa”.

 

Si ese modelo se repite, la meta es hacerlo en una o dos regiones más como piloto el 2015, de tal manera que se expandan por el país en los siguientes años. “Eso es lo que estamos definiendo”, dice.

 

No obstante, varios congresistas ya han hecho notar al Ejecutivo que no existe ninguna propuesta concreta para esto en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015. Durante la sustentación del proyecto a cargo de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el entonces ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, los congresistas Jhon Reynaga (Gana Perú), Karla Schaefer (Fuerza Popular), Manuel Merino (Acción Popular) y Rosa Mavila León (Frente Amplio) hicieron notar la ausencia de una partida específica para el pago de la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa.

 

Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el congresista Rubén Condori, nos manifiesta que su despacho está a la espera que las instituciones correspondientes envíen sus propuestas para que la partida para la pensión no contributiva sea materia de debate del Presupuesto 2015.

 

Alberto Vásquez, presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, una de las principales impulsoras de la Ley General de la Persona con Discapacidad, precisa que ese debate debe definirse en los próximos días si es que se quiere cumplir con el anuncio de que la pensión no contributiva comenzará a pagarse en el 2015.

 

“Se estima que habrían unas 97 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza a nivel nacional. En Tumbes, de acuerdo con un estudio hecho por el propio Conadis, vivirían unas 900 personas con esta condición. Con estos datos fácilmente se puede hacer un estimado de los fondos necesarios para la puesta en marcha de un programa piloto. No podemos esperar otro año”, alerta el especialista.

 

“Este tema es multisectorial, para que estas cosas se puedan ir logrando y avanzando. Muchas cosas a veces demoran tiempo. Tenemos que trabajar mejor y articular mejor y cada sector debe cumplir con lo que le toca”, sentencia Fernando Bolaños, del Conadis.

 

Ya estamos finalizando el año y el Congreso está ad portas de debatir el dictamen de la Ley de Presupuesto 2015, en donde no se ha incluido una partida para que el próximo año empiece a implementarse la pensión no contributiva. Si el Ejecutivo no envía una propuesta, aunque sea para un piloto en una o dos regiones, este beneficio tendría que esperar hasta el 2016 para hacerse realidad.

¿Sirve para algo el Presupuesto que aprueba el Congreso?

Escribe: Pedro Francke *

La respuesta: Para muy poco.

Para el 2012, el Congreso aprobó un presupuesto de 95 mil millones de soles, pero el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha ido subiendo hasta alcanzar 120 mil millones. Es decir, la representación parlamentaria aprueba una cantidad, y un ministro añade por su cuenta otros 25 mil millones de soles: ¡25 mil millones!

Eso no quiere decir, por cierto, que realmente se vaya a gastar mucho más. Al 3 de diciembre, de los 120 mil millones solo se han gastado 83 mil millones. Posiblemente se llegue a fin de año a gastar los 95 mil millones de apertura. Entonces, se preguntará el lector, ¿para qué añadió el MEF otros 25 mil millones? Para dárselos a los sectores que le agradan al ministro Castilla, al mismo tiempo que en otros lados ponen todas las trabas posibles al gasto, como sucedió con la provincia de Espinar a la que, ilegalmente, le congelaron las cuentas por oponerse a la minera Xstrata y demoraron meses en reabrírselas.

El trato no es igual para todos. Acabado el año, todos los sectores que no han gastado su presupuesto 2012, ya no pueden echar mano a él. Salvo el ministro de trabajo, el gritón amigo de Castilla. Como el Sr. Villena ha sido incapaz de gastar 50 millones de soles del programa “Trabaja Perú” que se orienta a generar empleos que tanto necesitamos, a él si le permiten usarlos el 2013 (Ley de Presupuesto 2013, Disposición Final 56ta, inciso f).

El salvataje de Castilla a sus ministros aliados también funciona al revés. Por ejemplo, al Ministerio de Vivienda se le aprobó un presupuesto 2012 para inversiones de 745 millones, pero solo ha podido ejecutar a la fecha 120 millones. Menos de la quinta parte. No llega al 20 por ciento. Pero el indicador oficial de ejecución aparece encima del 50 por ciento, ¿sabe usted cómo? Pues el MEF les redujo su presupuesto, oportunamente, a 245 millones, de tal manera que no se haga patente su enorme incapacidad de gasto.

Además, la ley de presupuesto 2013 manda evaluar una veintena de programas sociales. Muy bien. Pero, ¡oh sorpresa!, no considera evaluar ni un sol de los programas del ministerio de vivienda. Que el ministro René Cornejo sea amigo de Castilla y operador de las maniobras a favor de Conga, y que esos programas se ejecuten mediante jugosos contratos con grandes empresas privadas, NO es pura coincidencia.

Siendo esta la realidad, ¿por qué el Congreso se presta al juego? La ley de presupuesto 2013 tiene 76 páginas con ¡130 “Disposiciones Complementarias”! que incluyen todo tipo de demandas particulares. Por ejemplo, la n° 129 declara de “necesidad” una lista de 19 inversiones locales, incluyendo hasta las pistas de una urbanización. Ese artículo no tiene ningún sentido práctico, pero con eso engañan a algunos incautos, fuera y dentro del Parlamento.

Una propuesta honesta para wikipedia: “Ley de presupuesto en el Perú: Ritual para que el Congreso pueda decir que cumple con la Constitución y luego el ministro de economía sea quien decide”.

* Publicado en el diario La Primera (01/12/2012)