ü JNE y RENIEC deberán realizar procesos administrativos y remitir la
Iniciativa Legislativa Ciudadana para su debate y aprobación ante el Congreso.
El Perú es uno de los países que lidera la tasa de violencia contra la
mujer en América Latina, las estadísticas señalan que el 34% de niñas y
adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas y más del 38%
de las mujeres alguna vez unida, fue víctima de violencia física y/o sexual por
parte de su esposo o compañero. Frente a esta alarmante realidad y ante la ausencia de políticas
públicas que garanticen los derechos humanos de
las mujeres que fueron violadas, la Articulación
Feminista (integrada por el CMP Flora Tristán,
Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir, Promsex, Demus y Cladem-Perú),
colectivos de la sociedad civil, redes, artistas, otros, se han unido para
presentar una iniciativa legislativa ciudadana, que demandó la recolección de
más de 100,000 firmas, 88 mil de las cuales serán presentadas ante el JNE.
Estas firmas pasarán por un procedimiento
administrativo, además de su verificación ante el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) concluido este
proceso pasará al Congreso de la República para su debate en un plazo máximo de 120 días.
La Articulación Feminista
demanda al Jurado Nacional de Elecciones proceder a la verificación de las
firmas en un plazo razonable y enviar al Congreso la iniciativa ciudadana. Asimismo,
demanda al Congreso de la República, ponga en agenda la discusión y apruebe
este proyecto de ley, cumpliendo con proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la libertad de decidir de continuar o no con un embarazo cuando éste
haya sido producto de una violación sexual.
Obligar a una mujer a continuar con un embarazo forzado
se convierte en un segundo hecho de
violencia, esta vez ejercida por el Estado, quien no solo desprotege a la mujer
frente a la violación sexual, sino que desconociendo el sufrimiento y dolor
psíquico de orden traumático de la víctima, le impone la continuación de un
embarazo no deseado e impuesto y ello constituye un acto de tortura.
A la entrega de firmas se sumaron diversas organizaciones sociales, colectivos
y redes, artistas, entre otros.
