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jueves, 30 de abril de 2015

En un Estado de derecho y laico, la difamación y el discurso religioso se imponen en el debate sobre despenalización del aborto por violación sexual

 
La Comisión de Justicia debatió ayer, en segunda sesión, la iniciativa ciudadana, que cuenta con el respaldo de más de 64 mil personas, que propone despenalizar el aborto en caso de violación sexual.  El debate sobre esta iniciativa (Proyecto de Ley N° 3839-2014-IC,) continuará el martes 12 de mayo.
 
"No está siendo un debate justo bajo las reglas del Congreso. Por una parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial recibieron la invitación 24 horas antes de iniciar la sesión. Curiosamente, ambos organismos cuentan con una opinión favorable a esta iniciativa", afirmaron las representantes de la Campaña Déjala Decidir.
 
En el debate intervino la representante del Poder Judicial peruano, Lucy Zare quien expresó la opinión técnica de esta institución.
 
La libertad de la mujer para decidir llevar o no a término un embarazo producido en circunstancias de violencia sexual y reproductiva, garantizara en mayor medida la igualdad de género, lo que representa un deber para la sociedad y el Estado y una garantía dentro de un Estado Constitucional de Derecho", señaló Zare.
 
“Imponer a las mujeres continuar un embarazo forzado es un ejercicio abusivo del poder del Estado, en una ilegitima coacción legal, que no tiene otro sustrato que la discriminación contra la mujer, la cual deber ser abolida", sustenta el oficio técnico del Poder Judicial (enviado al Congreso bajo oficio N6141-2014-P-PJ, con fecha 05 de diciembre de 2014)
 
La congresista Martha Chávez cuestionó de manera insistente a la representante del Poder Judicial, poniendo en duda si las opiniones del informe eran avaladas institucionalmente.
 
 Las dudas quedaron despejadas, cuando Zare explicó que todo informe es firmado por el Presidente de esta institución. Ante los insistentes cuestionamientos, la representante del Poder Judicial afirmó: "nos han invitado y ahora somos interrogados cuando la opinión no les favorece".
 
Por su parte, el representante legal del Arzobispado de Arequipa, Juan Velásquez, rechazó el proyecto de ley porque "constituye un acto de discriminación diferenciar entre un nacido y un no nacido. Si se reconoce el derecho al aborto, se desconoce el derecho a la vida". No obstante, en la actualidad cinco países en América Latina han eliminado de sus códigos penales el delito de aborto por violación sexual. La ciudadanía, a través de sus firmas, solicita que el Perú se sume a estos países y apruebe este Proyecto de Ley.
 
Las cifras indican que cuatro de cada cinco casos de violaciones sexuales se producen en menores de edad. Además, 90 de cada 100 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto. Asimismo, 34 de cada 100 niñas, entre 10 y 19 años de edad, quedaron embarazadas producto de una violación. De cada 100 muertes maternas, 29 están vinculadas a abortos inseguros; según las cifras que ha podido recoger la congresista Verónika Mendoza del Ministerio de Salud. "Esta iniciativa busca que se reconozca como sujeto de derecho a la mujer y no se le imponga la consecuencia de un acto no consentido sobre sobre su cuerpo", afirmó.
 
La representante de la Marcha por la Vida, Carol Maraví, declaró que el aborto no combate la violación, sino que al contrario, esconde al violador. Sustentando que el embarazo se convierte en prueba del delito, y “desconociendo que esta situación revictimiza a la mujer, sobre todo niña, víctima de violación sexual”, señalaron las promotoras de esta iniciativa ciudadana.
 
La exfuncionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Amparo Medina, llegó a afirmar que esta iniciativa es una "herramienta del imperialismo" que financia a ONGs para reducir la pobreza en América Latina. Difamó al Fondo de Población, IPPF, Católicas por el Derecho a Decidir- Peru, entre otras ONGs feministas peruanas.
 
Con motivo de este debate, a lo largo de la semana se realizaron movilizaciones a favor de esta iniciativa legislativa en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Tacna y otras ciudades. Cabe recordar que este Proyecto de Ley es promovido por más de 40 organizaciones civiles.
 
Datos:
 
Los espacios donde suelen ocurrir el mayor porcentaje de actos de violación, son el hogar, el vecindario o la escuela.
 
Según la Policía Nacional del Perú, el 24% de los agresores está conformado por los padres biológicos, padrastros, profesores, tutores, entre otros adultos que asumen la responsabilidad del “cuidado” de las menores de edad.
 
La penalización del aborto genera informalidad y muchas mujeres se lo practican de manera clandestina, en lugares inseguros y con métodos riesgosos, poniendo en peligro sus vidas hasta llegar a perderlas.

Promotoras de campaña Déjala Decidir demandan urgente un dictamen sobre ley que propone despenalización del aborto en casos de violación

Mañana la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debate iniciativa ciudadana que cuenta con el respaldo de más de 64 mil personas.
Las promotoras de la campaña Déjala Decidir demandaron un debate serio y la pronta redacción de un dictamen que pueda pasar al Pleno del Congreso de la República sobre el proyecto de ley N° 3839-2014-IC, que propone despenalizar el aborto en caso de violación sexual, cuyo análisis, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, ha sido postergado para mañana  martes 28 de abril.
 
Esta iniciativa ciudadana, que recoge más de 64 mil firmas de peruanas y peruanos, y que cuenta con la opinión favorable del Poder Judicial y el Ministerio Público, fue debatida por este grupo de trabajo durante su última sesión del martes 21 de abril.
 
Durante la sustentación de la propuesta, Rossina Guerrero, una de las promotoras de la norma y Directora de Incidencia de PROMSEX, señaló que “esta es la oportunidad que tiene el Congreso de la República de saldar una larga deuda con las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país sobrevivientes de una violación”.
 
Por su parte, la directora del movimiento Manuela Ramos y vocera de la campaña Déjala Decidir, María Elena Reyes, subrayó que más 40 organizaciones apoyan esta iniciativa ciudadana y representan el sentir de más de 64 mil personas. “Esta situación se tiene que transformar para mejorar la calidad de vida de las mujeres, para reconocer el ejercicio pleno de sus derechos, sobre todo para enmarcar este tema en un debate constitucional”, enfatizó.
 
La directora del movimiento Manuela Ramos confió en que el proyecto de ley de Despenalización del Aborto en Casos de Violación pase al pleno del Legislativo, al considerarla reivindicativa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en estas penosas situaciones, que fomentarían, en parte, los más de 371 mil ‘abortos clandestinos’ presentados en el Perú.
 
Puntualizó que la propuesta ciudadana no promueve el aborto, sino el derecho a decidir. “Muchas mujeres decidirán continuar con sus embarazos y, para las que decidan no hacerlo, el Estado tiene que ser el garante de los servicios públicos de salud necesarios. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de víctimas de violación no denuncia el hecho, porque se trata de niñas y adolescentes que sufren esta brutal agresión dentro de sus hogares”, aseveró.
 
Por su parte, la congresista Verónika Mendoza afirmó que una de las cifras que ha podido recoger del Ministerio de Salud revela que por cada 100 muertes maternas, 29 están vinculadas a abortos inseguros.
 
“Esa es una realidad que debemos erradicar. Esas adolescentes tienen que hacerlo en la clandestinidad poniendo su vida en riesgo. Esa es la realidad y ¿qué vamos a hacer frente a esto? Estamos hablando de esas adolescentes que están muriendo”, advirtió.
 
La iniciativa legislativa es promovida por diversas organizaciones civiles, entre ellas Movimiento “Manuela Ramos”, Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Comité de América Latina y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú.
 
Datos:
 
En la actualidad cinco países en América Latina han eliminado de sus códigos penales el delito de aborto por violación sexual. La ciudadanía, a través de sus firmas, solicita que el Perú se sume a estos países y apruebe este proyecto de ley.
 
Las cifras indican que cuatro de cada cinco casos de violaciones sexuales se producen en menores de edad. Además, 90 de cada 100 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto. Asimismo, 34 de cada 100 niñas, entre 10 y 19 años de edad, quedaron embarazadas producto de una violación.
 
Los espacios donde suelen ocurrir los actos de violación son el hogar, vecindario o escuela. En el caso de las adolescentes quienes las violentaron fueron sus parejas. Según la Policía Nacional del Perú, el 24% de los agresores está conformado por los padres biológicos y adoptivos, padrastros y los profesores.
 
La penalización del aborto genera informalidad y muchas mujeres se lo practican de manera clandestina, en lugares inseguros y con métodos riesgosos, poniendo en peligro sus vidas hasta llegar a perderlas.

martes, 21 de abril de 2015

Hoy Comisión de Justicia y DDHH del Congreso definirá la aprobación del proyecto de ley que plantea la despenalización en el Perú

 
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República definirá hoy la aprobación del proyecto de ley que plantea la despenalización en el Perú del aborto en casos de violación sexual, propuesta que cuenta con la opinión favorable del Poder Judicial y Ministerio Público.
 
Desde que el proyecto de ley N° 3839-2014-IC, que plantea la despenalización en el Perú del aborto en casos de violación sexual, ingresó al Legislativo en octubre de 2014 respaldado por más de 64 mil ciudadanos, se contó con 120 días para realizar un debate serio, tiempo en el cual no se convocó a las promotoras para exponer los argumentos a favor de esta iniciativa legislativa.
 
Por el contrario, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista Juan Carlos Eguren, elaboró un predictamen previo a la 'sesión extraordinaria' que el grupo de trabajo realizó el jueves último, cuando el procedimiento establece que este documento se formule luego de escuchar a las promotoras de la iniciativa ciudadana. Este predictamen es desfavorable a la iniciativa ciudadana y a los derechos de las mujeres. El mismo que solo cuenta con la opinión (a su favor) del Arzobispo de Arequipa: Javier del Río.  
 
Las promotoras de la campaña Déjala Decidir esperan que hoy martes exista una discusión de fondo, y no solo una exposición de motivos sobre la iniciativa legislativa ciudadana, que permita la formulación y discusión de un nuevo predictamen, y en el que participen las instituciones públicas que han emitido opiniones favorables como el Poder Judicial y Ministerio Público.
 
“Estamos evaluando la interposición de un Recurso de Amparo por violación al principio de Laicidad del Estado contra el congresista Eguren por haber consultado a la Conferencia Episcopal y al Arzobispo de Arequipa. Es importante que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos respete los procedimientos de la Ley de Participación Ciudadana. Asimismo, que tome en cuenta las recomendaciones de los Comités que vigilan tratados internacionales y los derechos de las mujeres que nuestra Constitución garantiza”, enfatizó María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS. Ella recordó que el pasado julio el Comité CEDAW recomendó al Estado peruano despenalizar el aborto en estos casos.
 
Diversos colectivos de jóvenes, mujeres, feministas, universitarias, entre otras; que conforman las más de 64 000 firmas se están movilizando y vigilando lo que el Congreso decida el día hoy. Habrán acciones en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lima, San Martín y Tacna. En Lima el plantón se realizará desde las 3:00 pm al frente del Congreso de la República.

viernes, 7 de marzo de 2014

Presentan iniciativa para despenalizar el aborto por violación sexual


ü  JNE y RENIEC deberán realizar procesos administrativos y remitir la Iniciativa Legislativa Ciudadana para su debate y aprobación ante el Congreso.


El Perú es uno de los países que lidera la tasa de violencia contra la mujer en América Latina, las estadísticas señalan que el 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas y más del 38% de las mujeres alguna vez unida, fue víctima de violencia física y/o sexual por parte de su esposo o compañero. Frente a esta alarmante realidad y ante la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres que fueron violadas, la Articulación Feminista (integrada por el CMP Flora Tristán, Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir, Promsex, Demus y Cladem-Perú), colectivos de la sociedad civil, redes, artistas, otros, se han unido para presentar una iniciativa legislativa ciudadana, que demandó la recolección de más de 100,000 firmas, 88 mil de las cuales serán presentadas ante el JNE.

Estas firmas pasarán por un procedimiento administrativo, además de su verificación ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) concluido este proceso pasará al Congreso de la República para su debate en un plazo máximo de 120 días.

La Articulación Feminista demanda al Jurado Nacional de Elecciones proceder a la verificación de las firmas en un plazo razonable y enviar al Congreso la iniciativa ciudadana. Asimismo, demanda al Congreso de la República, ponga en agenda la discusión y apruebe este proyecto de ley, cumpliendo con proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la libertad de decidir de continuar o no con un embarazo cuando éste haya sido producto de una violación sexual.

Obligar a una mujer a continuar con un embarazo forzado  se convierte en un segundo hecho de violencia, esta vez ejercida por el Estado, quien no solo desprotege a la mujer frente a la violación sexual, sino que desconociendo el sufrimiento y dolor psíquico de orden traumático de la víctima, le impone la continuación de un embarazo no deseado e impuesto y ello constituye un acto de tortura.


A la entrega de firmas se sumaron diversas organizaciones sociales, colectivos y redes, artistas, entre otros.

miércoles, 5 de marzo de 2014

Sociedad civil presentará mañana firmas ante el JNE por la despenalización del aborto en casos de violación

En el marco del “Día Internacional de la mujer”, la Articulación Feminista integrada por el CMP Flora Tristán,  Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir, Promsex, Demus y Cladem-Perú, junto con el respaldo de organizaciones, ciudadanos y personalidades, presentarán las firmas requeridas para la iniciativa Legislativa Ciudadana para el Proyecto de Ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual.
 
Las firmas serán presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las cuales pasarán un procedimiento administrativo, además de la verificación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Concluido este proceso, pasará al Congreso de la República para su debate.
 
Mediante la Campaña Déjala Decidir se busca garantizar los derechos humanos de las mujeres que fueron violadas, las mismas que deben de tener la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de este crimen.
 
Después de la conferencia de prensa, diversas organizaciones, colectivos, artistas, ente otros, se trasladarán hasta las instalaciones del JNE, Av. Nicolás de Piérola N°1080, Lima. Durante la entrega oficial de las firmas se realizarán actos simbólicos, donde se hará un llamado de atención al Gobierno y al Congreso de la República a fin que se ponga en agenda pública la urgencia de despenalizar el aborto en casos de violación sexual, y de esta manera evitar que miles de mujeres pongan en riesgo su vida y salud en abortos clandestinos e inseguros.

sábado, 28 de septiembre de 2013

Detrás de cada aborto está la historia de una mujer que busca sobrevivir


En nuestro país se realizan 370 mil abortos cada año, la mayoría de ellos en condiciones de riesgo que conllevan muertes totalmente evitables. Pero ¿cuáles son los costos de abortar en contextos de restricciones legales? la penalización del aborto tiene un alto costo para las mujeres que lo pagan con la afectación de sus derechos a  la vida, salud y su libertad; asimismo, es una pérdida de productividad laboral, limitaciones en las partidas del presupuesto público para atender dichas complicaciones, y los costos económicos para las mujeres que toman esta decisión; así lo señala la última publicación del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) que contiene tres estudios sobre el aborto en Lima, entre ellos destacan las Historias de vida de mujeres que abortaron por violación sexual.

Este es el tercer estudio de la publicación, y está enfocado en los testimonios de mujeres que decidieron interrumpir sus embarazos producto de una violación sexual. Para las mujeres que participaron de este estudio su victimario siempre fue parte del entorno familiar.  En efecto, de las 12 mujeres que participaron en el estudio, de las que finalmente se seleccionaron cinco historias, sólo en dos ocasiones el violador no fue la pareja sentimental.

Los relatos de las mujeres evidenciaron serias dificultades de acceso a la salud sexual y reproductiva, tampoco tuvieron acceso a la justicia  y, en general, ninguna forma de protección frente a la violencia (lo que se evidencia en la completa ausencia de denuncia formal ante el sistema de justicia).  En este sentido, el Estado sólo aparece posteriormente a la violencia cuando la mujer embarazada debe enfrentar el contexto de ilegalidad del aborto en casos de violación, situación en la  que ellas son re-victimizadas por circuitos informales, además de tener que solventar gastos para los que no cuentan con recursos propios.

Tal es el caso de Ana, que sufrió la violencia física y psicológica por parte de su esposo, además de ser violada por el durante años.  Ana acudió a un centro de salud en el que nadie la derivó a un centro de emergencia mujer o cualquier otro espacio de contención.   Cuando ella habló con el personal de salud al descubrir que estaba embarazada, solo recibió indiferencia. Para poder solventar el aborto, Ana tuvo que gastar sus únicos ahorros.  Luego de esta experiencia, esta mujer decidió terminar con el círculo de violencia y actualmente vive con sus dos hijos tratando de salir adelante.


Se trata de cinco historias de mujeres reales que se han visto enfrentadas a una decisión difícil sin soportes ni contención estatal, cinco mujeres que nos recuerdan la importancia  de volver a colocar en la palestra la discusión en torno a la despenalización del aborto por violación sexual, realidad que afecta a miles de mujeres cada año en nuestro país; el país precisamente con más alta tasa de denuncia de violaciones sexuales en Sudamérica.

viernes, 31 de mayo de 2013

Presentan 60 mil firmas para la Iniciativa ciudadana por la despenalización del aborto por violación


Más de 35 organizaciones de alcance nacional,  colectivos, sociedad civil y dos congresistas de la República, Verónika Mendoza y Rosa Mavila, presentaron más de 60 mil firmas por la despenalización del aborto por violación, además demandaron al presidente de la República, Ollanta Humala y al Congreso el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, la adopción de medidas inmediatas para el cese de la violencia sexual contra las mujeres y la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de una violación.

 
“Esta iniciativa busca que nuestra democracia reconozca el derecho de las mujeres sobre nuestros cuerpos, esto sería posible en el marco de un Estado laico que sea libre de la injerencia de ideologías religiosas, y que respete sobre todo los derechos fundamentales de las mujeres”, señala María Elena Reyes, representante de la Campaña Déjala Decidir.

 
La campaña de recolección de firmas que se inició hace ocho meses ya cuenta con las firmas requeridas por el Jurado Nacional de Elecciones JNE, posterior a la presentación de firmas ante el JNE deberá ser trasladado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para el proceso de verificación y depuración de firmas,  mientras tanto las organizaciones integrantes de la campaña seguirán con la campaña de recolección. Según cálculos del grupo impulsor, la articulación feminista -Flora, Manuela, Promsex, Demus, CDD Perú, Cladem Perú-, esta iniciativa legislativa se presentará en septiembre del presente año ante el Congreso de la República, a fin de que sea debatido en el pleno en un plazo de 120 días.

 
Por su parte, Rosa Ojeda, vicepresidente de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú –integrada por 26 mil mujeres del centro, sur, norte y el oriente del país- sostuvo que diariamente las mujeres campesinas son violentadas. “Poco o nada se conoce los casos de violencia en zonas rurales y comunidades del país, porque no hay lugares donde hacer la denuncia, no hay lugar donde dejar un registro de agresiones, por lo tanto el Estado desconoce la realidad de las comunidades, por ello pedimos al Congreso y al presidente de la República se respete la libertad de decisión producto de este horrendo crimen”, sostuvo.

 
El representante del Colegio Médico, Miguel Gutiérrez, señala que las mujeres violentadas sexualmente, son mujeres que sufren un daño mental, que pone en riesgo su salud. “El problema es que estas mujeres, más aún las mujeres pobres, que son las que tienen menos acceso al servicio de salud ni siquiera pueden recurrir a un hospital para que les den la anticoncepción oral de emergencia para prevenir un embarazo, porque el Tribunal Constitucional prohibió la distribución de estas pastillas, el resultado de esta negativa es que las mujeres que salen embarazadas recurren al aborto, y lo hacen en condiciones clandestinas y de alta inseguridad, poniendo en riesgo su vida. Por ello tiene que haber un cambio en la Ley, no se puede pensar que esta ley promueva el aborto, estamos promoviendo el derecho de la mujer a decidir”, dice Gutiérrez.

 
Un último estudio de Promsex de Jaris Mujica sobre violencia a la mujer refleja indicadores de violencia en la Amazonia, por ejemplo en el distrito de Mazan en Loreto, el 56% de las adolescentes embarazadas entre 14 y 17 años declaró haber sufrido violencia sexual. 79% de mujeres encuestadas entre 18 y 29 años fueron víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida. En el 72% del total de los agresores se implica a alguien cercano al entorno personal o de residencia de la víctima.

 
Las congresistas que vienen respaldando esta iniciativa, Verónika Mendoza y Rosa Mavila  estuvieron presentes en la presentación pública. Mendoza resaltó los datos estadísticos de agresión sexual.  1 de cada 5 mujeres ha sufrido violación sexual antes de los 15 años por una persona cercana a su entorno familiar. 1 de cada 10 ha sido violada por su pareja, siendo el Perú el país con mayor tasa de denuncias por violación sexual en toda Sudamérica, donde 8 de cada 10 denuncias corresponden a víctimas menores de edad, y 9 de cada 10 embarazos de niñas de menos de 15 años son producto de incesto”.

 
“No todas las mujeres embarazadas, producto de una violación sexual deciden abortar, pero es necesario indicar que en el Perú se realizan cada año aproximadamente 371.420 abortos inseguros, es decir, más de 1000 abortos al día. Estas cifras dan cuenta que el aborto inseguro o clandestino representa un grave riesgo de salud pública, poniendo en peligro la vida de muchísimas mujeres a diario”, dice Mendoza.

 
“La campaña Déjala Decidir busca promover y fomentar el debate, y lograr que se despenalice el aborto cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Nuestro país tiene la tasa más alta de denuncias por violación en la región de Sud América. El 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. El 38,9% de las mujeres alguna vez unida fue víctima de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero.

 
Esta iniciativa ciudadana tiene como objetivo garantizar que existe la posibilidad de ejercer el derecho humano a la salud si así lo decide la víctima.  La Iniciativa no pretende solucionar el problema de violaciones sexuales, más bien entiende el derecho de decisión de interrupción del embarazo en casos de violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidos, como el fundamento para el futuro desarrollo de políticas extrapenales para prevenir embarazos clandestinos, y de esta manera contribuir al bienestar, a la salud pública y mayor ciudadanía.