Organizaciones feministas rechazan el archivamiento del proyecto de despenalización del aborto por violación

El Colectivo 25 N, integrado por más de 50 organizaciones defensoras de los derechos de mujeres, rechaza el archivamiento en la Comisión de Constitución del proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual (Nº3839) con los votos de los fujimoristas y apristas, Martha Chávez, Julio Gagó, Javier Velásquez Quesquén, Javier Bedoya, Luz Salgado y Aldo Bardález. Votaron a favor de la norma Fredy Otárola (Presidente de la Comisión), Sergio Tejada, Rosa Mavila y Santiago Gastañadui.

“Rechazamos este archivamiento justo en el marco del Día Internacional de la no violencia hacia las mujeres y nos indignamos ante la indiferencia de los legisladores opositores. El Congreso permite una doble vulneración a los derechos de las mujeres y da la espalda al sufrimiento de miles de mujeres, niñas y adolescentes, impidiendo que estas decidan sobre sus vidas, su futuro y su cuerpo; empujándolas a una maternidad forzada”, sostiene Liz Meléndez, coordinadora del Colectivo y directora de Flora Tristán. "Demandamos la reconsideración del voto. Sería la última oportunidad que tendría el Congreso para no obligar a las mujeres a continuar con maternidades forzadas ", señala María Ysabel Cedano, directora de Demus. Hay que recordar que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos archivó en junio esta iniciativa ciudadana respaldada por más de 64 mil ciudadanos, que entró al Congreso en octubre de 2014.

La congresista Rosa Mavila señaló que pedirán la reconsideración del voto y alertó de la criminalización que sufre la mujer. “La defensa de los derechos de la mujer se vive en su cuerpo. Con el archivamiento, se condena a muchas mujeres a arriesgar su vida”. Por su parte, el parlamentario Sergio Tejada afirmó que las “fuerzas retrógradas se tapan los ojos ante la realidad, dando la espalda a miles de mujeres”. La candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza manifestó su indignación por el archivamiento en el marco de la conmemoración del Día de la no violencia hacia las mujeres, y aseguró que el Congreso deja que las mujeres mueran antes de que decidan. Además puntualizó que “penalizar el aborto en caso de violación no resuelve nada, solo pone en riesgo la vida de mujeres que se ven obligadas a acudir a centros clandestinos”

Cada año se estima que 35.000 mujeres se embarazan producto de una violación, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007”. El 78% de son mujeres menores de 18 años, según información de la PNP, y en el 76% de los casos, el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima, de acuerdo al estudio “Violaciones sexuales en el Perú”de Jaris Mujica. Se calcula que unas 17.600 mujeres recurren al aborto por ser producto de una violación o incesto, según el estudio “El aborto clandestino en el Perú”. El aborto es una de las principales entre las principales causas directas de muertes maternas en adolescentes se encuentra el aborto (29%) y el suicidio (56%), según el Ministerio de Salud.

Organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) exhortó en repetidas ocasiones al Estado peruano para que ampliara los causales para la legalización en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación.

Organizaciones de DDHH saludan la creación de Registro de Víctimas de esterilizaciones forzadas y exigen que se garantice acceso a salud y justicia

·      Señalan que las asociaciones de víctimas deben participar en el proceso de reglamentación de sus derechos.

DEMUS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Reproductivos, Aprodeh, Cladem, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF), saludan como un primer paso para la justicia, verdad y una política de reparaciones, el Decreto Supremo (nº 006-2015-JUS) oficializado hoy por el presidente de la República, Ollanta Humala, que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea en Registro de Víctimas.

Tras 18 años de impunidad, reconocemos la importancia de que, a través de un registro, se identifique el universo de víctimas y se garantice el acceso a la justicia, aunque se espera que el Estado admita también su propia responsabilidad en los hechos ocurridos a raíz de una política nacional que vulneró los derechos humanos de miles de mujeres y hombres.

“Saludamos la voluntad política expresada en el Decreto Supremo y destacamos que el Estado peruano avance en los cumplimientos adquiridos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza que murió a causa de la esterilización forzada. Pero es necesaria la participación de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas en el proceso de reglamentación de las políticas en este caso”, sostuvo María Ysabel Cedano, directora de Demus.

Las organizaciones saludan que el Estado peruano haya tomado en consideración la serie de recomendaciones y exhortaciones efectuadas desde la sociedad civil y los grupos representados por las víctimas de esterilizaciones forzadas.

Sin embargo, precisan que existen vacíos en el Decreto Supremo que deben ser tomados en cuenta por los ministerios de Justicia, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Salud que tendrán a su cargo la reglamentación del registro y el acceso a justicia y salud de las víctimas.

Uno de estos aspectos, es considerar que los Centro de Emergencia Mujer (CEM), a quienes se ha encargado la atención psicológica de las víctimas, no son viables para ejecutar esa tarea, debido a sus deficiencias logísticas.

Asimismo, se espera la creación de un sistema especial de protección a las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Sistema Integral de Salud (SIS), que –entre otros beneficios- amplíe la cobertura para atención a nivel nacional.

 

 

“Creemos que la atención integral debe darse de acuerdo a la afectación de cada caso, de cada mujer, y que la atención de la salud mental de las víctimas podría buscar mecanismos adecuados para este tipo de reparaciones”, señaló Ana María Vidal del GREF.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos esperan que en el corto plazo el Gobierno de turno fije una política de reparaciones para las víctimas de esterilizaciones que incluya acceso a programas de emprendimiento económico, productivos y de trabajo, acceso a programas sociales, vivienda e indemnizaciones.

“Desde el 2003 que firmamos el Acuerdo de Solución Amistosa en la CIDH, hemos exigido que las investigaciones se realicen en el marco de los estándares interamericanos, que se investigue con la debida diligencia y se tomen medidas para que estos hechos no se repitan”, señaló Ana María Palacios, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.

En exhortación final, las organizaciones manifiestan que las acciones en favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas deben ir acompañadas de unasdisculpas públicas por tratarse de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos desde el Estado.

El Estado se compromete ante la CIDH a investigar y sancionar a los responsables políticos de las esterilizaciones forzadas

-  El Estado peruano, durante la reunión celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Mamérita Mestanza también se comprometió a que la investigación fiscal se resolverá en enero de 2016.
-  El comisionado Cavallaro se mostró enfático sobre la necesidad de que el Estado adopte un programa de reparaciones a las víctimas; es consenso contar con un registro oficial de víctimas de esterilizaciones forzadas

El pasado 21 de octubre se llevó a cabo una reunión como parte del seguimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito en 2003 por el caso de Mamérita Mestanza, mujer fallecida tras haber sido esterilizada de manera forzada. Participaron de esta reunión representantes del Estado peruano, las representantes de la familia de Mamérita Mestanza: APRODEH, CEJIL, el Centro de los Derechos Reproductivos, CLADEM y DEMUS, y el Primer Vicepresidente de CIDH y comisionado relator de Perú: James Cavallaro.

En dicha reunión el Ejecutivo a través de su representante Juan Jiménez se comprometió a sumarse a la exigencia de justicia para el caso de esterilizaciones forzadas. Para ello, el Ejecutivo se ha comprometido a interponer oficios para que el Fiscal de la Nación tome medidas que garanticen que la fiscal Marcelita Gutiérrez resolverá la etapa de investigación en el plazo determinado, que vence en febrero del 2016, y respetando el debido proceso. "No debe haber una ampliación adicional, creemos que el Fiscal de la Nación debe adoptar medidas para evitar la impunidad de los responsables políticos. Esta larga demora para que las víctimas obtengan justicia también vulnera sus derechos", afirmó María Ysabel Cedano, directora de DEMUS. “El punto principal de la resolución que esperamos en enero es una denuncia que considere el tipo penal decrimen de lesa humanidad”, puntualiza. Además, añade que la fiscal ya cuenta con medios probatorios para formular denuncia.

"Saludamos que la fiscal Marcelita Gutiérrez disponga de un cronograma de recojo de testimonios, pero creemos que debe priorizar aquellas zonas donde el Ministerio Público ya se comprometió a ampliar el recojo de los mismos: Huancabamba, Chumbivilcas y Anta", afirmó Cedano. Paralelamente insistió en la necesidad de una pericia antropológica como prueba de contexto de la política y programa de planificación familiar que implementó el Estado peruano, esto con el objetivo de no seguir analizando los casos como asilados y particulares. También instó a que la fiscal Marcelita Gutiérrez considere las nuevas pruebas que han difundido los medios de comunicación como los expedientes técnicos presentados por Diario 16 y los testimonios de médicos de Piura recogidos por La Republica 

Durante la reunión ante la CIDH hubo consenso respecto a la necesidad de conocer el número de víctimas de esterilización forzada para poder reparar a las mismas. Así, el Estado reconoció la importancia de crear un Registro Único de Víctimas. Jiménez señaló que “el registro es una responsabilidad, es cuestión de voluntad”. Estas declaraciones contradicen las palabras del viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, quien manifestó que no se podía realizar este registro porque no se había resuelto este caso judicialmente. La propia Defensoría del Pueblo en un oficio (nº0529-2015) dirigido al ex Ministro de Justicia: Gustavo Adrianzén, insta al Estado a crear este registro oficial para identificar a las víctimas, atender sus necesidades y adoptar las reparaciones por el daño ocasionado. El Ministerio de la Mujer sería quien debería hacerse cargo de ello, esta responsabilidad es atribuida a esta cartera por el Ministerio de Justicia, mediante el oficio 12-59-2015-JUS/DG/DM, sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado.

El comisionado Cavallaro se mostró enfático sobre la necesidad de que el Estado adopte un programa de reparaciones a las víctimas. Por su parte, el Estado mantiene la posición de que está obligado a reparar si es que hay una sentencia que lo obligue, si hay una decisión del Presidente de la República o si la CIDH ratifica esta obligación de reparar de manera colectiva.

Ana María Vidal, del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), manifestó que el Ministerio de la Mujer ya cuenta con una propuesta técnica sobre cómo implementar el registro único de víctimas. Remarcó que este registro es una obligación por el Acuerdo de Solución Amistosa y una “obligación política” que no requiere de un proceso judicial para iniciarse como sucedió con el precedente de las víctimas del conflicto armado. “¿Dónde están las historias clínicas de las 270 mil mujeres esterilizadas? Hemos pedido información y hasta ahora no hay”, se cuestiona Vidal.

SIN JUSTICIA NI REPARACIÓN

Casi 19 años después, el delito de las esterilizaciones forzadas sigue impune. Hay que recordar que este caso nunca ha sido llevado a juicio, siendo archivado en tres oportunidades. Con la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa, desde el 2003 el Estado se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, pero también a los responsables de la política de Estado diseñada e implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, se determinó que tenía que indemnizar a la familia de Mestanza, a brindar prestaciones sanitarias, educativas e incorporar medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las y los usuarios de salud y de prevención para evitar que hechos como estos se cometan en el futuro. Cabe mencionar que por el Acuerdo de Solución Amistosa, se debe adecuar el Nuevo Código Penal al Estatuto de Roma, esto garantizará la no repetición de un delito de lesa humanidad similar, en todo caso si se diera se podría juzgar adecuadamente.


En 2006 el Estado peruano se comprometió a ampliar las prestaciones del Seguro Integral de Salud (SIS) a las mujeres víctimas de esta práctica y a sus familiares. Hay 83 mujeres afiliadas a esta modalidad del SIS a pesar de haber más de 2 mil denunciantes. Sin embargo, este programa focalizado no cuenta con un tratamiento diferenciado para las víctimas, es decir, en la práctica están recibiendo los mismos servicios que cualquier otra/o ciudadana/o que cuenta con este aseguramiento por bajos recursos socioeconómicos.

RESPUESTA CIUDADANA

Como parte de las respuestas ciudadanas a la impunidad, las representantes de DEMUS y el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF) hicieron un llamado a la ciudadanía para que sume su indignación a las casi dos décadas de impunidad en estos casos, formando parte de la campaña “Somos 2074 y muchas más”. “Esta campaña suma a las acciones que ya se vienen realizando con la movilización ciudadana, como #contraelolvido de Gran Angular y “Contra su voluntad” de Amnistía Internacional”, señaló la directora de DEMUS.

Hoy Comisión de Justicia y DDHH del Congreso definirá la aprobación del proyecto de ley que plantea la despenalización en el Perú

 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República definirá hoy la aprobación del proyecto de ley que plantea la despenalización en el Perú del aborto en casos de violación sexual, propuesta que cuenta con la opinión favorable del Poder Judicial y Ministerio Público.

 

Desde que el proyecto de ley N° 3839-2014-IC, que plantea la despenalización en el Perú del aborto en casos de violación sexual, ingresó al Legislativo en octubre de 2014 respaldado por más de 64 mil ciudadanos, se contó con 120 días para realizar un debate serio, tiempo en el cual no se convocó a las promotoras para exponer los argumentos a favor de esta iniciativa legislativa.

 

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista Juan Carlos Eguren, elaboró un predictamen previo a la 'sesión extraordinaria' que el grupo de trabajo realizó el jueves último, cuando el procedimiento establece que este documento se formule luego de escuchar a las promotoras de la iniciativa ciudadana. Este predictamen es desfavorable a la iniciativa ciudadana y a los derechos de las mujeres. El mismo que solo cuenta con la opinión (a su favor) del Arzobispo de Arequipa: Javier del Río.  

 

Las promotoras de la campaña Déjala Decidir esperan que hoy martes exista una discusión de fondo, y no solo una exposición de motivos sobre la iniciativa legislativa ciudadana, que permita la formulación y discusión de un nuevo predictamen, y en el que participen las instituciones públicas que han emitido opiniones favorables como el Poder Judicial y Ministerio Público.

 

“Estamos evaluando la interposición de un Recurso de Amparo por violación al principio de Laicidad del Estado contra el congresista Eguren por haber consultado a la Conferencia Episcopal y al Arzobispo de Arequipa. Es importante que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos respete los procedimientos de la Ley de Participación Ciudadana. Asimismo, que tome en cuenta las recomendaciones de los Comités que vigilan tratados internacionales y los derechos de las mujeres que nuestra Constitución garantiza”, enfatizó María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS. Ella recordó que el pasado julio el Comité CEDAW recomendó al Estado peruano despenalizar el aborto en estos casos.

 

Diversos colectivos de jóvenes, mujeres, feministas, universitarias, entre otras; que conforman las más de 64 000 firmas se están movilizando y vigilando lo que el Congreso decida el día hoy. Habrán acciones en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lima, San Martín y Tacna. En Lima el plantón se realizará desde las 3:00 pm al frente del Congreso de la República.

Víctimas de esterilizaciones forzadas exigen se judicialice el caso

• Hace un año, organizaciones de mujeres presentaron un recurso de queja por archivamiento parcial del caso, hasta ahora no hay judicialización. 
  

Hace más de un año, en enero de 2014, se archivó parcialmente la investigación fiscal del caso de esterilizaciones forzadas, lo cual dejó fuera de responsabilidad penal al expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. 

El abogado del caso, el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, agregó que, más allá de establecer investigaciones preliminares contra autores materiales (personal médico) del delito, no existe una imputación a los autores mediatos. A ello se le agrega el serio estancamiento a nivel fiscal, puesto que no hay una judicialización del caso. 

 

“Tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no solo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”, manifestó Arbizu. 

 

Asimismo, consideró que existe una seria contradicción -y que es parte del recurso de queja presentado hace un año- al abrir investigación a autores materiales de esterilizaciones forzadas por homicidio negligente, sin dolo. A pesar de esa atribución, el fiscal declara archivado el caso con respecto a la responsabilidad penal de Fujimori y sus ministros como caso de violación de derechos humanos. 

 

“¿Cómo un homicidio sin dolo puede suponer una violación a los derechos humanos? Es la primera gran incongruencia de la disposición de archivo del fiscal provincial”, declaró Julio Arbizu, abogado de las víctimas. 

 

Por su parte, la directora de Demus, María Ysabel Cedano, recordó que el único caso en el que el Estado ha reconocido responsabilidad penal es en el de Mamérita Mestanza, fallecida días después de la intervención quirúrgica de esterilización. “Pero el asunto es ¿Qué pasa con las demás víctimas y con los responsables políticos?”, acotó.  

 

Además, alertó su preocupación por el hecho de que el caso actualmente está en la Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa, quien ha sido ratificado como fiscal titular y, como corresponde, deberá ser removido.  

 

Al respecto, Julio Arbizu precisó que el fiscal entrante deberá ponerse al tanto del caso y esperó que sea designado como titular y no provisional. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”, puntualizó. 

Hay que recordar que el exfiscal de la Nación, José Peláez,  retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de segunda instancia Carmen Ibáñez,  a quien le correspondía por  ser su turno,  y lo  transfirió a Luis Antonio Landa, fiscal de  la Tercera Fiscalía Superior Nacional .Las organizaciones feministas  presentaron hace un año un pedido de nulidad por la decisión del exfiscal, pues alegan que se realizó sin la “debida motivación”, vulnerando el principio de fiscal natural.   

 

Exigen a Ministerio de la Mujer y Salud reparar a las víctimas  

 

La representante del Grupo de Seguimiento de las Reparación de víctimas de esterilizaciones forzadas, Ana María Vidal, exigió a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, y al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, la reparación integral -que pasa por el acceso a la salud y salud mental- de las miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento. 

En tanto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, hizo hincapié en que la esterilización de más de 300 mil mujeres y 22 mil hombres durante el segundo quinquenio del fujimorato, se trató de un delito de lesa humanidad, que no se tiene que dejar pasar. 

 

Por su parte, Liz Meléndez, miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Perú, añadió que se debe resaltar la impunidad en la que las esterilizaciones forzadas continúan. “La justicia es una utopía para las mujeres”, criticó.  

 

El caso de las esterilizaciones forzadas, en el punto de mira de los organismos internacionales de derechos humanos 

 

El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas, bajo el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000, para erradicar la pobreza. El programa alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones.  

En 1999, DEMUS, APRODEH, el Centro de Derechos Reproductivos, CLADEM y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida tras ser esterilizada de manera forzada en Cajamarca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2003 el Estado peruano y la CIDH suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa para el caso.  

 

Con este acuerdo, Perú aceptó su responsabilidad por la violación de derechos humanos y se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los responsables políticos que resulten implicados, así como a reparar a las víctimas siguiendo las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo. 

Autoridades judiciales se comprometen a proteger a víctimas de violación sexual

 En reunión con representantes de organizaciones de mujeres de todo el país, autoridades judiciales se comprometieron a velar por la protección de las víctimas de violencia sexual.

 

Organizaciones de mujeres a nivel nacional, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), expresaron una a una sus solicitudes para la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual, dentro del sistema de justicia del país. Durante la realización del Diálogo Ciudadano Nacional: Por el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, las representantes de los distritos judiciales de Arequipa, San Martín, Junín, Lima, Cajamarca y Huancavelica expresaron sus demandas.

 

La jueza suprema Janet Tello, recordó que durante muchos años ha compartido el objetivo de velar por la seguridad y protección de las víctimas de violencia sexual. “Trabajamos de manera directa en la ley que modificó las normas para que la declaración de menores de 14 años de edad sea única”, dijo.

 

Al mismo tiempo, acotó que se han dictado en el país muchas cadenas perpetuas y sanciones de 20 a 25 años en muchos casos; sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer.

 

Por su parte, durante su intervención, el viceministro de Justicia, José Ávila, señaló que el país tiene “Planes de lucha contra la violencia contra la mujer”; aunque admitió  que faltan muchas cosas por mejorar.

 

Anunció la construcción de un consultorio en la ciudad de Lima, que albergará a más de 40 profesionales, entre abogados, peritos, médicos y psicólogos. “Este proyecto que estamos haciendo gracias al financiamiento del Banco Mundial, es pensando en la mujer. Además vamos a dotar a la defensa pública de camionetas, motos. Pero no solo para Lima sino que vamos a solicitar vehículos para las provincias. Es un compromiso que va a fortalecer el sistema de justicia penal”, manifestó.

 

En tanto, las representantes de las organizaciones femeninas dieron a conocer las solicitudes para el cambio en el sistema judicial, entre ellas figura la necesidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es el ente encargado de elegir y renovar la vigencia de jueces y fiscales, tenga en cuenta, a la hora de evaluar a los postulantes, sus acciones en materia de enfoque de género y violencia contra la mujer, así lo expresó Elvira Chiquisuta, representante de San Martín.

 

Otro de los requerimientos que hicieron saber a las autoridades judiciales presentes, fue la necesidad de un presupuesto para mejorar la infraestructura y atención en la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), dependencia del Ministerio Público. “Necesitamos que la Udavit proteja a las víctimas de violación, en caso su agresor viva bajo el mismo techo”, agregó Doris Ramos, representante de Arequipa.

 

Además, también se expresó la urgente demanda de implementación de más cámaras gessel, que son salas especiales para obtener la declaración de las víctimas de agresiones sexuales.

 

En el país solo hay 30 de estas cámaras, las colas duran de dos a tres meses y solo se usa en caso la víctima sea menor de edad. El pedido también incluye que su utilización se extienda hacia mujeres mayores de 18 años.

 

Es responsabilidad del Ministerio Público, incluir una partida para este fin en sus planes presupuestales. Este será elevado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y finalmente deberá ser aprobado por el Congreso de la República en la Ley General de Presupuesto. Queda en manos de esas entidades.

 

Otra de las solicitudes es que, las declaraciones ofrecidas en las cámaras gessel, sean únicas durante el proceso de denuncia. Ello para la no revictimización de las mujeres violadas, con el fin de evitar que den una y otra vez su testimonio ante distintas instancias judiciales reviviendo el trauma que conlleva una violación sexual.

Esto es responsabilidad del Poder Judicial.

 

Durante un proceso judicial de violación sexual, algunos agresores aducen patrones socioculturales en donde el abuso contra la mujer es visto como una conducta normal. Para ello, la demanda también pasa por exigir pericias antropológicas y que no se le exonere de delito solo por presentar por esta condición.

 

La abogada Janet Llaja, asociada de DEMUS, realizó un sustento jurídico de las medidas y propuestas presentadas. “Estamos abordando el tema violencia sexual, lo que es histórico. Pero hay que seguir visibilizándolo”, dijo.

 

Finalmente, la directora de DEMUS, María Ysabel Cedano, añadió que la violación sexual contra la mujer es una de las expresiones más violentas del machismo y es necesario y urgente tratarlo y erradicarlo.

DESPUÉS DE 6 AÑOS SE RECONOCE DERECHO DE CAMBIO DE NOMBRE A MUJER TRANS

Poder Judicial ordenó al municipio de La Victoria y a RENIEC a modificar partida de nacimiento y DNI.

Tras vencer prejuicios discriminatorios que no reconocen como derechos la identidad sexual y de género, una mujer transexual logró, después de una batalla legal iniciada en el 2008, que el Poder Judicial ordene elcambio del nombre masculino con el que fue inscrita al nacer por el de mujer, con el que se identifica desde temprana edad.

La institución DEMUS, asesora del caso, saludó la Resolución N° 34 emitida el último noviembre (2014) por el vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a cargo de la jueza Hilda Sancarranco Cáceda,quien recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y ordenó a la Municipalidad de la Victoria y al RENIEC la modificación de la partida de nacimiento y del DocumentoNacional de Identidad. 

“El nombre es la designación con la cual se individualiza al sujeto y que le permite distinguirse de los demás (…) hace posible el ejercicio de derechos tales como la ciudadanía, la educación, la seguridad social, el trabajo y la obtención de una partida de nacimiento, entre otros” 1 , señala parte de la Sentencia Constitucional destacada en la resolución de la jueza Sancarranco.

La resolución afirma el derecho constitucional de toda persona a su identidad, integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar; por lo que declara fundada la demanda de esta mujer trans, ya quesolo a través del cambio de su prenombre, logrará el bienestar pretendido. Como es sabido, todos los derechos antes mencionados configuran el derecho a la personalidad jurídica reconocida por distintos organismos internacionales2.

DEMUS lamentó que en nuestro país los prejuicios de género y el rechazo a los derechos humanos de las personas LGTBI, particularmente de las transexuales, estén presentes también en las entidades estatales quetienen la obligación de fomentar y sancionar la discriminación por cualquier índole, lo que en este caso no sucedió.

Por el contrario, desde el inicio del proceso hace seis años, la Municipalidad de la Victoria y posteriormente RENIEC, deslegitimaron la demanda. Inclusive la comuna solicitó la tacha de los distintos documentos presentados (certificado de trabajo, constancia de estudios, entre otros documentos) por ser “impertinentes”. Al respecto, la Resolución Judicial rechazó la solicitud del Municipio y consideró válidos estos documentos para acreditar que esta persona venía utilizando un nombre de mujer en su vida pública, razón por la cual solicitó figure de ese modo en sus documentos de identidad.

Entre los considerandos añade que al no haber coincidencia entre su identidad de género y el sexo biológico con el que nació, optó por realizar los cambios para tener la apariencia femenina, género con el que se identifica; situación que si bien llenó sus expectativas físicas y psicológicas, le causó problemas en su entorno por la divergencia entre el aspecto logrado y el prenombre masculino asignado, “lo cual evidentemente será causa de permanente conflicto”.

La directora de DEMUS, María Ysabel Cedano, sostuvo que ésta es una lucha más que ganan las compañeras trans, pero que no puede ser a tan alto costo material, humano y simbólico. “Esto no puede volver aocurrir, una persona transexual no debe esperar más de seis largos años para que sus derechos humanos sean reconocidos y mucho menos sobrellevar un proceso cargado de prejuicios de género por parte de lasautoridades que representan al Estado”, subrayó.

Comité CEDAW preocupado por la impunidad y negación de reparaciones en los casos de esterilizaciones forzadas, violencia sexual y aborto terapéutico.

Expertas recomiendan al Estado peruano intensificar esfuerzos para lograr igualdad de género.

El Comité de Expertas que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), examinó al Estado peruano el 1° de julio en su 58° periodo de sesiones. El día de ayer este Comité hizo público su Informe Final en el que saludan los progresos del Estado en materia de no discriminación contra las mujeres, como la aprobación de la Guía Técnica Nacional para el procedimiento de Aborto Terapéutico[1].

Sin embargo señalan sus preocupaciones por la persistencia de barreras para el cumplimiento de la Convención y la vigencia de los derechos de las mujeres. El Comité CEDAW exhortó al Estado peruano a intensificar sus esfuerzos para lograr la igualdad de género mediante medidas a ser adoptadas por el Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Sistema de Justicia[2].

Al respecto insta al Estado peruano a prestar especial atención a las necesidades de las mujeres pobres, de zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, amazónicas, trabajadoras del hogar, lesbianas, bisexuales y transexuales[3]; quienes enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, no solo por su condición de género sino de étnico-racial, posición económica, clase u orientación sexual.

El Comité reitera su preocupación por la situación de impunidad respecto a las esterilizaciones forzadas y la violencia sexual durante el conflicto armado interno. En ambos casos las principales afectadas fueron mujeres pobres de las zonas rurales, andinas y amazónicas. Las expertas mencionaron que el caso de las mujeres esterilizadas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), no ha sido investigado de manera efectiva y que a la fecha estas mujeres no han recibido reparación[4]. El Comité CEDAW viene pronunciándose al respecto desde el año 2002 en que recomendó al Estado peruano evitar a futuro la repetición de estos hechos, así como procesar ante los tribunales a los responsables de esta violación del derecho a la salud.

Asimismo, las expertas cuestionan que hasta la fecha no se investiguen ni sancionen las violaciones a los derechos de las mujeres durante el conflicto armado interno, en especial las diferentes formas de violencia sexual. Por ello, recomiendan subsanar este vacío investigando, procesando y castigando a los responsables. Asimismo, insta al Estado peruano a reconocer y brindar reparaciones integrales a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia sexual[5].

En su Informe Final el Comité CEDAW destaca como una de las principales barreras para la igualdad de género, los obstáculos que las mujeres encuentran al momento de querer acceder a justicia, debido a la discriminación y estereotipos de género de operadores/as judiciales, fiscales y policiales. Ante esto insta al Estado a intensificar sus esfuerzos para modificar los patrones culturales que justifican la violencia hacia las mujeres y fortalecerlas capacidades de estos operadores y operadoras[6].

Asimismo, las expertas expresan en su Informe Final su preocupación por las dificultades lingüísticas y económicas que limitan el acceso de las mujeres a la justicia. Por ello, convocan al Estado a facilitar el acceso a una defensa gratuita y medidas de protección reales para las mujeres afectadas por alguna forma de violencia, desde un enfoque y prácticas interculturales de las y los operadores de justicia estatales[7].

Cabe mencionar, que en su Informe Final el Comité CEDAW llama la atención al Estado peruano por el incumplimiento de las resoluciones del Comité CEDAW y Comité de Derechos Humanos, respectivamente, en los casos de  LC y de KL por haber sufrido daños irreparables a su salud, cuando el Estado peruano les negó el acceso al aborto terapéutico. Por ello, recomienda agilizar y vigilar la aplicación de las resoluciones de esto tribunales internacionales[8]. Del mismo modo, recomienda al Perú legalizar el aborto en casos de violaciones sexuales, incesto y malformaciones graves en el feto[9].

Además, el Comité insta al Estado ratificar sin demora el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las/os trabajadoras/es domésticas/os; y establecer la igualdad de la protección social y los beneficios para este sector[10]. Alienta al Estado peruano a persistir en los esfuerzos para transformar los roles tradicionales de género, así como a aprobar una ley específica contra el acoso a las mujeres que hacen política[11].

Asimismo, las expertas del Comité CEDAW exhortan al Estado peruano a incrementar el presupuesto para fortalecer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con la finalidad de aumentar los recursos humanos y financieros para el cumplimiento adecuado de sus competencias y funciones a favor de la igualdad de género[12].

“Ante estas recomendaciones, DEMUS exhorta al Estado peruano en sus diferentes niveles, a dar cumplimiento a estas recomendaciones para garantizar la real igualdad de género”, precisó María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS.

Lima, 23 de julio de 2014.

Para conocer la versión completa en inglés del Informe de Observaciones Finales ante los reportes periódicos combinados 7mo y 8vo de Perú - CEDAW/C/PER/CO/7-8, revisar el siguiente enlace: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPER%2fCO%2f7-8&Lang=en

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[1] Nombre completo: “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción voluntaria por indicación terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal”.

[2] Párrafo 8 y 10 del Informe de Observaciones Finales ante los reportes periódicos combinados 7mo y 8vo de Perú - CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[3] Párrafo 40 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[4] Párrafo 21 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[5] Párrafo 22 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[6] Párrafo 18, 12 y 20 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[7] Ídem.

[8] Párrafo 12 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[9] Párrafo 36 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[10] Párrafo 32 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[11] Párrafo 26 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[12] Párrafo 14 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.