Cladem advierte que ley contra la violencia dejaría desprotegidas a las mujeres al momento de denunciar

 

• Ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar pone en peligro la protección a las mujeres víctimas de violencia, advierte Cladem.
• Habría colapso en el sistema de recojo de denuncias en las Comisarías y en los Juzgados Mixtos y de Familia.

La reciente Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (N° 30364) -promulgada hace cuatro semanas- dejaría desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia, por problemas en su implementación, advierte el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

A pesar que la norma propone agilizar el acceso a la justicia, ya que ahora la denuncia pasa en solo 24 horas desde la Comisaría al Juzgado de Familia o Mixto, y precisa que el juez debe resolver la medida de protección en máximo 72 horas; existen conflictos dentro de la regla.

La problemática surge porque en la Policía Nacional del Perú (PNP), no existe un consenso sobre las características de atestado que deben elaborar y remitir al Poder Judicial; incluso en algunas comisarías a nivel nacional no se reciben ni tramitan las nuevas denuncias. Todo esto podría generar que las denuncias de las víctimas no sean consideradas y queden fuera del proceso.

“Existe el riesgo de que la ley no se aplique adecuadamente porque se ha generado una incertidumbre en los operadores de justicia sobre la implementación”, explica  Jeannette Llaja, abogada de CLADEM. Agrega que al no existir una capacitación con respecto a la norma, “tenemos un Poder Judicial colapsado, una policía no sensibilizada, las denuncias de las víctimas podrían rebotar y salir del proceso”. 

Asimismo, Llaja considera que los juzgados mixtos y de familia no están en la capacidad de atender los casos tal y como está previsto en la norma, considerando su carga procesal, horario de trabajo y el escaso personal con el que cuentan.

Otro inconveniente es que los Centros de Emergencia Mujer y los servicios de defensa de las víctimas del Ministerio de Justicia a nivel nacional, no tienen los lineamientos para acompañar los casos: “Ante esta situación, las mujeres víctimas de violencia que están acudiendo a las autoridades se encontrarán desprotegidas y en mayor riesgo, porque las instituciones que integran la ruta de atención, se han encontrado con un nuevo proceso de la noche a la mañana”, manifiesta Cynthia Silva, abogada de CLADEM.

Añade que la falta de claridad, sumada a los “prejuicios machistas que persisten en muchos operadores, puede provocar que no se atiendan los casos por considerar que no son graves y que no merecen atención prioritaria”.  Por ello, Silva enfatiza que es indispensable fortalecer el servicio de defensa y acompañamiento de las víctimas.

Demandas

Los profesionales que integran CLADEM Perú esperan que se adopten medidas urgentes, pues nos encontramos cerca de las fiestas de fin de año y uno de los meses donde los índices de violencia aumentan es enero, según los Centros de Emergencia Mujer.

Por ende, demandan que se incluya presupuesto adicional para la implementación de la ley y se de acompañamiento a las denuncias. También que se instruya al personal policial a nivel nacional para asegurar que todas las comisarías tramiten las denuncias en 24 horas.

Además, piden la creación de nuevos juzgados especializados en familia para que se garantice el dictado de medidas de protección y cautelares dentro del plazo establecido por la ley (72 horas desde que se realiza la denuncia). En la misma línea, consideran necesario el establecimiento de lineamientos de actuación interinstitucional para la atención de diversos casos de violencia y que se realice una capacitación estandarizada para la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el personal de los servicios de atención pues de esa manera, se aplicará adecuadamente la ley.

Comité CEDAW preocupado por la impunidad y negación de reparaciones en los casos de esterilizaciones forzadas, violencia sexual y aborto terapéutico.

Expertas recomiendan al Estado peruano intensificar esfuerzos para lograr igualdad de género.

El Comité de Expertas que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), examinó al Estado peruano el 1° de julio en su 58° periodo de sesiones. El día de ayer este Comité hizo público su Informe Final en el que saludan los progresos del Estado en materia de no discriminación contra las mujeres, como la aprobación de la Guía Técnica Nacional para el procedimiento de Aborto Terapéutico[1].

Sin embargo señalan sus preocupaciones por la persistencia de barreras para el cumplimiento de la Convención y la vigencia de los derechos de las mujeres. El Comité CEDAW exhortó al Estado peruano a intensificar sus esfuerzos para lograr la igualdad de género mediante medidas a ser adoptadas por el Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Sistema de Justicia[2].

Al respecto insta al Estado peruano a prestar especial atención a las necesidades de las mujeres pobres, de zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, amazónicas, trabajadoras del hogar, lesbianas, bisexuales y transexuales[3]; quienes enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, no solo por su condición de género sino de étnico-racial, posición económica, clase u orientación sexual.

El Comité reitera su preocupación por la situación de impunidad respecto a las esterilizaciones forzadas y la violencia sexual durante el conflicto armado interno. En ambos casos las principales afectadas fueron mujeres pobres de las zonas rurales, andinas y amazónicas. Las expertas mencionaron que el caso de las mujeres esterilizadas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), no ha sido investigado de manera efectiva y que a la fecha estas mujeres no han recibido reparación[4]. El Comité CEDAW viene pronunciándose al respecto desde el año 2002 en que recomendó al Estado peruano evitar a futuro la repetición de estos hechos, así como procesar ante los tribunales a los responsables de esta violación del derecho a la salud.

Asimismo, las expertas cuestionan que hasta la fecha no se investiguen ni sancionen las violaciones a los derechos de las mujeres durante el conflicto armado interno, en especial las diferentes formas de violencia sexual. Por ello, recomiendan subsanar este vacío investigando, procesando y castigando a los responsables. Asimismo, insta al Estado peruano a reconocer y brindar reparaciones integrales a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia sexual[5].

En su Informe Final el Comité CEDAW destaca como una de las principales barreras para la igualdad de género, los obstáculos que las mujeres encuentran al momento de querer acceder a justicia, debido a la discriminación y estereotipos de género de operadores/as judiciales, fiscales y policiales. Ante esto insta al Estado a intensificar sus esfuerzos para modificar los patrones culturales que justifican la violencia hacia las mujeres y fortalecerlas capacidades de estos operadores y operadoras[6].

Asimismo, las expertas expresan en su Informe Final su preocupación por las dificultades lingüísticas y económicas que limitan el acceso de las mujeres a la justicia. Por ello, convocan al Estado a facilitar el acceso a una defensa gratuita y medidas de protección reales para las mujeres afectadas por alguna forma de violencia, desde un enfoque y prácticas interculturales de las y los operadores de justicia estatales[7].

Cabe mencionar, que en su Informe Final el Comité CEDAW llama la atención al Estado peruano por el incumplimiento de las resoluciones del Comité CEDAW y Comité de Derechos Humanos, respectivamente, en los casos de  LC y de KL por haber sufrido daños irreparables a su salud, cuando el Estado peruano les negó el acceso al aborto terapéutico. Por ello, recomienda agilizar y vigilar la aplicación de las resoluciones de esto tribunales internacionales[8]. Del mismo modo, recomienda al Perú legalizar el aborto en casos de violaciones sexuales, incesto y malformaciones graves en el feto[9].

Además, el Comité insta al Estado ratificar sin demora el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las/os trabajadoras/es domésticas/os; y establecer la igualdad de la protección social y los beneficios para este sector[10]. Alienta al Estado peruano a persistir en los esfuerzos para transformar los roles tradicionales de género, así como a aprobar una ley específica contra el acoso a las mujeres que hacen política[11].

Asimismo, las expertas del Comité CEDAW exhortan al Estado peruano a incrementar el presupuesto para fortalecer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con la finalidad de aumentar los recursos humanos y financieros para el cumplimiento adecuado de sus competencias y funciones a favor de la igualdad de género[12].

“Ante estas recomendaciones, DEMUS exhorta al Estado peruano en sus diferentes niveles, a dar cumplimiento a estas recomendaciones para garantizar la real igualdad de género”, precisó María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS.

Lima, 23 de julio de 2014.

Para conocer la versión completa en inglés del Informe de Observaciones Finales ante los reportes periódicos combinados 7mo y 8vo de Perú - CEDAW/C/PER/CO/7-8, revisar el siguiente enlace: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPER%2fCO%2f7-8&Lang=en

---

[1] Nombre completo: “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción voluntaria por indicación terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal”.

[2] Párrafo 8 y 10 del Informe de Observaciones Finales ante los reportes periódicos combinados 7mo y 8vo de Perú - CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[3] Párrafo 40 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[4] Párrafo 21 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[5] Párrafo 22 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[6] Párrafo 18, 12 y 20 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[7] Ídem.

[8] Párrafo 12 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[9] Párrafo 36 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[10] Párrafo 32 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[11] Párrafo 26 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

[12] Párrafo 14 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.

Mujeres demandan a autoridades que adopten medidas que garanticen acceso a justicia ante violencia sexual

Según un informe de la Defensoría del Pueblo persisten prejuicio y estereotipos de género en la judicialización,  revictimización y en más del 70% de los procesos judiciales por violencia sexual no se han dictado medidas de protección para las agraviadas.

Las mujeres víctimas de violencia sexual demandan reformas judiciales administrativas y procesales que garanticen el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, así las demandas de las mujeres es que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben efectivizar medidas de no revictimización y protección para las víctimas.

 

“El sistema de justicia es todavía hostil con las mujeres que denuncian, no las acoge, por eso muchas abandonan el proceso, y las denuncias terminan sin sentencia”, dice María Ysabel Cedano, abogada de Demus. Entre los años 2008 y 2010 el Ministerio Público recibió 71,225 denuncias por delitos contra la libertad sexual a nivel nacional. En el 2011 sumaron 8,189 denuncias en Lima y Callao. Sin embargo la brecha entre la magnitud de los casos declarados,  que se llegan a denunciar e investigar y los que llegan a sentencia es abismal. Prejuicios y estereotipos de género en el sistema de justicia rodean de impunidad a este delito que es una de las peores y sistemática formas de violencia contra las mujeres.

 

Por lo que una de las principales demandas de las mujeres es que la Academia de la Magistratura incorpore la perspectiva de género en su línea de formación fundamental obligatoria, y que se desarrolle de forma descentralizada (Junín, San Martín, Arequipa y Cajamarca) y que el Consejo Nacional de la Magistratura evalúe y considere a quiénes manejen la perspectiva de género e intercultural, para reducir los estereotipos y prejuicios machistas en la investigación y resolución de los casos.

 

Las víctimas mediante la iniciativa Diálogo Ciudadano que promueven Demus y organizaciones de mujeres a nivel nacional,  regional y local demandaron además  mejores condiciones para declarar en su idioma materno (caso Huancavelica), medidas para que declarar por única vez,  en salas acondicionadas para que haya condiciones de privacidad,  y mejor aún se requiere la creación y ampliación del número de Camaras Gessell y su uso en casos de violencia sexual de mujeres adultas. En Huancavelica no existe este mecanismo. En Arequipa, con más de 23 mil casos declarados, sólo hay una sola. En Cajamarca, con más de 24 mil casos declarados  sólo hay 2.

 

También demandaron otorgamiento de medidas de protección efectivas para de este modo garantizar el derecho  a la seguridad. Para ello, se debe fortalecer la unidad de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. Cabe destacar que para que estas propuestas se concreten se requiere de incrementos presupuestales que el Ministerio de Economía y Finanzas debe atender.

 

“Se debe priorizar medidas que garanticen una declaración única de las víctimas con valor probatorio ante personal interdisciplinario y calificado. A las víctimas no se les puede llamar a declarar una y otra vez, esa exposición la avergüenza y surgen amenazas de parte de los agresores por lo que demandan privacidad y seguridad en el proceso”, dice Cedano.

 

“Otro problema identificado es que los jueces en algunas regiones como Cajamarca, San Martín y Junín justifican  la violación a una menor de edad, bajo el argumento de que es la cultura y costumbre de la zona, y los hombres terminan siendo absueltos por una interpretación errada, cuando toda relación sexual con una menor de 14 años debe ser penada según la norma”, señala Cedano. Por ello, en Cajamarca, las mujeres han demandado que se estreche el trabajo con las rondas femeninas rurales.

 

Diálogo Ciudadano es un espacio impulsado por Demus y diversas organizaciones de mujeres en 6 regiones del país donde se vienen recogiendo las demandas y propuestas de mujeres que sufren violencia sexual. En todas las regiones se ha demandado su insttucionalización cada 25 de noviembre.

 

Cifras:

Más de 600 mil mujeres fueron víctimas de violación sexual de parte de sus compañeros, esposos, conviviente, según ENDES 2012, INEI.

Para este gobierno el problema de la violencia contra las mujeres no tiene ninguna prioridad

Solo el 0.07% del presupuesto del Poder Ejecutivo se ha venido destinando para  enfrentar el problema de la violencia familiar y sexual

Apenas el 0.07% del presupuesto del Poder Ejecutivo se ha venido destinando este año 2013 a enfrentar el problema de la violencia familiar y sexual porcentaje mínimo e insuficiente para responder en forma eficaz y con la debida diligencia a esta realidad que afecta a cuatro de cada 10 peruanas (ENDES, INEI 2012).

La información se desprende del análisis que a través del Portal de Transparencia Económica hizo la institución feminista DEMUS sobre el presupuesto público vigente y las asignaciones al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) y al Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (PNCVHM) 2009-2015, dependientes del MIMP.

Se constató que el pliego presupuestal del MIMP, ente rector de las políticas de igualdad de género y contra la violencia hacia la mujer, representó solo el 0.4% del presupuesto del gobierno nacional. De esa reducida asignación, el 19.2%, es decir 55,272,712 nuevos soles, se destina al PNCFVS para las acciones de prevención y atención a través de la Línea 100, 190 Centros de Emergencia Mujer (CEM), hogares refugio, Chat 100, Centros de Atención Integral (CAI) y el Servicio de Atención Urgente (SAU).

Si se divide el monto presupuestal referido entre las atenciones brindadas por los CEM y el SAU, se obtiene que la inversión promedio es de 26 soles por cada una de ellas, monto que puede inclusive disminuir si se tomaran en cuenta las otras prestaciones.

“Los hallazgos nos permiten afirmar  que el problema de la violencia contra las mujeres,  que en las últimas semanas se ha expresado en feminicidios, violaciones y acoso sexual, no es prioridad para el gobierno del presidente Humala. Si el presupuesto público es la expresión más concreta de voluntad política y compromiso podemos decir que la prevención, atención y sanción de los casos de violencia no figura en la agenda del actual régimen”, afirmó Jeannette Llaja Villena, directora de DEMUS.

El análisis también devela una curva descendente en el presupuesto para la prevención de la violencia y nula asignación al trabajo previsto con los medios de comunicación, pues los recursos se orientan hacia la atención, sin que ello signifique el incremento del número de atenciones, situación que daría cuenta de un necesario mejoramiento de su  sistema de gestión.

Al comparar las 42,537 atenciones que prestaron los CEM durante 2012 con las 629,203[1] mujeres víctimas de violencia familiar y sexual que potencialmente podrían haber requerido atención en dichos servicios en ese año,  se observa que estos habrían cubierto sólo un 6.8% del universo factible[2]. El estudio estima que para cubrir el 100% de los casos potenciales se hubiera requerido una asignación presupuestaria de por lo menos de 321,941,121.86 millones de soles, monto aproximado al presupuesto total asignado al sector (MIMP).

Igualmente respecto de sus presupuestos sectoriales, los Ministerios del interior y salud invierten apenas el 0.004% y 0,01% respectivamente.  En el caso de los Ministerios de Educación y Justicia no colocan información precisa en sus portales. 

Llaja Villena hizo un llamado a que en el próximo debate del pleno sobre el proyecto de ley del presupuesto público 2014, se considere una distribución de los ingresos que dé prioridad a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pues de lo contrario el problema persistirá.

Asimismo propuso al Ejecutivo que reconsidere la l la asignación de recursos vía los Programas Presupuestarios Estratégicos para la lucha contra las diversas formas de violencia contra las mujeres  que permita articular las asignaciones de montos a todos los sectores en forma obligatoria, sobre la base de resultados e indicadores.

---

[1] Cifra estimada sobre la base de reportes de la ENDES 2009 y 2012 para mujeres adultas en edad fértil, alguna vez unidas en pareja, víctimas de violencia familiar y sexual en los últimos doce meses antes de las encuestas.

[2]  Efectivamente, sólo el 5% de las víctimas acuden a los CEM (ENDES, INEI, 2012).