Expertas recomiendan
al Estado peruano intensificar esfuerzos para lograr igualdad de género.
El
Comité de Expertas que vigila el cumplimiento de la Convención para la
Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), examinó al
Estado peruano el 1° de julio en su 58° periodo de sesiones. El día de ayer este
Comité hizo público su Informe Final en el que saludan los progresos del Estado
en materia de no discriminación contra las mujeres, como la aprobación de la Guía Técnica Nacional para el procedimiento de Aborto
Terapéutico[1].
Sin
embargo señalan sus preocupaciones por la persistencia de barreras para
el cumplimiento de la Convención y la vigencia de los derechos de las mujeres. El
Comité CEDAW exhortó al Estado peruano a intensificar sus esfuerzos para lograr
la igualdad de género mediante medidas a ser adoptadas por el Poder Ejecutivo,
Congreso de la República y Sistema de Justicia[2].
Al
respecto insta al Estado peruano a prestar especial atención a las necesidades
de las mujeres pobres, de zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, amazónicas,
trabajadoras del hogar, lesbianas, bisexuales y transexuales[3];
quienes enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, no
solo por su condición de género sino de étnico-racial, posición económica,
clase u orientación sexual.
El
Comité reitera su preocupación por la situación de impunidad respecto a las
esterilizaciones forzadas y la violencia sexual durante el conflicto armado
interno. En ambos casos las principales afectadas fueron mujeres pobres de las
zonas rurales, andinas y amazónicas. Las expertas mencionaron que el caso de las
mujeres esterilizadas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar (1996-2000), no ha sido investigado de manera efectiva y
que a la fecha estas mujeres no han recibido reparación[4]. El
Comité CEDAW viene pronunciándose al respecto desde el año 2002 en que
recomendó al Estado peruano evitar a futuro la repetición de estos hechos, así
como procesar ante los tribunales a los responsables de esta violación del
derecho a la salud.
Asimismo,
las expertas cuestionan que hasta la fecha no se investiguen ni sancionen las
violaciones a los derechos de las mujeres durante el conflicto armado interno,
en especial las diferentes formas de violencia sexual. Por ello, recomiendan subsanar
este vacío investigando, procesando y castigando a los responsables. Asimismo,
insta al Estado peruano a reconocer y brindar reparaciones integrales a las mujeres
víctimas de todas las formas de violencia sexual[5].
En
su Informe Final el Comité CEDAW destaca como una de las principales barreras
para la igualdad de género, los obstáculos que las mujeres encuentran al
momento de querer acceder a justicia, debido a la discriminación y estereotipos
de género de operadores/as judiciales, fiscales y policiales. Ante esto insta
al Estado a intensificar sus esfuerzos para modificar los patrones culturales
que justifican la violencia hacia las mujeres y fortalecerlas capacidades de
estos operadores y operadoras[6].
Asimismo,
las expertas expresan en su Informe Final su preocupación por las dificultades
lingüísticas y económicas que limitan el acceso de las mujeres a la justicia.
Por ello, convocan al Estado a facilitar el acceso a una defensa gratuita y
medidas de protección reales para las mujeres afectadas por alguna forma de
violencia, desde un enfoque y prácticas interculturales de las y los operadores
de justicia estatales[7].
Cabe
mencionar, que en su Informe Final el Comité CEDAW llama la atención al Estado
peruano por el incumplimiento de las resoluciones del Comité CEDAW y Comité de
Derechos Humanos, respectivamente, en los casos de LC y de KL por haber sufrido daños
irreparables a su salud, cuando el Estado peruano les negó el acceso al aborto
terapéutico. Por ello, recomienda agilizar y vigilar la aplicación de las
resoluciones de esto tribunales internacionales[8]. Del
mismo modo, recomienda al Perú legalizar el aborto en casos de violaciones
sexuales, incesto y malformaciones graves en el feto[9].
Además,
el Comité insta al Estado ratificar sin demora el Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las/os trabajadoras/es domésticas/os; y
establecer la igualdad de la protección social y los beneficios para este
sector[10]. Alienta
al Estado peruano a persistir en los esfuerzos para transformar los roles
tradicionales de género, así como a aprobar una ley específica contra el acoso
a las mujeres que hacen política[11].
Asimismo,
las expertas del Comité CEDAW exhortan al Estado peruano a incrementar el
presupuesto para fortalecer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP), con la finalidad de aumentar los recursos humanos y financieros para el
cumplimiento adecuado de sus competencias y funciones a favor de la igualdad de
género[12].
“Ante
estas recomendaciones, DEMUS exhorta al Estado peruano en sus diferentes
niveles, a dar cumplimiento a estas recomendaciones para garantizar la real
igualdad de género”, precisó María Ysabel Cedano García, directora de DEMUS.
Lima, 23
de julio de 2014.
Para
conocer la versión completa en inglés del Informe de Observaciones Finales
ante los reportes periódicos combinados 7mo y 8vo de Perú - CEDAW/C/PER/CO/7-8,
revisar el siguiente enlace: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPER%2fCO%2f7-8&Lang=en
[1] Nombre completo: “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la
Atención Integral de la gestante en la Interrupción voluntaria por indicación
terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el
marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal”.
[2] Párrafo 8 y 10 del Informe de Observaciones Finales ante los reportes
periódicos combinados 7mo y 8vo de Perú - CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[3]
Párrafo 40 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
[4]
Párrafo 21 del Informe CEDAW/C/PER/CO/7-8.
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