Organizaciones de DDHH saludan la creación de Registro de Víctimas de esterilizaciones forzadas y exigen que se garantice acceso a salud y justicia

·      Señalan que las asociaciones de víctimas deben participar en el proceso de reglamentación de sus derechos.

DEMUS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Reproductivos, Aprodeh, Cladem, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF), saludan como un primer paso para la justicia, verdad y una política de reparaciones, el Decreto Supremo (nº 006-2015-JUS) oficializado hoy por el presidente de la República, Ollanta Humala, que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea en Registro de Víctimas.

Tras 18 años de impunidad, reconocemos la importancia de que, a través de un registro, se identifique el universo de víctimas y se garantice el acceso a la justicia, aunque se espera que el Estado admita también su propia responsabilidad en los hechos ocurridos a raíz de una política nacional que vulneró los derechos humanos de miles de mujeres y hombres.

“Saludamos la voluntad política expresada en el Decreto Supremo y destacamos que el Estado peruano avance en los cumplimientos adquiridos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza que murió a causa de la esterilización forzada. Pero es necesaria la participación de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas en el proceso de reglamentación de las políticas en este caso”, sostuvo María Ysabel Cedano, directora de Demus.

Las organizaciones saludan que el Estado peruano haya tomado en consideración la serie de recomendaciones y exhortaciones efectuadas desde la sociedad civil y los grupos representados por las víctimas de esterilizaciones forzadas.

Sin embargo, precisan que existen vacíos en el Decreto Supremo que deben ser tomados en cuenta por los ministerios de Justicia, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Salud que tendrán a su cargo la reglamentación del registro y el acceso a justicia y salud de las víctimas.

Uno de estos aspectos, es considerar que los Centro de Emergencia Mujer (CEM), a quienes se ha encargado la atención psicológica de las víctimas, no son viables para ejecutar esa tarea, debido a sus deficiencias logísticas.

Asimismo, se espera la creación de un sistema especial de protección a las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Sistema Integral de Salud (SIS), que –entre otros beneficios- amplíe la cobertura para atención a nivel nacional.

 

 

“Creemos que la atención integral debe darse de acuerdo a la afectación de cada caso, de cada mujer, y que la atención de la salud mental de las víctimas podría buscar mecanismos adecuados para este tipo de reparaciones”, señaló Ana María Vidal del GREF.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos esperan que en el corto plazo el Gobierno de turno fije una política de reparaciones para las víctimas de esterilizaciones que incluya acceso a programas de emprendimiento económico, productivos y de trabajo, acceso a programas sociales, vivienda e indemnizaciones.

“Desde el 2003 que firmamos el Acuerdo de Solución Amistosa en la CIDH, hemos exigido que las investigaciones se realicen en el marco de los estándares interamericanos, que se investigue con la debida diligencia y se tomen medidas para que estos hechos no se repitan”, señaló Ana María Palacios, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.

En exhortación final, las organizaciones manifiestan que las acciones en favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas deben ir acompañadas de unasdisculpas públicas por tratarse de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos desde el Estado.

Víctimas de esterilizaciones forzadas exigen se judicialice el caso

• Hace un año, organizaciones de mujeres presentaron un recurso de queja por archivamiento parcial del caso, hasta ahora no hay judicialización. 
  

Hace más de un año, en enero de 2014, se archivó parcialmente la investigación fiscal del caso de esterilizaciones forzadas, lo cual dejó fuera de responsabilidad penal al expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. 

El abogado del caso, el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, agregó que, más allá de establecer investigaciones preliminares contra autores materiales (personal médico) del delito, no existe una imputación a los autores mediatos. A ello se le agrega el serio estancamiento a nivel fiscal, puesto que no hay una judicialización del caso. 

 

“Tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no solo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”, manifestó Arbizu. 

 

Asimismo, consideró que existe una seria contradicción -y que es parte del recurso de queja presentado hace un año- al abrir investigación a autores materiales de esterilizaciones forzadas por homicidio negligente, sin dolo. A pesar de esa atribución, el fiscal declara archivado el caso con respecto a la responsabilidad penal de Fujimori y sus ministros como caso de violación de derechos humanos. 

 

“¿Cómo un homicidio sin dolo puede suponer una violación a los derechos humanos? Es la primera gran incongruencia de la disposición de archivo del fiscal provincial”, declaró Julio Arbizu, abogado de las víctimas. 

 

Por su parte, la directora de Demus, María Ysabel Cedano, recordó que el único caso en el que el Estado ha reconocido responsabilidad penal es en el de Mamérita Mestanza, fallecida días después de la intervención quirúrgica de esterilización. “Pero el asunto es ¿Qué pasa con las demás víctimas y con los responsables políticos?”, acotó.  

 

Además, alertó su preocupación por el hecho de que el caso actualmente está en la Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa, quien ha sido ratificado como fiscal titular y, como corresponde, deberá ser removido.  

 

Al respecto, Julio Arbizu precisó que el fiscal entrante deberá ponerse al tanto del caso y esperó que sea designado como titular y no provisional. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”, puntualizó. 

Hay que recordar que el exfiscal de la Nación, José Peláez,  retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de segunda instancia Carmen Ibáñez,  a quien le correspondía por  ser su turno,  y lo  transfirió a Luis Antonio Landa, fiscal de  la Tercera Fiscalía Superior Nacional .Las organizaciones feministas  presentaron hace un año un pedido de nulidad por la decisión del exfiscal, pues alegan que se realizó sin la “debida motivación”, vulnerando el principio de fiscal natural.   

 

Exigen a Ministerio de la Mujer y Salud reparar a las víctimas  

 

La representante del Grupo de Seguimiento de las Reparación de víctimas de esterilizaciones forzadas, Ana María Vidal, exigió a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, y al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, la reparación integral -que pasa por el acceso a la salud y salud mental- de las miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento. 

En tanto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, hizo hincapié en que la esterilización de más de 300 mil mujeres y 22 mil hombres durante el segundo quinquenio del fujimorato, se trató de un delito de lesa humanidad, que no se tiene que dejar pasar. 

 

Por su parte, Liz Meléndez, miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Perú, añadió que se debe resaltar la impunidad en la que las esterilizaciones forzadas continúan. “La justicia es una utopía para las mujeres”, criticó.  

 

El caso de las esterilizaciones forzadas, en el punto de mira de los organismos internacionales de derechos humanos 

 

El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas, bajo el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000, para erradicar la pobreza. El programa alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones.  

En 1999, DEMUS, APRODEH, el Centro de Derechos Reproductivos, CLADEM y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida tras ser esterilizada de manera forzada en Cajamarca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2003 el Estado peruano y la CIDH suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa para el caso.  

 

Con este acuerdo, Perú aceptó su responsabilidad por la violación de derechos humanos y se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los responsables políticos que resulten implicados, así como a reparar a las víctimas siguiendo las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo. 

Presentan documental sobre Esterilizaciones Forzadas en el Perú

DÍA: 19 de diciembre

HORA: 5.30 pm

LUGAR: Auditorio del Hotel Los Pinos,  Jr. La Mar 521

Este viernes 19 de diciembre las 5.30 de la tarde se presentará el documental “Cicatrices del engaño”,  el cual narra el drama de las esterilizaciones forzadas en el Perú, bajo el mandato de Alberto Fujimori durante los años 1996-2000. Durante este periodo se esterilizó a casi 300 000 mujeres  y 22 mil varones, 18 mujeres fallecieron tras estas operaciones en contra de su voluntad. A la fecha más de 2000 mujeres han denunciado haber sido víctimas de un esterilización forzada.

La proyección se llevará a cabo en  el auditorio del Hotel Los Pinos, y contará con la presencia de Julio  Arbizu, abogado de víctimas de esterilización forzada, y por el equipo de Hiperactiva Comunicaciones.

Este documental recoge testimonios de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Piura. Asimismo, expone el estado actual del caso a nivel judicial y a nivel de desarrollo de políticas públicas de reparación.

“Cicatrices del engaño”  es una producción de Hiperactiva Comunicaciones con el apoyo de: DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el CMP "Flora Tristán".

Documental íntegro: https://www.youtube.com/watch?v=DCOSkhkO7Ww

ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIONES FORZADAS

Copeticionarias informan a la CIDH de irregularidades y falta de voluntad política del Estado peruano

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer denunciaron irregularidades en el proceso.

Manifestaron su preocupación por la impunidad y falta de autonomía y de rigurosidad por parte del Ministerio Público, expresada en el rumbo que ha seguido hasta el momento la investigación preliminar y la impugnación de la resolución que archivó el caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados al expresidente, Alberto Fujimori y sus exministros de Salud.

El abogado de las víctimas de esterilizaciones forzadas que patrocina DEMUS y exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, señaló que este caso tiene 18 años sin judicializarse. “Siempre se ha quedado en etapa preliminar y se ha archivado una serie de veces por razones evidentemente antijurídicas”.

El caso se reabrió en 2011; sin embargo hubo un archivo parcial del fiscal Marco Guzmán Baca con respecto a la responsabilidad penal de Alberto Fujimori y los ministros de Salud de su régimen. Guzmán Baca solo formalizó la acusación contra algunos autores materiales, no todos, por el delito de homicidio culposo (negligente).

“Existe una contradicción, puesto que el fiscal sostiene que estos delitos son graves violaciones a los derechos humanos. Nuestra posición es procesar tanto a los autores materiales como a los mediatos. Para muchos juristas nacionales y extranjeros, aquí se utilizó todo un aparato de poder para perpetrar estos crímenes brutales contra el cuerpo de mujeres y hombres, tratándoles como mercancía en una suerte de efecto maltusiano de políticas públicas”, argumentó Arbizu.

“Lo que sucedió después del archivo parcial de la denuncia -continúa el defensor de las víctimas-, es que la competencia debía recaer en una fiscal superior (Dra. Ibáñez); sin embargo, el fiscal provincial (Guzmán Baca) demoró la elevación de la queja, de tal manera que esta fue a competencia de un fiscal distinto, es decir, Luis Landa”.

Frente a las quejas de las víctimas, el propio fiscal coordinador, en una reunión en marzo ante la CIDH, se comprometió, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa, a hacer que la fiscal natural permaneciera en la competencia.

Una vez en Lima, la fiscal llamada por ley se abocó al conocimiento de la queja, pero comunicó al Fiscal de la Nación que por la magnitud y complejidad del caso, ella necesitaba de recursos logísticos y humanos para actuar con rigor en el caso.

En respuesta a esa solicitud, el fiscal de la Nación, en esa época José Peláez Bardales, respondió quitándole la competencia y concediéndosela al fiscal que había conocido inicialmente el caso, Luis Landa.

“Esperamos, en principio, que la resolución a esta queja esté acorde a derecho. Esperamos que tome en cuenta una serie de argumentos sobre el tema de fondo que tiene que ver con la existencia de un aparato organizado de poder como contexto de los crímenes que se han cometido. Que se revise la responsabilidad de todos los imputados y no solo de autores materiales”, manifestó Julio Arbizu.

En la conferencia de prensa se hicieron presentes la excongresista Anel Townsend, la exministra de la Mujer, Aída García Naranjo, entre otros representantes de las víctimas de esterilizaciones forzadas.

PRESENTAN TACHA CONTRA GUZMÁN BACA

Durante la conferencia de prensa se dio a conocer la tacha interpuesta contra la candidatura a Fiscal Superior de Marco Guzmán Baca, quien archivó el caso de esterilizaciones de tal manera que ni el expresidente Alberto Fujimori ni sus ministros, pudieran ser procesados penalmente.

La presidenta del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), Josefa Ramírez Peña, habló fuerte en contra de la postulación de Guzmán Baca a Fiscal Superior.

“Este fiscal, cuando fue el año pasado a Huancabamba, él tenía pensado, en su programa, entrevistar a 10 mujeres del pueblo cercano a la ciudad. No se imaginó que iba a tener que entrevistar a 200 mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas”, comentó Ramírez.

“En ese momento- agregó la representante de las mujeres andinas- supimos que ese señor decía las cosas a medias. Prometió que iban a subir los médicos legistas a Huancabamba, que coordinaría con el Instituto de Medicina Legal de Lima para que suban a esta ciudad y al Cusco. Esto hasta el día de hoy no se cumplido. Él se ha burlado de las mujeres”.

Proponen medidas para garantizar justicia y reparación a víctimas de esterilizaciones forzadas.

18 años de impunidad en el caso de esterilizaciones forzadas:

Co- peticionarias informan a la CIDH de irregularidades y falta de voluntad política del Estado peruano para resolver este caso.

 

Organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no hay avances de parte del Estado peruano frente a víctimas de esterilizaciones forzadas, puesto que no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a los responsables del delito de lesa humanidad.

Ayer, 29 de octubre de 2014, las organizaciones Aprodeh, Cladem, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), el Centro de derechos reproductivos (CDR) y DEMUS, co peticionarias del caso 12191 “Mamérita Mestanza” v. el Estado peruano, sobre esterilizaciones forzadas; sostuvieron una reunión de trabajo sobre la falta de cumplimiento satisfactorio del Acuerdo de solución amistosa.

Las co- peticionarias manifestaron su preocupación por la impunidad, falta de autonomía y de rigurosidad del Ministerio Público, expresadas en el rumbo que ha seguido hasta el momento la investigación preliminar y la impugnación de la resolución que archivó el caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados al ex presidente Fujimori y sus ex -ministros de Salud.
 

Esta resolución reconoce que las esterilizaciones forzadas configuraron graves violaciones a los derechos humanos, pero sólo responsabiliza a algunos funcionarios públicos por la comisión de delitos culposos, desconociendo la existencia de un aparato organizado de poder, evitando la atribución de responsabilidad a los autores mediatos.
 

María Ysabel Cedano, directora de DEMUS señaló: "Preocupa, por un lado, que las líneas de investigación no se hayan desarrollado de manera comprensiva, ya que no se ha analizado el contexto en el que ocurrieron los hecho. Asimismo, llama la atención las irregularidades procesales cometidas en el marco de la investigación penal del caso".
 

Exigen cambio de fiscal
 

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos cuestionaron la competencia del Fiscal que resolverá la queja interpuesta, ya que no es el llamado por ley. Exigieron que el Estado subsane de una vez por todas las irregularidades procesales y de fondo que se vienen cometiendo en esta investigación. Gloria Cano, Directora de APRODEH, llamó a que se respete el principio de fiscal natural  sin dejar margen a la sospecha de manipulación política alguna.
 

También cuestionaron que en la investigación y la resolución, el caso de Mamérita Mestanza se trate como un caso aislado, cuando es emblema de una política de Estado que sistemáticamente esterilizó de manera forzosa a miles de mujeres y hombres de zonas rurales y urbano populares de nuestro país, quechuablantes y en situación de pobreza, que en muchos casos no comprendieron a que se sometían.
 

En cuanto a las reparaciones, exigieron que las relacionadas a salud y educación para las y los familiares de Mestanza sean efectivizadas tal y como lo indica el Acuerdo de Solución Amistosa, suscrito en 2003. Asimismo, la representante de CLADEM, Cristina Zurutuza,  señaló que el gobierno del presidente Humala debe garantizar una política reparaciones integrales para todas las víctimas de este crimen.
 

Patrón sistemático de graves violaciones a los DD.HH
 

De acuerdo con el informe presentado por el fiscal Marco Guzmán Baca el presente año, se estima que existen 10,000 mujeres presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas en todo el territorio nacional.
 

Un total de 1,448 mujeres (Cuzco 830,  Piura 410 y Cajamarca 208)[1] fueron  llamadas a declarar. Actualmente existen 2,074 víctimas incluidas en el expediente de investigación penal de Mestanza.
 

Estas cifras, así como otros estudios, demuestran que las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y 2000 no constituyen, en modo alguno, hechos aislados, excesos, ni mucho menos actos de negligencia cometidos por personal médico y profesionales de la salud. Por el contrario esto muestra que se trata de un delito de lesa humanidad, que se impulso y ejecutó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado por el ex- presidente Alberto Fujimori.

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[1] Informe N° 01-2012-2oFPS-MP-FN, Fiscal Marco Guzmán Baca, 2012.

 

PETICIONES SOLICITADAS AL ESTADO PERUANO
 

1.         Garantice el apego a la ley en todo aspecto relacionado con la investigación penal y respete el principio de juez natural en su aplicación a la fiscalía a cargo de investigar el presente caso. En consecuencia, que reconozca la nulidad de lo actuado y se tomen prontamente las medidas necesarias para garantizar la actuación de la fiscal natural suministrándole todos los recursos financieros y humanos necesarios.

2.         Conduzca una investigación en forma pronta, imparcial, independiente y efectiva a fin de identificar tanto a los autores materiales e inmateriales de los delitos y conduzca una investigación que incluya y reconozca el contexto y patrón de las esterilizaciones forzadas en el Perú y la gravedad de las conductas por su grave vulneración a derechos humanos fundamentales.

3.         Se cumpla con las reparaciones integrales en materia de salud para los familiares de Mamérita Mestanza a través del acceso efectivo a un servicio médico especializado y completo que reconozca y responda a su situación de víctima de violación a derechos humanos. Para ello, el Estado debe actualizar los registros en la localidad de La Encañada para que los familiares de Mestanza puedan acceder sin limitaciones a los servicios de salud. También debe  diseñar  e implementar un certificado de identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares que garantice el acceso de manera comprehensiva e integral a los servicios de salud, con reconocimiento de su situación de víctima de violaciones a derechos humanos.

4.         Otorgue un estipendio que incluye transporte, alimentación, hospedaje que le permita a los familiares de Mestanza hacer efectivo su derecho de acceso a la educación, en conformidad con lo solicitado por los beneficiarios.

5.         Cree un Programa de Reparaciones Integrales para todas las víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas en el marco de la aplicación del Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva.

6.         Establezca un cronograma de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Solución Amistosa y  los que se decidan en esta reunión.

 

El Estado peruano deberá responder este petitorio en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso de Mamérita Mestanza.

Parlamento Andino demanda al Estado peruano que garantice una investigación exhaustiva y efectiva sobre esterilizaciones forzadas

·         Asimismo, la Misión de Observación del Parlamento Andino insta al Ejecutivo a que repare de manera integral a las víctimas.

·         Esta Misión redactará un informe que presentará al  Estado Peruano e instancias internacionales.

 

El cauce de las investigaciones del caso de esterilizaciones forzadas y la situación de las mujeres víctimas de este crimen ha alertado a la Misión de Observación del Parlamento Andino, -conformada a raíz del archivamiento de la causa el 22 de enero del caso por el fiscal Marco Guzmán Baca, y propuesta por los parlamentarios peruanos Hilaria Supa y Alberto Adrianzén-, tras entrevistarse con más de un centenar de  mujeres esterilizadas de manera forzada en Cusco.

 

“Constatamos en todos los testimonios recibidos que las esterilizaciones forzadas que se presentaron en el Perú fueron parte de una política criminal, y constatamos por las denuncias y testimonios, que son hechos que vulneran profundamente la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres hasta el día de hoy porque no han sido reparadas ni atendidas de ninguna forma por el Estado peruano”, denuncia Gloria Flórez, parlamentaria andina de Colombia, quien añade que estas mujeres tampoco han obtenido justicia incumpliendo así el Estado la obligación contraída ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el Acuerdo de Solución Amistosa, a raíz del caso emblemático de Mamérita Mestanza, por el que se comprometió a “investigar, individualizar a los responsables, sancionar y reparar a las víctimas”.

 

“El Programa Nacional de Salud Reproductiva y  de Planificación Familiar [bajo gobierno de Alberto Fujimori] no fue de planificación sino un programa para exterminar a los indígenas, nuestra cultura, nuestra raza”, declaró Pedro de la Cruz, presidente del Parlamento Andino, de Ecuador.

 

El caso de esterilizaciones forzadas no está cerrado y estaba siendo revisado por Carmen Ibáñez, Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional. Sin embargo, el entonces Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, en una resolución emitida el 23 abril, dispuso que el caso sea remitido a Luis Antonio Landa, fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional.

 

“Nos alarma y nos preocupa no solo el intento que hubo de cerrar el caso, que es gravísimo y violatorio de los derechos humanos, catalogado claramente por el derecho internacional como de crimen de lesa humanidad. Sino por el cambio de Fiscal”, afirma la parlamentaria Gloria Flores, que añade: “Consideramos que la Fiscal Ibáñez,- y esa es una solicitud que le vamos a dirigir con mucha fuerza al Fiscal-, debería volver a tener conocimiento del caso, entre otros, porque no es una fiscal provisional y puede garantizar que lleve a feliz término y con toda la contundencia que amerita el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú”. Asimismo, la Misión de Observación del Parlamento Andino  informó en rueda de prensa que, en la audiencia que ha mantenido con el recién nombrado Fiscal de la Nación, Dr. Carlos Ramos Heredia, se ha comprometido este a “apoyar plenamente la investigación”.

 

“Estoy andando hace 15 años con la denuncia de las esterilizaciones forzadas. En el Perú no nos escuchan, no encontramos justicia y los fiscales siguen archivando el caso. No queremos que quede impune este crimen de lesa humanidad. Exijo al Fiscal que el caso retorne a la fiscal Carmen Ibáñez porque no  hay una motivación para que le retire del caso, y además Ibáñez es titular”, explica la parlamentaria Hilaria Supa.

 

Hay que recordar que la organización Demus alertó de que existían irregularidades tras estas resoluciones emitidas por Peláez en relación a las competencias sobre el caso de esterilizaciones forzadas, ya que de acuerdo al abogado Julio Arbizu: “No hay una motivación, ni siquiera aparente, que justifique la decisión de retirar la competencia de la fiscal Ibáñez y trasladársela a otro fiscal”. “Hay intereses detrás de este caso que conllevan irregularidades”, aseveraba María Ysabel Cedano.

 

La Misión de parlamentarios andinos elaborará un informe-tras mantener reuniones con actores involucrados- con recomendaciones, que presentará al Estado Peruano, a los gobiernos de la Comunidad Andina y a las instancias regionales e internacionales.

 

El proceso de revisión en que se encuentra el caso de las  más de 2 mil mujeres esterilizadas mediante engaños y amenazas-18 de las cuales murieron- no cuenta con un plazo para que se determine una resolución. Mientras, las mujeres siguen a la espera de que el crimen cometido contra ellas se considere como un crimen de lesa humanidad y no se perpetúe la impunidad tras 18 años sin reparación y justicia.