Víctimas de esterilizaciones forzadas exigen se judicialice el caso

• Hace un año, organizaciones de mujeres presentaron un recurso de queja por archivamiento parcial del caso, hasta ahora no hay judicialización. 
  

Hace más de un año, en enero de 2014, se archivó parcialmente la investigación fiscal del caso de esterilizaciones forzadas, lo cual dejó fuera de responsabilidad penal al expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. 

El abogado del caso, el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, agregó que, más allá de establecer investigaciones preliminares contra autores materiales (personal médico) del delito, no existe una imputación a los autores mediatos. A ello se le agrega el serio estancamiento a nivel fiscal, puesto que no hay una judicialización del caso. 

 

“Tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no solo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”, manifestó Arbizu. 

 

Asimismo, consideró que existe una seria contradicción -y que es parte del recurso de queja presentado hace un año- al abrir investigación a autores materiales de esterilizaciones forzadas por homicidio negligente, sin dolo. A pesar de esa atribución, el fiscal declara archivado el caso con respecto a la responsabilidad penal de Fujimori y sus ministros como caso de violación de derechos humanos. 

 

“¿Cómo un homicidio sin dolo puede suponer una violación a los derechos humanos? Es la primera gran incongruencia de la disposición de archivo del fiscal provincial”, declaró Julio Arbizu, abogado de las víctimas. 

 

Por su parte, la directora de Demus, María Ysabel Cedano, recordó que el único caso en el que el Estado ha reconocido responsabilidad penal es en el de Mamérita Mestanza, fallecida días después de la intervención quirúrgica de esterilización. “Pero el asunto es ¿Qué pasa con las demás víctimas y con los responsables políticos?”, acotó.  

 

Además, alertó su preocupación por el hecho de que el caso actualmente está en la Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa, quien ha sido ratificado como fiscal titular y, como corresponde, deberá ser removido.  

 

Al respecto, Julio Arbizu precisó que el fiscal entrante deberá ponerse al tanto del caso y esperó que sea designado como titular y no provisional. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”, puntualizó. 

Hay que recordar que el exfiscal de la Nación, José Peláez,  retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de segunda instancia Carmen Ibáñez,  a quien le correspondía por  ser su turno,  y lo  transfirió a Luis Antonio Landa, fiscal de  la Tercera Fiscalía Superior Nacional .Las organizaciones feministas  presentaron hace un año un pedido de nulidad por la decisión del exfiscal, pues alegan que se realizó sin la “debida motivación”, vulnerando el principio de fiscal natural.   

 

Exigen a Ministerio de la Mujer y Salud reparar a las víctimas  

 

La representante del Grupo de Seguimiento de las Reparación de víctimas de esterilizaciones forzadas, Ana María Vidal, exigió a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, y al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, la reparación integral -que pasa por el acceso a la salud y salud mental- de las miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento. 

En tanto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, hizo hincapié en que la esterilización de más de 300 mil mujeres y 22 mil hombres durante el segundo quinquenio del fujimorato, se trató de un delito de lesa humanidad, que no se tiene que dejar pasar. 

 

Por su parte, Liz Meléndez, miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Perú, añadió que se debe resaltar la impunidad en la que las esterilizaciones forzadas continúan. “La justicia es una utopía para las mujeres”, criticó.  

 

El caso de las esterilizaciones forzadas, en el punto de mira de los organismos internacionales de derechos humanos 

 

El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas, bajo el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000, para erradicar la pobreza. El programa alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones.  

En 1999, DEMUS, APRODEH, el Centro de Derechos Reproductivos, CLADEM y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida tras ser esterilizada de manera forzada en Cajamarca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2003 el Estado peruano y la CIDH suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa para el caso.  

 

Con este acuerdo, Perú aceptó su responsabilidad por la violación de derechos humanos y se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los responsables políticos que resulten implicados, así como a reparar a las víctimas siguiendo las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo. 

Presentan documental sobre Esterilizaciones Forzadas en el Perú

DÍA: 19 de diciembre

HORA: 5.30 pm

LUGAR: Auditorio del Hotel Los Pinos,  Jr. La Mar 521

Este viernes 19 de diciembre las 5.30 de la tarde se presentará el documental “Cicatrices del engaño”,  el cual narra el drama de las esterilizaciones forzadas en el Perú, bajo el mandato de Alberto Fujimori durante los años 1996-2000. Durante este periodo se esterilizó a casi 300 000 mujeres  y 22 mil varones, 18 mujeres fallecieron tras estas operaciones en contra de su voluntad. A la fecha más de 2000 mujeres han denunciado haber sido víctimas de un esterilización forzada.

La proyección se llevará a cabo en  el auditorio del Hotel Los Pinos, y contará con la presencia de Julio  Arbizu, abogado de víctimas de esterilización forzada, y por el equipo de Hiperactiva Comunicaciones.

Este documental recoge testimonios de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Piura. Asimismo, expone el estado actual del caso a nivel judicial y a nivel de desarrollo de políticas públicas de reparación.

“Cicatrices del engaño”  es una producción de Hiperactiva Comunicaciones con el apoyo de: DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el CMP "Flora Tristán".

Documental íntegro: https://www.youtube.com/watch?v=DCOSkhkO7Ww

Sociedad civil exige justicia y reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas

“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus. La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima,  a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca,  que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.

 

El primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un delito, y como precisa Rossy Salazar, “hay suficientes evidencias dentro del expediente fiscal”. Además, denuncian que el propio fiscal no ha cumplido con el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2.074 mujeres, se debía explicar caso por caso, sin embargo, la resolución sólo ha hecho mención al suceso de Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención.

 

Y por último, la consideración de que se han  fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad, a través de los informes y memorándums señalados como con las declaraciones de las más de 2 mil  mujeres que  han contado cómo han sido “engañadas, amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para cumplir con estas metas”, explica Salazar.

 

“Esterilizaciones forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!”, es el reclamo que hacen las mujeres víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil  tras la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta 2001. Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales. Es el caso de Sabina Huillca procedente de Cusco. “Me indigna este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?”, se pregunta indignada.

 

 

Mientras la parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. “Este Estado nunca ha reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas”, dice.

 

“El Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de  las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.”, explica Mariel Távara, responsable de línea psicológica de Demus.

 

“En estos 17 años mi vida ha sido duro, no poder ser madre fue una frustración muy grande. Nuestro testimonio debe valer mucho más que un papel. Nosotras solamente queremos justicia, y es indignante que siempre tengamos que estar pidiendo por favor la justicia”, se lamenta Victoria Vigo víctima de la esterilización forzada.

 

“La decisión de archivamiento es contraproducente, porque el espíritu de reapertura del caso es contrario a lo que se ha decidido, y abusiva, porque se juzga como si los responsables hubieran sido los médicos, cuando todos sabemos que ha sido una política nacional cuyo responsable fue el mismo gobierno de Fujimori y sus ministros”, señala Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, otra víctima mortal de las 18 que se han registrado por esta causa.

 

Así, representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDHH) y Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer) demandaron justicia y reparación a las víctimas tras la presentación de la acción legal emprendida ante la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicado.

 

“A dos años y medio del gobierno de Ollanta Humala y frente a su compromiso con las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas demandamos al Ejecutivo reparación a todas las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir buscando justicia. “No vamos a dejar que estos delitos de lesa humanidad queden impunes”, finalizó María Ysabel Sedano directora de Demus.

 

Dato:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vería en marzo caso de esterilizaciones forzadas.

Fiscalía archiva investigaciones contra Alberto Fujimori y sus ex ministros sobre las Esterilizaciones Forzadas

Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, expresó hoy su indignación por la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicados en las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante el régimen fujimorista, con lo cual se extendería el manto de la impunidad sobre una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país.

 

La institución feminista deploró la Resolución, con fecha 22 de enero de 2014, emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.

 

Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas.

 

Demus informó que ayer 23 de enero, el titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Marco Guzmán Baca, emitió la referida notificación que pondría fin a la investigación fiscal que se reinició en noviembre del 2012 ante el exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia donde se monitorea el Acuerdo de Solución Amistosa en torno al caso de María Mamérita Mestanza Chávez, víctima mortal de esterilización forzada, y que involucra a 2,074 mujeres denunciantes a nivel nacional.

 

Ante la CIDH el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, lo que se desdice con la decisión fiscal.

 

La Resolución señala que los hechos denunciados no constituirían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático de parte de Alberto Fujimori. Y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado por falta de dolo de parte de los ex ministros, asesores y directores de salud.

 

Demus sostiene que con esa apreciación, el fiscal no toma en cuenta la política estatal vigente entre los años 1996-2000, que era de conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori, los titulares de Salud de ese periodo y de los funcionarios, quienes ordenaban y monitoreaban el cumplimiento de las metas establecidas, que tuvo como consecuencia un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento.

 

“Esta resolución vulnera, nuevamente, el derecho a la verdad y al acceso a justicia y reparación de las víctimas de esterilización forzada en nuestro país”, remarcó la institución que junto con otras organizaciones de derechos humanos ha venido acompañando el caso de Mamérita Mestanza.

 

Subrayó que las esterilizaciones forzadas implican delitos contemplados en la legislación penal peruana y constituyen graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo al sistema internacional de derechos humanos, configurando un crimen de lesa humanidad por haber sido una práctica sistemática y generalizada, que amerita investigación y sanción.

 

La primera investigación fiscal se archivó en mayo del 2009 durante el gobierno aprista, y en este 2014, un poco más de cuatro años después, la justicia nacional le cierra sus puertas una vez más a las miles de peruanas esterilizadas forzadamente que siguen con las secuelas de ese hecho violento en sus vidas. El Estado les responde con la impunidad.