“El
fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de
los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las
metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar
para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que
iban a tener”, denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus. La abogada
precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la
esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la
Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima,
a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca,
que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex
ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus
asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva
y Planificación Familiar 1996-2000.
El
primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba
pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un
delito, y como precisa Rossy Salazar, “hay suficientes evidencias dentro del
expediente fiscal”. Además, denuncian que el propio fiscal no ha cumplido con
el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2.074 mujeres, se
debía explicar caso por caso, sin embargo, la resolución sólo ha hecho mención
al suceso de Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación
quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la
intervención.
Y
por último, la consideración de que se han
fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el
expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad, a través
de los informes y memorándums señalados como con las declaraciones de las más
de 2 mil mujeres que han contado cómo han sido “engañadas,
amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y
declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para
cumplir con estas metas”, explica Salazar.
“Esterilizaciones
forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!”, es el reclamo que hacen las mujeres
víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil tras la decisión del Ministerio Público de
librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las
esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta
2001. Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que
promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de
zonas rurales. Es el caso de Sabina Huillca procedente de Cusco. “Me indigna
este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos
leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?”, se pregunta indignada.
Mientras
la parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las
mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. “Este Estado nunca ha
reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas”, dice.
“El
Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre
sus cuerpos. Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión
en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también
se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.”, explica Mariel Távara,
responsable de línea psicológica de Demus.
“En
estos 17 años mi vida ha sido duro, no poder ser madre fue una frustración muy
grande. Nuestro testimonio debe valer mucho más que un papel. Nosotras
solamente queremos justicia, y es indignante que siempre tengamos que estar
pidiendo por favor la justicia”, se lamenta Victoria Vigo víctima de la
esterilización forzada.
“La
decisión de archivamiento es contraproducente, porque el espíritu de reapertura
del caso es contrario a lo que se ha decidido, y abusiva, porque se juzga como
si los responsables hubieran sido los médicos, cuando todos sabemos que ha sido
una política nacional cuyo responsable fue el mismo gobierno de Fujimori y sus
ministros”, señala Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, otra víctima mortal
de las 18 que se han registrado por esta causa.
Así, representantes de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos (CNNDDHH) y Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de
la Mujer y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la
defensa de los Derechos de la Mujer) demandaron justicia y reparación a las
víctimas tras la presentación de la acción legal emprendida ante la
decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los
funcionarios públicos implicado.
“A dos años y medio del gobierno de Ollanta Humala
y frente a su compromiso con las mujeres víctimas de las esterilizaciones
forzadas demandamos al Ejecutivo reparación a todas las víctimas y reafirmamos
nuestro compromiso de seguir buscando justicia. “No vamos a dejar que estos
delitos de lesa humanidad queden impunes”, finalizó María Ysabel Sedano directora
de Demus.
Dato:
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vería en marzo caso
de esterilizaciones forzadas.
