ü 14 miembros del Ejército
fueron acusados de violar sexualmente a mujeres
en la región de Huancavelica.
ü Huancavelica fue el segundo
departamento del país con mayor porcentaje de violaciones sexuales durante el
conflicto armado (1980-2000).
14 miembros del Ejército fueron acusados de violar sexualmente a
mujeres en la región de Huancavelica. Las penas que ha
solicitado la Tercera Fiscalía Superior Nacional oscilan entre los ocho hasta los 20 años de
cárcel. Este es el segundo caso que será enjuiciado como delito de lesa
humanidad, de los 19 denunciados a nivel nacional. En la
actualidad, hay registradas en el país más de 4.405 mujeres víctimas de
violación sexual, inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), durante
el conflicto armado interno (1980-2000), de éstas sólo 2.963 han recibido una
reparación únicamente económica. Sin embargo ninguna ha obtenido todavía justicia.
“Consideramos esta decisión un avance en materia de justicia. La
acusación fiscal, se constituye como parte del proceso de reparación para las
víctimas, lo que ayuda a menguar el dolor de las afectadas y el proceso de
recuperación de sus proyectos de vida”, explica María Ysabel Cedano, directora
de Demus, organización que defiende a tres de las víctimas. “Estamos a la
expectativa de que la Sala Penal Nacional fije fecha para el inicio del juicio
oral”, afirma.
Huancavelica fue el cuarto departamento del país donde hubo más muertos
y desaparecidos, un total de 782 personas registró la CVR. Asimismo, este
departamento fue el segundo que registró un mayor número de violaciones
sexuales. En una región, además, que
estaba entre las cinco más pobres de Perú. El 83% aproximadamente de los estos
actos en el país son imputables al Estado, y un 11% corresponde a los grupos
subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA, de acuerdo a este informe (de los
572 casos que documentó). Las víctimas eran en su mayoría quechuahablantes (75%
de los casos), de origen rural (83%), campesinas o amas de casa, entre los 20 y 29 años (120%), y entre 10 y 9 a 19
años (100%). La CVR concluye que “tiene evidencias que le permiten concluir que
“en relación al Estado la violencia sexual fue una práctica generalizada y
subrepticiamente tolerada pero en casos abiertamente permitida por los
superiores inmediatos”.
Violaciones sexuales como estrategia militar
Hace más de 30 años, en marzo de 1984, llegaron a las localidades de
Manta y Vilca (Huancavelica) miembros del Ejército peruano con el fin de
contrarrestar las acciones terroristas de Sendero Luminoso en la zona, para lo
cual construyeron una base militar. Sin embargo, utilizaron ese espacio para
cometer actos de tortura, violencia física y sexual en contra de la población.
La Base Militar que se instaló en Manta estuvo activa durante catorce años. Al
interior, ocurrían ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, torturas,
desapariciones forzadas, entre otros.
Las violaciones sexuales eran
comunes, debido al enorme poder político y al manto de impunidad que
revestía a los militares, así como la excesiva permisividad por parte de sus
mandos. En Manta y Vilca, así como en otras ciudades de Perú, se violó sexualmente
a las mujeres -como estrategia militar o como parte de ella- en el periodo del
conflicto armado. “Se trató de una práctica sistemática”, asevera Cedano.
El largo camino
hacia la Justicia
En el 2004, se realizaron las primeras
investigaciones preliminares en la Fiscalía de Huancavelica. En el 2007, se
formalizó la denuncia realizada por las víctimas y posteriormente se inició el
proceso penal. El expediente se
encontraba en la Tercera Fiscalía Superior Nacional desde noviembre de
2013. En marzo, después de un año y
medio de tensa espera, finalmente el fiscal a cargo formuló acusación contra los 14
miembros del Ejército, entre oficiales, sub oficiales y personal de tropa,
sindicados de cometer estos crímenes. Las penas que ha solicitado fiscalía oscilan
entre los ocho hasta los 20 años de privación de la libertad.
