Escribe
Carlos Herz
El
Gobierno ha aprobado un nuevo Decreto Supremo (DS N°054-2013-PCM),
esta vez atentatorio contra el patrimonio cultural arqueológico con el
consabido argumento de reducir trabas a la inversión privada, que ya se ha
utilizado para evitar la consulta previa, considerado como un impedimento antes
que como un derecho ciudadano.
Este DS
atenta contra la integridad del patrimonio arqueológico ya que simplifica los
procedimientos para que los proyectos de inversión sean acelerados. Esta
simplificación suena bien y de hecho, debería ser aplicada efectivamente en
todas las oficinas públicas. Pero no a costa de la protección de los sitios
arqueológicos.
Obviamente
con este DS y con el puenteo a las comunidades sobre la Consulta Previa, se
nota que las grandes empresas interesadas han ganado una vez más la pugna con
este gobierno.
El DS
elimina la figura de la Evaluación Arqueológica. ¿Qué era la evaluación
arqueológica? Un paso previo para conseguir el CIRA e implicaba hacer un
trabajo de reconocimiento y prospección para ver en superficie la existencia de
restos arqueológicos. También, de ser pertinente, se hacían excavaciones de
prueba porque muchas veces no hay restos en superficie pero sí debajo de ésta.
Ahora las
empresas ya no necesitan hacer esta evaluación arqueológica y de frente van a
pedir el CIRA presentando únicamente las coordenadas del área donde van a
trabajar. El Ministerio de Cultura sólo tiene 20 días hábiles para chequear si
dentro del área hay restos arqueológicos.
Aquí
viene el problema simplemente porque aproximadamente sólo el 10% de los sitios
en el país están incluidos en el catastro oficial. Además, con cada prospección
y evaluación que se hace en campo, se siguen descubriendo más sitios. Esto
quiere decir que el MC le da luz verde a las empresas para operar en lugares
donde no tiene idea si hay sitios o no.
Lo que
dice el DS es que debe haber un monitoreo arqueológico durante las operaciones.
Esta figura ya existía y se aplicaba. Pero se hacía como segunda medida de
precaución porque previamente se había hecho la evaluación. Ahora, los
arqueólogos van a tener que estar pendientes de todas las operaciones de la
empresa al mismo tiempo y esto es imposible. Así como también es bastante
difícil poder detener las operaciones si es que se encuentran restos.
De esta
manera el gran riesgo es que todos los restos medianos y pequeños se van a
destruir y sólo se preservarán, a medias, los restos más grandes. Es decir, los
que serían ya muy difíciles de "hacer desaparecer".
Creo que
se requiere reacciones rápidas y no creo que vengan del mismo Ministerio de
Cultura que tampoco ha actuado frente al puenteo a la consulta previa, tema de
su incumbencia.
