Escribe José
De Echave*
Parece
que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones. El propio presidente
peruano acaba de anunciar un primer paquete de reformas para impulsar las
inversiones en el país que coincide con los pedidos que provenían de los
gremios empresariales y sus escribidores.
¿Cuáles son algunas de
las principales medidas anunciadas y que sin duda generan inquietudes?
La
primera es la creación de un equipo de ejecutivos o gestores que se encargarán
de darle seguimiento a la implementación de los proyectos de inversión. Este
esquipo estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. La gran
interrogante es cómo se conformará este equipo. ¿Estará integrado solamente por
gestores próximos a la Confiep o al Instituto Peruano de Economía o será algo
realmente balanceado? ¿Incluirán a representantes de la sociedad civil,
sectores académicos, representantes de organizaciones sociales? ¿Serán tomados
en cuenta especialistas en aspectos sociales y los impactos ambientales de los
proyectos?
Una
segunda medida apunta a que el acceso a terrenos para obras de infraestructura
se agilice, gracias a una reciente ley que separa el acto de expropiación del
pago de un justiprecio. De esta manera se busca acelerar un conjunto de
proyectos de infraestructura, sin tomar en cuenta que este tema ha sido fuente
de varios conflictos en varias regiones del país.
Otra
medida tiene relación con el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que aplica el
silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia
de Restos Arqueológicos, para que los empresarios privados y el propio Estado
certifiquen que no existen sitios arqueológicos en las zonas en donde se
pretenden desarrollar proyectos de inversión. Cabe señalar que, como han
señalado algunos expertos, esta norma vulnera las obligaciones internacionales
contraídas por el Perú (UNESCO y otros protocolos internacionales) para la
protección de nuestro patrimonio arqueológico.
Quizás
una de las medidas del paquete que más preocupa tiene que ver con el decreto
supremo 060-2013-PCM, publicado el pasado 25 de mayo, que busca agilizar la
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y
semidetallados. Desde ahora estos estudios deberán ser aprobados en menos de
100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de
este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representa los
EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los
ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en
esos plazos y el nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE) recién
comenzará a operar desde abril del próximo año.
Lo cierto
es que este primer paquete despierta justificadas preocupaciones. No está mal
que un gobierno busque desarrollar proyectos de inversión en beneficio del
país; sin embargo no tomar en cuenta lo que la propia realidad nos ha venido
mostrando en los últimos años (la mayoría de conflictos tienen que ver con
demandas sociales y ambientales), es una demostración que estamos frente a una
gestión que ha perdido los necesarios equilibrios sociales y ambientales. ¿Cómo
serán los próximos paquetes?
Cada vez
son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad que
muestra el gobierno frente a las presiones de los principales grupos
económicos. Pasó con el tema de Repsol y la posible compra de sus activos,
luego con el entrampamiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y
ahora con este paquete de promoción de las inversiones. Con mucha razón los que
perdieron las elecciones deben sentir que al final ganaron.
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*José De
Echave, economista y experto en temas mineros, ex viceministro de Gestión
Ambiental del Perú y miembro de la ONG CooperAcción.
