Los
procesos de consulta previa implementados hasta el momento están poniendo en
tela de juicio la eficacia de ésta para velar por los derechos colectivos de
los pueblos indígenas. En los últimos meses se ha venido desarrollando dos procesos emblemáticos: Hidrovía Amazónica
y Lote 192; precisamente en este último, el Estado ha dado por concluida
unilateralmente la consulta previa a
pesar que, hasta la fecha, de las 27 propuestas realizadas por las comunidades
indígenas, 5 no han tenido respuestas,
17 estuvieron siendo debatidas con los
equipo de asesores, y solo en 5
existe consenso.
Se complica
consulta en el Lote 192
Una carta enviada por las Federaciones Indígenas de las cuencas
del río Pastaza y Corrientes dirigida al Presidente Ollanta Humala -con fecha
20 de agosto- critica seriamente la etapa de diálogo, y ha sido el detonante
para que el Estado diera por concluido el proceso, pese a haber temas
pendientes. Así, el oficio de respuesta dada por el Ministerio de Energía y
Minas, a través del Director General Asuntos Ambientales Energéticos, Renato
Baluarte, señala “por no haber tenido respuesta sobre las propuestas del Estado
y no tener respuesta para retomar el diálogo o plantear una fecha alternativa
(…) corresponde al Estado concluir la
etapa de diálogo intercultural y proceder con la etapa de decisión al no
haberse alcanzado acuerdos.
En esta comunicación se acusa a las comunidades de supeditar los
acuerdos a la determinación de una propuesta de beneficios. Estas afirmaciones llaman la atención pues
fue el Estado, quien en la reunión del 14 de agosto, fecha en que se retomó el
diálogo entre el Estado y las federaciones de FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y
ORIAP, puso como único punto a tratar el tema de beneficios.
En dicha reunión solo
formalizaron acuerdos alcanzados con
anterioridad con FECONAT y ORIAP,
organizaciones con las que el Estado se había reunido por separado. Ambas federaciones aceptaron la propuesta de
un aporte de 0.75% del valor de la
producción fiscalizada del lote, monto
que debía ser empleado en proyectos de
desarrollo y vigilancia ambiental. Esta situación generó desconcierto en las
comunidades FECONACO y FEDIQUEP, pues
ambas organizaciones no aceptaron el monto, alegando que era muy pequeño
considerando la producción del lote. En los días posteriores sus principales
líderes han expresado su descontento: “El Estado tenía preparada una estrategia, ellos
han pensado que condicionándonos vamos a firmar aceptando el 0.75%, pero
nosotros estamos solicitando el 2,5%, son 45 años que nosotros hemos aportado
con nuestros recursos, ¿cómo es posible que nos ofrezcan el 0.75%? señala
Aurelio Chino Dahua, presidente de FEDIQUEP, y agrega que lamenta la desunión
entre las comunidades que integran el Lote 192.
Nuevo
operador Lote 192
El
Lote 192 que produce el 17% del crudo nacional, estará a cargo de Pacific
Stratus Energy (antes Pacific Rubiales),
compañía canadiense con sede en Toronto y oficinas en Bogotá, Colombia,
operador cuestionado por despojos, violaciones de derechos humanos y serios problemas ambientales en Colombia. Esta petrolera sufrió una fuerte crisis
financiera, registrando pérdidas por un monto de 722 millones de dólares en el
primer trimestre del 2015, atribuida a la baja significativa del precio de los
hidrocarburos.
Además,
Pacific Stratus Energy no es empresa nueva en nuestro país, opera los lotes Z-1
en Tumbes, lotes 135 y 137 en Loreto, Lote 138 en Ucayali y Lote 116 en
Amazonas, precisamente en este último ha ocasionado grandes impactos negativos
contaminantes. “Hay graves denuncias de las poblaciones debido a la
contaminación en el Lote 116, no sería una buena noticia para la gente el
ingreso de Pacific al Lote 192” comenta el Abogado Juan Carlos Ruiz del
Instituto de Defensa Legal (IDL).
Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y
Acción Práctica (CAAAP) señala que se trata de una empresa canadiense que tiene
una presencia importante en Colombia y que en Perú tiene un número importante
de lotes petroleros. Manifiesta que en el caso del Lote 116, las organizaciones
indígenas vienen exigiéndole al Estado que suspenda las actividades de
exploración y se inicie un proceso de consulta previa.
Cabe señalar que Pacific fue seleccionada pese a que hubo una
oferta mayor. Mientras que ésta ofreció
40 millones de dólares, Omega tuvo una propuesta de 54 millones de dólares, y
además se comprometió a desarrollar programas sociales con las comunidades que
están en las zonas de influencia del lote. Fuentes oficiales informaron que
Omega no ganó la concesión debido a que produce menos de 3 mil barriles de
petróleo al día y es considerada una empresa pequeña para encargarse de uno de
los lotes más importantes del país.
Peligra
remediación
La empresa Pluspetrol Norte S.A. -que administró el Lote 192 por
15 años- culmina su contrato de explotación del Lote 192 el 29 de agosto, y por
increíble que parezca, no tiene un Plan de abandono aprobado por el Estado. El
Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas presentaron
observaciones al plan Pluspetrol, y hasta la fecha no existe otro proyecto de
remediación.
A ello se suma que el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), inició un proceso en
el cual sanciona a Pluspetrol por no cumplir con la remediación de los lugares
afectados por la actividad extractiva, los cuales han contaminado agua, aire y
suelo de los territorios que ocupan el Lote 192. Según el OEFA, Pluspetrol debe
resarcir el daño causado aún después de culminado su contrato. Sin embargo hay
un silencio gubernamental en cuanto al tema.
“El Plan de Abandono fue
desaprobado por el OEFA, ya que no absolvió las observaciones en relación al
cierre de 92 sitios impactos que no fueron inicialmente considerados. Se supone
que cuando se desaprueba un plan se debe presentar otro. Esperamos que el
Estado tenga los instrumentos legales para exigir a Pluspetrol que cumpla con
sus obligaciones ambientales”, sostiene Leyva.
Agrega que es
totalmente legítimo dudar de Pluspetrol, más aun teniendo en cuenta que ya se
vence el plazo de las operaciones. “Depende mucho del Estado peruano fiscalizar
y garantizar que se cumpla con la remediación”.
Consulta de Hidrovía Amazónica vuelve a etapa
informativa
Otra
consulta en cuestión es la del proyecto Hidrovía Amazónica, proyecto que pretende integrar la Amazonía peruana
mediante una red fluvial que atravesará los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y
Amazonas. El proceso de consulta se inició
debido a una acción de amparo presentado por la organización indígena
ACODECOSPAT contra Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), y actualmente este proceso ha regresado a la etapa informativa, porque
las comunidades indígenas vienen demandando mayor transparencia e información
en cuanto a impactos ambientales y sociales
de la mega obra.
En
la última reunión entre el Estado y las comunidades indígenas de Loreto y
Ucayali se llegó a un acuerdo con el MTC, así el acta suscrito señala que el
proceso se extenderá hasta setiembre, y volverá a atravesar la fase de
evaluación, y finalizará con el diálogo.
“Nuestra propuesta ha sido aprobada en un
100%, hemos llegado a un acuerdo con el MTC después de varias propuestas y
contrapropuestas. Nos parece justo que el Estado vuelva a brindar información
porque las comunidades lo necesitan, a fines de setiembre estaremos nuevamente
en la etapa de diálogo”, señala Jorge Pérez, presidente de la Organización
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO.
Por
su parte Leyva agrega que un proceso
como este requiere plazos razonables, pues se debe garantizar un diálogo
intercultural, eso supone también ser flexibles con las etapas y con el tiempo.
“La consulta
previa debe ser una política clara, que responda a un convencimiento por parte
del Estado. La consulta, lejos de ahuyentar la inversión, lo que hace es tratar
de llegar a resultados positivos en términos de ganancias para los empresarios,
respeto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos; esto haría que las
inversiones sean sostenibles y se traduciría en la reducción de conflictos
sociales y ambientales” concluye Vega.
