Consultas previas alrededor de dos proyectos ponen en tela de juicio de cómo se están llevando estos procesos

Los procesos de consulta previa implementados hasta el momento están poniendo en tela de juicio la eficacia de ésta para velar por los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En los últimos meses se ha venido desarrollando  dos procesos emblemáticos: Hidrovía Amazónica y Lote 192; precisamente en este último, el Estado ha dado por concluida unilateralmente la consulta previa  a pesar que, hasta la fecha, de las 27 propuestas realizadas por las comunidades indígenas, 5  no han tenido respuestas, 17 estuvieron siendo debatidas con los  equipo de asesores,  y solo en 5 existe consenso.

Se complica consulta en el Lote 192

Una carta enviada por las Federaciones Indígenas de las cuencas del río Pastaza y Corrientes dirigida al Presidente Ollanta Humala -con fecha 20 de agosto- critica seriamente la etapa de diálogo, y ha sido el detonante para que el Estado diera por concluido el proceso, pese a haber temas pendientes. Así, el oficio de respuesta dada por el Ministerio de Energía y Minas, a través del Director General Asuntos Ambientales Energéticos, Renato Baluarte, señala “por no haber tenido respuesta sobre las propuestas del Estado y no tener respuesta para retomar el diálogo o plantear una fecha alternativa (…) corresponde al Estado concluir la etapa de diálogo intercultural y proceder con la etapa de decisión al no haberse alcanzado acuerdos.

En esta comunicación se acusa a las comunidades de supeditar los acuerdos a la determinación de una propuesta de beneficios.  Estas afirmaciones llaman la atención pues fue el Estado, quien en la reunión del 14 de agosto, fecha en que se retomó el diálogo entre el Estado y las federaciones de FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ORIAP, puso como único punto a tratar el tema de beneficios.

En dicha reunión  solo formalizaron  acuerdos alcanzados con anterioridad con FECONAT y ORIAP,  organizaciones con las que el Estado se había reunido por separado.  Ambas federaciones aceptaron la propuesta de un aporte de  0.75% del valor de la producción fiscalizada del lote,  monto que debía ser empleado en  proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental. Esta situación generó desconcierto en las comunidades  FECONACO y FEDIQUEP, pues ambas organizaciones no aceptaron el monto, alegando que era muy pequeño considerando la producción del lote. En los días posteriores sus principales líderes han expresado su descontento: “El Estado tenía preparada una estrategia, ellos han pensado que condicionándonos vamos a firmar aceptando el 0.75%, pero nosotros estamos solicitando el 2,5%, son 45 años que nosotros hemos aportado con nuestros recursos, ¿cómo es posible que nos ofrezcan el 0.75%? señala Aurelio Chino Dahua, presidente de FEDIQUEP, y agrega que lamenta la desunión entre las comunidades que integran el Lote 192.

Nuevo operador Lote 192

El Lote 192 que produce el 17% del crudo nacional, estará a cargo de Pacific Stratus Energy (antes Pacific  Rubiales), compañía canadiense con sede en Toronto y oficinas en Bogotá, Colombia, operador cuestionado por despojos, violaciones de derechos humanos y serios problemas ambientales en Colombia. Esta  petrolera sufrió una fuerte crisis financiera,  registrando pérdidas  por un monto de 722 millones de dólares en el primer trimestre del 2015, atribuida a la baja significativa del precio de los hidrocarburos.

Además, Pacific Stratus Energy no es empresa nueva en nuestro país, opera los lotes Z-1 en Tumbes, lotes 135 y 137 en Loreto, Lote 138 en Ucayali y Lote 116 en Amazonas, precisamente en este último ha ocasionado grandes impactos negativos contaminantes. “Hay graves denuncias de las poblaciones debido a la contaminación en el Lote 116, no sería una buena noticia para la gente el ingreso de Pacific al Lote 192” comenta el Abogado Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Acción Práctica (CAAAP) señala que se trata de una empresa canadiense que tiene una presencia importante en Colombia y que en Perú tiene un número importante de lotes petroleros. Manifiesta que en el caso del Lote 116, las organizaciones indígenas vienen exigiéndole al Estado que suspenda las actividades de exploración y se inicie un proceso de consulta previa.

Cabe señalar que Pacific fue seleccionada pese a que hubo una oferta mayor. Mientras que ésta  ofreció 40 millones de dólares, Omega tuvo una propuesta de 54 millones de dólares, y además se comprometió a desarrollar programas sociales con las comunidades que están en las zonas de influencia del lote. Fuentes oficiales informaron que Omega no ganó la concesión debido a que produce menos de 3 mil barriles de petróleo al día y es considerada una empresa pequeña para encargarse de uno de los lotes más importantes del país.

Peligra remediación

La empresa Pluspetrol Norte S.A. -que administró el Lote 192 por 15 años- culmina su contrato de explotación del Lote 192 el 29 de agosto, y por increíble que parezca, no tiene un Plan de abandono aprobado por el Estado. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas presentaron observaciones al plan Pluspetrol, y hasta la fecha no existe otro proyecto de remediación.

A ello se suma que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), inició un proceso en el cual sanciona a Pluspetrol por no cumplir con la remediación de los lugares afectados por la actividad extractiva, los cuales han contaminado agua, aire y suelo de los territorios que ocupan el Lote 192. Según el OEFA, Pluspetrol debe resarcir el daño causado aún después de culminado su contrato. Sin embargo hay un silencio gubernamental en cuanto al tema.

“El Plan de Abandono fue desaprobado por el OEFA, ya que no absolvió las observaciones en relación al cierre de 92 sitios impactos que no fueron inicialmente considerados. Se supone que cuando se desaprueba un plan se debe presentar otro. Esperamos que el Estado tenga los instrumentos legales para exigir a Pluspetrol que cumpla con sus obligaciones ambientales”, sostiene Leyva.

Agrega que es totalmente legítimo dudar de Pluspetrol, más aun teniendo en cuenta que ya se vence el plazo de las operaciones. “Depende mucho del Estado peruano fiscalizar y garantizar que se cumpla con la remediación”.

Consulta de Hidrovía Amazónica vuelve a etapa informativa

Otra consulta en cuestión es la del proyecto Hidrovía Amazónica, proyecto que  pretende integrar la Amazonía peruana mediante una red fluvial que atravesará los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas.  El proceso de consulta se inició debido a una acción de amparo presentado por la organización indígena ACODECOSPAT contra Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y actualmente este proceso ha regresado a la etapa informativa, porque las comunidades indígenas vienen demandando mayor transparencia e información en cuanto a impactos ambientales y sociales  de la mega obra.

En la última reunión entre el Estado y las comunidades indígenas de Loreto y Ucayali se llegó a un acuerdo con el MTC, así el acta suscrito señala que el proceso se extenderá hasta setiembre, y volverá a atravesar la fase de evaluación, y finalizará con el diálogo.

 “Nuestra propuesta ha sido aprobada en un 100%, hemos llegado a un acuerdo con el MTC después de varias propuestas y contrapropuestas. Nos parece justo que el Estado vuelva a brindar información porque las comunidades lo necesitan, a fines de setiembre estaremos nuevamente en la etapa de diálogo”, señala Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO.

Por su parte Leyva agrega que un proceso como este requiere plazos razonables, pues se debe garantizar un diálogo intercultural, eso supone también ser flexibles con las etapas y con el tiempo.

“La consulta previa debe ser una política clara, que responda a un convencimiento por parte del Estado. La consulta, lejos de ahuyentar la inversión, lo que hace es tratar de llegar a resultados positivos en términos de ganancias para los empresarios, respeto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos; esto haría que las inversiones sean sostenibles y se traduciría en la reducción de conflictos sociales y ambientales” concluye Vega.

“El SENACE es una nueva entidad que tiene que identificar si es que va a tener medidas a ser consultadas”

La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, realiza un balance para la Plataforma Consultape sobre la implementación de la consulta previa desde que se aprobó la Ley de Consulta Previa, Ley N°29785, que entró en vigor en abril de 2012. Balbuena analiza los logros desde el Viceministerio en esta materia, comenta las medidas consultadas en los procesos de consulta previa, y la falta de implementación de la consulta previa en la zona minero andina.

P.- ¿Cuáles son los logros que destaca el Viceministerio de Interculturalidad desde que se aprobó la Ley de Consulta Previa?

R.- El principal logro es haber mostrado que es posible en el país avanzar con procesos de consulta previa, y lograr que estos terminen con acuerdos y que sean procesos donde las entidades puedan involucrarse y participar, y puedas mostrar que tienes procesos de política nacional. También, tienes procesos en materia de industrias extractivas y en temas ambientales. El principal logro desde la implementación ha sido ponerlos en marcha. Hasta el momento hay en curso 22 procesos, de los cuales 8 están concluidos.

P.- Sin embargo, aún no se ha realizado ninguna consulta previa en la zona minero andina. ¿Qué dificultades se identifican desde el Viceministerio?

R.- En los procesos de consulta, como Ministerio hemos avanzado en el marco de las funciones que nos tocan: hemos publicado este año en la base de datos la información sobre el pueblo aimara y jaqaru, y hemos avanzado en la identificación de los instrumentos metodológicos y las directivas para poder hacer la identificación de pueblos. Ahora es la entidad promotora, el Ministerio de Energía y Minas que, si bien ha identificado las medidas a ser consultadas, tiene que ser la entidad que inicie los procesos. Hemos estado haciendo una revisión de todas las resoluciones directorales que han ido emitiendo, pero también esperar que no solamente sea un proceso de iniciativa del propio sector, sino que también hay el mecanismo del derecho de petición que tampoco ha sido activado por ninguna organización indígena en el caso de minería.

La entidad promotora todavía no ha explicitado un proceso en proyección, el sector no nos ha comunicado ninguno, pero tampoco tienes del otro lado una presión o demanda de parte de  las propias organizaciones indígenas andinas en relación a un proceso de consulta específico en minería.

P.- ¿Existe desde el Viceministerio algún tipo de coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para difundir o informar la importancia de la consulta previa?

R.- El MINEM inició desde el año pasado una serie de actividades vinculadas a la información y difusión en relación al alcance del derecho a la consulta previa. Se hizo una propuesta de capacitación que se consensuó con el Ministerio de Cultura, definimos los contenidos, hicimos dos actividades conjuntas en Apurímac, y en el norte. Esas fueron las dos actividades que nosotros acompañamos, y luego ya el MINEM tenía su propio plan de capacitación. Han estado trabajando con autoridades comunales para presentar el alcance del contenido de la consulta en minería.

Entonces, desde el Viceministerio consensuamos el contenido, acompañarlos en estas dos actividades piloto y a partir de ahí el MINEM ha hecho su propio proceso.

P.- Respecto de las consultas ya realizadas, diversos  investigadores expresan su preocupación porque no se consulta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). ¿Desde el Viceministerio se tienen en cuenta estas opiniones en la labor de coordinación con las entidades promotoras de la realización de la consulta previa? (En el caso de hidrocarburos es Perupetro, y en el caso de minería sería Ministerio de Energía y Minas).

R.- Según el Reglamento de la Ley de Consulta Previa quien define qué medidas van a ser consultadas es la entidad promotora, y el viceministerio tiene la tarea de emitir su opinión en relación a esa medida, que es lo que hemos hecho. En el caso de las actividades de minería, y en el caso de hidrocarburos, y en otros temas, se han identificado las medidas a través de las resoluciones ministeriales correspondientes, y el Ministerio ha opinado en relación a ellas.

Tenemos un cambio importante que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que es la nueva autoridad vinculada a la revisión de los EIA y los términos de referencia que los guía. El SENACE es una nueva entidad que tiene que identificar si es que va a tener medidas a ser consultadas, y el primer sector que va a transferir o con el que  cual va a empezar es con el MINEM. Hay una nueva institucionalidad que implica la oportunidad de revisar con ella y ver si los EIA van a ser identificados como parte de los procesos de consulta.

Es una buena oportunidad, porque deberíamos participar en esa discusión el Viceministerio de Interculturalidad, SENACE y el Ministerio de Medio Ambiente. Eso hace que la posibilidad de evaluar los pros y los contras sea más compartido con otros sectores.

P.- En el caso de los lotes 169 y 195 conversando con organizaciones y el líder regional de la organización AIDESEP Ucayali explicaba que los “plazos establecidos no guardan relación con la complejidad cultural de las zonas”, desconocían bien qué contenía el contrato, o en qué parte del mismo se va a garantizar el derecho colectivo de los pueblos. Mostraban insatisfacción tras la consulta por ello.

- ¿Desde el Viceministerio se están teniendo en cuenta estas situaciones?

R.- Sí, claro. El proceso de consulta previa en el lote 169 fue el primero, y el 195, el segundo. Son procesos que te van dando la pauta de lo que tienes que corregir y de lo que se tiene que mejorar. Lo que te da la Ley y el Reglamento son los marcos, y uno tiene que ir dando contenido adecuado conforme la realidad te vaya mostrando lo que funciona y lo que no. Creo que a partir de éstos, se han ido mejorando, porque en realidad lo que estás haciendo es construyendo el contenido de un derecho. Considero que ahí el Viceministerio siempre ha mantenido la apertura para poder recibir las discusiones, las cuestiones que no han quedado satisfechas de parte de las organizaciones y de las entidades promotoras, en relación a nuestro rol o al rol de éstas. Por ello, hemos promovido reuniones internas entre nosotros y las organizaciones indígenas para que nos hagan la devolución de lo que consideran que hay que corregir, y también con la entidad promotora. Creo que ha cambiado mucho entre el primer proceso y ahora lo que estamos desarrollando.

Son procesos muy complejos de información: quién va a hacer qué, el momento de la consulta, que implican un reto muy grande que es cómo haces para que esta información pueda servir para el diálogo, porque transmitir la información  no es el objetivo de la consulta. El objetivo de ésta es llegar a un acuerdo y para alcanzarlo la base es la información. Seguramente tendremos que seguir mejorando los mecanismos.

En relación a los plazos, no son impuestos por el Ministerio. Esta institución tiene un plazo legal marco, pero existe lo que se llama el “principio de flexibilidad” que implica que si la comunidad o la organización considera que ese plazo que se ha señalado para la etapa de información es muy corta, la organización puede pedir más plazo. Eso se hizo en el Reglamento Forestal y de Fauna Silvestre.

P.- ¿Qué mejoras destaca en la implementación de los procesos de consulta previa?

R.- Hemos concluido cinco procesos, y estamos implementado siete. Justamente el tema de los plazos, de la representación, el tema de los contenidos. Después de cinco procesos hemos identificado cuáles son los ejes permanentes de preocupación de las organizaciones y comunidades, entonces saben que la información tiene que concentrarse en esos temas. De los cinco procesos, se concluyeron que se planteaba modificar el modelo de  contrato en varios puntos. El Ministerio está trabajando en ello con Perupetro.

Por Nylva Hiruelas

Consulta Previa en el Perú: ¿legitimadora del modelo económico extractivista?

Plataforma Consultape presenta video en el que expertos responden a preguntas clave sobre la implementación de la consulta previa en el país.

Consultape. ¿Es compatible un modelo económico extractivista con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué deciden realmente los pueblos indígenas en la consulta previa, tal y como se ha legislado en el Perú? ¿Se consultan actos importantes en la consulta previa? ¿Desde qué año es exigible la implementación de la consulta? 18 años después de ser ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y dos años y medio después de la aprobación de la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), el balance no es optimista. Tan solo se ha cerrado en materia de hidrocarburos un proceso de consulta, en el Lote 169 de Ucayali, y 5 se encuentran en las primeras fases (Lotes: 164, 181, 189, 175 y 195), mientras que la consulta en el Lote 192 ni siquiera se ha puesto en marcha, a pesar de haber sido  la primera en ser anunciada por el Ejecutivo en agosto de 2012. Por otra parte, en el sector minero no hay ningún avance. Lejos del discurso triunfalista del Ejecutivo sobre la materia, este video analiza cuestiones espinosas respondidas por diversos especialistas.

“Es  incompatible con el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas, la actual lógica en la cual la economía entera pende de seguir ofertando “commodities” [bienes] minerales y energéticos  a los mercados internacionales,  que conlleva la ampliación ilimitada de la frontera minera y petrolera”, afirma contundente el antropólogo Carlos Monge. “Lo único que les interesa es controlar el proceso, no sacar un resultado que sirva para armonizar una política que avance los intereses del Estado pero al mismo tiempo respete los derechos de los pueblos indígenas”, explica la antropóloga Frederica Barclay.

El debate se extiende a la propia decisión objeto de consulta, ante la cual, los expertos coinciden en que existen fases previas de vital importancia que no son consultadas. “En el tema minero se consulta la última autorización, la de inicio de operaciones para actividades de beneficio, de exploración y explotación. Ese permiso no es tan relevante, porque las condiciones sobre las que se va a dar la operación minera se establecieron antes, y ahí no se ha establecido consulta”, explica la abogada Ana Leyva.

“La tesis de Perupetro es que la consulta previa se realice al momento de suscribir el contrato. La pregunta es: ¿Es ese el primer acto administrativo que impacta en los pueblos indígenas? “Considero que esa no es la primera decisión susceptible de ser afectada. Desde el primer momento que se decide sacar y adjudicar un lote se está tomando una decisión que tiene un impacto en los derechos de los pueblos indígenas”, reflexiona Juan Carlos Ruíz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). 

La eliminación del EIA implica que el Estado no cumpla su rol de garante de derechos

Ana Leyva, abogada de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Fedepaz, habla sobre los impactos de la posible eliminación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para actividades de hidrocarburos. Asimismo, hace un balance de cómo va el proceso de consulta previa en el país.

P.- ¿Qué opina sobre el pedido de Comex (Sociedad de Comercio Exterior del Perú) de exonerar de la consulta previa a los proyectos de interés nacional para agilizar las inversiones en el país?

R.- La propuesta de Comex de eliminar la consulta previa para los proyectos de interés nacional tiene como supuesto que ésta es un “mero trámite”. Esto es preocupante, porque olvida el sentido que tiene la consulta. Cuando se trata de proyectos de  actividades que impactarán en la vida de una población indígena, es importante que ésta sea consultada, porque sus derechos e intereses pueden verse afectados, así lo reconoce el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

La consulta puede permitir que se incorporen las preocupaciones respecto del proyecto y, en muchos casos, la mejora del diseño del mismo para que el impacto negativo sea menor, o incluso, para que se generen impactos positivos para dicha población.

Esta exoneración implicaría que el  “interés nacional” debería imponerse por encima de los derechos de una población indígena, sin importar los costos. El que un proyecto sea de interés nacional, no modifica su impacto en las poblaciones indígenas y locales.  En consecuencia, no se trata de “tramitología” sino del respeto de los derechos.

P.- ¿Qué opina sobre la posibilidad de eliminar el estudio de impacto ambiental (EIA) a las actividades de exploración petrolera?

R.-  No es cierta la afirmación de que la prospección sísmica carezca de impactos. Por lo tanto, sería un grave error  la eliminación de la exigencia del EIA para esta actividad.

En las actividades de exploración petrolera, la prospección sísmica es la primera etapa. Sus impactos están relacionados a la construcción de las vías de acceso  al área del proyecto y al uso de explosivos en el suelo. Con ellos se produce  una onda, que sirve para identificar las formaciones rocosas con más posibilidades de contener petróleo o gas.

La construcción de vías de acceso puede suponer la afectación de flora y fauna (por ejemplo mediante el desbroce de árboles), la afectación de patrimonio cultural o del paisaje, etc. El uso de explosivos puede hacer que el suelo pierda estabilidad o se afecten cursos de agua subterránea, etc.  Más aún cuando se trata de prospección sísmica de 4 dimensiones, que requiere de explosiones sucesivas. Los impactos dependen de dónde se realiza la actividad, las características de ésta, la tecnología usada y las medidas de prevención que se tomen.

Los estudios ambientales sirven para prevenir o minimizar los impactos negativos.  Un estudio ambiental debería señalar la ubicación, el diseño o la tecnología más conveniente para que la actividad minimice o elimine el daño que puede ocasionar. Por lo tanto, no son un mero trámite. Si se eliminan, estamos dejando a la buena voluntad de las empresas el cuidado del medio ambiente. En este supuesto, si hubiera una empresa irresponsable que por minimizar costos pretende hacer las cosas de mala manera, tendría el camino libre.

Países como Ecuador, con una importante producción petrolera, exigen la presentación de estudios de impacto ambiental. Colombia lo exige para zonas ambientalmente sensibles y actualmente hay una propuesta para extenderla a toda la actividad sísmica.

El Estado, en su rol de garante de derechos y protector del ambiente, no debería prescindir de un instrumento que le permite prevenir daños ambientales y sociales.

P.- ¿Cuál es el objetivo de sustituir el EIA por una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)?

R.-La diferencia entre un EIA y un DIA no es solo de “mero trámite” como se insinúa. Las DIA se presentan cuando el impacto de una actividad es mínimo y por ello toma la forma de una declaración jurada. Siendo así, los requisitos son poco exigentes y el  proceso de aprobación tiene plazos muy cortos. Por el contrario, los EIA se presentan cuando el impacto puede ser significativo y por lo tanto, se exige un estudio mucho más detallado, cuya revisión requieren de mayor tiempo.

 Como ya señale, los impactos de la prospección sísmica pueden ser variados, dependiendo del tipo de proyecto y del lugar dónde se realiza (bosques, desiertos, etc). En consecuencia, en algunos casos, se debería  exigir un DIA  y en otros, un EIA. 

P.-  ¿Cuál es la señal que está dando el Ejecutivo con este planteamiento?

 R.- Llama la atención que en el Perú, sea el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) quien hace un anuncio de esta naturaleza, cuando lo referido a la regulación ambiental  compete al Ministerio del Ambiente. En las declaraciones del MINEM subyace la idea de que toda inversión es buena. Sabemos que esto no es así. Existen empresas responsables y otras que no lo son, para muestra basta recorrer el país.  Por lo tanto, el Estado, en su rol de garante de derechos y  protector del ambiente, debería discriminar cuándo estamos ante uno y otro caso. Los estudios ambientales son instrumentos que permiten al Estado velar porque las inversiones sean responsables. Si se los debilita o elimina no tendrán manera de cumplir con este rol.

P.- ¿Cuáles son los obstáculos que existen para que se implemente la consulta previa en el Lote 192?

R.- Es un caso complejo porque ya son 40 años de impactos ambientales y sociales en esta zona. Lo que pretenden las comunidades es que en la fase previa del proceso de consulta, se establezca un cauce institucional que les permitan que se atiendan sus principales demandas [indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, remediación de pasivos ambientales, elaboración de diagnósticos integrales para dar solución a la problemática de la zona y titulación de sus territorios].

Estas demandas no tienen que resolverse inmediatamente. Lo que quieren las comunidades es un compromiso del Estado para saber cómo se va a solucionar, quién se va a hacer responsable, cuánto dinero va a costar y quién lo va a pagar. Porque si entran a discutir las condiciones de una nueva operación sin  tener claro eso, ¿En qué situación queda lo anterior? A pesar de que se haya dicho que se ha remediado la zona, los problemas de contaminación continúan, y son estas comunidades las que sufren sus consecuencias. Frente a ello, el Estado tiene un problema de eficacia y oportunidad. Su reacción es muy lenta y muestra muy pocos resultados. Las comunidades quieren que las salidas resuelvan los problemas que tienen, ya que principalmente amenazan su vida y su salud.

No hay un avance real en la remediación porque es costoso hacerlo, y asumir esta tarea de manera seria requiere de  estudios y de una fuerte inversión por parte del Estado y de la empresa comprometida. Existe el principio de “contaminador-pagador”, que debería ser respetado.

P.- ¿Teme que el Estado suspenda el diálogo con las comunidades y se bloquee el proceso?

R.-  Sí, los plazos van corriendo y el Estado tiene la urgencia de que la producción continúe. Hay voces que dicen que ya no habría consulta porque los tiempos no lo permitirían ya que el contrato con Pluspetrol en el Lote 192 vence en el 2015-,  y en consecuencia el Estado estaría optando por una ampliación del mismo.

Para otros, no podría ser posible ya una ampliación y habría que realizar la licitación del lote, lo que supone un proceso de consulta previa. En este caso, habiendo la premura antes señalada, nos preguntamos por qué el Estado no muestra la voluntad de avanzar o lo hace tan lentamente.

Consideramos que la consulta se debe realizar porque lo que está en juego finalmente son un conjunto de derechos: a la tierra, a los recursos naturales, a un medio ambiente sano, al desarrollo y a la misma consulta. Recordemos que Perú ha suscrito el Convenio 169 de la OIT  y ha aprobado una Ley de Consulta y un Reglamento. Es momento de que implemente la consulta previa. Las comunidades de esta zona están dispuestas a dialogar sobre el tema petrolífero en condiciones adecuadas.

P.- En la base de datos de pueblos indígenas publicada por el Ministerio de Cultura figuran hasta el momento cuatro pueblos andinos como indígenas, pero el presidente Ollanta Humala llegó a decir en una entrevista televisiva que en la zona andina no existían indígenas, sino campesinos, y por tanto los excluía de la consulta previa. ¿Por qué se dijo esto?

R.-  En el ande peruano hay campesinos pero también existen comunidades campesinas. Estas son muy numerosas y tienen buena de su territorio concesionado para actividades extractivas. Se ha señalado que estas comunidades han perdido su identidad por estar expuestas a un contacto permanente con poblaciones más occidentalizadas. Lo que no es cierto en un gran número de casos.

El Convenio 169 admite la posibilidad de que haya cambios culturales en los pueblos indígenas u originarios. Lo que señala es que algunos elementos de ésta se mantengan, que haya continuidad histórica con los pueblos anteriores a la fundación del Estado. Además de exigir que exista el elemento subjetivo, que es el del auto reconocimiento.

Si bien se trató  de “sacar la vuelta” al Convenio y a la propia ley, dicha discusión se ha ido, de alguna manera, zanjando por la incorporación de los pueblos andinos a la base de datos de pueblos indígenas.

P.- ¿Ha influido en la decisión de reconocer a tan sólo cuatro pueblos andinos como indígenas el hecho de que en esa zona se concentren concesiones mineras?

R.-  En la Base de Datos se ha registrado a pueblos como los quechua y aymara, Existiendo el inconveniente que esta terminología no ha sido empleada en el Perú, pues los pueblos indígenas se encuentran agrupados, en la zona andina y costeña, como comunidades campesinas.  En consecuencia, respecto de ellas queda pendiente su identificación.  Son ellas las que, por ejemplo, tienen, cerca del 50% de su territorio concesionado. Por lo tanto, todavía queda pendiente el que las comunidades campesinas sean registradas como tales.

P.- También hay críticas respecto a las medidas a consultar a través de la consulta previa…

R.- En el proceso de implementación de la consulta previa, cada sector debe decidir qué actos va a consultar, en el sector minero ya se decidió. Igualmente en el sector petrolero. En este último, se consulta el otorgamiento de algunos tipos de concesiones, la autorización para la instalación de ducto, la suscripción del contrato de exploración y la explotación de lotes y el informe técnico favorable para la instalación de plantas de refinación y procesamiento de hidrocarburos y estaciones de servicios. Pero hay otros actos que están quedando fuera, que son sumamente relevantes. ¿Qué se debería consultar? Se debería consultar decisiones que van a ser trascendentales para la vida de los pueblos indígenas. En estos momentos existe el riesgo que se termine consultando decisiones que no son importantes, vaciando de contenido al proceso de consulta. Es lo que está pasando ahora.

 En el tema minero, se está consultando la autorización de inicio de operaciones para actividades de beneficio, exploración y explotación. ¿Qué quiere decir? Para iniciar actividades hay una serie de permisos que se tienen que dar, y al final de los mismos, hay un último permiso que verifica que todos los anteriores se hayan dado y te da el visto bueno para el inicio de operaciones. Lo que se consulta es ese último permiso. Pero éste no es tan relevante porque las condiciones sobre las que se va a dar la operación minera se discutieron antes, y en esa fase no se realizó la consulta. Todas las obligaciones y condiciones sobre cómo se va realizar la operación ya se discutieron en el Estudio de Impacto Ambiental, y éste es uno de los puntos clave, que, sin embargo, no entra en consulta.

Esto nos preocupa, pues una vez que se han aprobado todos los permisos, ¿qué puedes decidir?  Casi nada.

P.- ¿Cuál ha sido el papel ejercido por el Ministerio de Cultura?

R.- Ha ido exhortando a todos los actores para que implementen la consulta, que definan qué actos se van a consultar para que se pueda entrar en los procesos. Ha ido desarrollando una serie de instrumentos que son necesarios para la consulta: la metodología, la relación de intérpretes o el tema de la base de datos. Sin embargo, creo que el Ministerio debe tener un papel importante en la definición de las decisiones que deben ser consultadas, por ser un ente que tutela los derechos de los pueblos indígenas y para que no se aleje del espíritu de la ley.

P.- James Anaya, ex relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su visita a Perú y al Lote 192, afirmó que: “El Gobierno todavía se encuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en términos logísticos y presupuestarios”. ¿A qué se refería con ello?

R.- Yo creo que va más allá de lo presupuestario y logístico, tiene que ver con temas de fondo. Pero, en términos presupuestarios me imagino que se refiere al costo que se tiene que considerar para que una consulta se pueda realizar, porque son poblaciones que están alejadas ¿cómo haces que ellas  participen en los procesos? Me imagino que se refiere a eso. Tiene que ver con intérpretes, con que la información llegue de manera completa, y esto no es tan sencillo. Las comunidades necesitan tiempo para procesar la información, para formarse una opinión y generar sus propias propuestas. Tiene que haber un diálogo con el Estado. Es armar una logística y fortalecer la infraestructura institucional para que la consulta previa pueda implementarse, y esto todavía está en proceso.

Frente a esta necesidad, lo que estamos viendo en el Estado son retrocesos, una  voluntad que se va desvaneciendo porque ve complicada su  implementación, porque considera a la consulta un freno a  las inversiones y no como una posibilidad de hacerlas sostenibles. 

P.- Las comunidades del Lote 192 demandan la titulación de sus territorios. ¿Qué problema existe con el territorio?

R.- Sí, otro tema grande que tiene que ver con la consulta es el uso del territorio. Las poblaciones quieren decidir qué se hace en sus territorios. El instrumento para ello es el ordenamiento territorial y éste debería consultarse, pero, debido a un vacío normativo, se está decidiendo el uso del territorio vía concesiones, pues ese proceso . permite que se otorguen derechos sobre territorios cuyos usos no han sido definidos. Considero que el Estado debe ordenar el territorio y consultar el uso del mismo en general a todas las poblaciones, y más aun tratándose de poblaciones indígenas que tienen derechos ancestrales sobre éste,  el cual forma parte de su identidad. 

Hay una resistencia muy grande en el país por parte de sucesivos gobiernos de ordenar el territorio, de definir su uso con la población.  Esto se debe a que ahora hay un desorden muy grande que permite que los intereses particulares primen – por ejemplo los mineros- sobre otros derechos. 

Javier La Rosa: “A los pueblos indígenas se les ve como un tema marginal"

ü  Para La Rosa la eliminación de los EIA implicaría el surgimiento de nuevos conflictos sociales.

 

El abogado Javier La Rosa responde a Consulta pe sobre el cuestionamiento a la eliminación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y analiza el impacto de esta posible medida. “En principio se trata de una propuesta aún no madurada y que entiendo está en una etapa de discusión al interior del Ejecutivo un nuevo reglamento para exploración petrolera. Espero que no prospere la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas. Creo que en esto el Ejecutivo ponderará entre la necesidad de reformular algunos trámites que demoran las inversiones y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente. Además, debe tenerse en cuenta que si prevaleciera la tesis de Energía y Minas, el desprestigio internacional y el surgimiento de nuevos conflictos sociales serían parte de los efectos que no ayudarían a la gobernabilidad del país”, señala La Rosa.

 

Sobre la demanda de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) de que los proyectos de interés nacional deben ser exonerados de la consulta previa, La Rosa responde que son declaraciones poco pensadas y equivocadas que no responden a la naturaleza de empresarios modernos que respetan su entorno social y ambiental. “Resulta lamentable que no se puedan dar cuenta de que si funciona bien la consulta previa y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades rurales, se pueden asegurar mejores condiciones para sus inversiones en el mediano y largo plazo. Adicionalmente, hay un tema formal pero no menos importante: la legislación actual no permite esta exoneración de la consulta previa, y me refiero no solamente a las leyes nacionales, sino a los tratados internacionales y las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dice.

 

Para La Rosa no es suficiente con tener una legislación y reglamentación para la implementación de la consulta previa. Considera que se requieren de otras medidas, empezando por una adecuada institucionalidad estatal, o el reconocimiento de otros derechos de los pueblos indígenas.  Asimismo, manifiesta que faltan capacidades para llevar a cabo el proceso de consulta previa en el país. “En el Estado no ha habido el debido entendimiento, ni  las debidas capacidades de sus funcionarios para entender qué es la consulta previa. Tampoco desde la sociedad civil. Creo que lo que ha habido en estos dos años ha sido una suerte de inicio de un aprendizaje forzado”, sostiene el especialista.

 

La Rosa sostiene que hay un débil Viceministerio de Interculturalidad, “todavía el asunto de los pueblos indígenas se ve como un tema marginal”. Además, señala que se requiere de una voluntad consistente de los hacedores de política pública. “Todavía no se toma conciencia de lo que significa el tema de los pueblos indígenas para el país”.

 

Este experto destaca que los pueblos indígenas, -explotados durante siglos-, con la aprobación de la Ley de Consulta Previa, se crearon una expectativa, por lo que sería grave este incumplimiento. “No hay marcha atrás, es más, la mayoría de los pueblos ya asumieron que es su derecho, y por lo tanto, de no ejercerse, van a demandar su cumplimiento”.

 

Sobre la implementación de la consulta previa alrededor del Lote 192, responde que es difícil que se implemente porque los pueblos indígenas cuyos territorios forman parte  de ese pozo petrolífero demandan que primero se remedien los pasivos ambientales.

 

Ver entrevista completa en: http://consultape.com/la-eliminacion-de-los-eia-implicaria-el-surgimiento-de-nuevos-conflictos-sociales/

 

Video entrevista:

https://www.youtube.com/watch?v=t1cHmZ64LaI&list=UUlW8lnjylSszLQDuQVIYRoA

“El Lote 192 es la prueba ácida de hasta dónde va la consulta previa”

Carlos Monge, antropólogo e investigador del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo (Desco), analiza el proceso de implementación de la consulta previa en el Lote 192.

Tres de las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón han sido declarados en emergencia ambiental, la primera (Pastaza) ha cumplido un año de la declaratoria de emergencia, sin embargo las poblaciones indígenas que habitan en esta cuenca siguen consumiendo agua y alimentos contaminados. Carlos Monge señala que una cosa es declarar la emergencia ambiental, y otra que se movilicen todos los recursos que se necesitarían para solucionar el tema de los pasivos que allí se han acumulado (cuatro cuencas impactadas durante cuatro décadas en por la explotación petrolera en Loreto). “Y ahí todo se mueve lento debido a un problema de articulación de diferentes ministerios”, dice.

“Ha habido declaraciones ministeriales y luego presidenciales contra el ejercicio de derecho de consulta en el espacio andino y amazónico en respuesta a la minería, sí hay que decir que Perupetro mantuvo un discurso que afirmaba que estaba dispuesto a hacer consulta. Incluso en el sector empresarial, el grupo de empresas petroleras que se han salido de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo y han formado la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, presidida por Beatriz Merino, ha manifestado que la Ley de Consulta es importante porque dota de legitimidad y sostenibilidad a los proyectos y de esa manera se evitan los conflictos. Es un discurso menos confrontacional. Lo del Lote 192 es la prueba ácida de hasta dónde va la consulta previa, tanto desde el punto de vista del Estado- que es el encargado por ley de implementar la consulta- como desde el punto de vista de las empresas que están interesadas en esos proyectos de inversión”, declaró el especialista a Consultape.

El proceso de la consulta alrededor del Lote 192 no se hizo durante 2013, ante esta situación, Carlos Monge se cuestiona lo siguiente: “¿Durante el 2014 el Estado va a ser capaz de poner en  práctica el mandato de Emergencia Ambiental de manera tal que las organizaciones indígenas locales se sientan satisfechas, e inmediatamente después sacar el proceso de consulta con el tiempo suficiente? Y segundo ¿Tendrá tiempo de hacer un proceso de consulta realmente exitoso que lleve a la población local a decir que sí, para entonces en 2015 renovar la licencia? Yo lo veo difícil. Porque dada la complejidad de los pasivos ambientales en la zona y dada la lentitud en este terreno, veo complicado que se haga rápido”, señala.

Para Monge la consulta previa debe darse antes de la entrega de concesión para fines de exploración porque esta actividad ya tiene impacto sobre la población. “Antes de la consulta considero que habría que resolver dos grandes cosas en el Perú: La primera es la territorialidad de los pueblos indígenas. Hay una vieja demanda de los pueblos originarios para reconstituir de facto y legalmente los territorios indígenas. Porque recordemos que, durante la época de la reforma agraria, se extrapoló también hacia la Amazonía una visión andina de la territorialidad. Titularon las parcelas donde cultivan y a eso lo nombraron comunidad nativa, pero el bosque, el río- espacios fundamentales para la reproducción del pueblo indígena-, quedaron fuera. Lo que antes era territorio indígena ahora son comunidades tituladas, pero obviamente esos territorios no son los territorios de su reproducción son la expresión de una visión andina. Segundo, hay que completar los procesos de zonificación ecológica y económica y ordenar el territorio para decidir qué cosa se puede hacer dónde. Solamente ahí se tendrá un mapa limpio que indique dónde se pueden hacer actividades de exploración”, finaliza.

Defensoría del Pueblo solicita la remediación ambiental y la consulta previa en el Lote 192

La Defensoría del Pueblo en una carta remitida al presidente Ollanta Humala, invoca a que el Estado y la empresa Pluspetrol Norte S.A. “realicen de modo urgente esfuerzos para asegurar la remediación ambiental” en los territorios de los pueblos Kickwa, Quechua, Urarina y Achuar, cuyas tierras pasaron a formar parte desde los años setenta del Lote 192  (ex Lote 1AB). Asimismo, solicita al Ejecutivo  que “continúe con la preparación del proceso de consulta previa”, anunciado hace más de un año, “a fin de que este instrumento permita alcanzar acuerdos en bien del desarrollo del país y de los pueblos indígenas”.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, expresa su preocupación por la demora en la labor de descontaminación de las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, que sufren “graves problemas ambientales y sociales vinculados con las actividades de hidrocarburos en el Lote 1AB”, a fin de garantizar el derecho de estas poblaciones a “vivir en un ambiente sano”. Asimismo, Vega recuerda que los monitoreos ambientales llevados a cabo “identificaron riesgos significativos para la salud de la población por la presencia de sustancias contaminantes que exceden los parámetros ambientales nacionales”, de hecho, tres de las cuatro cuencas (Pastaza, Corrientes y Tigres) están declaradas en emergencia ambiental.

En la comunicación, la Defensoría considera que las demandas planteadas por las federaciones indígenas al Ejecutivo (indemnización y compensación por el uso de sus tierras, remediación de pasivos ambientales, titulación de sus territorios y servicios públicos) son “justas y atendibles”, pero dentro de “plazos razonables para su implementación”.

“Consideramos que es necesario restablecer una relación de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los pueblos indígenas de las cuencas señaladas, que contribuya con la generación de confianza en el cumplimiento, por parte del Estado, de los compromisos que asume y del marco jurídico que regula sus actuaciones”, manifiesta el defensor.

Consulta previa paralizada 

Casi un año y medio después que el Gobierno anunciara en agosto de 2012 la consulta previa en este lote, ésta no sólo está paralizada, sino que ni siquiera está en su etapa preparatoria, tal y como lo confirmó la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena: “No hemos sido notificados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de que el proceso se está iniciando”. Perupetro -promotora de la consulta- ha mostrado su preocupación desde hace unos meses por el cronograma tan ajustado que tiene para poder implementarla, pues debe hacerlo antes de 2015, fecha en la que ya se tendría que haber licitado el lote debido al vencimiento del contrato de Pluspetrol. “El mencionado anuncio [consulta previa] generó expectativas en los pueblos indígenas de la zona, cuyos derechos podrían verse afectados con esta posible medida administrativa”, afirma Vega.

Cabe resaltar que el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino, se reunió en enero de este año con representantes de la Defensoría del Pueblo para expresarles su preocupaciónfrente al vencimiento del contrato de la empresa Pluspetrol y la posibilidad de que no se implemente el proceso de consulta previa alrededor de este lote. Chino Dahua invocó a la Defensoría que se realicen todos los esfuerzos para que las comunidades indígenas puedan ejercer su legítimo derecho a la consulta previa y que esta entidad, junto al Viceministerio de Interculturalidad, vigilen el cumplimiento del mismo. Asimismo, reclamó al Estado el cumplimiento del Plan de Emergencia, pues hasta el momento denuncia que no se han solucionado problemas inmediatos como la falta de agua saludable o la contaminación de los alimentos. 

Demandan implementación del proceso de consulta en el lote 192

• Lanzamiento del video reportaje “Andoas, el crudo reflejo de una Amazonía herida”, donde comunidades indígenas piden solución al drama ambiental en el que viven y la implementación de la consulta previa alrededor del Lote 192.

Casi un año y medio después desde que el Gobierno anunciara en agosto de 2012 la implementación de la  consulta previa en el lote 192, este proceso no sólo está paralizado, sino que existe mucha incertidumbre sobre el futuro del mismo, pues se debe realizar antes del próximo año cuando vence el contrato de concesión de la empresa argentina Pluspetrol.

La consulta previa en este lote es emblemática por ser la primera que anunció el Ejecutivo, en el campo de las industrias extractivas y por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas, cuya atención puede ayudar a la generación de confianza entre el estado con las comunidades impactadas por las extractivas y convertirse en un ejemplo para el Perú y la región. Este lote resulta estratégico para el Perú pues se extrae de él casi el 12% de todo el crudo nacional.

A inicios del 2013 se conformó un grupo técnico de apoyo a las Federaciones Indígenas de Loreto que buscan el cumplimiento de la consulta previa. Dicho grupo está integrado por Instituto de Defensa Legal, Solsticio Defensa Indígena, GIZ, Oxfam, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), Rainforest Fundation. La información referida a dicho caso se ha centralizado en http://consultape.com/ convirtiéndose en una plataforma informativa que busca contribuir al análisis, debate técnico y seguimiento del mismo.

La página se nutrirá de noticias,  entrevistas, documentos de interés, enlaces, fotografías, videos, entre otros,  que  ofrecen un análisis riguroso, documentado y en profundidad sobre el lote 192 y la implementación de la consulta.

Video: “Andoas, el crudo reflejo de una Amazonía herida”, informe periodístico que ahonda en las causas de la contaminación y sus impactos sufridos desde los años setenta por las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Link: https://www.youtube.com/watch?v=Hrp5OI4otJk

Informes técnicos: 43 años después de la exploración y explotación petrolífera, tres de las cuatro cuencas han sido declaradas en emergencia ambiental (Pastaza, Corrientes y Tigre), sus aguas están contaminadas con metales pesados e hidrocarburos totales de petróleo- así lo confirman diversos organismos estatales como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)- identificándose hasta el momento más de 123 pasivos ambientales en una de las cuencas. Para el caso del Pastaza, por ejemplo informe elaborado por la institución internacional Source: http://observatoriopetrolero.org/wp-content/uploads/2013/02/SOURCE-Informe-sobre-los-reportes-de-calidad-ambiental-en-la-zona-de-extracci%C3%B3n-petrolifera-del-r%C3%ADo-Pastaza.pdf confirma el alto nivel de contaminación en la zona, y afirma que dado que los metales y los derivados de hidrocarburos provocan muchas enfermedades graves, además de cáncer y mutaciones congénitas, existe un riesgo real para la población de la zona al estar expuesta a estas sustancias.

La Línea del tiempo, recoge los acontecimientos clave  para entender el caso del Lote 192. Un recorrido histórico desde los años 70, cuando el territorio de los pueblos indígenas Achuar, Quechua, Kichwa y Urarina era administrado por la Occidental Petroleum Corporation of Peru (Oxy), pasando por el traspase del mismo a la compañía Pluspetrol en el 2000 hasta el presente.

www.dipity.com/consultape/Contaminacion-en-el-Lote-192-ex-Lote-AB/

Galería de fotografías que documentan la contaminación de los suelos en el Lote 192 y retratan la vida de estos pueblos.

http://consultape.com/fotos/

http://www.flickr.com/photos/consultape/

Visita de James Anaya, relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, colocó varias recomendaciones al gobierno para la atención en dicho caso del Lote 192 http://unsr.jamesanaya.org/statements/declaracion-del-relator-especial-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-al-concluir-su-visita-al-peru

Para más información:

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