Defensoría del Pueblo solicita la remediación ambiental y la consulta previa en el Lote 192

La Defensoría del Pueblo en una carta remitida al presidente Ollanta Humala, invoca a que el Estado y la empresa Pluspetrol Norte S.A. “realicen de modo urgente esfuerzos para asegurar la remediación ambiental” en los territorios de los pueblos Kickwa, Quechua, Urarina y Achuar, cuyas tierras pasaron a formar parte desde los años setenta del Lote 192  (ex Lote 1AB). Asimismo, solicita al Ejecutivo  que “continúe con la preparación del proceso de consulta previa”, anunciado hace más de un año, “a fin de que este instrumento permita alcanzar acuerdos en bien del desarrollo del país y de los pueblos indígenas”.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, expresa su preocupación por la demora en la labor de descontaminación de las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, que sufren “graves problemas ambientales y sociales vinculados con las actividades de hidrocarburos en el Lote 1AB”, a fin de garantizar el derecho de estas poblaciones a “vivir en un ambiente sano”. Asimismo, Vega recuerda que los monitoreos ambientales llevados a cabo “identificaron riesgos significativos para la salud de la población por la presencia de sustancias contaminantes que exceden los parámetros ambientales nacionales”, de hecho, tres de las cuatro cuencas (Pastaza, Corrientes y Tigres) están declaradas en emergencia ambiental.

En la comunicación, la Defensoría considera que las demandas planteadas por las federaciones indígenas al Ejecutivo (indemnización y compensación por el uso de sus tierras, remediación de pasivos ambientales, titulación de sus territorios y servicios públicos) son “justas y atendibles”, pero dentro de “plazos razonables para su implementación”.

“Consideramos que es necesario restablecer una relación de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los pueblos indígenas de las cuencas señaladas, que contribuya con la generación de confianza en el cumplimiento, por parte del Estado, de los compromisos que asume y del marco jurídico que regula sus actuaciones”, manifiesta el defensor.

Consulta previa paralizada 

Casi un año y medio después que el Gobierno anunciara en agosto de 2012 la consulta previa en este lote, ésta no sólo está paralizada, sino que ni siquiera está en su etapa preparatoria, tal y como lo confirmó la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena: “No hemos sido notificados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de que el proceso se está iniciando”. Perupetro -promotora de la consulta- ha mostrado su preocupación desde hace unos meses por el cronograma tan ajustado que tiene para poder implementarla, pues debe hacerlo antes de 2015, fecha en la que ya se tendría que haber licitado el lote debido al vencimiento del contrato de Pluspetrol. “El mencionado anuncio [consulta previa] generó expectativas en los pueblos indígenas de la zona, cuyos derechos podrían verse afectados con esta posible medida administrativa”, afirma Vega.

Cabe resaltar que el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino, se reunió en enero de este año con representantes de la Defensoría del Pueblo para expresarles su preocupaciónfrente al vencimiento del contrato de la empresa Pluspetrol y la posibilidad de que no se implemente el proceso de consulta previa alrededor de este lote. Chino Dahua invocó a la Defensoría que se realicen todos los esfuerzos para que las comunidades indígenas puedan ejercer su legítimo derecho a la consulta previa y que esta entidad, junto al Viceministerio de Interculturalidad, vigilen el cumplimiento del mismo. Asimismo, reclamó al Estado el cumplimiento del Plan de Emergencia, pues hasta el momento denuncia que no se han solucionado problemas inmediatos como la falta de agua saludable o la contaminación de los alimentos. 

El diálogo como alternativa para resolver los conflictos socioambientales

·        Presentan informe final del proyecto “Mitigación de conflictos y desarrollo en la Amazonía”.

·        Bagua beneficiaria del proyecto.

“Sí es factible llegar a un consenso entre las comunidades indígenas, las industrias extractivas y el Estado frente a conflictos socioambientales”, declaró Deborah Kennedy, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en la presentación del informe final del proyecto: “Mitigación de conflictos y desarrollo en la Amazonía”. Gracias a este proyecto se han generado espacios de diálogo que han fortalecido a las comunidades indígenas de Bagua, Satipo, Napo y Lamas. Cuatro zonas del país donde hay poca presencia del Estado y no hay suficientes alternativas económico-legales para sus habitantes.

Este proyecto, que ha durado tres años, ha trabajado bajo la premisa de que el diálogo es una alternativa para generar puntos de encuentro entre las comunidades indígenas afectadas por un proyecto extractivo, las empresas y el gobierno,  ofreciendo una posibilidad de resolver el conflicto sin violencia. “Después del Baguazo y de las grandes protestas, surgieron grandes propuestas: hemos logrado crear nuestra propia agenda política con una visión ancestral”, afirmó Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía  Norte del Perú (ORPIAN-P), quien destacó como logro la promulgación de la Ordenanza Regional de Consulta Previa de Amazonas.

Por su parte, los Kichwas del Napo lograron, a través de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (FECONAMNCUA), ser incorporados al proceso de Consulta Previa del Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna- Kichwa. “Queremos negociar qué desarrollo queremos para los pueblos indígenas en el futuro.  Desarrollo es invertir en educación, en salud. ..Este proyecto nos ha empoderado para poder compartir nuestras necesidades y preocupaciones”, explica Richard Rubio, presidente de esta organización. Mientras, en Lamas, las organizaciones indígenas vienen participando en la cogestión del ACR-Cordillera Escalera. “Estos son algunos ejemplos que nos muestran como el diálogo, con información adecuada, constituye una alternativa viable para transformar los conflictos y llegar a  soluciones aceptables para todos los involucrados”, explicó Dina Guerra, coordinadora del proyecto que ha sido llevado a cabo por las organizaciones Catholic Relief Services (CRS), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), y Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción).

Además, este proyecto logró poner en marcha el observatorio “Vigilante Amazónico”, gracias al cual se han monitoreado más de 20 conflictos socio-ambientales. “Ha permitido a las organizaciones indígenas y sus líderes, fortalecer su conocimiento y ejercicio de derechos, su capacidad de análisis, propuesta e incidencia y promover campañas de difusión en la opinión pública”, sostiene Julia Cuadros, directora de CooperAcción.

Otro logro del proyecto ha sido incrementar la participación de las mujeres en espacios que estaban reservados exclusivamente para los hombres. “Al estar mejor capacitadas, se han sentido seguras de poder aportar y asumir nuevos roles dentro de las comunidades y organizaciones, logrando ser elegidas como dirigentes”, asevera Guerra.

El evento contó con la presencia del  Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien afirmó que: “El gran desafío que todavía tiene el país es acelerar y atender la agenda amazónica que no se reduce sólo a la Consulta Previa”. Asimismo, remarcó la necesidad de compatibilizar el desarrollo de la Amazonía con los derechos de los pueblos indígenas, e hizo referencia a los resultados arrojados por el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2013-2014 que indican que, a pesar de que las expectativas de inversión son muy elevadas para los próximos años, el país ha retrocedido en materias como la institucionalidad, educación , salud o infraestructura, lo que demuestra según el defensor que “la competitividad económica no va de la mano de una mejora en la calidad de vida de los peruanos. El crecimiento económico es importante para el país, pero no es más importante que la vigencia y el respeto de los derechos de todos los peruanos, y en especial a aquellos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad como son los pueblos indígenas”

Además, el defensor apuntó el dato de que existen en la actualidad 19 conflictos que involucran directamente a pueblos indígenas de la Amazonía, 6 de los cuales tienen que ver con el derecho que les asiste a ser consultados. “Cuando hay pueblos indígenas en estos proyectos mineros e hidrocarburíferos tienen que ser consultados”, declaró. En este punto, coincidió con la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, quien precisó que “si no se avanza en otros temas como la titulación de de tierras, la educación o la salud, la consulta previa aparece muy solitaria”. Otra de las invitadas fue la supervisora de Gestión de Responsabilidad Social de Petroperu-miembro de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos., Clara Indacochea, la cual  reseñó durante su presentación la necesidad de escuchar a los pueblos indígenas y de entablar un diálogo intercultural con ellos. “En ese construir conjunto entre los pueblos indígenas, el gobierno y las empresas mediante el diálogo se podrá decir que una industria de hidrocarburos es sostenible”.