ü El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar.
ü Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.
Seis meses después desde que se instaló la Mesa de Diálogo en torno al proyecto Las Bambas, propiedad de la estatal china MMG, las comunidades se muestran preocupadas por sus limitados avances y demandan que el gobierno de PPK continúe con este proceso de diálogo. “Quisiéramos sentarnos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para ver de qué forma vamos a trabajar a nivel de Cotabambas. Nosotros no estamos en contra de la mina, queremos que funcione pero respetando a las comunidades”, afirma Ebert Buendía de la comunidad campesina de Pisaccasa, en el distrito de Mara.
La Mesa de Diálogo es el resultado de un acuerdo al que llegaron las autoridades del gobierno central (Gobierno de Humala) y los pobladores de Cotabambas luego del estallido del conflicto social de setiembre de 2015, y que tuvo como saldo tres muertos, dos personas con detención preventiva de 6 meses, una persona con incapacidad física y más de 100 dirigentes denunciados. Su creación recién se concretó en noviembre de 2015, se instaló a fines de febrero de 2016 y tuvo su segunda reunión a fines de abril.
Asimismo, el conflicto tuvo como una de sus razones los cambios operados en el proyecto Las Bambas, la mayor inversión minera en la historia del país por un monto aproximado de US$ 10,000 millones.
A pesar de que la población de Cotabambas en su mayoría es quechuahablante, la Mesa de Diálogo no cuenta con un traductor oficial que facilite las comunicaciones. “La mayoría de las comunidades que van no entienden, tampoco los funcionarios. No hay un interlocutor que facilite esto”, explica Víctor Limaypuma, de la comunidad de Asacasi, Tambobamba. También se quejan de que el Estado no les brinda facilidades para asistir a las reuniones. “El comunero tiene que costear su pasaje, su alimentación. Tenemos serias dificultades porque no tenemos un ingreso permanente, entonces tenemos que vender cuy o algunos de nuestros bienes. No podemos participar en óptimas condiciones”, asegura Limaypuma.
“El Estado tiene que invertir recursos en estas mesas para que se dé un diálogo sostenido con las mínimas condiciones. Se tendría que contratar a moderadores independientes, actualmente es algún representante del Estado, que no son expertos en facilitación, esto es básico en cualquier negociación a nivel internacional”, sostiene César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción.
Limitados acuerdos
Los ejes sobre los que gira la mesa son: Medio Ambiente, Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Respecto a los familiares de los fallecidos, el Ejecutivo ofreció incorporarlos en los programas Juntos y Pensión 65 (siempre y cuando las víctimas cumplan los requisitos establecidos por ley), la entrega de un kit escolar (que constaba de unos cuadernos y lápices), y la creación de un fondo que asignaría 850 soles por familia mensuales durante dos años. Este fondo sería cubierto el primer año por la empresa, y el segundo por el gobierno regional y los gobiernos locales de la provincia de Cotambambas. Sin embargo, esta ayuda no cubriría las necesidades que requieren las familias, especialmente los niños.
“No vemos que el Gobierno central asuma su responsabilidad cuando son sus representantes, a través de la Policía Nacional del Perú, los que han victimado a estos ciudadanos. Justo ellos deberían asumir la responsabilidad, y deberían asumirla como una indemnización no como un favor o ayuda humanitaria, sino como una reparación por violación de derechos humanos”, explica Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Una de las preocupaciones que comparte la población en materia ambiental son las modificaciones que ha tenido el proyecto minero. “Son cinco modificaciones en un lapso de 20 meses, y tres de ellas, se han realizado a través de un instrumento que se aprueba en 15 días y no permite la participación ciudadana. El proyecto original involucraba a tres regiones y su infraestructura se iba a repartir en más de 200 kilómetros”, comenta José de Echave, investigador de CooperAcción. En estas condiciones la población teme de que los cambios realizados no se hayan hecho con el debido cuidado y que por lo tanto, no se hayan adoptado las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños. Uno de los problemas que actualmente supone un auténtico dolor de cabeza para los habitantes es la carretera sin pavimentar- que remplazó al mineroducto- por la que transitan diariamente más de 300 vehículos (250 de ellos con minerales).
Por otro lado, un tema que acentúa la preocupación de los pobladores es que hasta el momento no se ha aclarado las razones por las que se desbordó la presa de clarificación en febrero, es decir, sólo dos meses después de ponerse en funcionamiento la mina. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha tomado las muestras mucho tiempo después del accidente y es probable que la contaminación producida se haya diluido. No obstante, es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) quien debería pronunciarse sobre las razones del colapso de la presa y hasta la fecha no se ha manifestado.
Finalmente, en el eje de desarrollo sostenible, la población demanda, más que obras de infraestructura, un desarrollo integral y sostenible, lo que requiere de mayores recursos asignados por Estado; además, tanto la inversión pública como privada debería hacerse en base al Plan de Desarrollo Concertado Provincial, el que debe ser actualizado participativamente. Sin embargo se estima que hasta el año 2021 Las Bambas no pagará impuesto a la renta ya que cuenta con el beneficio de un contrato de garantías que la última vez ha sido renovado en el mes de mayo de 2016, y por lo tanto, no habrá distribución de canon, debido a que la empresa, en los primeros nueve años de producción, recuperará la inversión realizada. Cabe precisar que de Apurímac, cuya tasa de pobreza alcanza al 88% y 78% de la población respectivamente.
