El 18 de diciembre termina el plazo dado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para que el gobierno peruano atienda sus recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos laborales fundamentales recogidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre ambos países. Hasta el momento, el Estado peruano ha desoído las preocupaciones de Estados Unidos, enfrentándose a un proceso que complicaría gravemente el acceso a las preferencias comerciales concedidas por el TLC. A esta preocupación por la inacción del Gobierno, se ha sumado el presidente de la Comisión de Trabajo, Hernando Cevallos, y las congresistas del Frente Amplio, Indira Huilca y Marisa Glave, quienes desde el Congreso exigieron hoy al Estado que cumpla con las recomendaciones y respete los derechos de los trabajadores en ambos sectores.
“Es de esperarse que si el 18 de diciembre el Departamento de Trabajo de Estados Unidos no constata que se hayan atendido sus preocupaciones, es probable que se pase a una segunda fase donde se constituiría un panel que determinará si aplica una sanción a Perú”, explica el abogado laboralista Javier Mujica, quien ha interpuesto la queja.
Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones textiles y agrícolas peruanas. El sector agro-exportador ha crecido un 144% en lo siete años que lleva vigente el TLC, mientras las exportaciones textiles y de confecciones bordean los 2 mil millones de dólares. Sin embargo, este crecimiento ha ido acompañado de la falta de cumplimiento de los derechos de los trabajadores de ambos sectores. La Ley de Promoción del Sector Agrario (27360) y el Decreto Ley de Exportación No Tradicional (22342) establecen condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores, por debajo del estándar internacional, incumpliendo el capítulo laboral del TLC.
Durante el mes de noviembre una delegación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el propio Secretario de Trabajo, Thomas Pérez, visitaron Perú para dar seguimiento a la queja presentada el 21 de julio de 2015 por el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú Equidad y siete organizaciones sindicales. En ella se documentaban ocho casos emblemáticos de violaciones laborales en los sectores exportadores de textil y agroindustria, y se alegaba que el gobierno peruano incumple las normas laborales incluidas en el TLC entre ambos países.
“Los representantes de Estados Unidos se reunieron con nosotros y se mostraron preocupados por nuestra situación laboral. Con el régimen de exportación no tradicional, podemos trabajar toda una vida con contratos de un mes y medio o tres meses, vulnerando nuestro derecho a sindicalizarnos ya que la empresa cuando se entera de que un trabajador se ha afiliado a un sindicato le hostiga y decide no renovarle el contrato como represalia”, explica Lorena Chavera, ex trabajadora de una empresa textil y representante de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles y Afines del Perú (FNTTP). “Yo haría un llamado al gobierno peruano para que respete los derechos fundamentales de los trabajadores garantizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, afirma Walter Campos, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentagro).
El Departamento de Trabajo emitió un informe en marzo de 2016 donde recomendó que el gobierno de Perú debería poner un tope a la renovación indefinida de los contratos temporales, modificando el artículo 32 del decreto ley 22342, para ajustarlo a la normativa general contenida en el decreto legislativo 728 que establece un tope de 5 años a partir del cual se debe hacer indefinido el contrato del trabajador. También señaló que el Estado debe reforzar la fiscalización laboral, a través del establecimiento de oficinas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en todas las regiones y aumentar el número de inspecciones laborales, lo que supondría incrementar el presupuesto de este organismo, así como el del Poder Judicial para los casos laborales. Estas recomendaciones, sin embargo, han sido ignoradas por el Estado.
El Ministerio de Trabajo mantiene su posición de que ambos regímenes son “plenamente consistentes” con los compromisos establecidos en el TLC y niega que haya habido un incumplimiento del capítulo laboral. Una postura contradictoria con dos informes emitidos por esta misma cartera ministerial (N°111-2008-MTPE/5 y N°23-2011-MTPE/2/14) donde encontró que esta norma “habría sido utilizada como un elemento disuasivo contra la afiliación sindical” y constató la “imperiosa necesidad de reformar el régimen”.
“Al no haber aprobado reformas a la ley, el Gobierno de Perú corre el riesgo de que la controversia se formalice, una situación que podría afectar al comercio entre ambos países”, afirma Eric Gottwald, director de la organización estadounidense Foro Internacional de los Derechos Laborales (en inglés, International Labor Rights Forum). Cabe recordar que en 2013 cinco multinacionales con sede en Estados Unidos (incluyendo Nike, New Balance y PVH Corporation) en una carta dirigida al expresidente Humala manifestaron su preocupación porque el decreto ley 22342 “alienta y tolera violaciones a los derechos laborales y constituye un obstáculo a sus códigos de conducta empresariales”.
“Estamos informados de que representaciones diplomáticas de otros países siguen con interés este procedimiento, en particular, Canadá–país que tiene un Tratado de Libre Comercio con Perú- y la propia Unión Europea. Sería ingenuo pensar que esta incapacidad para tomar medidas correctivas sea ignorado por países que tienen capítulos laborales similares”, afirma Mujica.
