· A noviembre de 2013, según el mapa de concesiones mineras, el 21,20% del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir más de 26 millones de hectáreas.
El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros
en el Perú presentado por tres organizaciones: Grufides, CooperAcción y Fedepaz,
identifica a la minería informal como uno de los principales focos de conflicto
a nivel nacional con un crecimiento explosivo y descontrolado. Entre 2005 y 2011 el número de titulares en régimen de minería
artesanal se han incrementado en un 20%, mientras que el área concesionada
prácticamente se triplicó, pasando de 1.5 millones a 4.4 millones de hectáreas,
muchas de las cuales se convertirán en operaciones legales o serán tomadas por
mineros ilegales.
Jose de Echave, investigador de CooperAcción, resaltó que
si bien el 2012 los conflictos sociales han disminuido, pero los conflictos
latentes se mantienen en proyectos mineros como Conga (Cajamarca), Espinar
(Cusco), Tía María (Arequipa) y en Madre
de Dios por la concentración de la minería ilegal. Señaló que la agenda de los
conflictos se ampliaron, en años pasados los temas que movilizaban a las
poblaciones era el agua y la tierra y que actualmente los conflictos latentes
son por la reducción del canon minero, la incesante minería informal en un
número creciente en regiones y las políticas para destrabar las inversiones.
El informe destaca que la región Apurímac sigue siendo,
de entre las zonas monitoreadas, la
región que concentra mayor cantidad de conflictos sociales, y sigue consolidando como el nuevo centro de inversión minera, concentrando el
21% de la cartera de inversión minera con proyectos como Las Bambas,
Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros. Solo el proyecto de Las Bambas
demanda una inversión de más de US$ 5,200 millones.
De Echave señaló que durante el 2011 y 2012 las
inversiones mineras no se han reducido, que según cifras oficiales del
Ministerio de Energía y Minas muestran que en esos años las inversiones se
incrementaron en un 18% pasando de US$ 7,243 millones a US$ 8,549 millones, una
tendencia que continuó durante el primer semestre de 2013, aumentando en un
19%. Es decir que las políticas para “destrabar
las inversiones” no han tenido justificación.
Ana Leyva, abogada de Fedepaz señaló que la minería
ilegal en la región Piura se viene desbordando y que las competencias que se les
ha dado a todos los gobiernos regionales son insuficientes porque no tienen
capacidades para abordar el tema, por lo que se requiere que el Estado tenga
capacidad multisectorial para enfrentarla.
Así el informe agrega que de las aproximadamente 70 mil
Declaraciones de Compromiso presentadas a noviembre de 2012, a agosto de 2013,
sólo 20.875 mineros habían iniciado el trámite de formalización. A comienzos del 2012, el Ministerio de Energía
y Minas estimó que hay unos 100.000 mineros, en su mayoría informales, y unas
400.000 personas que dependen de estas actividades.
Pablo Sánchez de Grufides presentó el impacto del
megaproyecto de la hidroeléctrica Chadín 2, conformado por 24 hidroeléctricas, y que se convierte en Cajamarca en un nuevo
núcleo de tensión, luego de la violenta represión de la policía en julio de
2013, contra pobladores afectados. Los pobladores denunciaron irregularidades
en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del megaproyecto. Afirmó que
el megaproyecto desaparecería el río Marañón, que pasaría de un caudal de 450
m3/segundo a 70 m3/segundo durante el llamado de embalse.
Cifras:
Este 2013 Apurímac
registra un 66.5% de su territorio concesionado a la minería, más de un millón
388 mil hectáreas, 12.1% más que el año 2012.
La venta del proyecto de las Bambas la empresa
minera Glencore Xstrata e ha convertido en una nueva posibilidad de inversión
para numerosas empresas que están presentando sus ofertas, entre ellas, destaca
la fuerte apuesta que están realizando las corporaciones chinas.
Cusco tiene el
23.6% de su territorio concesionado, más de un millón 695 mil hectáreas. Como resultado del crecimiento sostenido de la actividad minera en la
región se abrieron varios procesos de diálogo, entre ellos se encuentra el de
Espinar donde se ha acordado la continuación de los Monitoreos Ambientales
Participativos, aunque las negociaciones para la Reformulación del Convenio
Marco siguen detenidas. Esta región es la más golpeada por la reducción de
canon minero.
En Cajamarca, El
42.2% del territorio está concesionado a la minería. El sistema de vigilancia
establecido en Conga, promovido por las rondas campesinas y pobladores
afectados, ha asumido un rol fundamental
en la defensa de las tierras y de los recursos hídricos de la región, por ello,
están en el punto de mira de las fuerzas de seguridad siendo objeto de
violentas agresiones y del hostigamiento.
En Junín, Más de un millón de hectáreas de su territorio
se encuentra concesionado, es decir un 27.4% de su territorio.
La región de Piura tiene un 32% de su territorio
concesionado. Aparentemente
en esta región se trata de reactivar la actividad extractiva.
