Ollanta Humala acaba gestión sin ningún avance en ordenamiento territorial

ü  Pese a la promesa del presidente de ordenar el territorio, cinco años después, no se ha aprobado una ley al respecto, ni se ha concluido ningún proceso.

ü  La Ley 30230 ha supuesto un duro golpe al ordenamiento territorial.

 

El desorden territorial será una de las herencias que tendrá que asumir el próximo Gobierno. Pese a las promesas de Ollanta Humala de planificar el territorio, cinco años después, no se ha aprobado una Ley de Ordenamiento Territorial, es más, 13 regiones siguen estancadas en un largo proceso que demanda de un presupuesto y personal especializado del que adolecen. El desorden territorial se perfila, además, como una de las piedras en el zapato para emprender el rumbo hacia la diversificación productiva, tal y como recomiendan organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En este escenario de parálisis, el territorio comunal se ha erigido en una referencia para los procesos de gestión territorial, gracias a la iniciativa desarrollada por Consorcio ACPIc, integrado por ONG peruanas y belga, durante cuatro años. En la actualidad, ya han puesto en marcha nueve procesos de ordenamiento en comunidades de Cusco, Huánuco y Áncash.

 

Doris Guarda, representante del Ministerio del Ambiente (MINAM) ha resaltado la importancia del ordenamiento territorial como herramienta para articular el territorio de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones, para el manejo sostenible del ambiente y promover el uso adecuado de los recursos naturales. Guarda reseñó que existen obstáculos como la falta de equipamiento y de recursos humanos en las regiones.

 

Más allá de estos obstáculos, especialistas como Rafael Salgado, ingeniero ambiental de ADG, señalan a la Ley 32030 como una de las mayores limitaciones para el ordenamiento territorial. “Esta ley quitó la categoría de vinculante a los procesos de OT .Esto quiere decir que por más que mediante un Plan de Ordenamiento Territorial se defina que un área es de conservación, al no ser vinculante, el Estado tiene la posibilidad de omitir lo establecido”. Al respecto, Doris Guarda afirma que el OT orienta la toma de decisiones, por ello, corresponde a los que lo implementan que tomen las acciones necesarias. Un punto con el que disiente Ana Leyva, representante de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, pues considera que ordenar y planificar van de la mano, por lo que estos procesos deberían ser vinculantes.

 

Leyva recordó que en Perú determinados sectores económicos suscitan miedo hacia el ordenamiento territorial de manera injustificada pues estas políticas públicas están presentes en los países desarrollados que buscan promover el desarrollo de manera sostenible.

 

Carlos Cabrera, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), identificó el ordenamiento territorial como uno de los ejes necesarios para elevar los estándares de desarrollo del país que busca incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

 

Una mirada desde lo local

“La gestión del territorio de manera compartida y consensuada es un camino imprescindible para el desarrollo sostenible. El ordenamiento territorial comunal ha permitido un aprendizaje acumulado  de saberes ancestrales para gestionar el territorio que no deberían obviarse en los procesos oficial”, explicó Pierre  Rouschop, representante de ADG, en el foro celebrado hoy día Territorio, Gobierno y Comunidad: fortaleciendo el ordenamiento territorial desde lo local a lo nacional”.

 

 “Con este proceso hemos podido conocer nuestros recursos, nuestro espacio y la disponibilidad de los mismos. Nos ha permitido identificar de una manera más objetiva las necesidades que tenemos y mejorar nuestra calidad de gasto porque ahora invertimos en proyectos que sí nos propician desarrollo”, cuenta José Romero, alcalde del distrito de Shupluy, en Áncash.Las comunidades participan de estos procesos que terminan por constituirse en experiencias fundamentales para la adaptación y mitigación del cambio climático; garantizar la soberanía alimentaria del país; y mejorar la redistribución y uso sostenible de los recursos naturales, además de contribuir a la reducción de los conflictos socioambientales.

 

Cirilio Romero, comunero de Mirachi, Huánuco, defiende de manera enérgica la necesidad de impulsar el ordenamiento territorial. “Si a veces los pueblos no emergemos es porque desconocemos nuestras potencialidades, lógicamente no lo aprovechamos debidamente o hasta lo desaprovechamos y lo depredamos. Por eso, creo que el ordenamiento ya debe establecerse como una política pública de estricto cumplimiento”. “Necesitamos una ley que permita articular mejor los diversos instrumentos de planificación territorial; ayude a fortalecer la consulta y participación de las comunidades y la ciudadanía local y contribuya al proceso de descentralización fortaleciendo la articulación comunidad-distrito-provincia-región, lo cual es fundamental para alcanzar mayores niveles de gobernabilidad”, comenta Alejandro Chirinos, sociólogo de ACPIc. .

Foro: “Territorio, Gobierno y Comunidad: fortaleciendo el ordenamiento territorial desde lo local a lo nacional”

 

Lima, martes 26 de abril 2016

Lugar: Universidad Tecnológica del Perú – Av. Guzmán Blanco 280, piso 10

Hora: 09:00 – 6:00 pm.

 

Ordenar el territorio es una tarea pendiente para la ciudadanía y para el próximo Gobierno. El consorcio ACPic, integrado por ONG peruanas y belgas, ha puesto en marcha nueve procesos de ordenamiento comunal en regiones como Cusco, Huánuco y Ancash.  En el foro se darán a conocer las diversas experiencias de gestión territorial que las organizaciones han desarrollado durante los últimos cuatro años y se promoverá el debate sobre los desafíos que esas experiencias plantean de lo local a lo nacional. Participarán el Ministerio del Medio Ambiente (Minam), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Gobierno Regional de Piura, y representantes de Puno, Cusco, Cajamarca, Áncash, Apurímac y Huánuco.

 

A pesar de que los procesos comunales no están contemplados en la legislación especial sobre la materia, constituyen experiencias fundamentales para que las comunidades participen y contribuyan, de manera articulada, a la adaptación y mitigación del cambio climático; a garantizar la soberanía alimentaria del país; a una mejor redistribución y uso sostenible de los recursos naturales y a reducir los conflictos socioambientales.

 

En el Perú todavía es un desafío el reconocimiento del importante rol que tienen las comunidades nativas y campesinas en la gestión del territorio. En Perú, aún no hay ningún plan de Ordenamiento Territorial (POT) concluido aunque 13 Gobiernos Regionales ya tienen aprobado su instrumento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). 

 

Una dificultad para avanzar es la falta de una ley de ordenamiento territorial, una normativa que “permita articular mejor los diversos instrumentos de planificación territorial; ayude a fortalecer la consulta y participación de las comunidades y la ciudadanía local y contribuya al proceso de descentralización fortaleciendo la articulación comunidad-distrito-provincia-región, lo cual es fundamental para alcanzar mayores niveles de gobernabilidad”, puntualiza Alejandro Chirinos, del  ACPIC.

Propuesta Ciudadana cuestiona la eficiencia de las asociaciones público-privadas para acelerar la inversión pública en Perú

ü  Esta entidad organizó un debate donde participaron expertos del sector privado y público. Propuesta Ciudadana alertó de que la falta de transparencia y vigilancia de estos mecanismos constituyen una agenda pendiente para el próximo Gobierno.   

 

Desde hace varios años la participación del sector privado en la inversión pública no ha dejado de crecer, unas conexiones que se extienden hasta un sector tan sensible y estratégico como el educativo pero que arrastra una brecha en infraestructura de 63 mil millones de soles. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, informó  recientemente que las obras por impuestos en educación sumarán 360 millones de soles en 2016.  Sin embargo, Propuesta Ciudadana alertó sobre la  falta de transparencia y vigilancia para evitar mayores costos para el sector público en las inversiones realizadas bajo el el esquema de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos. Asimismo, cuestionó la tendencia a ejecutar obras que no responden a una prioridad pública, sino que están construidas bajo la lógica de la empresa, especialmente en el área rural, y en el sector educativo.

 

Los compromisos pasivos y contingentes de APP del 2012 al 2042 representan un promedio de USS 529 millones,  es decir, el 1.5% del total egresos anuales del presupuesto público. Las alianzas público-privadas nacen bajo la idea de que la participación del sector privado puede servir para acelerar la inversión en los territorios, reduciendo brechas de infraestructura con celeridad al no estar sujetas a trabas burocráticas. Representantes del sector privado presentes, como Daniel Córdova, presidente ejecutivo de Invertir Group, consideran que estos mecanismos sí aceleran la inversión pública. Una postura con la que también coincidió Camilo Carrillo, director general de Infraestructura Educativa (MINEDU). “Permiten emplear el músculo del sector privado” para la infraestructura y el mantenimiento del proyecto.

 

Sin embargo, las experiencias acumuladas a nivel nacional e internacional sin ponen contra las cuerdas  a esta teoría sobre los resultados de las APP. Marisa Glave, socióloga de Propuesta Ciudadana, señaló que no hay ninguna evaluación ni estudio que demuestre que el sector privado ejecute obras con un mejor resultado en cuanto al costo y en eficiencia, esto sucedió con el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) donde hasta el momento no se ha realizado una valoración al mismo. “Es necesaria una mayor transparencia sobre cómo se selecciona a  la empresa constructora de las obras e información sobre los costos de la misma”, afirmó Glave. En la actualidad, no existe limitación legal ni mecanismos de control para que la empresa que financia un proyecto de inversión pueda contratar a otra que pertenezca el mismo grupo corporativo, lo cual genera suspicacias. La norma establece que para la elección de la empresa constructora  no se realiza ningún proceso de selección, sino que ésta es determinada por la empresa privada. Ante este punto, representantes del sector privado reconocieron la necesidad de mejorar la norma para evitar “conflicto de intereses”.

 

Desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo hasta la Unión Europea consideran necesario afinar algunas tuercas del mecanismo para mejorar la negociación, regulación y supervisión de las APP como la adopción de marcos normativos claros y transparencia en las decisiones. Desde Propuesta Ciudadana señalan que es el Estado el que debe definir qué obras promover, dónde y cómo. Además, consideran que los objetivos y criterios de selección deben estar claros en las bases de los concursos y contratos, así como dar un seguimiento detallado a los proyectos en fase pre operativa e incluir a las APP en la contabilidad nacional (haciendo públicos los contratos).

Para mejorar la eficiencia de estos mecanismos, Roberto Urrunaga, decano de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, resaltó la necesidad de mejorar la planificación del Estado mediante planes intersectoriales. Carrillo adelantó que en mayo se hará público el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Con ello, se buscaría mejorar la falta de priorización que existe a nivel estatal en este rubro, pues todos los paquetes APP se han iniciado como iniciativa privada.

 

Las obras por impuestos se han incrementado  en un 81% desde el 2008 hasta el 2014, lo que sugiere que se trata de un mecanismo muy atractivo para las 64 empresas que han participado hasta el momento, en su mayoría mineras, aunque cada vez más se suman las empresas financieras –representando el 36%- como el BCP (en segundo lugar), Telefónica, Interbank o Backus. Los sectores públicos que atraen mayor inversión de este tipo son el de transporte, saneamiento y educación. De las 203 obras comprometidas bajo el mecanismo Obras por Impuestos- hasta marzo de 2016- solo se habían concluido 82, representando el 40% del total de los proyectos. De hecho, es común que los costos de una obra ejecutados por un privado sean más elevados.  El economista Humberto Campodónico señaló que las empresas públicas también deberían poder optar a este mecanismo.

 

Otro de los problemas señalados por Propuesta Ciudadana es que las empresas anuncian inversiones bajo los mecanismos de Obras por Impuestos como parte de su responsabilidad social empresarial con la intención de mejorar su imagen corporativa.  Sin embargo, lejos de ser donaciones de la empresa privada, Glave recordó que “son fondos del Estado, porque son impuestos que deja de pagar el privado”.

Urge implementar medidas de accesibilidad para que personas con discapacidad voten en segunda vuelta

 

Pese a que organizaciones de la Sociedad Civil enviaron recomendaciones a la ONPE y al JNE, personas con discapacidad reportaron problemas de falta de accesibilidad y atención preferente en los centros de votación.

• El voto electrónico no fue accesible para personas con discapacidad visual, pues no se contempló un software que les permita sufragar solos.

 

Quedan solo dos candidatos en la contienda electoral que se disputan la presidencia del Perú y, mientras que la mayoría de peruanos se preparan para acudir a votar con normalidad en la segunda vuelta, las personas con discapacidad tendrán que volver a enfrentar las barreras de accesibilidad con las que se topan en cada proceso electoral: colegios inaccesibles, mesas de votación en pisos superiores, máquinas para voto electrónico ubicadas muy alto, falta del pase preferencial, entre otros.

 

Andrea Burga vive en San Miguel, es estudiante universitaria y el 10 de abril vivió su primer proceso electoral; pero no fue sencillo para ella pues, al tener discapacidad visual, no acudió sola: “Yo fui a votar con mi mamá, ella entró a la cabina conmigo y marcó la cédula; pero me parece importante poder hacerlo sola”, señala la joven, a quien no se le ofreció una cédula Braille. “El hecho de que otra persona marque por ti, te quita autonomía”, dice Andrea y duda sobre la accesibilidad del voto electrónico, pese a que en su lugar de votación no estaba habilitado, ya que considera que si el software no está adecuado para personas ciegas, preferiría que se priorice la correcta entrega de cédulas accesibles en todos los locales de votación.

 

“El voto electrónico ha sido inaccesible a las personas con discapacidad visual. Tenían que ir con otra persona y ya ahí había un problema pues su voto ya no era secreto. Además, la máquina es muy elevada y en algunos casos estuvo mal ubicada, dificultando el voto de las personas en sillas de ruedas”, manifiesta Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (SODIS). Añade que hubo falta de mesas temporales en el primer piso de las escuelas, pese a que enviaron recomendaciones a las instituciones estatales para prevenir esos hechos.

 

Tales recomendaciones fueron elaboradas por el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), SODIS, Transparencia, y la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de la CNDDHH. Y fueron enviadas en noviembre del 2015, a instituciones del Estado involucradas con el proceso electoral, para que puedan encarar los desafíos que las personas con discapacidad enfrentan al momento de sufragar. Sin embargo, culminada la primera vuelta, hay muchos aspectos que deben mejorarse.

 

Entre las sugerencias enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), destacaron las dirigidas a esta última organización, en el documento se explicaba la necesidad de que hayan módulos temporales de votación en los primeros pisos de los locales, también que se cuente con los ajustes razonables para el acceso y movilidad de las personas con discapacidad física, como exigen las propias directivas de la ONPE.

 

“Ha habido cierto retroceso respecto a la implementación de las capacidades para el sufragio de los electores con discapacidad. A pesar de que había personas con discapacidad empadronadas, no necesariamente sus mesas estaban ubicadas en un primer piso”, comenta Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría. Lo curioso es que precisamente los empadronamientos sirven para hacer que el proceso sea más accesible, no para dificultar más el desplazamiento de las personas con discapacidad. En este caso, lo que sucedió fue que muchas personas usuarias de sillas de ruedas fueron cargadas hasta los pisos superiores para poder sufragar.

 

¿La solución es la omisión de la multa?

El Jurado Nacional de Elecciones informó que la dispensa de multa electoral que soliciten las personas con discapacidad será gratuita, gracias al convenio institucional entre el JNE y el Conadis. Esto quiere decir que si una persona con discapacidad no acudió a votar, debe presentar ante el JNE su carné del Conadis o un certificado de discapacidad emitido por cualquier centro de salud. Esto permitirá que se le entregue la dispensa sin realizar un pago.

 

Pero, ¿no sería mejor que se garantice que esa población vote? Para la representante de la Defensoría del Pueblo es que se garantice el voto a las personas que quieran votar, no que se usen dispensas. Deben tener un voto accesible, hay que darles las facilidades”, enfatiza Pineda. “No es un problema de multas, el punto es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a que se les brinden los apoyos para poder ejercer ese derecho”, finaliza la vocera de SODIS, Silvana Queija.

 

Recomendaciones que se envió al ente electoral para garantizar el sufragio de las personas con discapacidad;

http://goo.gl/ubQuUK

Organismo mundial minero muestra preocupación por las declaraciones realizadas por miembros de la Sociedad Nacional de Minería contra la consulta

- El presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhorta al SNMPE que responda a las organizaciones de la sociedad civil peruana y tome una posición oficial sobre la consulta previa. El SNMPE es miembro asociado del ICMM.

- Aidan Davy, vicepresidente de este organismo, participó en Lima en un panel sobre consulta previa y calificó las declaraciones realizadas por el gremio minero nacional como “sorprendentes”.

 

(Lima, 4 de abril de 2016). El presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, respondió a la misiva enviada por 16 organizaciones de la sociedad civil peruana expresando preocupación por las polémicas declaraciones vertidas por representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que critican y desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y el rol fundamental que deben cumplir las instituciones ambientales y sociales para garantizar los derechos de los peruanos.  En su respuesta, Butler afirma “tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones  de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente”.Asimismo, el presidente del ICMM insta al SNMPE a responder y tomar una posición oficial al respecto.

 

Como parte de una campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones peruanas de la sociedad civil, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE. La carta incluye que expresiones como “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera." (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o ““Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015), no son solo opiniones sino que también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca demonizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

 

El Consejo Internacional de Mineria y Metales –ICMM-, conformada por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo, en su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomo una posición muy clara en el respeto del consentimiento previo, libre e informado (CPLI).  El ICMM contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio. Reconociendo la “posible vulnerabilidad de los pueblos indígenas”, los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas; adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, mediante un proceso acorde con sus procesos tradicionales de toma de decisiones y basado en negociaciones de buena fe, y trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando así lo exija esta declaración de posición”.

 

Así mismo lo reitera la carta de Butler: “Nuestras compañías miembro se han comprometido a este objetivo [minería responsable] a través de nuestros principios fundacionales que incluyen la implementación de un compromiso eficaz y  transparente con nuestras contrapartes”.  Añade que “a su vez, las asociaciones nacionales que son miembros del ICMM miembro juegan un papel importante al llegar a más de 1700 compañías mineras a nivel mundial, y de esta manera brinda una plataforma para compartir las buenas prácticas Aidan Davy, Vicepresidente del ICMM, remarcó durante un evento sobre consulta previa, el pasado 24 de febrero en Lima, que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas", y comentó que "el consentimiento  construye compromisos y genera entendimiento". Preguntado sobre los comentarios expresados por miembros de la SNMPE, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

 

Oxfam y aliados esperan que la SNMPE, sus compañías miembros y otras instituciones y compañías relacionadas se animen a seguir las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

 

Así mismo, la campaña impulsada desde Oxfam: Defendamos nuestro medioambiente,  insta a los candidatos presidenciales a asumir una posición similar y trabajar juntos hacia este objetivo.  Las organizaciones siguen impulsando una acción que será entregada a los candidatos presidenciales para comprometerles en dicho esfuerzo. Para saber más, aquí: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente  

Naciones Unidas: “Urge a Perú cerrar brechas de exclusión educativa de estudiantes con discapacidad”

• El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pidió que Perú asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios en beneficio del 54% de niños con discapacidad que no saben leer ni escribir.
• Liliana Peñaherrera de SODIS hace un análisis sobre la educación inclusiva en Perú: “Hay una fuerte exclusión y muchos prejuicios hacia los niños con discapacidad”.

Inició el año escolar  y  niños con discapacidad en edad escolar en el Perú no solo tienen que enfrentar barreras arquitectónicas y urbanísticas para acceder a la escuela, sino también  prejuicios, desinformación, ausencia de transporte público adecuado y falta de recursos (docentes insuficientemente preparados, curriculum no adaptado, materiales insuficientes en braille o en lenguaje fácil, por ejemplo).

 

En las recientes recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU  plantea al estado peruano, destaca su preocupación por las altas cifras de discriminación y exclusión de los menores con discapacidad, señalando el hecho de que más del 90% no poseen un certificado de discapacidad y que el 54% de la niñez con discapacidad en Perú no sabe leer ni escribir, y recomienda –entre otras medidas-  que se destinen los recursos necesarios para cambiar estas situaciones.

 

En sus "Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Perú” (enero 2016), el Comité destaca que existe un acceso limitado a la educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad, en particular en las zonas rurales y remotas, debido -entre otras cosas- a la falta de infraestructura y recursos adecuados, además de la limitada ayuda del Servicio de Apoyo y Asesoramiento de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE).

 

“Al Comité le preocupa muchísimo el hecho que haya 120 mil niños con discapacidad fuera del sistema y esa es una realidad que el Ministerio de Educación no está asumiendo con la energía que deberí”, sostiene Liliana Peñaherrera, directora de SODIS. Los prejuicios, las barreras mentales y la desinformación son también factores clave.

 

¿Hay educación inclusiva en Perú?

En Perú, más de 54 mil niños, niñas y adolescentes y jóvenes con discapacidad estudian en instituciones denominadas inclusivas, sean públicas o privadas. Sin embargo, de este universo, solo 10 mil 667 reciben atención especializada y soporte a través del SAANEE, según el Ministerio de Educación. Apenas 17,000 estudian en los 342 colegios de educación especial. Más de 120,000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanecen fuera de las aulas, en sus casas, sin posibilidad de potenciar sus habilidades, de ser parte de su comunidad.

 

Situación de los y las menores con discapacidad

Solo 4,9% de infantes con discapacidad entre 0 y 3 años acude a un programa de intervención temprana.

62.8% de niños y niñas con discapacidad entre 3 y 5 años no va a centros de educación inicial.

36,9% de menores con discapacidad entre 6 y 11 años no asiste a la escuela primaria.

49,2% de adolescentes con discapacidad entre 12 a 17 años no asiste a la escuela secundaria.

85,9% entre 18 y 24 años no asiste a ningún centro educativo.

Únicamente 22,4% cuenta con educación secundaria completa.

Fuente: Primera Encuesta Nacional. Especializada sobre Discapacidad 2012 (INEI)

 

Las cifras muestran que a pesar que se ha tratado de impulsar la educación inclusiva en Perú, aún tenemos muchos retos por delante. Los planes que desde el MINEDU se han querido implementar desde el 2004 para promover el acceso a la educación y una sustancial mejora del servicio, no han dado los resultados esperados.

 

Liliana Peñaherrera expone que “estamos insistiendo en que debe haber un único sistema que provea los recursos necesarios para atender las necesidades educativas de todos sus estudiantes y poder potenciar sus capacidades". Ello requiere, explica, que cada colegio se haga responsable de todos sus alumnos, sin depender de un apoyo externo como los SAANEE.

 

Para este año 2016 el Ministerio de Educación ha identificado 401 colegios que incluyen estudiantes con discapacidad que serán dotados de recursos tecnológicos, de materiales y capacitación. Asimismo, ha establecido que 1,000 acompañantes pedagógicos - figura que ya existe para apoyar a la niñez indígena en las escuelas - atiendan también a niños con discapacidad incluidos en escuelas regulares, y ha implementado un centro de recursos en cada región para apoyar a los docentes. No obstante, se requiere un plan que articule acciones con otras direcciones al interior del ministerio y con otros sectores, claramente con salud.

 

SODIS ve con preocupación, además, que las normas de matrícula escolar existentes se hayan limitado a establecer la obligatoriedad de la reserva de dos vacantes por aula en colegios públicos y privados, sin resolver problemas como los costos adicionales por el acompañamiento y apoyo en el aula de los estudiantes, que suelen cargarse a los padres de familia. Frente a ello, consideran indispensable que el Ministerio de Educación priorice el tema de la educación de niños y niñas con discapacidad dentro de la reforma educativa en marcha.

 

"Nos queda claro que no es principalmente un tema de recursos económicos. La mayor dificultad radica en las barreras mentales que tiene la gente; en la creencia y en el prejuicio de que estos niños no aprenden igual, o no aprenden del todo, o no aprenden nada”, declara Peñaherrera.

Planes de Gobierno deben de poner más atención a la Seguridad Alimentaria

• A pesar del crecimiento económico, el 46% de la población rural peruana es vulnerable a la pobreza. Producen el 70% de los alimentos, y son los que tienen los índices más altos de desnutrición.
• Expertos coinciden en la necesidad de poner en marcha las políticas públicas de fomento a la agricultura familiar, y en aprobar  la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se encuentra paralizada en el Congreso.

Las elecciones se acercan, la alimentación  y pequeña agricultura no se cuelan entre los temas prioritarios de los candidatos,  pese a que el 70% de los productos con los que nos alimentamos cada día son producidos por los pequeños agricultores.   Pero  además  se da la cruel paradoja de que casi la mitad de los productores son los más vulnerables a la pobreza, como recuerda Cepes, la FAO y la OPS/OMS organizaciones que están promoviendo un foro sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura Familiar (25 de febrero), donde debatirán sus propuestas  los equipos técnicos de los principales partidos políticos. ¿Cómo se asegurará en los próximos cinco años que toda la población tenga acceso a alimentos?  El cambio climático, el Fenómeno El Niño y  la competencia por el uso de los suelos avizoran un horizonte poco halagüeño que podría conducirnos a un serio problema de inseguridad alimentaria.

Agricultura familiar, sector estratégico

“La importancia de la agricultura familiar es doble en el tema alimentario, hay que tomar en cuenta que la desnutrición se da principalmente en las áreas rurales y, en especial, en el seno de esa agricultura. Entonces, una política de apoyo y fomento a la agricultura familiar contribuiría no solamente a mejorar la constitución de alimentos, sino que también ayudaría a que ese sector más pobre de la agricultura se enfrente al problema de desnutrición”, señala Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

Más de medio millón de niños sufren de desnutrición crónica, concentrada en Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac  y  Ayacucho. Estas regiones  junto a Amazonas son además las que tienen mayores niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, según el mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Programa Mundial de Alimentos, de las NNUU (PMA).

Sin embargo, la situación de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en el área urbana también es preocupante, pues según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a pesar que la prevalencia de la DCI en el área urbana es 3.5 veces menos que la del área rural, la cantidad de niños menores de cinco años desnutridos es muy similar (141 mil en el área urbana y 167 mil en el área rural). Por tal motivo, es evidente que la desnutrición no solo se debe combatir en las zonas rurales.

Esta problemática ha llamado la atención mundial, diversas organizaciones de las Naciones Unidas como la FAO, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias instituciones nacionales como Cepes, vienen promoviendo debates para que el tema forme parte de una agenda nacional y mundial. “Para la FAO es una realidad mundial la existencia de estos pequeños agricultores en el mundo, pero que curiosamente no han estado suficientemente visibilizados para las políticas públicas globales y nacionales”, añade Alberto García, asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los especialistas destacan que en Perú no solo hay problemas de desnutrición, sino también de malnutrición, como la obesidad. En octubre del año pasado la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis (APOA) alertó de que el número de niños y adolescentes obesos y con sobrepeso se incrementó en algunos departamentos del país del 3% hasta el  19% en las tres últimas décadas, aumentando sus posibilidades de contraer  diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

García sostiene que la agricultura familiar es un sector estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, porque es responsable de la mayor parte de la producción de alimentos frescos, no industrializados.

Eguren manifiesta que la agricultura familiar no solamente es clave para la seguridad alimentaria del país, sino que nos ayudaría a generar un desarrollo descentralizado, más equilibrado y más equitativo, pues más del 97% de las unidades agropecuarias del país (2 millones 157 mil) pertenecen a la agricultura familiar: “La manera más eficaz para combatir de manera permanente la pobreza es con el desarrollo rural, incluso es uno de los sectores que crea más empleo”, dice el especialista.

Menos suelo cultivable

“Hace 50 años se hicieron estudios que demostraron que un tercio de las tierras de la costa estaban salinizadas, no se ha hecho nada al respecto y tampoco hay nuevos estudios. En términos del cuidado del suelo, nuestro país es una desgracia”, sentencia Eguren. El estrés hídrico se revela como otro de los graves problemas que disminuiría la capacidad de producir alimentos, además de las inundaciones o sequías por el Fenómeno El Niño.

Asimismo, la mala distribución de los recursos ha ocasionado que en zonas como Ica, los pequeños agricultores no tengan agua, pues son las grandes agroexportadoras las que se benefician con el recurso elemental: “Es realmente un problema, si pones de ejemplo lo que está sucediendo en Ica, te das cuenta que lo que ha sucedido en los últimos años es catastrófico para el futuro de ese lugar”, señala el asesor de la FAO.

“Los gobiernos van a tener que optar sobre qué partes de la agricultura priorizan. En términos de adjudicación de recursos públicos, la gran agricultura destinada a las exportaciones absorbe más recursos que aquella que va a la agricultura familiar, cambiar eso es una decisión política”, sostiene Eguren.

¿Qué está haciendo Perú?

Durante este Gobierno se ha avanzado lentamente en la normativa con respecto a seguridad alimentaria y agricultura familiar. Existe una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 que pretende impulsar la agricultura familiar en la producción de alimentos. Asimismo, en 2015 se aprobó una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, mediante Decreto Supremo 009-2015-MINAGRI.

La norma más clara en el tema es la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (N° 30355) que reconoce su importancia como conservadora de la agrobiodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional está estancada en el Congreso, debido a las observaciones de la congresista fujimorista, Martha Chávez.   La ley que está paralizada porque no se da el reglamento, por oposición de la industria alimentaria y las empresas de publicidad, es la de Promoción de Alimentos Saludables para Niños, Niñas y Adolescentes, que fue promulgada en mayo del 2013 y aún no se aplica. 

“Hay un cuerpo normativo que está esperando, está en la línea de partida de que comience su ejecución y esto depende mucho de decisiones políticas. Podríamos decir que esos temas están entrando en agenda, pero todavía es insuficiente. Sin duda este es un tema que va a retar al próximo gobierno y al próximo Congreso”, declara Eguren.

 

Por otro lado, ambos especialistas señalan que ha sido muy importante la presencia de programas sociales como “Juntos”, “Pensión 65” y “Qali Warma”. Asimismo, consideran que se debe seguir impulsando los mismos, pues son importantes para la reducción de la pobreza. “La gente que sale de la pobreza, puede regresar mucho más rápido a ella. Ese crecimiento, esa clase media es un fenómeno transitorio”, comenta García.