Incertidumbre: en 18 días vence el contrato del Lote 192

A tan solo 18 días de vencer el contrato del Lote 192 aún no se ha dado la licitación de uno de los lotes más  importantes del país, actualmente produce el 17% del crudo nacional. Pese al rechazo de las comunidades indígenas Pluspetrol –empresa argentina que explotó el lote los últimos 15 años- sigue siendo una opción para continuar con la administración de dicho lote, pues la licitación ha sido declarada desierta, y hay una preocupación real de parte de las comunidades indígenas de Loreto que Perupetro negocie directamente con Pluspetrol.

Escriben Magali Zevallos y Iara Urbina

Las comunidades indígenas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón de Loreto, se encuentran viviendo momentos de incertidumbre, en 18 días se definiría el destino de estas poblaciones que han padecido por más de 40 años los lastres de la contaminación petrolera, y la incapacidad del Estado para estar presente en estas zonas. La cercanía del vencimiento del contrato de este lote petrolero obligó al Estado a atender las demandas de estos pueblos indígenas, a partir de ello se establecieron mesas de trabajo, compromisos de remediación ambiental, proceso de diálogo para la consulta previa, entre otros. Sin embargo, hay mucha incertidumbre entre las poblaciones y sus federaciones respecto a quién administrará el lote.

Mediante un comunicado las Federaciones Indígenas señalaron que la actual operadora del Lote 192 continúa sin implementar las recomendaciones que el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA han hecho para la remediación ambiental. “Pluspetrol cumple un papel nocivo, no sólo en nuestros territorios sino frente al interés nacional. La actual operadora del Lote 1AB y, ahora, también postora del Lote 192, pretende excluir más de 90 sitios contaminados que han sido identificados por entidades del Estado”.

 

Tras ser declarada desierta la licitación, uno de los escenarios que plantean los economistas en cuanto a las negociaciones de este lote es que la empresa podría negociar con condiciones a su favor y podría pedir que se reduzca más el porcentaje de regalías, que en el caso del petróleo ligero bajó de 35% a 20%, mientras que para el petróleo pesado disminuyó de 25% a 15%.

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas señala que por un lado ha habido errores técnicos y falta de claridad política, y en esta disyuntiva se plantea una pregunta ¿no habrá sido que han endurecido las bases para que no hayan postores? “Si es así, no queda más que negociar directamente con Pluspetrol, esa es la especulación que se hace y en ese caso, se puede decir que como ninguno se ha presentado, las bases pedían demasiado y en la negociación directa se bajan sustancialmente los requisitos y regalías pero ya con un solo postor”.

Ante esta premisa los integrantes de las Federaciones Indígenas señalaron que no permitirán que la historia se repita y que antes de realizarse la licitación, el nuevo operador y el Estado deben acercarse a los territorios para conversar con las comunidades y sus organizaciones. “El Estado no puede ser débil ante Pluspetrol y debe exigirle que se haga cargo del daño cometido”.

Piden que Petroperú asuma Lote 192

Las comunidades del Tigre realizaron una movilización presidida por su gobernador regional, Fernando Meléndez, donde protestaron en contra de la disminución del canon petrolero que recibe Loreto. Con pancartas y banderolas exigieron que Petroperú sea la empresa que se encargue de la explotación del Lote 192 ya que, es la propuesta más viable para operar dicho lote.

Aunque el presidente Ollanta Humala ya ha salido a descartar esa opción.

Herrera Descalzi señala que según la Ley N°30130, la empresa estatal no puede participar al 100% en la licitación del Lote 192, sí es que hubiera la intención política, el caso tendría que ser llevado al Congreso de la República, y la salida sería por la emisión y publicación de un Decreto de Urgencia, es decir depende de la voluntad política del gobierno.

Al respecto, el economista Humberto Campodónico sostiene que esa negativa viene desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Lo que sucede es que el ministro Alonso Segura no quiere que la empresa estatal tome el rol que le corresponde; por lo tanto, el peso viene del Ministerio de Economía, esa es la realidad, el MEF se opone y como tiene mucho poder, están impidiendo que esto suceda”. “Si es que Petroperú entra al Lote 192, hay que modificar esa ley. Si hay voluntad política, se encontrará la forma” manifiesta Campodónico.
“Sí existe la posibilidad de que Petroperú entre al Lote 192, porque esto le va a permitir generar un mejor flujo de caja, Petroperú no tendría que pagar los 345 millones de dólares que cuestan los activos porque serían del Estado, la tarifa del oleoducto tampoco. Tiene que haber un nuevo paquete económico, financiero y productivo muy bien definido”, dice Campodónico.

El congresista Manuel Dammert comentó que le parece sorprendente que el presidente haya declarado en contra del ingreso de Petroperú al Lote 192. “Petroperú debería participar en el lote petrolero. La medida sería la más beneficiosa para el Estado y las comunidades indígenas. “Si hay voluntad política, se puede cambiar la ley en diez días”.

Dammert es el impulsor de una iniciativa ciudadana que declara de necesidad pública e interés nacional priorizar la modernización de la Refinería de Talara, y que además adopta medidas para fortalecer Petroperú S.A., en ese marco legal Petroperú podría estar a cargo del Lote 192. “La Ley N° 30130 impide que Petroperú asuma el Lote 192 y obliga la venta del 49% de los activos de la empresa. “En el estudio de la consultora Wood Mackenzie realizado para Petroperú, se sustenta que para reactivar en conjunto a Petroperú y garantizar la Refinería de Talara, Petroperú debería participar en los lotes petroleros. Es decir, según ese estudio técnico, si Petroperú se queda solo con la refinería, ésta no se podrá sustentar financieramente”, sostiene el congresista.

Reunión con representantes indígenas

Rosa María Ortíz, titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que faltan pocos puntos para llegar a acuerdos con las federaciones de comunidades y que este 14 de agosto recibirá a algunos representantes de las Federaciones Indígenas para concluir los acuerdos pendientes para la consulta previa: “Se ha postergado hasta el 14 de este mes una reunión con algunas comunidades, para dar respuesta a algunas repreguntas planteadas por sus representantes”, señaló la ministra.  

Las comunidades ashuar y quechuas de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza, así como de sus federaciones FECONACO y FEDIQUEP, señalaron que “de lo que se trata es de dar respuesta no a preguntas, sino a justas demandas de mejores condiciones para la explotación petrolera. Se está minimizando los impactos en la tierra, en la salud y en nuestras vidas”. Cabe señalar que la programación de esta reunión es una continuación del frustrado diálogo con las comunidades del Corrientes y Pastaza, que se desarrolló en julio en Iquitos.

Datos:

Pluspetrol tiene 12 multas que ascienden a los 39 millones de soles en infracciones ambientales, según un informe de Ojo Público. Fuentes del sector petrolero, dijeron que las empresas que hayan sido sancionadas por transgresiones a normas socioambientales no podrán calificar en la licitación del lote, para así no generar conflictos sociales con las comunidades indígenas.

Según el informe final publicado por el Grupo de Trabajo del Congreso de la República, Pluspetrol, al igual que Oxy en 1996 y 2002, no han remediado los daños realizados a las comunidades.

Continúa la movilización indígena en Loreto que ha paralizado la producción de pozos petrolíferos en el lote 192

* Este lote constituye una de las mayores explotaciones petrolíferas del país.

* Indígenas de la cuenca del Rio Corrientes han paralizado la producción de crudo en 14 pozos; mientras la paralización de las comunidades del Tigre suma 25 días sin haber alcanzado acuerdos con la empresa.

* Dos años y medio después de que el Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no se ha realizado.

La situación en el lote 192 se tensa. Más de 380 indígenas achuares de la cuenca del Río Corrientes (de la comunidad de Pampa Hermosa) han tomado, desdeel lunes por la noche,la base de Jibarito, paralizando la producción petrolífera de 14 pozos, ocasionandola pérdida de producción de 3.100 barriles por día, según informaciones de Pluspetrol.

 

Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), alerta de la presencia de efectivos de la DINOES en la base. “No queremos que suceda nada lamentable, queremos que se instale lo más pronto posible una Mesa de Diálogo para poder tratar las demandas, en la que participen el Alto Comisionado del Estado, de la empresa, Defensoría del Pueblo, comunidades y organizaciones”.

Hemos contactado con la Presidencia del Consejo de Ministros pero no ha querido hacer declaraciones al respecto.

“Tenemos preocupación porque se pueda hacer un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias o algún tipo de violación a los derechos de los pueblos indígenas”, declara Ismael Vega, antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

La comunidad de la cuenca del Río Corrientes reclama, entre otros pedidos, el pago por el uso de sus tierras. Afirman que desde hace tres meses, Pluspetrol estuvo pagando compensaciones a otras comunidades vecinas de Pampa Hermosa, ubicadas al interior del lote, sin embargo, se niegan a pagar a la comunidad movilizada. Por su parte, Pluspetrol afirma en un comunicado de prensa, que a las otras nueves comunidades sí les corresponde “ya que tienen en sus territorios instalaciones petroleras y están dentro de la zona de influencia de la empresa”. Sandi afirma que la comunidad de Pampa Hermosa es parte del área de influencia.

Respecto a ello, Ismael Vega afirma que hay que tomar en cuenta la forma de entender el territorio por parte de los pueblos amazónicos, la cual es diferente de la occidental, delimitado a un espacio con medidas específicas. “La forma de cultivo, de alimentación requiere de vastos espacios que incluyen bosques y ríos, porque sin este territorio básico es difícil que las comunidades amazónicas puedan vivir de acuerdo a su cosmovisión”.

 

25 días de movilización en la cuenca del Tigre

Desde hace casi un mes los pobladores de la cuenca del Tigre reclaman, entre otras medidas, una “justa compensación” por el uso de los territorios para la explotación petrolífera por parte de Pluspetrol. En un comunicado de prensa, denuncian el ofrecimiento de un pago “irrisorio”, sin estudios de valorización económica de por medio”. Sin embargo, la empresa afirma en el comunicado que no le corresponde este pago, por la misma razón que en el caso de Corrientes, es decir, por no estar dentro de la zona de influencia de la empresa.

Desde hace una semana, se han endurecido las medidas de protesta de las comunidades con el cierre del río, por lo que al menos ocho embarcaciones se encuentran retenidas al no poder surcar el río. Las comunidades del Tigre piden que la premier Ana Jara se traslade a la zona para escuchar sus demandas, y la conformación de una Comisión de Alto Nivel para atender sus demandas.

Más de 40 años de explotación petrolífera

“Estas medidas de fuerza por parte de las organizaciones indígenas se producen ante la inaceptable postergación de soluciones que el Estado viene mostrando en este proceso de negociación y de diálogo que, desde el año 2012, comenzó con las organizaciones indígenas”, explica Ismael Vega, el también coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Hay que tener en cuenta que, la semana pasada finalizó una reunión celebrada en Iquitos por la Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo con representantes de las comunidades de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en 2012. Tras la reunión, se siguió sin llegarse a acuerdos sobre la titulación de tierras y el pago por servidumbre petrolera entre el Ejecutivo y las comunidades.

 

“El país se ha beneficiado de más de 40 años de explotación petrolífera. Sin embargo, nosotros vivimos en la pobreza, el Estado no ha invertido en educación ni salud. La empresa viene contaminando los bosques y ríos. La población sigue consumiendo agua y alimentos contaminados”, denuncia Sandi.

 

Así lo documentan además diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.

Las comunidades indígenas de las cuatro cuencas demandan indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, depuración de los lugares contaminados, elaboración de diagnósticos integrales para dar solución a los problemas de la zona y titulación de los territorios, además de la celebración de la consulta previa.

“De acuerdo a lo que señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estas comunidades tienen derecho a ser compensados, indemnizados y a una reparación ambiental por los daños producidos. De modo que no son demandas fruto del capricho, sino producto de convenios e instrumentos internacionales”, comenta el antropólogo.

 

Sin embargo, “El Estado no ha tenido capacidad para resolver las demandas planteadas, y tampoco ha mostrado voluntad política, pese a la voluntad de diálogo de las comunidades”, explicaVega.

A contrarreloj para realizar consulta previa

Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.

 

Vega considera que “el Estado está demostrando que está más preocupado por hacer la licitación que por implementar el derecho a la consulta previa. Lo cual sería bastante peligroso porque estaría violando el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados”. Hay que recordar que el Estado Peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como promulgó la ley del Derecho a la Consulta Previa.

 

“Los plazos se vencen, el proceso de consulta está en riesgo, y las medidas de fuerza de las organizaciones indígenas pueden incrementarse, y producirse una escalada muy peligrosa de conflicto”, reflexiona el antropólogo.