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martes, 11 de agosto de 2015

Incertidumbre: en 18 días vence el contrato del Lote 192

A tan solo 18 días de vencer el contrato del Lote 192 aún no se ha dado la licitación de uno de los lotes más  importantes del país, actualmente produce el 17% del crudo nacional. Pese al rechazo de las comunidades indígenas Pluspetrol –empresa argentina que explotó el lote los últimos 15 años- sigue siendo una opción para continuar con la administración de dicho lote, pues la licitación ha sido declarada desierta, y hay una preocupación real de parte de las comunidades indígenas de Loreto que Perupetro negocie directamente con Pluspetrol.

Escriben Magali Zevallos y Iara Urbina

Las comunidades indígenas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón de Loreto, se encuentran viviendo momentos de incertidumbre, en 18 días se definiría el destino de estas poblaciones que han padecido por más de 40 años los lastres de la contaminación petrolera, y la incapacidad del Estado para estar presente en estas zonas. La cercanía del vencimiento del contrato de este lote petrolero obligó al Estado a atender las demandas de estos pueblos indígenas, a partir de ello se establecieron mesas de trabajo, compromisos de remediación ambiental, proceso de diálogo para la consulta previa, entre otros. Sin embargo, hay mucha incertidumbre entre las poblaciones y sus federaciones respecto a quién administrará el lote.

Mediante un comunicado las Federaciones Indígenas señalaron que la actual operadora del Lote 192 continúa sin implementar las recomendaciones que el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA han hecho para la remediación ambiental. “Pluspetrol cumple un papel nocivo, no sólo en nuestros territorios sino frente al interés nacional. La actual operadora del Lote 1AB y, ahora, también postora del Lote 192, pretende excluir más de 90 sitios contaminados que han sido identificados por entidades del Estado”.

 
Tras ser declarada desierta la licitación, uno de los escenarios que plantean los economistas en cuanto a las negociaciones de este lote es que la empresa podría negociar con condiciones a su favor y podría pedir que se reduzca más el porcentaje de regalías, que en el caso del petróleo ligero bajó de 35% a 20%, mientras que para el petróleo pesado disminuyó de 25% a 15%.

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas señala que por un lado ha habido errores técnicos y falta de claridad política, y en esta disyuntiva se plantea una pregunta ¿no habrá sido que han endurecido las bases para que no hayan postores? “Si es así, no queda más que negociar directamente con Pluspetrol, esa es la especulación que se hace y en ese caso, se puede decir que como ninguno se ha presentado, las bases pedían demasiado y en la negociación directa se bajan sustancialmente los requisitos y regalías pero ya con un solo postor”.

Ante esta premisa los integrantes de las Federaciones Indígenas señalaron que no permitirán que la historia se repita y que antes de realizarse la licitación, el nuevo operador y el Estado deben acercarse a los territorios para conversar con las comunidades y sus organizaciones. “El Estado no puede ser débil ante Pluspetrol y debe exigirle que se haga cargo del daño cometido”.

Piden que Petroperú asuma Lote 192

Las comunidades del Tigre realizaron una movilización presidida por su gobernador regional, Fernando Meléndez, donde protestaron en contra de la disminución del canon petrolero que recibe Loreto. Con pancartas y banderolas exigieron que Petroperú sea la empresa que se encargue de la explotación del Lote 192 ya que, es la propuesta más viable para operar dicho lote.

Aunque el presidente Ollanta Humala ya ha salido a descartar esa opción.

Herrera Descalzi señala que según la Ley N°30130, la empresa estatal no puede participar al 100% en la licitación del Lote 192, sí es que hubiera la intención política, el caso tendría que ser llevado al Congreso de la República, y la salida sería por la emisión y publicación de un Decreto de Urgencia, es decir depende de la voluntad política del gobierno.

Al respecto, el economista Humberto Campodónico sostiene que esa negativa viene desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Lo que sucede es que el ministro Alonso Segura no quiere que la empresa estatal tome el rol que le corresponde; por lo tanto, el peso viene del Ministerio de Economía, esa es la realidad, el MEF se opone y como tiene mucho poder, están impidiendo que esto suceda”. “Si es que Petroperú entra al Lote 192, hay que modificar esa ley. Si hay voluntad política, se encontrará la forma” manifiesta Campodónico.
“Sí existe la posibilidad de que Petroperú entre al Lote 192, porque esto le va a permitir generar un mejor flujo de caja, Petroperú no tendría que pagar los 345 millones de dólares que cuestan los activos porque serían del Estado, la tarifa del oleoducto tampoco. Tiene que haber un nuevo paquete económico, financiero y productivo muy bien definido”, dice Campodónico.

El congresista Manuel Dammert comentó que le parece sorprendente que el presidente haya declarado en contra del ingreso de Petroperú al Lote 192. “Petroperú debería participar en el lote petrolero. La medida sería la más beneficiosa para el Estado y las comunidades indígenas. “Si hay voluntad política, se puede cambiar la ley en diez días”.

Dammert es el impulsor de una iniciativa ciudadana que declara de necesidad pública e interés nacional priorizar la modernización de la Refinería de Talara, y que además adopta medidas para fortalecer Petroperú S.A., en ese marco legal Petroperú podría estar a cargo del Lote 192. “La Ley N° 30130 impide que Petroperú asuma el Lote 192 y obliga la venta del 49% de los activos de la empresa. “En el estudio de la consultora Wood Mackenzie realizado para Petroperú, se sustenta que para reactivar en conjunto a Petroperú y garantizar la Refinería de Talara, Petroperú debería participar en los lotes petroleros. Es decir, según ese estudio técnico, si Petroperú se queda solo con la refinería, ésta no se podrá sustentar financieramente”, sostiene el congresista.

Reunión con representantes indígenas

Rosa María Ortíz, titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que faltan pocos puntos para llegar a acuerdos con las federaciones de comunidades y que este 14 de agosto recibirá a algunos representantes de las Federaciones Indígenas para concluir los acuerdos pendientes para la consulta previa: “Se ha postergado hasta el 14 de este mes una reunión con algunas comunidades, para dar respuesta a algunas repreguntas planteadas por sus representantes”, señaló la ministra.  

Las comunidades ashuar y quechuas de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza, así como de sus federaciones FECONACO y FEDIQUEP, señalaron que “de lo que se trata es de dar respuesta no a preguntas, sino a justas demandas de mejores condiciones para la explotación petrolera. Se está minimizando los impactos en la tierra, en la salud y en nuestras vidas”. Cabe señalar que la programación de esta reunión es una continuación del frustrado diálogo con las comunidades del Corrientes y Pastaza, que se desarrolló en julio en Iquitos.

Datos:

Pluspetrol tiene 12 multas que ascienden a los 39 millones de soles en infracciones ambientales, según un informe de Ojo Público. Fuentes del sector petrolero, dijeron que las empresas que hayan sido sancionadas por transgresiones a normas socioambientales no podrán calificar en la licitación del lote, para así no generar conflictos sociales con las comunidades indígenas.

Según el informe final publicado por el Grupo de Trabajo del Congreso de la República, Pluspetrol, al igual que Oxy en 1996 y 2002, no han remediado los daños realizados a las comunidades.

viernes, 17 de enero de 2014

Incertidumbre sobre el proceso de consulta en el Lote 192


A pesar de los anuncios triunfalistas del Ejecutivo en relación a los procesos de consulta previa en el Lote 169 o por la reciente decisión de publicación de la guía metodológica para la primera semana de febrero, lo cierto es que el proceso de consulta previa en el Lote 192 –emblemático por ser el primero que anunció el Gobierno-sigue entrampado y está rodeado de mucha incertidumbre sobre su futuro.

 “El tema de fondo tiene que ver con el modelo de crecimiento del Estado en los últimos 20 años basado en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas. ¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo  y a la vez respetar derechos de los pueblos indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera que no, porque el Gobierno no ha sabido resolver esta situación. El Gobierno tiene la obligación ética, moral y política de encontrar una solución a esto: respetar los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo, y a la vez también buscar cómo obtener recursos para la energía que necesite el país”, afirma Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

“Las comunidades indígenas alrededor del Lote 192 están amparados por la Ley de la Consulta Previa y también por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Se les tiene que consultar”. “De lo que se trata aquí es de un tema de derechos: derecho a la tierra, a los recursos naturales, a la consulta misma que están en juego”, explica Ana Leyva, abogada de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la selva loretana, conviven desde los años setenta con la exploración y explotación petrolífera, inicialmente bajo la compañía Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y desde el año 2000 por Pluspetrol. De este lote se extrae casi el 12% de la producción nacional de petróleo. “Se trata de un lote estratégico para el Perú porque si se deja de explotar, se paralizaría la industria en el país, se paralizaría el país en realidad”, explica Vega.

“Sería muy grave que el Ejecutivo rompa el diálogo o que recurra a la extensión del contrato. Las organizaciones indígenas en estas zonas han tenido-y siguen teniendo- una capacidad de respuesta pacífica, empleando todos los recursos legales que el mismo Estado ha aprobado. Pero creo que también estas organizaciones estarían dispuestas a defender su territorio y sus derechos. Creo que se generaría una situación de ingobernabilidad, de escalamiento del conflicto a una situación muy grave que podría ser inmanejable”, sostiene el investigador del CAAAP.

El contrato de concesión de Pluspetrol sobre este lote vence en 2015, por ello las comunidades demandaron al Estado el cumplimiento de cinco demandas mínimas,-como la remediación de la contaminación o indemnización, entre otras-, antes de la realización de la consulta previa anunciada. Sin embargo, el Estado no las ha cumplido hasta el momento y  esto ha provocado el estancamiento del proceso.

“Desde el Gobierno ha habido la idea de que la consulta previa era un proceso que solo se podía resolver diciéndole a los pueblos indígenas los beneficios económicos que se pueden obtener de la actividad petrolera. Mientras para el Gobierno la intervención del territorio tiene que ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios, para los pueblos indígenas constituye un espacio a partir del cual se estructura toda su vida”, afirma Vega.