Entre los principales cuestionamientos está el poco tiempo en los que han sido ejecutados, su lenguaje altamente técnico y la falta de discusión de los impactos reales de los proyectos; así como de las medidas que se adoptarán para proteger los derechos colectivos.
El presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali, Lizardo Cauper, cuestionó los procesos de consulta previa llevados a cabo en las áreas de influencia directa de los lotes petroleros 169 y 195, ubicados en las regiones de Ucayali y Huánuco, respectivamente.
El caso del lote 169 fue el primer proceso realizado desde que se aprobó el reglamento de la Ley de Consulta Previa en abril de 2012. El organismo encargado de ejecutarlo fue Perupetro.
Para Cauper, quien, como representante de AIDESEP fue actor y veedor de estos dos procesos, una de las críticas más saltantes fue el poco tiempo que se dedicó a informar a la población acerca de todo lo que conlleva la explotación petrolera.
En una publicación del Ministerio de Cultura en donde se sistematiza la consulta previa de estos dos lotes se indica que las comunidades fueron informadas de las repercusiones del proyecto en un tiempo de 30 días. Es más, respecto a Lote 169 se señala que la etapa de diálogo se llevó a cabo en 8 días, entre el 12 y 20 de diciembre de 2013.
El líder indígena señaló que los plazos establecidos no guardan relación con la complejidad cultural de las zonas. El área de influencia del lote 169 alberga a tres pueblos indígenas: Asháninka, Yaminahua y Amahuaca; mientras que en el lote 195 existe presencia de los pueblos indígenas: Shipibo-Konibo y Kakataibo.
Además, señaló que esta deficiencia se hace más sentida, si se considera que la población consultada presentaba bajos niveles de educación y altos índices de analfabetismo y que las autoridades conocían de ello:
“No tuvieron en cuenta el grado de instrucción de la población consultada. En tres días de talleres informativos no quedó nada, puesto que los temas eran técnicos. El papel aguanta todo, pero en las acciones, los hechos son completamente distintos y negativos para nosotros. El diálogo fue completamente desigual”, comentó Cauper.
El líder indígena consideró que el Estado vio este proceso como un mero trámite. Pero además, resaltó la necesidad de que el Estado sea claro en lo que consulta:
“Es necesario que los temas tratados queden claros. No hablan de impactos, sino de posibles impactos. Y no dicen cuáles son los reales impactos y si es que suceden, cómo se procedería”.
Es más, Lizardo Cauper cuestionó profundamente la forma en qué se discutió las condiciones de los contratos de licitación de los lotes. Al respecto señaló que en el proceso no se puede determinar en qué claúsula ni cómo se introducirán las medidas para garantizar los derechos colectivos y que en realidad es difícil determinar qué se está consultando:
“Perupetro tiene que aprobar de acuerdo a consulta para dar licitación a un contrato privado. Pero vamos a ver ¿Qué contiene el contrato? ¿En qué parte del contrato de licitación va a garantizar el derecho colectivo de los pueblos? ¿En qué cláusula se especificará el tema? ¿Qué se ha consultado?”, manifestó.
Sobre los acuerdos, comentó que se ofrecen empleos, y se pregunta qué empleos se generarán para una población con bajos niveles de educación.
“Ellos solo dicen que va a generar empleo, que el país va a desarrollarse, que van a generar oportunidades, pero ¿Para quién? y “cómo”, sentenció.
Por su parte, Pilar Camero, Coordinadora del Programa Ecosistemas y Derechos de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), acotó que en estos procesos de consulta no se garantiza los derechos y demandas.
“Por ejemplo, la titulación pendiente no es abordada ni se agenda su atención, tampoco sobre las recomendaciones ante posibles impactos ambientales. Si estas propuestas no son llevadas a ser incluidas como parte de modificaciones del Contrato de Licencia de Hidrocarburos y la inclusión de la consulta a futuro en instrumentos de gestión ambiental (EIAs), este proceso no será eficaz ni eficiente en la realidad”, señaló.
En cuanto a si el Estado ofrece la garantía de respetar los acuerdos pactados en el proceso de consulta, Camero consideró que las instituciones del Estado quedan asumiendo un rol “como juez y parte” y, quizás, organismos como la Defensoría del Pueblo debería jugar un papel más activo en esta fiscalización y control de los compromisos.
“Asimismo, una de las propuestas, desde el primer proceso de consulta en este sector, de las organizaciones y comunidades nativas, ha sido poder tener participación efectiva en Comité de Supervisión del contrato lo que implica modificar la Cláusula Sétima del modelo de contrato de licencia para hidrocarburos, lo que es un reclamo legítimo de los pueblos indígenas, que guarda relación con la medida consultada y sobre lo cual hasta ahora el ente rector, Perupetro, no ha querido entregar una respuesta a la altura del estándar normativo”, puntualizó.
*Foto: tomada de revistaoronegro.
