​Juzgarán al Estado Peruano por violación a los derechos de la naturaleza

ü  El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza someterá a juicio a doce casos más a nivel internacional.

ü  Una caravana climática se dirige desde Ecuador a Perú para denunciar la explotación petrolera del Yasuní.

El Estado peruano será juzgado por los casos de Conga, la contaminación en las  cuatro cuencas amazónicas en Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón  (Loreto) y la persecución de los defensores de la Madre Tierra en Bagua por el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, establecido en Lima durante los días 5 y 6 de diciembre en el Hotel Bolívar, en el marco de la celebración de la vigésima Conferencia de las Partes (COP).

“Este tribunal ético permanente es un llamado a la humanidad para encontrarnos con la Naturaleza. Esta instancia surge cuando los Estados no cumplen con su obligación de preservar la vida de los seres humanos”, afirma Alberto Acosta, presidente del Tribunal, y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Esta instancia juzgará además a otros casos, doce en total por destrucción y violación de los derechos de la naturaleza. Las sentencias se dictarán teniendo como marco legal los Derechos de la Naturaleza y la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

“La naturaleza no debe ser objeto de explotación, sino sujeto de derecho. Esto implica un cambio civilizatorio. Los seres humanos no podemos estar al margen de ella, somos naturaleza”, señala Acosta.

El jurado estará conformado por 14 representantes nacionales e internacionales. En los juicios, se recogerán testimonios de las víctimas, se presentarán pruebas de violación a los derechos de la naturaleza y en el caso de reunirse las evidencias necesarias, se dictará sentencia. Además, se emitirán medidas de reparación.

 “Este tribunal no tiene vinculaciones jurídicas, sin embargo, la fuerza de este tribunal reside en reconocer los derechos de la naturaleza y generar conciencia. Las actividades extractivas son un acto de violencia contra la naturaleza y las personas”, declara el fiscal del tribunal Ramiro Ávila.

Otros casos de países vecinos también se someterán a juicio, como Ecuador, por la contaminación de Chevron, el proyecto Yasuní-ITT, y la Mina Cóndor. Además de Brasil por la construcción de la represa de Belo Monte, Bolivia, por el fracking hidráulico;  Estados Unidos y Australia.

‘Yasunidos’

Patricia Carrión, fiscal adjunta del tribunal, informó que un autobús bautizado con el nombre de “Caravana Climática”, conformada por activistas que defienden la no extracción  del crudo en el Yasuní en Ecuador,  y la detención del cambio climático, se dirige desde Ecuador a Lima, y estima que llegará mañana. Carrión denuncia que durante el viaje han sufrido un “sistemático proceso de acoso” y han sido retenidos en al menos seis ocasiones. “Esta caravana es incómoda para el gobierno ecuatoriano pues queremos denunciar lo que ocurre en el Yasuní”.

Derechos de la naturaleza

En el 2008, el Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos. El 20 de abril del 2010, en Cochabamba- Bolivia, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, se adoptó por más de 35.000 personas, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

En enero de 2014 se instala el primer Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra, en Quito-Ecuador, presidido por la Dra. Vandana Shiva.  A partir de este Tribunal semilla, se han desarrollado cuatro salas especiales alrededor del mundo en el 2014: dos relacionadas al caso Yasuní en Ecuador, una por el caso Chevron y la industria de combustibles fósiles el 5 de octubre en San Francisco-EE.UU; y otra por el Arrecife de Coral el 15 de octubre en Australia.

Madre de Dios, consecuencia del sistema de concesiones mineras

ü  Propuesta Ciudadana recomienda una urgente revisión del sistema de concesiones para reducir los conflictos.

El estudio “Concesiones mineras en el Perú. Análisis y propuesta de política” elaborado por Propuesta Ciudadana analiza el estado de las concesiones mineras en el Perú. La tendencia incremental en la superficie concesionada, alcanzando en mayo de 2014 el 20% del territorio nacional,-cuando en el año 2002 dicho porcentaje era de sólo el 6%-, fue posible por  la adopción de una legislación promotora de la inversión en el sector minero desde la década de los noventa, e impulsada por el incremento desde 2003 de los precios de los minerales en los mercados internacionales (con un repunte en 2011), siendo las empresas mineras juniors las principales proveedoras de proyectos mineros. Una tendencia que continuará, pues según las estimaciones tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, los precios “mantendrían” niveles aun altos en comparación a los promedios de años anteriores para los próximos diez años.

“Este crecimiento acelerado  y desordenado de las concesiones mineras lleva a que se sobrepongan sobre otros derechos forestales, áreas naturales protegidas o sobre territorios donde hay actividades económicos rentables como la agricultura o la ganadería, lo que genera un conflicto por el uso de territorio”, explica el economista Epifanio Baca.

Existen problemas como la superposición de concesiones mineras con otros derechos otorgados, asimetrías entre las partes en los procesos de compra de tierras, o la no exigencia al titular minero en la entrega de concesiones de cumplir con ciertas capacidades (económica, técnica, know how) que aseguren el cumplimiento de las actividades comprometidas.

“Consideramos que debería de prohibirse definitivamente el otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas. El Estado debería de jugar un rol más proactivo en la regulación de este sistema para disminuir el alto componente de especulación que existe con el sistema vigente. Hoy en día es un caos, te dan la concesión y la mantienen mientras hagas tus pagos anuales que son además baratos, 3$ por hectáreas al año”, comenta el economista.

“El Estado podría elevar los requisitos para obtener una concesión, -porque actualmente se otorga casi automáticamente-, como capacidad de endeudamiento, o de financiamiento, o un patrimonio mínimo, de tal manera que fuerza a que los actores que estén interesados en solicitar una concesión no lo hagan de manera especulativa, sino con las ganas de invertir. Las consecuencias del sistema de concesiones vigentes es Madre de Dios”, declara Gustavo Ávila, economista y autor del estudio.

Baca añade que “El Estado debería definir factores para la suspensión o caducidad de las concesiones. En este momento, sabemos que el territorio en Madre de Dios está siendo devastado por la minería informal e ilegal, 80% de los productores no son propietarios de concesiones de derecho. El Estado está tratando de luchar contra este problema, hoy en día, no es capaz de declarar caducos las concesiones para evitar este problema”.

Por ello, Propuesta Ciudadana alerta de la necesidad de modernizar el sistema de concesiones mineras en concordancia con las exigencias del desarrollo sostenible y la vigencia de los derechos de las comunidades, respetando lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así como la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del Estado para una adecuada supervisión y fiscalización al sistema que otorgue las concesiones, títulos mineros y derechos de explotación. Se recomienda también la suspensión temporal de la entrega de concesiones mineras a fin de introducir mejoras al sistema: eliminar sobre-posición de derechos, invasión de territorios restringidos por Ley, entre otras propuestas.

Estado peruano informa ante la CIDH que el caso de esterilizaciones forzadas sigue abierto

·  El Estado Peruano afirma que el caso de Esterilizaciones Forzadas aún se encuentra abierto y hay que esperar a la decisión de la Fiscalía Superior.

·  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado a que le informe de manera permanente sobre el caso.

La investigación de más de 2000 casos de mujeres esterilizadas forzadamente en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) desarrollado por Alberto Fujimori no está cerrado, y está siendo revisado en segunda instancia por una Fiscalía Superior. Esta es la postura que ha mantenido el Estado peruano, a través de sus representantes, Luis Huerta (Procurador Público Supranacional) y Víctor Cubas (Fiscal Superior Coordinador) en la reunión de trabajo mantenida el 26 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH). En ella el comisionado Relator para Perú James Cavallaro, solicitó al Estado peruano ser informado de manera permanente sobre la evolución del caso.

DEMUS- Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, además de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), peticionarias del caso de María Mamérita Mestanza sobre esterilizaciones forzadas expresaron su disconformidad y la irregularidad del archivamiento del caso el pasado 22 de enero de 2014.

“Las peticionarias mostramos ante la CIDH que la resolución que archiva la investigación a Alberto Fujimori y sus ministros Alejandro Aguinaga, Jhon Mota y Marino Costa Baguer contraviene el compromiso del Estado peruano de investigar y sancionar a cada uno de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, y concretiza la vulneración de derechos vinculados al debido proceso reconocidos en el marco nacional e internacional de derechos humanos”, declara Jeannette Llaja, abogada de DEMUS.

En la reunión, las peticionarias expusieron varios puntos que el Estado ha vulnerado al archivar el caso de esterilizaciones forzadas. Evidenciaron contradicciones en el razonamiento jurídico del fiscal vinculados a los conceptos de crímenes de lesa humanidad, así como a graves violaciones de derechos humanos, a la revictimización que se está cometiendo con las víctimas de los más de 2000 casos sobre los que el Fiscal ha omitido pronunciarse, así como irregularidades en la investigación de los casos.

No se ha cumplido con la obligación de investigar y sancionar a todos los culpables, como así quedó estipulado en el Acuerdo de Solución Amistosa, emitido el 10 de octubre de 2003, por el cual se comprometió el Estado a indemnizar a la familia de María Mamérita Mestanza quien murió tras ser esterilizada-constituyendo elúnico caso reconocido-, y a  individualizar y sancionar debidamente a los responsables de las esterilizaciones forzadas.

Hay que recordar que el fiscal Marco Guzmán Baca emitió una resolución por la cual dispuso no formular denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), tres ex ministros de salud y otros funcionarios acusados de este delito. El fiscal sostuvo que el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no se trató de una política sistemática del Estado porque no hubo ‘dolo’, es decir, no hubo intención criminal de esterilizar con el propósito de mutilar órganos o causar lesiones graves en las personas. 

Las organizaciones sostienen que: “El Estado con esta resolución no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar porque la investigación realizada no ha respondido al debido proceso”. Además, señalan que hay deficiencias en la misma, pues a pesar de que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada-argumento esgrimido por el fiscal-, sí puede imputarse el tipo penal de lesiones graves, recogido en el  artículo 121 del Código Penal, que señala, claramente, que las lesiones se producen cuando se causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud y lo deja “impropio para su función”.

También las peticionarias manifestaron su preocupación por los problemas que hubo con la designación que iba a llevar el caso de Mamérita Mestanza y de las otras mujeres. “Frente al archivamiento del caso, lo que hemos hecho las organizaciones ha sido presentar una queja que tiene que ser revisada por un fiscal superior. Pero, el Ministerio Público fue irregular con la designación del caso a un fiscal superior provisional”, explica Jeannette Llaja.  Al respecto, los representantes del Estado informaron que se ha subsanado esta irregularidad designando a un fiscal titular. “Hay una diferencia además, el titular tiene mayor autonomía porque su puesto de trabajo está asegurado”, añade la abogada.

Asimismo, denunciaron la falta de sanciones civiles y administrativas y alertan sobre el hecho de  que este caso no sea considerado como delito de lesa humanidad. Consideración que viene motivada porque no se reconoce la sistematicidad del mismo. Finalmente, se pone de manifiesto la falta de avances en la implementación de otras cláusulas, como la falta de acceso a las prestaciones de educación por parte de los familiares de Mamérita Mestanza, la carencia de medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de los servicios de salud como consecuencia de la esterilización forzosa a la que fueron sometidas, y de la falta de toma de medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

Finalmente estas organizaciones también mostraron su preocupación por el ascenso del fiscal que archivó este caso, Marco Guzmán Baca, quien ha pasado de ser titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima a fiscal superior coordinador de las fiscalías de lavado de activos.

En esta reunión el Estado, asimismo, se ha comprometido a formalizar el Acuerdo (11/ 2014) adoptado por el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG) por el cual será obligatorio la institucionalización de  los cursos, seminarios y talleres sobre Género y Justicia en la Academia Nacional de la Magistratura del Perú para que sean incorporados en los programas de la Línea de Formación Fundamental y Línea de Formación Especializada dirigidos a jueces y fiscales. Hay que recordar que este acuerdo fue suscrito por el caso de MM, una adolescente quechua hablante violada por un médico en la ciudad de Puno el año 1996 y a quien la justicia nacional le cerró las puertas.

Incertidumbre sobre el proceso de consulta en el Lote 192

A pesar de los anuncios triunfalistas del Ejecutivo en relación a los procesos de consulta previa en el Lote 169 o por la reciente decisión de publicación de la guía metodológica para la primera semana de febrero, lo cierto es que el proceso de consulta previa en el Lote 192 –emblemático por ser el primero que anunció el Gobierno-sigue entrampado y está rodeado de mucha incertidumbre sobre su futuro.

 “El tema de fondo tiene que ver con el modelo de crecimiento del Estado en los últimos 20 años basado en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas. ¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo  y a la vez respetar derechos de los pueblos indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera que no, porque el Gobierno no ha sabido resolver esta situación. El Gobierno tiene la obligación ética, moral y política de encontrar una solución a esto: respetar los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo, y a la vez también buscar cómo obtener recursos para la energía que necesite el país”, afirma Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

“Las comunidades indígenas alrededor del Lote 192 están amparados por la Ley de la Consulta Previa y también por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Se les tiene que consultar”. “De lo que se trata aquí es de un tema de derechos: derecho a la tierra, a los recursos naturales, a la consulta misma que están en juego”, explica Ana Leyva, abogada de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la selva loretana, conviven desde los años setenta con la exploración y explotación petrolífera, inicialmente bajo la compañía Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y desde el año 2000 por Pluspetrol. De este lote se extrae casi el 12% de la producción nacional de petróleo. “Se trata de un lote estratégico para el Perú porque si se deja de explotar, se paralizaría la industria en el país, se paralizaría el país en realidad”, explica Vega.

“Sería muy grave que el Ejecutivo rompa el diálogo o que recurra a la extensión del contrato. Las organizaciones indígenas en estas zonas han tenido-y siguen teniendo- una capacidad de respuesta pacífica, empleando todos los recursos legales que el mismo Estado ha aprobado. Pero creo que también estas organizaciones estarían dispuestas a defender su territorio y sus derechos. Creo que se generaría una situación de ingobernabilidad, de escalamiento del conflicto a una situación muy grave que podría ser inmanejable”, sostiene el investigador del CAAAP.

El contrato de concesión de Pluspetrol sobre este lote vence en 2015, por ello las comunidades demandaron al Estado el cumplimiento de cinco demandas mínimas,-como la remediación de la contaminación o indemnización, entre otras-, antes de la realización de la consulta previa anunciada. Sin embargo, el Estado no las ha cumplido hasta el momento y  esto ha provocado el estancamiento del proceso.

“Desde el Gobierno ha habido la idea de que la consulta previa era un proceso que solo se podía resolver diciéndole a los pueblos indígenas los beneficios económicos que se pueden obtener de la actividad petrolera. Mientras para el Gobierno la intervención del territorio tiene que ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios, para los pueblos indígenas constituye un espacio a partir del cual se estructura toda su vida”, afirma Vega.