Pueblos indígenas del Corrientes y Pastaza paralizan el Lote 192 como exigencia para retomar el diálogo de la consulta previa

ü  Indígenas exigen al Estado formar una comisión de alto nivel para atender sus demandas.

ü  Expertos consideran que el Estado se apresuró en concluir la consulta previa.

Las organizaciones indígenas del Pastaza y Corrientes  tomaron de manera pacífica el aeropuerto de Andoas y paralizaron de forma indefinida la producción en todos los pozos petroleros del Lote 192, tras denunciar como fraude el proceso de consulta previa luego de que en forma antidemocrática el Gobierno, diera por concluida la etapa de diálogo del mayor lote petrolero del país.

“Nosotros hemos dicho, varias veces, que lleguemos a un acuerdo; pero no fue así, por eso ahora estamos reclamando nuestros derechos. Hasta la fecha el Estado ni siquiera se preocupa por remediar nuestro territorio ni hacer análisis de salud. El pueblo se siente vulnerado en sus derechos y hemos concluido que si nosotros no defendemos nuestros derechos, nadie más lo hará”, señala Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).

Para llegar a acuerdos, las organizaciones indígenas exigen que el Estado conforme una comisión de alto nivel, integrada por autoridades que tengan poder de decisión: “Estamos exigiendo que el Estado instale una mesa de diálogo con autoridades de alto nivel, que la presidan los ministros de Estado que tienen poder de decisión porque el proceso de consulta, para nosotros, fue un fraude”, comenta Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco).

Además añade que han decidido paralizar todos los pozos de producción petrolera y también el aeropuerto de Andoas: “Sobre todo quiero recalcar que la lucha es pacífica, respetando la integridad física de las personas, de los trabajadores, de los policías y también los campamentos; si al Estado no le importan nuestras demandas, los pueblos nos mantendremos así porque la lucha es indefinida”, sustenta Sandi.

Consulta apresurada

Una de las principales incidencias que las organizaciones indígenas han cuestionado es la falta de atención a 26 de las 27 propuestas que presentaron en temas de salud, educación, remediación, entre otros; ya que, como el Estado y las comunidades no llegaron a un acuerdo sobre el fondo económico, debido a que ellos ofrecieron el 0.75% de la producción fiscalizada -monto que debía ser empleado en proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental-, pero las comunidades pedían el 2,5%; el Ejecutivo dio por concluida la consulta previasin tratar los demás puntos en discusión.

“Nunca se planteó una respuesta frente a la demanda de las organizaciones -ni afirmativa, ni negativa- en aspectos vinculados a salud, titulación, medio ambiente y demás; simplemente no se incluyó el tema en la última reunión y el Estado dijo que, como no hubo acuerdos en el tema económico, ahí se acababa la consulta; eso es algo que no cumple los estándares mínimos de consulta previa”, dice Vladimir Pinto, abogado de Oxfam Perú.

Gustavo Zambrano, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú(Idehpucp), afirma que la legislación nacional está hecha de tal manera que faculta al Estado a que, si no se han llegado a acuerdos o éstos son difíciles de alcanzar, se pueda dar por terminada la consulta previa, “lo cual en este caso es riesgoso porque da la impresión que el Estado se ha apresurado por cumplir con los plazos relacionados a la firma del contrato con Pacific(nuevo operador del lote por dos años) y ahí estuvo el error”, enfatiza.

Al respecto, los integrantes de las comunidades indígenas han mostrado su indignación: “Cuando nosotros no llegamos a un acuerdo sobre la consulta, hemos insistido en seguir dialogando, pero igual la terminaron, por ese motivo nos hemos retirado” manifiesta Chino.En la misma línea, Sandi dice que “el proceso de consulta no garantizó nada, no se trató el tema de seguridad ambiental ni seguridad territorial y el Estado ha vuelto a dar servidumbre gratuita –sin indemnización- a la empresa petrolera, lo cual impide que nosotros titulemos el territorio integral y seamos respetados”.

Es importante resaltar que los territorios del Lote 192 presentan serios impactos negativos que, hasta la actualidad, no han sido remediados. La empresa Pluspetrol Norte S.A. operó el lote durante los últimos 15 años, y presentó un Plan de Abandono que no fue aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos (DGAAE), del Ministerio de Energía y Minas. Además, el proyecto fue observado por el Organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA) y hasta la actualidad, no existe otro plan de remediación.“Se requería tener claridad de cuál va a ser ese proceso de remediación y quién asume las responsabilidades pero no hubo ninguna esclarecimiento del Estado sobre este tema, tampoco ha habido voluntad política de dar una solución o mensaje sobre esto” señala Pinto.

Cierre de la vía del diálogo

Hay que recordar que el Ejecutivo concluyó el diálogo de manera unilateral el 25 de agosto con las cuencas del Pastaza y Corrientes (Fediquep y Feconaco) en cuyo territorio se encuentra el 80%  de las instalaciones del lote 192. Además, dicha etapa fue constantemente postergada por los técnicos del Estado en Loreto, y cuando en Lima se retomóel diálogo (el 14 de agosto), se estableció como único punto a tratar el tema de beneficios, generando incomodidad en los presidentes de Fediquep y Feconaco, quienes no firmaron el acuerdo debido a que ellos viajaron desde sus comunidades para dialogar sobre la totalidad de sus demandas.Quienes sí suscribieron el pacto fueron las comunidades del Tigre (Feconat).

Por otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las normas de la consulta establecen que, en caso de concluir la consulta, el Estado tiene que justificar su decisión, “este punto es algo que se tiene que cumplir, no es solo proponer un punto de los que le interesan a las comunidades” sostiene el abogado Vladimir Pinto. En la misma línea, Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) sostiene en un artículo que es ilegal dar por concluido un proceso de consulta a pesar que nunca hubo desacuerdo, violando el Gobierno el artículo 15 de la Ley de Consulta.

“Esta norma precisa que: en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. También viola el artículo 21 del reglamento que dice que: la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta”, manifiesta Ruiz y agrega que al no haber mala fe de ninguna de las partes, no hay causal para poner fin al proceso.

Ministerios se pronuncian

Si bien la consulta previa se llevó a cabo por el Ministerio de Energía y Minas, liderado por la ministra Rosa María Ortiz, el proceso tuvo la intervención de otros actores gubernamentales, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura y Ministerio Economía y Finanzas. El trabajo en conjunto, conllevó a la decisión de dar por terminada la consulta previa con la aprobación del primer ministro, Pedro Cateriano.

“El proceso de consulta ha sido mal llevado por el Ministerio de Energía y Minas, más allá de si el Ministerio de Cultura ha estado ahí o no. Desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir es que el MINEM no va a querer retomar la consulta” comenta Zambrano. Pinto agrega que “el Gobierno ahora tiene una oportunidad de oro porque puede establecer una mesa de diálogo donde se traten estos temas con seriedad, el problema ha sido que mucho de la agenda indígena, no se tomó en serio”.

A eso se suman las declaraciones  de la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, en el diario El Comercio, que han generado malestar en las comunidades nativas, pues tildó de “desgastante” el proceso de consulta previa en el lote 192 y además, cree que son improcedentes los reclamos.

“Rechazamos categóricamente el pronunciamiento de la ministra Balbuena, ella en un par de meses va a dejar de ser viceministra, pero nosotros no, nosotros vamos a seguir viviendo aquí los 30 años que vienen, nuestros hijos van a crecer aquí, la viceministra puede opinar, pero no reúne las condiciones para hacerlo bien” comenta Sandi.El presidente de Feconaco añade que no van a permitir que el Estado tome decisiones sin conocer la realidad de sus pueblos: “Nosotros estamos en total abandono, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló en el programa Cuarto Poder que los pueblos indígenas gozan de los programas sociales, pero eso no es verdad, yo no sé quién le ha informado eso porque es falso, nosotros estamos en total abandono del Estado. Ellos tienen una deuda histórica con las organizaciones indígenas” señala.

Por otro lado, tras aprobarse en el Congreso la ley que permite a Petroperú operar el Lote 192, los parlamentarios esperan que el Ejecutivo se pronuncie sobre la misma. “Si el Ejecutivo observa esa ley, el Congreso tiene dos opciones: o encarpetar esa ley o la promulga más allá de lo que el Ejecutivo considere. Pero sea cual sea el resultado, el Ministerio de Energía y Minas va a tener que solucionar el tema con las comunidades indígenas” dice Zambrano. Pinto manifiesta que es valioso que el Estado quiera tener mayor autonomía en la política energética, pero agrega que “esa discusión ha opacado el proceso de consulta previa del lote 192”.

Apus de comunidades indígenas de Loreto llegan a Lima para dialogar con autoridades

Diálogo se realizará el miércoles 14 de agosto sin la presencia del primer ministro, Pedro Cateriano.

Indígenas esperan que las autoridades den respuesta a sus propuestas.

 

Tras haberse postergado en reiteradas oportunidades el diálogo de la consulta previa a las comunidades indígenas de las zonas de influencia del Lote 192, entre técnicos del Estado y los representantes de las Federaciones Indígenas de la Amazonía; 30 apus de las comunidades de la cuenca del Pastaza y Corrientes llegaron a Lima hoy para sostener una reunión con el premier Pedro Cateriano y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

 

Aunque representantes del MINEM han señalado que no participará  el premier,  las federaciones indígenas siguen demandando su participación. “Nosotros bien claro hemos pedido que nos garanticen la presencia de autoridades de alto nivel, pero ahora escucho que solo nos va a atender la ministra de Energía y Minas, nos preocupa ir a la capital del país y sentarnos con personas que no tienen poder de decisión”, dice Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP).

 

“Estamos exigiendo que el primer ministro esté en esa reunión para poder garantizar los acuerdos concretos, queremos personas que tengas poder político en la toma de decisiones”, señala David Chino, vicepresidente de FEDIQUEP.

 

Esta reunión se realizará luego de que la licitación del Lote 192 ha sido declarada desierta, ya que ninguno de los tres postores (Pacific Rubiales, Perenco y Pluspetrol) presentó ofertas para explotar el lote petrolero, este panorama hizo que las comunidades indígenas e incluso el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez demanden al Estado que entregue la licitación a la estatal Petroperú. El presidente Ollanta Humala descartó esa opción tildando a quienes la propusieron de “extremistas”.

 

Actualmente, hay un gran temor que Pluspetrol siga con la administración del Lote 192. “Así sea Petroperú u otra empresa, lo que nosotros queremos es que asuman todas las responsabilidades ambientales y también que respeten los derechos de los pueblos originarios, venimos a pedir que se garantice nuestra vida y que no hayan irregularidades en la empresa que asuma el lote”, dice David Chino.

 

Así, los dirigentes indígenas esperan que en la reunión del día 14 de agosto se dé respuesta a las 27 demandas de las comunidades indígenas, ya que hasta la actualidad el Estado no ha llegado a un acuerdo con las federaciones FEDIQUEP y FECONACO (Federación de comunidades Nativas del Corrientes y Pastaza), a pesar de haberse realizado reuniones técnicas de preparación en Lima y en Loreto.

 

Por otro lado, tras las declaraciones del ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, quien dijo que en 1971 no existía una sola comunidad nativa en la zona del Lote 192 y que por lo tanto, no debería realizarse una consulta previa, David Chino comenta que “son falsedades, nosotros estamos en esa zona hace miles de años defendiendo nuestros territorios, nuestros derechos, esas afirmaciones es indignante para nosotros”.

 

“Todos esos comentarios vienen a crear problemas, nos van a obligar nuevamente a adoptar medidas de fuerza porque nosotros no tenemos temor de defender nuestros derechos como cualquier peruano. Si es que el señor no conoce ni sabe, pues que viaje aquí para que sepa que nuestros ancestros han vivido aquí. Queremos que los interesados en los recursos de nuestro país piensen bien y nos llamen para sentarnos a dialogar”, señala Aurelio Chino.

Incertidumbre: en 18 días vence el contrato del Lote 192

A tan solo 18 días de vencer el contrato del Lote 192 aún no se ha dado la licitación de uno de los lotes más  importantes del país, actualmente produce el 17% del crudo nacional. Pese al rechazo de las comunidades indígenas Pluspetrol –empresa argentina que explotó el lote los últimos 15 años- sigue siendo una opción para continuar con la administración de dicho lote, pues la licitación ha sido declarada desierta, y hay una preocupación real de parte de las comunidades indígenas de Loreto que Perupetro negocie directamente con Pluspetrol.

Escriben Magali Zevallos y Iara Urbina

Las comunidades indígenas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón de Loreto, se encuentran viviendo momentos de incertidumbre, en 18 días se definiría el destino de estas poblaciones que han padecido por más de 40 años los lastres de la contaminación petrolera, y la incapacidad del Estado para estar presente en estas zonas. La cercanía del vencimiento del contrato de este lote petrolero obligó al Estado a atender las demandas de estos pueblos indígenas, a partir de ello se establecieron mesas de trabajo, compromisos de remediación ambiental, proceso de diálogo para la consulta previa, entre otros. Sin embargo, hay mucha incertidumbre entre las poblaciones y sus federaciones respecto a quién administrará el lote.

Mediante un comunicado las Federaciones Indígenas señalaron que la actual operadora del Lote 192 continúa sin implementar las recomendaciones que el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA han hecho para la remediación ambiental. “Pluspetrol cumple un papel nocivo, no sólo en nuestros territorios sino frente al interés nacional. La actual operadora del Lote 1AB y, ahora, también postora del Lote 192, pretende excluir más de 90 sitios contaminados que han sido identificados por entidades del Estado”.

 

Tras ser declarada desierta la licitación, uno de los escenarios que plantean los economistas en cuanto a las negociaciones de este lote es que la empresa podría negociar con condiciones a su favor y podría pedir que se reduzca más el porcentaje de regalías, que en el caso del petróleo ligero bajó de 35% a 20%, mientras que para el petróleo pesado disminuyó de 25% a 15%.

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas señala que por un lado ha habido errores técnicos y falta de claridad política, y en esta disyuntiva se plantea una pregunta ¿no habrá sido que han endurecido las bases para que no hayan postores? “Si es así, no queda más que negociar directamente con Pluspetrol, esa es la especulación que se hace y en ese caso, se puede decir que como ninguno se ha presentado, las bases pedían demasiado y en la negociación directa se bajan sustancialmente los requisitos y regalías pero ya con un solo postor”.

Ante esta premisa los integrantes de las Federaciones Indígenas señalaron que no permitirán que la historia se repita y que antes de realizarse la licitación, el nuevo operador y el Estado deben acercarse a los territorios para conversar con las comunidades y sus organizaciones. “El Estado no puede ser débil ante Pluspetrol y debe exigirle que se haga cargo del daño cometido”.

Piden que Petroperú asuma Lote 192

Las comunidades del Tigre realizaron una movilización presidida por su gobernador regional, Fernando Meléndez, donde protestaron en contra de la disminución del canon petrolero que recibe Loreto. Con pancartas y banderolas exigieron que Petroperú sea la empresa que se encargue de la explotación del Lote 192 ya que, es la propuesta más viable para operar dicho lote.

Aunque el presidente Ollanta Humala ya ha salido a descartar esa opción.

Herrera Descalzi señala que según la Ley N°30130, la empresa estatal no puede participar al 100% en la licitación del Lote 192, sí es que hubiera la intención política, el caso tendría que ser llevado al Congreso de la República, y la salida sería por la emisión y publicación de un Decreto de Urgencia, es decir depende de la voluntad política del gobierno.

Al respecto, el economista Humberto Campodónico sostiene que esa negativa viene desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Lo que sucede es que el ministro Alonso Segura no quiere que la empresa estatal tome el rol que le corresponde; por lo tanto, el peso viene del Ministerio de Economía, esa es la realidad, el MEF se opone y como tiene mucho poder, están impidiendo que esto suceda”. “Si es que Petroperú entra al Lote 192, hay que modificar esa ley. Si hay voluntad política, se encontrará la forma” manifiesta Campodónico.
“Sí existe la posibilidad de que Petroperú entre al Lote 192, porque esto le va a permitir generar un mejor flujo de caja, Petroperú no tendría que pagar los 345 millones de dólares que cuestan los activos porque serían del Estado, la tarifa del oleoducto tampoco. Tiene que haber un nuevo paquete económico, financiero y productivo muy bien definido”, dice Campodónico.

El congresista Manuel Dammert comentó que le parece sorprendente que el presidente haya declarado en contra del ingreso de Petroperú al Lote 192. “Petroperú debería participar en el lote petrolero. La medida sería la más beneficiosa para el Estado y las comunidades indígenas. “Si hay voluntad política, se puede cambiar la ley en diez días”.

Dammert es el impulsor de una iniciativa ciudadana que declara de necesidad pública e interés nacional priorizar la modernización de la Refinería de Talara, y que además adopta medidas para fortalecer Petroperú S.A., en ese marco legal Petroperú podría estar a cargo del Lote 192. “La Ley N° 30130 impide que Petroperú asuma el Lote 192 y obliga la venta del 49% de los activos de la empresa. “En el estudio de la consultora Wood Mackenzie realizado para Petroperú, se sustenta que para reactivar en conjunto a Petroperú y garantizar la Refinería de Talara, Petroperú debería participar en los lotes petroleros. Es decir, según ese estudio técnico, si Petroperú se queda solo con la refinería, ésta no se podrá sustentar financieramente”, sostiene el congresista.

Reunión con representantes indígenas

Rosa María Ortíz, titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que faltan pocos puntos para llegar a acuerdos con las federaciones de comunidades y que este 14 de agosto recibirá a algunos representantes de las Federaciones Indígenas para concluir los acuerdos pendientes para la consulta previa: “Se ha postergado hasta el 14 de este mes una reunión con algunas comunidades, para dar respuesta a algunas repreguntas planteadas por sus representantes”, señaló la ministra.  

Las comunidades ashuar y quechuas de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza, así como de sus federaciones FECONACO y FEDIQUEP, señalaron que “de lo que se trata es de dar respuesta no a preguntas, sino a justas demandas de mejores condiciones para la explotación petrolera. Se está minimizando los impactos en la tierra, en la salud y en nuestras vidas”. Cabe señalar que la programación de esta reunión es una continuación del frustrado diálogo con las comunidades del Corrientes y Pastaza, que se desarrolló en julio en Iquitos.

Datos:

Pluspetrol tiene 12 multas que ascienden a los 39 millones de soles en infracciones ambientales, según un informe de Ojo Público. Fuentes del sector petrolero, dijeron que las empresas que hayan sido sancionadas por transgresiones a normas socioambientales no podrán calificar en la licitación del lote, para así no generar conflictos sociales con las comunidades indígenas.

Según el informe final publicado por el Grupo de Trabajo del Congreso de la República, Pluspetrol, al igual que Oxy en 1996 y 2002, no han remediado los daños realizados a las comunidades.

Continúa la movilización indígena en Loreto que ha paralizado la producción de pozos petrolíferos en el lote 192

* Este lote constituye una de las mayores explotaciones petrolíferas del país.

* Indígenas de la cuenca del Rio Corrientes han paralizado la producción de crudo en 14 pozos; mientras la paralización de las comunidades del Tigre suma 25 días sin haber alcanzado acuerdos con la empresa.

* Dos años y medio después de que el Ejecutivo anunciase que se implementaría la consulta previa, aún no se ha realizado.

La situación en el lote 192 se tensa. Más de 380 indígenas achuares de la cuenca del Río Corrientes (de la comunidad de Pampa Hermosa) han tomado, desdeel lunes por la noche,la base de Jibarito, paralizando la producción petrolífera de 14 pozos, ocasionandola pérdida de producción de 3.100 barriles por día, según informaciones de Pluspetrol.

 

Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), alerta de la presencia de efectivos de la DINOES en la base. “No queremos que suceda nada lamentable, queremos que se instale lo más pronto posible una Mesa de Diálogo para poder tratar las demandas, en la que participen el Alto Comisionado del Estado, de la empresa, Defensoría del Pueblo, comunidades y organizaciones”.

Hemos contactado con la Presidencia del Consejo de Ministros pero no ha querido hacer declaraciones al respecto.

“Tenemos preocupación porque se pueda hacer un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias o algún tipo de violación a los derechos de los pueblos indígenas”, declara Ismael Vega, antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

La comunidad de la cuenca del Río Corrientes reclama, entre otros pedidos, el pago por el uso de sus tierras. Afirman que desde hace tres meses, Pluspetrol estuvo pagando compensaciones a otras comunidades vecinas de Pampa Hermosa, ubicadas al interior del lote, sin embargo, se niegan a pagar a la comunidad movilizada. Por su parte, Pluspetrol afirma en un comunicado de prensa, que a las otras nueves comunidades sí les corresponde “ya que tienen en sus territorios instalaciones petroleras y están dentro de la zona de influencia de la empresa”. Sandi afirma que la comunidad de Pampa Hermosa es parte del área de influencia.

Respecto a ello, Ismael Vega afirma que hay que tomar en cuenta la forma de entender el territorio por parte de los pueblos amazónicos, la cual es diferente de la occidental, delimitado a un espacio con medidas específicas. “La forma de cultivo, de alimentación requiere de vastos espacios que incluyen bosques y ríos, porque sin este territorio básico es difícil que las comunidades amazónicas puedan vivir de acuerdo a su cosmovisión”.

 

25 días de movilización en la cuenca del Tigre

Desde hace casi un mes los pobladores de la cuenca del Tigre reclaman, entre otras medidas, una “justa compensación” por el uso de los territorios para la explotación petrolífera por parte de Pluspetrol. En un comunicado de prensa, denuncian el ofrecimiento de un pago “irrisorio”, sin estudios de valorización económica de por medio”. Sin embargo, la empresa afirma en el comunicado que no le corresponde este pago, por la misma razón que en el caso de Corrientes, es decir, por no estar dentro de la zona de influencia de la empresa.

Desde hace una semana, se han endurecido las medidas de protesta de las comunidades con el cierre del río, por lo que al menos ocho embarcaciones se encuentran retenidas al no poder surcar el río. Las comunidades del Tigre piden que la premier Ana Jara se traslade a la zona para escuchar sus demandas, y la conformación de una Comisión de Alto Nivel para atender sus demandas.

Más de 40 años de explotación petrolífera

“Estas medidas de fuerza por parte de las organizaciones indígenas se producen ante la inaceptable postergación de soluciones que el Estado viene mostrando en este proceso de negociación y de diálogo que, desde el año 2012, comenzó con las organizaciones indígenas”, explica Ismael Vega, el también coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Hay que tener en cuenta que, la semana pasada finalizó una reunión celebrada en Iquitos por la Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo con representantes de las comunidades de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial creada en 2012. Tras la reunión, se siguió sin llegarse a acuerdos sobre la titulación de tierras y el pago por servidumbre petrolera entre el Ejecutivo y las comunidades.

 

“El país se ha beneficiado de más de 40 años de explotación petrolífera. Sin embargo, nosotros vivimos en la pobreza, el Estado no ha invertido en educación ni salud. La empresa viene contaminando los bosques y ríos. La población sigue consumiendo agua y alimentos contaminados”, denuncia Sandi.

 

Así lo documentan además diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.

Las comunidades indígenas de las cuatro cuencas demandan indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, depuración de los lugares contaminados, elaboración de diagnósticos integrales para dar solución a los problemas de la zona y titulación de los territorios, además de la celebración de la consulta previa.

“De acuerdo a lo que señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estas comunidades tienen derecho a ser compensados, indemnizados y a una reparación ambiental por los daños producidos. De modo que no son demandas fruto del capricho, sino producto de convenios e instrumentos internacionales”, comenta el antropólogo.

 

Sin embargo, “El Estado no ha tenido capacidad para resolver las demandas planteadas, y tampoco ha mostrado voluntad política, pese a la voluntad de diálogo de las comunidades”, explicaVega.

A contrarreloj para realizar consulta previa

Este caso es emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos) está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.

 

Vega considera que “el Estado está demostrando que está más preocupado por hacer la licitación que por implementar el derecho a la consulta previa. Lo cual sería bastante peligroso porque estaría violando el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados”. Hay que recordar que el Estado Peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como promulgó la ley del Derecho a la Consulta Previa.

 

“Los plazos se vencen, el proceso de consulta está en riesgo, y las medidas de fuerza de las organizaciones indígenas pueden incrementarse, y producirse una escalada muy peligrosa de conflicto”, reflexiona el antropólogo.