ü Indígenas exigen al Estado formar una comisión de alto nivel para
atender sus demandas.
ü Expertos consideran que el Estado se apresuró en concluir la
consulta previa.
Las organizaciones indígenas del Pastaza y Corrientes tomaron de manera pacífica el aeropuerto de
Andoas y paralizaron de forma indefinida la producción en todos los pozos
petroleros del Lote 192, tras denunciar como fraude el proceso de consulta
previa luego de que en forma antidemocrática el Gobierno, diera por concluida
la etapa de diálogo del mayor lote petrolero del país.
“Nosotros hemos dicho, varias veces, que lleguemos a un acuerdo;
pero no fue así, por eso ahora estamos reclamando nuestros derechos. Hasta la
fecha el Estado ni siquiera se preocupa por remediar nuestro territorio ni
hacer análisis de salud. El pueblo se siente vulnerado en sus derechos y hemos
concluido que si nosotros no defendemos nuestros derechos, nadie más lo hará”,
señala Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza
(Fediquep).
Para llegar a acuerdos, las organizaciones indígenas exigen que el
Estado conforme una comisión de alto nivel, integrada por autoridades que
tengan poder de decisión: “Estamos exigiendo que el Estado instale una mesa de
diálogo con autoridades de alto nivel, que la presidan los ministros de Estado
que tienen poder de decisión porque el proceso de consulta, para nosotros, fue
un fraude”, comenta Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades
Nativas del Corrientes (Feconaco).
Además añade que han decidido paralizar todos los pozos de
producción petrolera y también el aeropuerto de Andoas: “Sobre todo quiero
recalcar que la lucha es pacífica, respetando la integridad física de las
personas, de los trabajadores, de los policías y también los campamentos; si al
Estado no le importan nuestras demandas, los pueblos nos mantendremos así
porque la lucha es indefinida”, sustenta Sandi.
Consulta
apresurada
Una de las principales incidencias que las organizaciones
indígenas han cuestionado es la falta de atención a 26 de las 27 propuestas que
presentaron en temas de salud, educación, remediación, entre otros; ya que,
como el Estado y las comunidades no llegaron a un acuerdo sobre el fondo económico,
debido a que ellos ofrecieron el 0.75% de la producción fiscalizada -monto que debía ser empleado en proyectos
de desarrollo y vigilancia ambiental-, pero las
comunidades pedían el 2,5%; el Ejecutivo dio por concluida la consulta previasin
tratar los demás puntos en discusión.
“Nunca se planteó una respuesta frente a la demanda de las
organizaciones -ni afirmativa, ni negativa- en aspectos vinculados a salud,
titulación, medio ambiente y demás; simplemente no se incluyó el tema en la
última reunión y el Estado dijo que, como no hubo acuerdos en el tema
económico, ahí se acababa la consulta; eso es algo que no cumple los estándares
mínimos de consulta previa”, dice Vladimir Pinto, abogado de Oxfam Perú.
Gustavo Zambrano, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú(Idehpucp), afirma que
la legislación nacional está hecha de tal manera que faculta al Estado a que,
si no se han llegado a acuerdos o éstos son difíciles de alcanzar, se pueda dar
por terminada la consulta previa, “lo cual en este caso es riesgoso porque da
la impresión que el Estado se ha apresurado por cumplir con los plazos
relacionados a la firma del contrato con Pacific(nuevo operador del lote por
dos años) y ahí estuvo el error”, enfatiza.
Al respecto, los integrantes de las comunidades indígenas han
mostrado su indignación: “Cuando nosotros no llegamos a un acuerdo sobre la
consulta, hemos insistido en seguir dialogando, pero igual la terminaron, por
ese motivo nos hemos retirado” manifiesta Chino.En la misma línea, Sandi dice
que “el proceso de consulta no garantizó nada, no se trató el tema de seguridad
ambiental ni seguridad territorial y el Estado ha vuelto a dar servidumbre
gratuita –sin indemnización- a la empresa petrolera, lo cual impide que nosotros
titulemos el territorio integral y seamos respetados”.
Es importante resaltar que los territorios del Lote 192 presentan
serios impactos negativos que, hasta la actualidad, no han sido remediados. La
empresa Pluspetrol Norte S.A. operó el lote durante los últimos 15 años, y
presentó un Plan de Abandono que no fue aprobado por la Dirección General de
Asuntos Ambientales y Energéticos (DGAAE), del Ministerio de Energía y Minas.
Además, el proyecto fue observado por el Organismo de Evaluación y fiscalización
Ambiental (OEFA) y hasta la actualidad, no existe otro plan de remediación.“Se
requería tener claridad de cuál va a ser ese proceso de remediación y quién
asume las responsabilidades pero no hubo ninguna esclarecimiento del Estado
sobre este tema, tampoco ha habido voluntad política de dar una solución o
mensaje sobre esto” señala Pinto.
Cierre
de la vía del diálogo
Hay que recordar que el Ejecutivo concluyó el diálogo de manera
unilateral el 25 de agosto con las cuencas del Pastaza y Corrientes (Fediquep y
Feconaco) en cuyo territorio se encuentra el 80% de las instalaciones del lote 192. Además, dicha
etapa fue constantemente postergada por los técnicos del Estado en Loreto, y
cuando en Lima se retomóel
diálogo (el 14 de agosto), se estableció como único punto a tratar el tema de
beneficios, generando incomodidad en los presidentes de Fediquep y Feconaco,
quienes no firmaron el acuerdo debido a que ellos viajaron desde sus
comunidades para dialogar sobre la totalidad de sus demandas.Quienes sí suscribieron el pacto fueron las comunidades del Tigre
(Feconat).
Por otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y las normas de la consulta establecen que, en caso de
concluir la consulta, el Estado tiene que justificar su decisión, “este punto
es algo que se tiene que cumplir, no es solo proponer un punto de los que le
interesan a las comunidades” sostiene el abogado Vladimir
Pinto. En la misma línea, Juan Carlos Ruiz,
abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) sostiene en un artículo que es
ilegal dar por concluido un proceso de consulta a pesar que nunca hubo
desacuerdo, violando el Gobierno el artículo 15 de la Ley de Consulta.
“Esta norma precisa que: en
caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales
adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos
colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida,
integridad y pleno desarrollo. También viola el artículo 21 del reglamento que
dice que: la entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el principio
de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta”, manifiesta Ruiz
y agrega que al no haber mala fe de ninguna de las partes, no hay causal para
poner fin al proceso.
Ministerios
se pronuncian
Si bien la consulta previa se llevó a cabo por el Ministerio de
Energía y Minas, liderado por la ministra Rosa María Ortiz, el proceso tuvo la
intervención de otros actores gubernamentales, como la Presidencia del Consejo
de Ministros, el Ministerio de Cultura y Ministerio Economía y Finanzas. El
trabajo en conjunto, conllevó a la decisión de dar por terminada la consulta
previa con la aprobación del primer ministro, Pedro Cateriano.
“El proceso de consulta ha sido mal llevado por el Ministerio de
Energía y Minas, más allá de si el Ministerio de Cultura ha estado ahí o no.
Desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir es que el MINEM no va a querer
retomar la consulta” comenta Zambrano. Pinto agrega que “el Gobierno ahora tiene
una oportunidad de oro porque puede establecer una mesa de diálogo donde se
traten estos temas con seriedad, el problema ha sido que mucho de la agenda
indígena, no se tomó en serio”.
A
eso se suman las declaraciones de la
viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, en el diario El Comercio, que han generado malestar
en las comunidades nativas, pues tildó de “desgastante” el proceso de consulta
previa en el lote 192 y además, cree que son improcedentes los reclamos.
“Rechazamos categóricamente el pronunciamiento de la ministra
Balbuena, ella en un par de meses va a dejar de ser viceministra, pero nosotros
no, nosotros vamos a seguir viviendo aquí los 30 años que vienen, nuestros
hijos van a crecer aquí, la viceministra puede opinar, pero no reúne las
condiciones para hacerlo bien” comenta Sandi.El presidente de Feconaco añade
que no van a permitir que el Estado tome decisiones sin conocer la realidad de
sus pueblos: “Nosotros estamos en total abandono, el ministro de Economía y
Finanzas, Alonso Segura, señaló en el programa Cuarto Poder que los pueblos
indígenas gozan de los programas sociales, pero eso no es verdad, yo no sé
quién le ha informado eso porque es falso, nosotros estamos en total abandono
del Estado. Ellos tienen una deuda histórica con las organizaciones indígenas”
señala.
Por otro lado, tras aprobarse en el Congreso la ley que permite a
Petroperú operar el Lote 192, los parlamentarios esperan que el Ejecutivo se pronuncie
sobre la misma. “Si el Ejecutivo observa esa ley, el Congreso tiene dos
opciones: o encarpetar esa ley o la promulga más allá de lo que el Ejecutivo
considere. Pero sea cual sea el resultado, el Ministerio de Energía y Minas va
a tener que solucionar el tema con las comunidades indígenas” dice Zambrano.
Pinto manifiesta que es valioso que el Estado quiera tener mayor autonomía en
la política energética, pero agrega que “esa discusión ha opacado el proceso de
consulta previa del lote 192”.
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