viernes, 12 de agosto de 2016

​Mujeres con discapacidad en Perú, doblemente agredidas cuando sufren violencia de género

ü  Las mujeres con discapacidad son igual o más vulnerables que las demás a la violencia. Especialistas señalan que los agresores utilizan esa condición para agredirlas.
ü  Las barreras que dichas mujeres encuentran al buscar justicia, hacen que finalmente no puedan acceder a ella. Esto se suma a la discriminación que viven en las instituciones encargadas de protegerlas.
 
Carla (la llamaremos así para proteger su privacidad) atravesó uno de los peores momentos cuando vivió lo que muchas peruanas padecen a diario: sufrió una violación sexual. Ella denunció el hecho, pero lamentablemente no obtuvo la justicia que esperaba y merecía. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Carla es invidente, divorciada y tenía 40 años cuando el terrible hecho sucedió. En Perú, más de un millón y medio de personas tienen discapacidad, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis). 820 mil 731 son mujeres que, muchas veces, se sienten vulnerables y desprotegidas por el Estado.
 
Liliana Peñaherrera, directora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), señala que a las mujeres con discapacidad visual se les dice cosas como: “Si tú no ves, ¿cómo puedes saber que la persona que acusas es tu agresor?”. Asimismo, comenta que las mujeres con discapacidad intelectual, no siempre tienen las habilidades de comunicación para poder expresar la situación, a eso se suma que el personal encargado no les crea cuando presentan una denuncia.
 
Esa realidad es la misma que muchas mujeres peruanas enfrentan, una justicia que no solo tarda, sino que nunca llega. Por eso, en el contexto de #NiUnaMenos, es importante visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres con discapacidad frente a la violencia de género. Las instituciones del sistema de justicia no están capacitadas para atender a las mujeres con discapacidad. No hay intérpretes de señas, tampoco personal capacitado para atender a personas con discapacidad psicosocial o intelectual.
 
No solo se comete violencia sexual
La violencia hacia las mujeres con discapacidad no se limita a casos de agresiones sexuales, pues son discriminadas, maltratadas verbalmente e invisibilizadas. Esperanza Villafuerte, consultora en temas de discapacidad, recuerda cuando a sus siete años estudió en un colegio para invidentes, allí conoció a Dorilla, una joven que tenía entre 18 a 21 años. “Recuerdo que ella dejó de ir al colegio”, narra Esperanza y añade que luego supo que su amiga había fallecido porque en su casa ocurrió una fuga de gas. El accidente terminó con la vida de Dorilla, pues sus familiares solían encerrarla en su habitación porque sufría de los nervios. Nadie se acordó de ella al momento de la tragedia.
 
“Fue terrible, me impactó que se hayan podido olvidar de ella. Fue una tremenda negligencia y eso también es una forma de violencia”, lamenta Villafuerte. La especialista sostiene que, pese a que ese hecho sucedió durante los años 70, en la actualidad muchas agresiones contra mujeres con discapacidad e incluso las que terminan en muertes, se atribuyen a la discapacidad y se maquillan como accidentes, pese a que varios han sido homicidios.
 
En Perú, 506 mil 358 personas presentan alguna limitación de las funciones mentales, el 53,2% son mujeres, algunas de ellas son internas de hospitales psiquiátricos donde, además de denuncias por agresión sexual, se ven casos de esterilizaciones forzadas que las privan de su derecho a ser madres.  “Creo que, como en todos los casos de acuerdo a lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debieran haber apoyos, no sustituir a las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones, pero sí acompañarlas en ese proceso. La discapacidad no debe ser una condición para quitar derechos”, menciona Peñaherrera.
 
“Todavía vivimos en una sociedad muy tradicional, hay familias que tienen temor a que la persona con discapacidad se embarace y, en lugar de pensar en la anticoncepción como una opción, prefieren el irrespeto decidiendo unilateralmente por la esterilización”, dice Madezha Cepeda, fundadora de la Asociación de Mujeres con Discapacidad “Musas Inspiradoras de Cambios”.
 
Por otro lado, muchos niños son arrebatados de sus madres y llevados a orfanatos, generalmente cuandola madre tiene discapacidad intelectual o psicosocial. También se suele discriminar a las mujeres con discapacidad física o visual cuando quedan embarazadas. Quien pasó por esa experiencia fue Madezha pues es invidente, ella sostiene que una psiquiatra le increpó a su esposo el “por qué se había metido con una mujer ciega que no iba a poder cuidar de sus hijos”.
 
Recomendaciones
Es importante “generar conciencia dentro del movimiento de mujeres para visibilizar a las mujeres con discapacidad y a los sucesos que a nivel de violencia podemos experimentar. También es necesario que el Estado, respondiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley de la Persona con Discapacidad, lleve a cabo campañas permanentes en la sociedad y con el mismo personal del Estado”, comenta Madezha Cepeda.
 
Peñaherrera recomienda fortalecer la educación para que las mujeres aprendan a levantar la voz, a identificar las agresiones y a no justificar el abuso; mientras que Villafuerte enfatiza que “ningún programa unilateral da soluciones, es un tema sistémico” y agrega que debe haber una mención específica a la discapacidad en las leyes.
 
Cabe resaltar que existe una ausencia de data que refleje la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Desde las organizaciones ligadas al tema, se resalta la importancia de incluir específicamente a la discapacidad como indicador para visibilizar estos casos, así como aprobar un protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad.

domingo, 24 de julio de 2016

PPK debe incluir a las personas con discapacidad en los programas sociales que deja el actual gobierno

ü  Salvo la pensión no contributiva –que solo beneficia a personas con discapacidad severa en pobreza extrema-, programas sociales como “Juntos”, “Pensión 65”, entre otros, no incorporaron un enfoque inclusivo que beneficie a las personas con discapacidad.
ü  En educación, el gobierno de Ollanta Humala priorizó la inversión en educación especial, cuando la demanda de las organizaciones vinculadas al tema discapacidad demandan el fortalecimiento de la educación inclusiva.
 
Si hay dos temas que serán destacados del gobierno de Ollanta Humala son la política social desarrollada con la creación de más de 35 programas sociales y el rol de su ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien seguirá al mando del sector durante el próximo quinquenio. Sin embargo, las personas con discapacidad no gozaron de los beneficios implementados en esos sectores, pues los mismos no tuvieron un enfoque inclusivo.
 
Pese a que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destinó más de 5 mil millones de soles a la política social, mediante programas sociales, como “Juntos”, “Pensión 65” o el “Seguro Integral de Salud” (SIS), hace falta que dichos programas tengan en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad tanto en el proceso de afiliación como en el paquete de prestaciones y beneficios. Un estudio elaborado por SODIS, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Londres encontró que las personas con discapacidad, pese a estar entre los más pobres, no han sido focalizadas o priorizadas por parte de los nuevos programas sociales y no se han establecido diferencias notables en cuanto a su atención.
 
Los programas sociales no tienen un enfoque de discapacidad y eso hace que, muchas veces, las personas con discapacidad sean excluidas o no se beneficien de los programas. No basta con afiliar a personas con discapacidad, debe asegurarse que los programas respondan a sus necesidades”, dice Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (Sodis). Advierte que no se ha considerado el costo adicional de la discapacidad, por ejemplo, el costo del transporte para trasladarse a la escuela o al centro de salud, o el pago de servicios sanitarios especializados y de dispositivos de apoyo como sillas de ruedas, prótesis o audífonos.
 
La misma situación se repite con “Pensión 65” pues, si bien ha ayudado a que adultos mayores mejoren su nutrición y estado de salud, no les ha permitido acceder a tratamientos especializados. Por ende, tales esfuerzos resultan insuficientes.
 
Esperanza Villafuerte, asesora de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip), resalta que la problemática inicia cuando las personas quieren beneficiarse de los programas pues se encuentran en desventaja cuando intentan ingresar. “Los asesores no saben cómo actuar y finalmente no los ayudan”, dice y agrega que no basta con la atención preferente pues es necesario acompañarlos hasta que se familiaricen con el trámite. Por otro lado, la pensión no contributiva, implementada en ocho regiones del país, beneficia solo a 1901 peruanos y está dirigida solo a cubrir la canasta básica.
 
El destino de la inversión en educación inclusiva
El Programa presupuestal 0106 (PPR 0106) del Ministerio de Economía y Finanzas está dirigido a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. Tiene un presupuesto institucional de apertura de S/166,491,749 y su nivel de ejecución (hasta junio de este año) es de 36,5%.
 
Pese a que el actual gobierno impulsó el discurso de la inclusión educativa, sorprende que el 84% del PPR 0106 se destine a escuelas de educación especial, no a escuelas regulares que podrían potenciar la inserción de niños y jóvenes con discapacidad, tampoco a capacitar a los docentes ni a identificar a los niños y niñas con discapacidad que no asisten a la escuela.
 
“El Ministerio de Educación no tiene claro hacia dónde debe ir la educación inclusiva, no se trata de seguir fortaleciendo la educación especial, se trata de que todos los estudiantes accedan a la misma educación y que sea de calidad”, menciona Queija. En la misma línea, Villafuerte cree que la razón sería que desde el ministerio se cayó en una especie de “facilismo”. “Es más fácil potenciar los colegios especiales que invertir en educación inclusiva. Si la idea es ir haciendo una transición de educación especial segregada a educación, por lo menos, de atención preferente entonces se tiene que invertir más dinero a donde se quiere llegar”, menciona la especialista.
 
Cabe resaltar que el presupuesto total en educación es de 27 mil millones 495. Es decir, la inversión en educación inclusiva representa solo el 0,6% del total del presupuesto en educación. La cifra es preocupante si consideramos que el 78% de personas con discapacidad en edad escolar están fuera del sistema educativo.
 
PPK debe impulsar
Desde Sodis, se recomienda que los programas sociales sean diseñados y aplicados sin dejar de lado el enfoque de género, la interculturalidad y la discapacidad. Por ejemplo, si un programa entrega becas a estudiantes destacados, habrá que revisar que los requisitos de postulación se adapten en casos de discapacidad, como una persona ciega que necesite el examen en formato virtual. También es necesario que, además de la pensión no contributiva, se asegure el acceso de las personas con discapacidad a los demás programas, pero con condiciones y prestaciones específicas que respondan a sus necesidades particulares.
 
Además, se debería apuntar a que la mayor parte del presupuesto destinado a la educación de personas con discapacidad se dirija a potenciar la efectiva educación inclusiva y no la educación especial, la cual debería disminuir y desaparecer progresivamente.

jueves, 14 de julio de 2016

El reto de PPK estará en el sur del país donde se concentra la inversión minera y la conflictividad social

ü  La visión economicista de PPK  de los conflictos sociales se perfila como una de las principales debilidades para resolverlos.
ü  La contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre. Además, la reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico.
 
La reciente visita de PPK al Complejo Metalúrgico de La Oroya donde sólo ha mostrado su preocupación por la situación laboral de los trabajadores, y ha dejado de lado en su discurso la contaminación  que afecta a esta ciudad- unas de los 10 lugares más contaminados del mundo- y a sus habitantes, tras 18 años de incumplimientos ambientales por parte de Doe Run, constituye uno de los primeros movimientos del recién electo presidente y un reflejo de su entendimiento sobre los conflictos sociales. “Es legítimo preocuparse por  la situación de los más de  2000 trabajadores, pero que Pedro Pablo Kuczynski haya dejado de lado el tema ambiental resulta inquietante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, afirma José de Echave, economista de CooperAcción, en el 18º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides.
 
El Gobierno de Humala cierra su legislatura  y deja como legado a PPK más de 200 conflictos sociales sin resolver. Además, el Ejecutivo ha adoptado normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal. “El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explica el especialista. Durante las elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron - en primera vuelta-  por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.
 
“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisa De Echave. No obstante, la propuesta de creación de un Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de Conflictos Sociales por parte de PPK considera el especialista que ayudaría a mejorar la prevención de los mismos.
 
El sur motor de la inversión minera
El informe OCM da cuenta de que en los últimos dos años se observa una tendencia a nivel nacional de reducción del área concesionada a la minería. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas). En 2014 el  20,42% del territorio nacional estaba concesionado; y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).
 
El documento recorre la macro región norte, la zona central y la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo es  la región donde se concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.
 
El documento destaca la importancia del corredor minero (abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa) une las operaciones de Las Bambas, Constancia y Antapaccay culminando en el puerto de Matarani (Arequipa ) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica. Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta  como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico. Perú reporta un crecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por  estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello  se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.
 
La carretera que une el corredor minero, sin embargo, es motivo también de preocupación y malestar  entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y otras sustancias, y por el polvo que se genera. Por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto. En Cusco, Espinar es otro de los conflictos latentes con la minera Glencore-Xtrata. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural. En Arequipa, el anuncio de la empresa Southern que sostuvo que solo estaban esperando la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.
 
El informe OCM alerta también del peligro de la consolidación de la minería ilegal, siendo Madre de Dios y Puno son dos de los bastiones de esta actividad. Todo indica que su objetivo central será detener el proceso de interdicción y formalización, así como consolidar su presencia en influencia en ciertos territorios.
 
Menores aportes tributarios
La inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros. El aporte del sector minero ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.
 
El informe OCM da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S./1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.

miércoles, 8 de junio de 2016

Personas con discapacidad fueron impedidos de votar por falta de accesibilidad

  • La ONPE no brindó los ajustes necesarios ni las medidas de accesibilidad mínimas para garantizar que personas con discapacidad puedan votar. A Cambio les dieron una “constancia de asistencia”.
  • Personas afectadas evalúan el inicio de acciones legales contra la ONPE por discriminación.
 
José Antonio Isola, un conocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, no pudo ejercer su derecho al voto el pasado 5 de junio durante la segunda vuelta electoral. José, usuario de silla de ruedas, se había empadronado en la página web de la ONPE para asegurar que dicha entidad le asigne una mesa accesible que le permita votar con comodidad, tal como sucedió en la primera vuelta. No obstante, el pasado domingo se encontró con la sorpresa de que su mesa había sido trasladada a un segundo piso, al cual no tenía como llegar por la falta de una rampa o ascensor.


Frente a esta situación, el coordinador de la ONPE le extendió una "constancia de asistencia" para que pueda realizar posteriormente los trámites de exoneración de la multa respectiva, restringiendo no sólo su derecho a votar por una falta de la propia entidad, sino obligándolo a hacer un trámite adicional para no pagar la multa.
 
"La máquina en la que me tocaba votar estaba en el segundo piso y no se pueden mover. Entonces ni yo podía llegar a ella ni ella podía llegar a mí, y así perdía mi derecho constitucional a votar", explica José. "Nunca me he sentido más violentado en mi vida".
 
Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (SODIS), explica que el problema se produjo porque la ONPE no ha resuelto el tema del voto electrónico y las personas con discapacidad. “El voto electrónico también ha sido inaccesible para las personas con discapacidad visual. Tenían que ir con otra persona y ya ahí había un problema pues su voto ya no era secreto. Además, la máquina es muy elevada y en algunos casos estuvo mal ubicada, dificultando el voto de las personas en sillas de ruedas”, manifiesta. 


Cabe señalar que durante la primera y segunda vuelta se denunciaron muchos casos de falta de accesibilidad y facilidades para las personas con discapacidad en los centros de votación. En varios medios se difundieron imágenes en las que incluso se cargó a la persona hasta su mesa. Sin embargo, como explica Queija, esta acción no representa ni una medida de accesibilidad ni un ajuste razonable en favor de la persona: "Es una práctica que atenta contra la dignidad y la seguridad de la persona".


Cabe recordar que la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó a ONPE que tome diversas medidas para prevenir y dar solución a estas situaciones sin vulnerar el derecho a votar de las personas con discapacidad. Incluso, luego de la primera vuelta, se emitió un segundo pronunciamiento solicitando las medidas necesarias para impedir que se repitan este tipo de problemas.


"No es un problema de multas, el punto es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a que se les brinden los apoyos y facilidades para poder ejercer ese derecho”, señala la vocera de SODIS.

miércoles, 1 de junio de 2016

El próximo Gobierno debe garantizar derechos de personas con discapacidad

ü  Desde Sociedad y Discapacidad (Sodis) se identifican los principales retos que debería recoger el próximo gobierno, principalmente en educación inclusiva, accesibilidad y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad severa.
 
Es imprescindible que el millón y medio de personas con discapacidad que viven en el Perú sean una prioridad del próximo gobierno. Pese a ser uno de los colectivos con menos oportunidades económicas y sociales en nuestro país, sus derechos no han sido parte central de los debates llevados a lo largo de esta campaña electoral.
 
Silvana Queija, abogada investigadora de Sodis, comenta que los dos partidos que compiten por la presidencia este domingo incluyeron propuestas en materia de discapacidad en sus planes de gobierno, aunque con marcadas diferencias.
 
“Como dijimos desde un primer momento, el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio tiene una mirada más completa del tema. Es un plan bastante ambicioso enfocado en temas que son trascendentales para que las personas con discapacidad puedan avanzar como son la educación inclusiva y la accesibilidad”, manifiesta Queija.
 
Giancarlo Contreras, coordinador de la Secretaría de Personas con Discapacidad de PPK, mencionó que en un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se destinará el presupuesto necesario para cumplir con las promesas de su plan: “Pedro Pablo está muy comprometido con el tema discapacidad. Uno de sus proyectos es hacer un hospital especializado en el tratamiento de enfermedades raras que representan el 6% de la población y va a ser el único en el mundo”, dice Contreras.

Queija sostiene que la propuesta de PPK es ambiciosa en el sentido que incluye propuestas sobre la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica, lo cual reconocería los derechos de las personas con discapacidad severa que hoy en día no pueden votar, realizar trámites bancarios ni contraer matrimonio. Asimismo, en educación PPK plantea crear “Escuela bonita” que dotará de infraestructura a los colegios del Estado para que las personas con discapacidad física puedan transitar sin molestias por las instalaciones.
 
El plan de gobierno de Fuerza Popular (FP), por su parte, aborda sólo de manera parcial las demandas de la población con discapacidad. Así, se propone fortalecer los programas de formación laboral y ocupacional, así como potenciar los mecanismos de fiscalización de las cuotas de empleo de personas con discapacidad. Igualmente, se busca fortalecer el liderazgo del CONADIS como ente rector y fiscalizador.
 
Silvana Queija agrega que los integrantes de Fuerza Popular no han participado de las actividades organizadas por el colectivo de personas con discapacidad: “Distintas organizaciones invitamos a los partidos a firmar un compromiso de trabajo por los derechos de las personas con discapacidad; el partido Peruanos por el Kambio asistió, mientras que Fuerza Popular no”, enfatiza. Igualmente se invitó a todos los candidatos con discapacidad al Congreso a exponer sus propuestas en un Foro Público, en el que Fuerza Popular tampoco formó parte, a diferencia de todos los demás partidos.
 
Cabe resaltar, que Sodis se contactó con dicho partido reiteradas veces para consultarles sobre la temática para la elaboración de esta nota, pero no hubo respuesta a la solicitud. Queija destaca que “sea quien sea el ganador este domingo, necesitamos un gobierno que se ponga la camiseta de la discapacidad”.
 
Los pedidos del colectivo
En la agenda pendiente que se desarrolló desde Sodis, se identifican como temas urgentes la adecuada implementación de la Dirección Nacional de Accesibilidad y la aprobación de un Plan Nacional de Accesibilidad, pues “es la puerta de entrada a todos los demás derechos de las personas con discapacidad”, señala Queija.
 
Se plantea también, reformular las políticas de educación inclusiva, asegurando que sea una estrategia transversal liderada desde la Dirección General de Educación Básica Regular. “Debido a las altísimas cifras de exclusión educativa de los menores con discapacidad (78% no estudian), es primordial que se refuerce la educación inclusiva con un enfoque correcto, no se trata de aumentar los colegios especiales, se trata de que los colegios que tenemos hoy permitan en ingreso y la calidad de educación de todos los menores con discapacidad”, manifiesta Silvana.

Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables, dice que el próximo gobierno debe “mejorar e impulsar las políticas en los distintos ámbitos: educación, salud, trabajo, accesibilidad que son los ejes principales de una propuesta para la discapacidad en el futuro”. Agrega que el sector educación es el punto principal: “Tiene que haber y potenciarse las oportunidades educativas de las personas con discapacidad”, menciona.
 
En salud, la propuesta es implementar la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación del ministerio respectivo. Mientras que en el ámbito laboral, es importante formular políticas que promuevan la inserción de las personas con discapacidad. Finalmente, se plantea garantizar el derecho al voto de todo el colectivo, sin excepción, asegurando que el proceso electoral sea accesible e inclusivo.