Pueblos indígenas representan a la naturaleza y denuncian violación de derechos indígenas y de la naturaleza por los Estados y las transnacionales

ü  Poblaciones originarias alertan sobre la impunidad corporativa

ü  En primer día del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza seis casos fueron sometidos a juicio: Caso de las cuatro cuencas amazónicas en Loreto; BP; Chevron; Conga; Belo Monte y  Condor Mirador en Ecuador

Empresas transnacionales y Estados se encuentran bajo la lupa por el Tribunal Internacional por los Derechos  de la Naturaleza, que se viene desarrollando en Lima, desde el día viernes 5 hasta sábado 6 de diciembre, donde se seguirán presentando otros casos a nivel nacional e internacional respecto a la violación de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, en el marco de la celebración de la vigésima Conferencia de las Partes (COP).

“Este tribunal ético permanente es un llamado a la humanidad para encontrarnos con la Naturaleza. Esta instancia surge cuando los Estados no cumplen con su obligación de preservar la vida de los seres humanos”, afirma Alberto Acosta, presidente del Tribunal, y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Casos peruanos: Conga y Pluspetrol (4 cuencas)

“Yanacocha es una herida profunda en la Madre Tierra, en Cajamarca”, lamentó Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional Celendín. Sánchez relató durante la audiencia toda la trayectoria de contaminación de la empresa Yanacocha. Asimismo, el ambientalista denunció que este proyecto destruiría las fuentes hídricas de la región. “Se verterían 85 mil toneladas diarias de relaves tóxicos durante 17 años”, afirmó. Milton condenó al presidente Humala por no cumplir con su promesa de velar por el derecho al agua de las comunidades.

José de Echave, director de CooperAcción, manifestó que no se realizó una consulta previa, libre e informada a la población, a pesar de la vigencia de la Ley de Consulta. Además, resaltó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se presentó era “inconsistente, incompleto y violaba normas nacionales”.

Respecto al caso del Lote 192 en la selva loretana, se personó José Fachín de la cuenca del Pastaza. Relató al Tribunal que hace un año fue encarcelado, torturado y judicializado. Afirma que “desde hace más de cuarenta años la actividad petrolera ha generado muerte humana y animal”. A pesar de que el Estado ha declarado el Estado de Emergencia denuncia la inacción del Gobierno y de la empresa Pluspetrol. Exigen sancionar a Pluspetrol y que se determinen las responsabilidades del Estado por no proteger sus derechos y los de la naturaleza.

Casos del Ecuador: Cóndor Mirador y Chevron-Texaco

La cordillera del Cóndor está atravesada por proyectos mineros a gran escala, como es el caso de Condor Mirador. Luis Corral, defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, manifestó que este caso viola los derechos de la naturaleza y colectivos”. Denunciaron el asesinato del luchador social, José Tendetza quien estaba citado para que asistiera al Tribunal como testigo. El dirigente achuar Domingo Ankuash condenó este proyecto y sentenció: “La Naturaleza y los seres humanos somos aliados, si uno desaparece, el otro también”. Por su parte, Narcisa Aucay,  habitante de la región manifestó: “No nos van a callar. Nos han enseñado a vivir libremente, con honor y con dignidad”.

También se expuso en el Tribunal el caso de la empresa Chevron-Texaco que extrajo extrayendo petróleo desde el año 1967 en plena amazona ecuatoriana. La corporación construyó 860 piscinas donde se arrojaron los desechos tóxicos. En la actualidad, existen más de 2.000 casos de cáncer atribuibles a los tóxicos desechados por la actividad petrolífera. Pablo Fajardo, abogado de las  víctimas de Chevron concluye que “se ganó el caso, pero no se limpia la amazonía ecuatoriana”; además informó que Chevron no acepta las sentencias de remediación del ambiente, por lo que se genera una afectación a los derechos internacionales.

Caso BP

Esperanza Matínez, de la organización Oil Watch, presentó el caso de la explosión en 2010 de la plataforma petrolífera ubicada en el Golfo de México que causó el derrame de aproximadamente 5 millones de barriles de crudo, y la muerte de 11 trabajadores. Martínez calificó este derrame como “el más grave de la humanidad”, y denunció la afectación de las especies que habitan en el mar. Asimismo, puso en conocimiento del Tribunal que el sistema de limpieza que empleó la empresa BP provocó que las partículas de petróleo se hicieran más pequeñas lo que facilitó que fueran absorbidas por las especies.

Caso brasileño  de Belo Monte

El Tribunal también escuchó el caso de Belo Monte, la megarepresa que está construida al 50%, y que se convertirá en la tercera más grande del mundo. “Los pueblos están siendo afectados en su alimentación. No pueden pescar porque los peces se han ido de la región. Los pueblos no pueden beber su propia agua, debido a la actividad hidroeléctrica”, alertó la especialista Sonia Guadalajara.

Violaciones sexuales durante el conflicto armado siguen bajo el manto de la impunidad

 

Escribe Magali Zevallos

Dos testimonios de mujeres de la sierra peruana que fueron vejadas y violadas por integrantes de las fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y Policía) nos recuerdan que en los años de terror que vivimos los peruanos entre los años 1980-2000 también se cometieron las mayores barbaries contra las mujeres de los sectores más pobres y vulnerables, siendo las más afectadas las mujeres quechua hablantes y mujeres rurales, quienes en su momento no ejercieron su derecho a demandar, a denunciar, y a levantar su voz para exigir justicia y reparación.

 

Carmen y Teresa nos reciben para contarnos los hechos más desgarradores de su vida.  Carmen nos mira con recelo, parece no estar segura de exponer este episodio que marcó su vida desde hace 25 años, ella apenas tenía 15 años cuando fue violada por primera vez por un oficial y varios soldados del Ejército Peruano. Estos hechos se repitieron en más de diez oportunidades,  producto de ello ha tenido que llevar dos embarazos  forzados de sus agresores.

 

“Entró uno y me violó, el segundo también, al tercero grité fuerte: ¡desgraciado! ¿por qué me hacen esto? si yo no les hice nada, yo todavía soy niña ¿por qué me hacen esto?...en eso salió un sargento y dijo: ¡carajo! ¿por qué estás gritando tanto?  Tráiganmela para acá. En ese momento supliqué que no me haga nada. Me dijo: ¿no quieres que te haga nada? entonces que te sigan pasando los militares ¿te quedas conmigo o quieres que te siga pasando la tropa?, yo tuve que decir que me quedaba con él, con mucho asco”, tras este relato Carmen enmudece,  trata de reponerse pero rompe en llanto, esto es solo un extracto de muchas escenas de terror que tuvo que pasar Carmen en su comunidad.

 

En el tiempo del terrorismo, la violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra, fue parte de una “estrategia contra subversiva” de  las fuerzas del orden, pues, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estos crímenes se realizaron de manera sistemática, este modus operandi era utilizado para “recoger confesiones” en situaciones de detenciones, con la excusa de que la mujer pudo haber sido parte de algún grupo subversivo.

 

Cuando Teresa tenía 17 años seis militares que hacían patrulla en su pueblo la violaron. “A mí me agarraron a bofetada y me arrastraron como seis militares, estaban con pasamontañas, me tumbaron al suelo y me pusieron una toalla en la boca para no gritar, así abusaron de mí uno por uno, hasta terminar, y yo no pude hacer nada, cuando se fueron, ahí recién grité, pedí auxilio, grité: ¿mamá dónde estás?

 

“Las mujeres que nosotros acompañamos, en algún momento han tenido que salir de sus comunidades, porque sienten que la comunidad las rechaza y no solo eso, sino que también las niega, las culpabiliza y las condena, este episodio es tan grande para ellas, que toda su vida gira entorno a ello”, dice Mariel Távara, Responsable de la Línea Psicológica de Demus.

 

Teresa nos confirma sobre el estigma y el rechazo que tuvieron que pasar, “las mujeres violadas que se iban a declarar, la gente les decía: ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para el pueblo! Haciéndonos sentir culpables, por eso muchas mujeres no denunciaron.

 

Madre a la fuerza

Las violaciones han dejado la maternidad forzada. Muchos niños nacieron producto de violaciones sexuales, incluso nunca fueron identificados los nombre de los agresores porque usaban seudónimos.

 

Carmen es una de las víctimas que tuvo que huir, partió de su comunidad y tuvo que dejar su familia, su hogar, sus estudios, y ha tenido que enfrentar dos embarazos no deseados producto de violaciones, esta maternidad forzada le ha significado una experiencia muy traumática y dolorosa.

 

“Abandoné a mis hijas de siete y tres años, las dejé con mis papás, no sentía casi cariño. Con amor uno debe hacer a los hijos, pero así producto de una violación, tú no has querido. Después de muchos años volví a ver a mis hijitas, ellas me rechazaron desde un principio, cuando ya crecían,  tenía 17 años la mayor, la otra tenía 15 años, decían: ¿Por qué nos abandonaste?, Ni un perro deja a sus hijos, ¿Qué hemos hecho,  para qué nos diste la vida para que después nos abandones?, así me reprochaban, si ellas supieran lo que me ha sucedido, de repente me rechazan, pero algún día sabrán la verdad”, cuenta Carmen.

 

“Lo que no se puede desconocer es que el hijo de la violación sexual es la prueba clara y recordatorio permanente hacia la mujer de que ha sido violada, no solo es un hijo no deseado sino impuesto con violencia sexual”, sostiene Jeannette Llaja, Directora de Demus.

 

Reparación de parte del Estado

Un tema vital para las víctimas es el acompañamiento psicológico, “hay un deterioro en la salud de las víctimas, ellas requieren reparación en salud mental,  porque hasta el día de hoy siguen viviendo esas secuelas, sin embargo,  no hay una política clara para atender sus necesidades”, señala Távara.

 

En el caso de Carmen y Teresa, quienes tienen secuela en su salud, pese a tener un Seguro como parte de las reparaciones dadas por el Estado peruano, las veces que han ido a un centro de salud no han sido atendidas porque el Ministerio de Salud no cuenta con un protocolo para la atención de salud sexual y reproductiva ni tampoco para la atención en salud mental de las víctimas.

 

Para Llaja hay temas pendientes en el cumplimiento de las reparaciones, como el monto económico que ha dispuesto el Estado, ya que no corresponde a la gravedad que lo que significa cada uno de las violaciones de derechos humanos, incluyendo la violación sexual. “La reparación tiene que ir en consonancia con el impacto generado”, dice.

 

Crímenes de lesa humanidad siguen impunes

“De las 3,282 violaciones sexuales que registra el Consejo de Reparación del Ministerio de Justicia solo hay 19 casos que están siendo investigados, la mayoría a nivel del Ministerio Público, son muy pocos los que han llegado al Poder Judicial, y lo cierto es que no hay nadie preso ni sancionado”, dice Llaja.

 

Pese a que el 83% de los delitos de lesa humanidad fueron cometidos por miembros de la fuerza del orden (informe CVR), “hay resistencia de parte del Ministerio de Defensa en dar la lista del personal que trabajaron en las bases militares de entonces. Se debe sincerar, se confunde mucho una defensa hacia las fuerzas armadas, con la legitimación de las violaciones de derechos humanos que se cometieron”, dice Llaja, es decir hay un Estado cómplice, que por un lado reconoce estas violaciones y tiene un registro de víctimas y por otro, niega la posibilidad de sancionar a los culpables.

 

La justicia tarda pero no olvida. Para Carmen y Teresa las heridas siguen abiertas, esos recuerdos no sanan, son huellas permanente en sus vidas, “esas marcas nos llevaremos hasta la muerte”, dice Teresa. Para ambas ha sido muy duro romper con este silencio, pero decidieron denunciar para que estos delitos no sigan bajo el manto de la impunidad, el Estado aún tiene una deuda pendiente, porque sin justicia no habrá reconciliación en nuestro país.

 

Datos

“La región más golpeada es Ayacucho: 1,335 (40% de casos), le sigue Apurímac (600), Huancavelica (369), Junín (271).

Se reporta además que producto de estas violaciones nacieron 117 niños.

Muchas mujeres no denunciaron las violaciones por vergüenza, por la estigmatización que podrían sufrir de parte de sus familiares y los miembros de su comunidad. 

Ante la impunidad frente a las esterilizaciones forzadas y violaciones sexuales durante el conflicto armado

Este viernes 8 de noviembre Tribunal de Conciencia:

Frente a la impunidad y a las violaciones de derechos humanos cometidos entre los años 1980 y 2000, la sociedad civil instalará un Tribunal de Conciencia por lo casos de esterilizaciones forzadas en el régimen fujimorista y las violaciones sexuales durante el conflicto armado interno. En el Tribunal se presentará el contexto político y social cuando sucedieron estas barbaries, se contará con testimonios de las víctimas, y se argumentará jurídica y sicológicamente, a fin de evidenciar estos hechos, que tiene como principal objetivo hacer un llamado de atención al Estado en su obligación de impartir justicia y reparación.

Las Esterilizaciones Forzadas se enmarcó en un Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar durante el régimen de Fujimori, donde miles de mujeres fueron afectadas por la aplicación de una política de Estado de carácter masivo y sistemático, la que  fue una de las principales formas de violación de los derechos reproductivos de las mujeres con mayores niveles de pobreza, quienes fueron sometidas a esta práctica con engaños, coacción e incluso a la fuerza.

Así, entre los años de 1996 a 2001 se realizaron 271,028 ligaduras de trompa, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, solo en un caso el Estado reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos, el caso de Mamérita Mestanza, las demás denuncias siguen a la espera de justicia.

La violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano (1980 al 2000) fue reconocida a partir del año 2003, a través del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  El Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia registró 3,282 casos de violaciones sexuales hasta octubre de este año, sin embargo, no hay ninguna sanción a los responsables, pese a que la gran mayoría de los casos han sido cometidos por miembros de las fuerzas del orden (miembro del Ejército y Policía Nacional).

En el Tribunal de Conciencia se presentarán tres casos: dos de violaciones sexuales durante el Conflicto Armado, para ello testimoniarán dos víctimas (Doris y Carmen), y uno de esterilizaciones forzadas, en este caso dará su testimonio el hermano de Celia Ramos, quien murió tras una intervención quirúrgica y negligencia médica en Piura en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar, asimismo se escuchará el testimonio de Mamérita Mestanza como caso emblemático.

La defensa de ambos casos estará a cargo de Demus y Aprodeh. Y estará conformado por tres reconocidas personalidades por su trayectoria en los derechos humanos de las mujeres: Cecilia Medina, ex Jueza y Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jairo Rivas, ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Reparaciones en Perú, y actual asesor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia y Salomon Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La actividad se desarrollará el viernes 8 de noviembre en el Salón de Los Espejos de la Municipalidad de Lima, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.