El 60% de las personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse

 

ü  El Perú debió aprobar un Plan Nacional de Accesibilidad hace más de dos años.

ü  Las personas con discapacidad demandan una educación inclusiva y una mayor accesibilidad en el Día de la Persona con Discapacidad en Perú.

 

“No queremos que nos den dádivas, ni que sientan lástima por nosotros, lo que queremos las personas con discapacidad son oportunidades para desarrollar nuestras capacidades, para demostrar que sí podemos”, dice tajante Edwin Béjar, juez del Tercer Juzgado de Familia de Cusco, quien es el primer juez invidente del Perú; en referencia a las barreras que a diario atraviesan las personas con discapacidad.

 

La indignación de Béjar se sustenta con cifras de la Defensoría del Pueblo, que señalan que el 60% de personas con discapacidad en nuestro país no pueden movilizarse porque no existen condiciones de accesibilidad que les permitan hacerlo. A pesar de que tienen derecho a un adecuado entorno físico, transporte, educación, información, entre otros, pues así lo establece la Ley General de la Persona con Discapacidad (N° 29973).

 

35 años después desde que un grupo de personas con discapacidad marcharan hacia el Congreso de la República exigiendo que se cumplieran sus derechos, todavía hoy demandas tan básicas como que los edificios se adapten a las necesidades de quienes no ven o no pueden caminar no se han cumplido. “Somos un país particularmente inaccesible en transporte, edificaciones, información, entonces es muy difícil que una persona con discapacidad sea independiente porque sale a la calle y no sabe con qué se va a encontrar”, sostiene Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS).

 

En Perú, viven un millón y medio de personas con discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 801 mil personas tienen limitación de forma permanente para ver, aun usando lentes, y 932 mil tienen limitación para moverse o caminar y/o para usar brazos y piernas.

 

Deficiencias de accesibilidad

Un estudio realizado por SODIS, en el distrito de Morropón, Piura, demuestra que el transporte era uno de los principales obstáculos para mandar a los niños y niñas con discapacidad a la escuela, sin importar el tipo de discapacidad. Pero el sistema de transporte no solo perjudica a las personas con discapacidad del interior del Perú, sino a quienes viven en la capital limeña, tal como lo demuestra el Metropolitano.

 

Dicho proyecto, que costó 133 millones de dólares, de los cuales 47 millones fueron prestados por el Banco Mundial, prometía –cuando inició sus operaciones en el 2006- ser un sistema rápido, seguro y accesible. Pero no fue así, pues de 168 alimentadores (buses complementarios), solo 24 cuentan con rampa y espacios para sillas de ruedas. Además, los buses troncales tampoco están adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad y los paraderos no están bien señalizados.

 

“En horas punta es imposible entrar, además lo que no está solucionado son los alimentadores, hay algunos que tienen plataforma, pero el chofer nunca para si ve a una persona con discapacidad, y si lo hace dice ‘está malograda la plataforma’, son buses nuevos, ¿cómo se van a malograr tan rápido?”, señala el arquitecto Jaime Huerta, quien es usuario de una silla de ruedas. Asimismo, añade que el Metropolitano debe ser perfeccionado porque el cinturón de seguridad de la zona reservada no sostiene una silla de ruedas, la cual se resbala cada vez que el bus avanza.

 

En la misma línea, la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, Catalina Devandas, declaró -en su visita a Perú- que “el Metropolitano es un error que le va a costar el doble a Lima”, pues al no ser accesible, se va a tener que adecuar y eso tiene un costo mayor que el haberlo diseñado correctamente desde el inicio. Lo mismo podría decirse de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte que tampoco son accesibles para las personas con discapacidad.

 

Pero el transporte no es el único problema, pues las personas con discapacidad se enfrentan a diario a un país lleno de barreras arquitectónicas, comunicacionales, entre otros. El principal pendiente es el Plan Nacional de Accesibilidad ordenado por la Ley General de la Persona con Discapacidad. Además, no se ha reglamentado todavía la Ley que reconoce la Lengua de Señas Peruana, tampoco se supervisa que las páginas web de las entidades del Estado sean accesibles para lectores de pantalla.

 

Por otro lado, desde el año 2011 al 2015, se han construido 44, 422 viviendas financiadas con el crédito Mivivienda y 116,139 con el bono Techo Propio, según el Fondo Mivivienda. Pero dichas casas no son accesibles. A pesar de eso, la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico- organismo que se encarga de normar, promover y supervisar que las edificaciones tengan acceso a las personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores que el el Ministerio de Vivienda creó el año pasado- aún no inicia sus labores por falta de presupuesto.

 

¿Educación para todos?

En Perú, hay 120,297 personas con discapacidad en etapa escolar. Según la Defensoría del Pueblo, el 78% de ellas están fuera del sistema educativo por la falta de políticas inclusivas. El 40,5% de ellos, solo tiene educación primaria y el 23,6% no tiene educación, arroja la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad.

 

Durante la Década de la Educación Inclusiva (2003-2012), se publicó el Decreto Supremo N° 026-2003-ED, que incluía a las personas con discapacidad leve en colegios regulares y creaba el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), dirigido a apoyar a los niños con discapacidad que ingresaban a los centros Educación Básica Regular (EBE).

 

Pero la medida tuvo críticas, pues surgen cuestionamientos sobre la calidad educativa que un profesor de un colegio regular le puede brindar a una persona con discapacidad: “La educación inclusiva, como se ha planteado en el Perú, es inviable. Es decir, estamos de acuerdo con la educación inclusiva, es el camino a seguir, pero el diseño para asegurar acceso y calidad es muy malo. Pensar que los SAANNE van a acompañar la inclusión, es completamente inviable. Se debe apostar por el apoyo interno, contratar más docentes o liberar maestros especializados”, comenta Vásquez.

 

Además, del total de centros educativos regulares en Perú (10,668), solo el 23% cuenta con el apoyo del SAANEE, según el Ministerio de Educación. Tal dato revela que las personas con discapacidad no están recibiendo una educación de calidad y consecuencia de ello es que el 76% se encuentren inactivos económicamente, lo cual genera pérdidas de entre 3% y 7% del PBI de los países de ingresos medios y bajos, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

Liliana Peñaherrera, presidenta de la Sociedad Peruana Síndrome Down (SPSD), manifiesta: “No estamos de acuerdo con el modelo de apoyo externo que implementó el Ministerio de Educación porque nos parece que todas las escuelas deberían ser inclusivas y deberían tener un equipo de gente que se haga cargo de todos los estudiantes. Si ese sistema no existe, no hay forma de atender con calidad”.

 

Peñaherrera agrega que otra de sus preocupaciones es que, con la norma técnica de matrícula para el próximo año, se esté considerando reducir la cuota de personas con discapacidad al 5% de la capacidad de estudiantes total del colegio, que actualmente es de dos alumnos por aula. “Eso nos parece un serio retroceso”, dice.

 

Cabe resaltar, que se necesita incluir a los Gobiernos locales en la cadena presupuestal que se destina a la educación de niños con discapacidad pues así se aseguraría la identificación de niños que no estén acudiendo a las escuelas y se les podría brindar un apoyo: “No solo es un problema de calidad, sino de acceso, las escuelas no pueden seguir esperando a que los niños se matriculen”, enfatiza el presidente de SODIS.

 

Otro de los problemas, es que, a pesar de los anuncios de incremento presupuestal, la mayor parte de esos recursos serán destinados a la educación especial y no a la educación básica regular, que es donde se están incluyendo a las personas con discapacidad.

 

Agenda pendiente

El Congreso de la República tiene pendiente debatir el proyecto de ley Nº 4601, “Ley que Formaliza las Propuestas de Modificación y Derogación realizadas por la Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al Ejercicio de las Personas con Discapacidad”.

 

El proyecto pretende reformar 47 artículos del Código Civil y derogar 43 de ellos, en beneficio de las personas con discapacidad. Uno de los principales cambios sería la eliminación de la interdicción, figura que declara incapaces a las personas con discapacidad y los deja impedidos de votar, casarse, tramitar una tarjeta bancaria, entre otros. Catalina Devandas señaló que “Perú ha dado un paso importante y certero en cuanto a la reforma y actualmente es visto con mucho interés en todo el mundo”.

 

Asimismo, hasta la actualidad el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) sigue sin presidente, pues quien ocupa dicho cargo es Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables. Por otro lado, se espera que la pensión no contributiva sea implementada en todo el país, para el beneficio de las personas con discapacidad de menos recursos.

“La educación inclusiva, como se ha planteado en el Perú, es inviable”

Constituyen el 15% de la población mundial, el 80% vive en países en desarrollo, y son uno de los grupos más marginados del mundo: hablamos de las personas con discapacidad. Sus derechos y necesidades permanecen invisibles para gobiernos y Estados. El especialista peruano Alberto Vásquez lleva más de una década revindicando sus derechos desde Perú –como presidente de la organización Sociedad y Discapacidad (SODIS)- hasta Ginebra donde trabaja actualmente como asesor de la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En esta entrevista el especialista analiza las últimas decisiones tomadas por el Ejecutivo, como el pago de la pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa en situación de pobreza, y los próximos retos que se avecinan como la reformulación del Código Civil. También reflexiona sobre la necesidad de dar otros pasos para desarrollar políticas de inclusión para garantizar la participación e independencia de las personas con discapacidad.

Por Iara Urbina

P.- ¿Qué países respetan los derechos de las personas con discapacidad y podríamos tomar de modelo?

R.- Hay muchos niveles y dependerá del tema. Uno podría tomar ejemplos que a un peruano promedio le parecen muy lejanos. Suecia es uno de los países que mejor ha hecho las cosas en el mundo, cerró sus hospitales psiquiátricos en los 90, ya no existen albergues, las personas con discapacidad viven en la comunidad, el Estado financia sus viviendas, tienen equipos comunitarios que los apoyan directamente. Lo mismo Inglaterra y, sin embargo, tienen sus propios problemas.

Pero sin ir muy lejos, Chile y Argentina pueden servir de ejemplo en muchas cosas, sobre todo Chile. Ambos se han comprometido a cerrar todas sus grandes instituciones y apoyar el regreso de las personas a la comunidad. Brasil tenía miles de personas en albergues y muchos de ellos ahora tienen un empleo y cobran una pensión, con eso han vuelto a casa y a sus comunidades, porque el Estado empezó a invertir en su gente.

Europa del Este, África y Asia, a los que solemos mirar con desdén pese a las similitudes, también tienen muchas lecciones de las que podemos aprender.

P.- ¿Cuáles son los avances y retrocesos a nivel mundial que involucran a las personas con discapacidad?

R.- Lo que hay de avance es que, cada vez más, las personas con discapacidad tienen más espacio en la agenda de los países y de la cooperación internacional. Esto se debe a la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha empujado muchos cambios en muchos lugares. También hay agendas y consensos muy específicos a nivel internacional, como garantizar el voto para todas las personas con discapacidad, sin importar si están interdictados o no. Eso ya pasó en Japón, en varios países de Europa, en algunos países de América Latina, pero en Perú aún no. Yo diría que no hay retrocesos, pero sí cosas pendientes.

P.- ¿Qué opina sobre la implementación de la pensión no contributiva dirigida a personas con discapacidad?

R.- Es bueno que haya un programa específico enfocado en personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza y que requieren algún tipo de apoyo; pero es importante que seamos conscientes que, tal y como se ha planteado la pensión desde el diseño mismo de la ley, la pensión tiene varias limitaciones. La primera es que está pensada como un mecanismo de lucha contra la pobreza, no de desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad.

A fines de este mes iniciarán los pagos en Tumbes y Ayachucho al primer grupo de personas y en el manual de operaciones no se hace mención a la interdicción [proceso judicial por el que se declara incapaz a la persona con discapacidad], lo cual es positivo. Además tenemos entendido que también se han logrado acuerdos con notarios para poder facilitar el sistema de cobro, incluso hay excepciones donde se va a pagar en efectivo para no atravesar por problemas bancarios.

P.-¿ 150 soles es un monto adecuado?

Con 150 soles vas a poder aliviar la situación de pobreza que enfrenta una persona, pero no vas a poder generar las capacidades necesarias para poder incluirla en la escuela, tampoco laboralmente, ni podrá recibir entrenamiento o capacitación laboral porque, realmente, los costos de la discapacidad son muchísimo más altos. Necesitamos dar otros pasos para desarrollar políticas de inclusión. Creo que como país nos falta repensar los sistemas de protección social porque la idea no es garantizar solamente un estándar mínimo de vida, sino sobre todo, garantizar participación e independencia. Lo que no puede pasar es que seamos autocomplacientes y digamos que con eso hemos resuelto el problema de la inclusión social de las personas con discapacidad.

P.- La pensión no incluye gastos de medicina o transporte, está dirigida solo a cubrir la canasta básica y eso es algo en lo que otros programas ya están enfocados…

R.- Efectivamente, de hecho, se tenía pensado que esta pensión sea administrada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es la entidad que tiene a su cargo todos los programas de lucha contra la pobreza; no entendemos por qué no fue así, si el programa se parece mucho al de Pensión 65 y los adultos mayores también tienen gastos mayores a 125 soles mensuales –monto que reciben-.

En esa lógica, Pensión 65 muy fácilmente pudo haberse hecho cargo. La confusión se da cuando tienes al Ministerio de la Mujer creando un programa que básicamente se enfoca en pobreza y que no resuelve las necesidades de la discapacidad que implica mayores costos: transporte, educación inclusiva, atención en salud, rehabilitación, ayudas técnicas, además del costo indirecto de no trabajar o de tener a alguien de tu familia que deja de laborar para ser tu asistente.

P.- ¿Cree que entonces se debió haber ampliado la cobertura de otros programas sociales para incluir a las personas con discapacidad sin generar mayor costo administrativo?

R.- Sin duda alguna, así el Ministerio de la Mujer podía enfocarse en programas complementarios para promover independencia. Lo que está sucediendo acá es que tienes dos programas de lucha contra la pobreza (Pensión 65 y pensión por discapacidad) que están segregados y que generan doble costo administrativo. No podemos negar que una gran población de personas con discapacidad está en situación de pobreza, que Pensión 65 es para adultos mayores y que el Programa Juntos solo cubre si hay un menor de edad en el hogar. Entonces esta pensión va a cubrir este espacio, pero no resolverá el tema de inclusión. Además, se pudo haber acoplado muy bien a cualquiera de estos dos programas, sobre todo a Pensión 65, que es una transferencia directa, sencilla e individual. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no quiso hacerse cargo y se está gastando el doble en programas similares y generando una expectativa que la gente no termina de entender.

P.- El anteproyecto de ley (4601/2014-CR) para la modificación de 80 artículos del Código Civil está a la espera para  ser debatido en el Congreso.  ¿Cuáles son las principales reformas que se deben realizar al Código Civil peruano en el tema de discapacidad?

R.- La principal es el tema de capacidad, que es uno de los asuntos centrales de todos los sistemas legales, en particular los civilistas. Ahí se establecen las líneas divisorias que dicen quiénes pueden tomar decisiones, quiénes no y quiénes necesitan de un tercero para hacerlo (a quien se le llama curador, tutor, etc.). Nuestro Código Civil, en teoría, es flexible y nos permite hacer todas las combinaciones posibles para reducir su impacto pero, en la práctica, lo que se hace es dejar fuera a un gran sector de la población de la posibilidad de ejercer sus derechos, lo cual termina en personas que son internadas contra su voluntad, que no pueden reclamar, no pueden votar, no pueden firmar un contrato de trabajo o son abandonadas y expulsadas de sus casas. Estamos proponiendo eliminar eso y decir que todos somos capaces y tenemos el derecho a decidir, sin desconocer que habrá algunas personas que necesitarán determinados apoyos.

P.- ¿En qué consisten los sistemas de apoyo, las salvaguardias y los ajustes razonables?

R.-El tema de los ajustes razonables, que ya está incorporado en nuestra Ley General de la Persona con Discapacidad, busca adecuar una situación o un procedimiento, en este caso de manifestación de voluntad, para que en un supuesto concreto las personas puedan participar. Por ejemplo, medidas de accesibilidad específicas, como intérpretes o formatos digitales, para la firma de un contrato.

Sobre los apoyos, lo que se está planteando en la reforma es que la persona con discapacidad pueda elegir a sus apoyos, quienes le ayudarán a tomar decisiones y a celebrar los actos jurídicos. Ya no se va a sustituir a la persona, sino que se le va a ayudar a ejercer su capacidad; además ya no sería una sola persona como sucede ahora con el curador, sino que podrían ser varias y no necesariamente debe ser un familiar, podría ser otra persona de confianza.

P.-¿Considera que la interdicción se debe erradicar por completo o se debe mantener para casos excepcionales como el estado de coma?

R.-Creemos que la interdicción se debe eliminar por completo, lo cual para muchos suena radical porque se preguntan qué sucede en el caso del coma, cuando una persona no tiene cómo comunicarse. La respuesta es que incluso en esos casos podemos cambiar el paradigma de cómo brindar el apoyo. Lo que pasaría en ese caso con la legislación actual, es que a la persona se le declararía interdicto y su curador empezaría a tomar decisiones por él.

En el nuevo modelo que estamos proponiendo, que es un modelo de toma de decisiones con apoyos, en este caso extremo se le nombraría uno o varios apoyos y la diferencia es que ellos no tomarán la decisión por él, sino tratarán de tomar la decisión que esa persona hubiera tomado; es decir, la mejor interpretación posible de la voluntad de la persona, y para eso hay mecanismos como explorar la trayectoria de vida o las directivas anticipadas; además, una vez que la persona recupera la posibilidad de comunicarse, nunca ha perdido sus derechos. Es un mecanismo que busca garantizar la voluntad de las personas porque el apoyo no debe estar por encima de ella.

P.- La Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS 2012), evidencia la vinculación entre pobreza y discapacidad, que  a su vez genera exclusión en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como múltiples restricciones en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

P.- Vivir en situación de pobreza evidentemente genera enfermedades, accidentes, una serie de condiciones que pueden generar discapacidad y por eso es que hay una relación tan fuerte entre pobreza y discapacidad. Además, si naces con una discapacidad, y esto puede suceder en cualquier estrato social pues la discapacidad es parte de la diverisdad humana, tus posibilidades de ser pobre son mucho más altas por los costos que genera la discapacidad que pueden ser más del 50% de lo que gasta una persona en general. Por eso es que el Estado debería asumir esos costos, por ejemplo, a un niño con discapacidad le cuesta mucho ir a la escuela y los colegios no están preparados para recibirlos; muchas veces la familia tiene que pagar a un equipo externo para que lo acompañe y eso va acrecentando los costos. El Estado cubre muy pocos esos gastos, la mayoría de veces los asume la familia.

P.- ¿Entonces, qué sucedió con la inclusión de niños con habilidades diferentes a colegios regulares y con el equipo SAANEE (Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales)?

R.- La educación inclusiva, como se ha planteado en el Perú, es inviable. Es decir, estamos de acuerdo con la educación inclusiva, es el camino a seguir, pero el diseño para asegurar acceso y calidad es muy malo porque el Perú nunca tuvo colegios especiales de manera significativa, solo tenemos alrededor de 500 entre públicos y privados. Entonces la cantidad es insuficiente comparada con los colegios regulares por más que esas 500 instituciones cuenten con equipos SAANEE, no cubrirá ni siquiera todas las escuelas públicas del país.

Pensar que los SAANNE van a acompañar la inclusión, es completamente inviable. Lo que se tiene que hacer es empezar a poner puntos focales en las escuelas para asegurar la inclusión, transformar las escuelas desde adentro. Además, hay muchos niños con discapacidad que no van a las escuelas y nadie va a buscarlos para saber las causas. En el Perú, no hay asistentes sociales que vayan a tocar la puerta de una casa cuando el niño no va a la escuela; eso pasaría en cualquier país del mundo, pero aquí eso no existe.

P.- ¿Cómo solucionar ese problema?

R.- Nosotros creemos que los encargados de dar seguimiento a los niños que no asisten a la escuela deberían ser las OMAPED (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad) de cada distrito; deberían identificar cuál fue el problema y tratar de construir una salida, porque si ese niño se queda fuera de la escuela, tenemos una generación perdida. Eso no lo está trabajando nadie, el Ministerio de Educación está concentrado en mejorar el sistema de inclusión que ya tiene en la escuela, pero la escuela está esperando a que llegue el niño.

P.- ¿Los profesores de colegios regulares recibieron capacitación para tratar con niños con discapacidad?

R.- Ese es un segundo problema, que los pocos niños que sí van a la escuela llegan a colegios regulares que no están preparados para recibirlos. Algunos que están cerca de un colegio especial tendrán algo de preparación, pero la mayoría de los recursos que se invierten no son para capacitar a los profesores de educación regular, sino al del SAANEE y él, en el mejor de los casos, visita al profesor de aula una vez cada dos semanas. Por lo tanto, a quien hay que capacitar es al profesor regular y cambiar la malla curricular de todos los centros de formación de docentes, para que sepan cómo tratar a alguien con discapacidad.

P.- ¿Qué barreras consideras que atraviesa una persona con discapacidad para conseguir independencia y autonomía?

La primera es accesibilidad, somos un país particularmente inaccesible en transporte, edificaciones, información, entonces es muy difícil que una persona con discapacidad sea independiente porque sale a la calle y no sabe con qué se va a encontrar. Lo segundo es que no hay apoyo del Estado para sumir ese costo extra de la discapacidad.

En cuanto a empleo, como muchas personas con discapacidad no estudiaron, tienen un trabajo donde ganan el sueldo mínimo y ese dinero no cubre sus gastos de traslado, en caso sea una persona que usa silla de ruedas. Además, hay un tema legal, no se puede hablar de autonomía si el notario no te permite formar una micro empresa, si no puedes firmar un contrato de trabajo ni tramitar una tarjeta bancaria.

El Metropolitano, el transporte inaccesible para las personas con discapacidad financiado por el Banco Mundial

ü  El organismo internacional prestó 47 millones para este sistema de transporte que no está adaptado a las personas con discapacidad.

ü  Falta de rampas, paraderos no señalizados y escaleras estrechas son algunos de los principales obstáculos.

 

Rápido, seguro ¿y accesible? Las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para acceder el Metropolitano de Lima que representa una de las pocas alternativas de transporte público rápido y seguro en Lima.

133 millones de dólares costó el Metropolitano, de éstos, 47 millones fueron prestados por el Banco Mundial, además de invertir en este proyecto el Banco Interamericano de Desarrollo y la Municipalidad Metropolitana de Lima. “La ausencia de salvaguardias sobre discapacidad, así como la falta de un sistema eficaz de fiscalización por parte del Banco Mundial en relación a los proyectos que financia, ha afectado directamente al colectivo de personas con discapacidad pues losproblemas de accesibilidad de dicho proyecto ha impedido que las mismas puedan hacer uso y disfrutar de los beneficios de dicho sistema”, explican desde Sociedad y Discapacidad (SODIS).

Varios comunicados señalaron que el Metropolitano sería accesible para  las personas con discapacidad, sin embargo, existen muchos obstáculos en la actualidad que impiden su uso, y su traslado a los lugares de trabajo, de estudio, o al centro de salud, perpetuando la desigualdad. De 168 alimentadores, sólo 24 cuentan con rampa y espacios para silla de rueda. Además, los paraderos y corredores no están bien señalizados, no tienen información que sea de fácil lectura, y no están bien iluminados. Las escaleras son estrechas, y la mayoría de las calles aledañas son inaccesibles.

Esta situación ha obligado a la Municipalidad Metropolitana de Lima a realizar un estudio y una nueva inversión para comenzar a solucionar los problemas de accesibilidad de dicho sistema de transporte. “Cuando no se toman en cuenta a las personas con discapacidad, invertimos mal. Si el Banco Mundial hubiese exigido desde un inicio que el proyecto sea accesible, no tendríamos que realizar una segunda inversión que es un desperdicio de recursos”, explica Alberto Vásquez, Presidente de SODIS.

En el marco de la Reunión Anual de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se está desarrollando en Lima, distintas organizaciones de personas con discapacidad demandarán este viernes al Banco Mundial que su nueva política de salvaguardias, que establece estándares ambientales y sociales a los proyectos de inversión del banco, sea inclusiva de las personas con discapacidad.

“Necesitamos reformar el Código Civil para asegurar la participación activa de las personas con discapacidad”

-  Catalina Devandas, Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, señala que “es problemático mantener una legislación desfasada que no respeta a las personas con discapacidad”.

- Ayer iniciaron los debates sobre la reforma del Código Civil en beneficio de las personas con discapacidad en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

 

Perú está en los ojos del mundo tras iniciarse el debate del proyecto de ley Nº 4601, “Ley que Formaliza las Propuestas de Modificación y Derogación realizadas por la Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al Ejercicio de las Personas con Discapacidad", en el Congreso de la República; pues ha dado un paso importante y certero en cuanto a la reforma y actualmente es visto con mucho interés en todo el mundo, señaló Catalina Devandas, Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

 

La Relatora Especial estuvo en compañía de Silvia Quan-Chang, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en una sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, donde se pretende reformar 47 artículos del Código Civil y derogar 43 de ellos, en beneficio de las personas con discapacidad.

 

“Si hay un país que ha dado los pasos más importantes y certeros es el Perú, por eso lo vemos con tanto interés y estamos apoyando la reforma. Además, venimos a dar el último empujón para que esto se concrete”, declaró Devandas y agregó que espera que Perú aproveche esta oportunidad para que otros países puedan tomarlo de ejemplo en la reforma de sus respectivas legislaciones.

 

Por otro lado, el congresista Jhon Reynaga señaló que nuestro Código Civil es discriminador y muy antiguo (tiene más de 30 años); por eso, urge su reforma para “desterrar la muerte civil de personas con discapacidad psicosocial”, debido a que la legislación actual mantiene un modelo de interdicción que declara incapaces a las personas con discapacidad mental, lo cual los limita de firmar un contrato de trabajo, no les permite votar, casarse ni tramitar una tarjeta bancaria.

 

Con esta modificatoria se busca que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin restricciones, y que la discapacidad no suponga en ningún caso una restricción a su capacidad para celebrar actos y contratos jurídicos como: decidir sobre una herencia o tramitar una pensión de orfandad, entre otros.

 

“El modelo de interdicción no va acorde a lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a pesar que Perú la ratificó en el año 2008; por ende, debemos modificar nuestro Código Civil para que se derogue la interdicción y se reconozca lo establecido en la Convención, porque está por encima de la ley”, manifiesta Samuel Abad, abogado constitucionalista.

 

En la misma línea, el egresado de comunicaciones y líder de las personas con discapacidad, Bryan Russell Mujica, quien tiene síndrome Down, dijo: “Tenemos derecho a que se nos respete y trate igual que a otros ciudadanos, debemos tener el mismo acceso y oportunidades porque todos somos iguales”.

 

Misión internacional evaluará a Perú

El proyecto de ley de reforma del Código Civil, que fue elaborado por la Comisión Especial Revisora del Código Civil (Cedis), no es la única razón que trae a varios especialistas a Perú pues, desde el 8 de octubre, la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), quienes también visitan Lima, examinará el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas a Perú.

 Los integrantes de la misión, entre los que destaca Silvia Quan-Chang, se reunirán con representantes del Gobierno para evaluar el progreso realizado por el Perú respecto a las recomendaciones emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por otros órganos de derechos humanos de la Naciones Unidas vinculados a los derechos de las personas con discapacidad

“El Estado no debió aprobar ninguna operación en el Lote 192 sin el consentimiento de los pueblos”

El abogado Marco Huaco, especialista en materia de pueblos indígenas, disecciona el estado de la consulta previa en el Perú, un derecho que ha pasado a las primeras planas de los periódicos y de los debates televisivos desde que el Lote 192 se volvió noticia. El jueves pasado, las federaciones de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre firmaron un acta de acuerdos con el Ejecutivo relativas a medidas de inversión, la ejecución de un plan integral de salud, titulación, el pago por el establecimiento de servidumbre en territorios indígenas. Además, se levantaron las medidas de fuerza y se acordó continuar con el diálogo para tratar cuatro puntos aún pendientes y poner en marcha los acuerdos firmados.

 

Más allá del Lote 192, la  minería también puso en el punto de mira la consulta previa tras el anuncio de que la comunidad de Parombamba será la primera en ser consultada. Lejos de anuncios y celebraciones triunfalistas, hay una pregunta pendiente: Qué es lo que se consulta, y si realmente respeta el marco legal internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas. Marco Huaco además, identifica un “caballo de Troya” en la Ley de consulta: los acuerdos previos.

 

P.- El Estado puso  fin a la etapa de diálogo en el del proceso de consulta previa del Lote 192, sin haber concluido la construcción de los acuerdos con las comunidades más afectadas por la explotación petrolera. ¿Cómo se contempla esta situación en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo?

R.- La consulta previa del Lote 192 no buscó el consentimiento, hay pruebas objetivas. Se viola así la finalidad de la consulta previa, entonces es un proceso de consulta nulo.  Si uno objetara ante un juez constitucional el proceso, tendría que declarar que se realizara de nuevo.

 

El convenio 169 no es el único referente de los derechos a la consulta previa y la participación, también está la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay otros comités de Naciones Unidas que también han establecido estándares válidos. El Gobierno solamente toma en cuenta su Ley de consulta previa, -que es una versión recortada de lo que ya viene recortado por el convenio 169-, es un recorte de recorte, y cuando quieren reducir estándares hablan de este convenio pero no se refieren a otros estándares que hablan de consentimiento, no solo de consulta previa.

 

El Lote 192 es el perfecto caso de derecho al consentimiento, no de derecho a la consulta previa, no hay caso más evidente, más obvio en el que el Estado no puede proceder a aprobar ninguna operación en ese lote si no ha obtenido el consentimiento de los pueblos afectados, acá no solamente no hubo consentimiento, sino que jurídicamente tampoco hubo consulta previa.

 

P.- ¿Cree que se debería volver a realizar la consulta previa en el Lote 192?

R.- Sí, definitivamente tiene que volverse a realizar, e inmediatamente adoptarse medidas de remediación, compensación ambiental para la población en peligro y, eventualmente, las comunidades deberían evaluar si demandan la paralización de las operaciones petroleras que se han aprobado sin consentimiento de ellas.

 

P.- ¿Qué pasaría con la producción petrolífera de realizarse nuevamente la consulta previa?

R.- Tendría que paralizarse: primero son los derechos humanos, la vida y la salud de las personas que viven allí. Cada minuto que pasa explotándose el crudo en esos lotes, es un minuto en contra de la vida y la salud de niños, niñas, hombres y mujeres de esas comunidades. Los pueblos indígenas loretanos están siendo realistas, pragmáticos, no están pidiendo el cierre, -cosa que podrían haber hecho porque las consecuencias ambientales son catastróficas allí-, entonces mínimo, se debería paralizar la producción del lote hasta que se garantice el cumplimiento de sus demandas que son legales.

 

P.- Si la consulta en el Lote 192  fuera una especie de termómetro que mide los límites de la consulta previa en el Perú ¿Qué marca ese termómetro?, ¿cómo evalúa el desempeño del viceministerio de Interculturalidad y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM)?

R.- El papel nefasto del viceministerio de Interculturalidad y no menos nefasto del Ministerio de Energía y Minas creo que queda bastante claro en el caso del Lote 192, más claro que en los procesos de consulta previa anteriores que no han sido muy publicitados, pero que también han evidenciado falta de voluntad política para un real diálogo intercultural y limitaciones objetivas en la legislación que este Gobierno aprobó sobre consulta previa.

 

En el caso del Lote 192 lo he visto de cerca, por lo menos desde el año 2011 cuando trabajaba como asesor en el Congreso de la República y los dirigentes de las cuatro cuencas iban a la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso solicitando apoyo para sus pedidos de remediación ambiental, indemnización. Ya desde ese año se hablaba de la consulta previa del Lote 192, o sea es un tema muy conocido de hace años. Durante todo este tiempo han ido paseando a las comunidades, el viceministerio de Interculturalidad asumió en un primer momento la misma posición que el Ministerio de Energía y Minas.

 

Han hecho que se imponga una situación de hechos consumados, de manera que los pueblos indígenas acepten el sí o sí del Estado. Ahí viene esta falsa consulta previa de la viceministra Balbuena, en la que bajo presión le dice a los indígenas “tómalo o déjalo”. Además, cuando suspende la consulta previa habiendo llegado a acuerdos solamente con un grupo de comunidades, y con el resto, las más afectadas, simplemente pateó el tablero la viceministra y dijo “nos hemos desgastado, nos hemos esforzado mucho o acá está, por fin, un proceso de consulta previa del Lote 192”.

 

Es realmente indignante, es una burla, esa viceministra hace tiempo que ha tenido que renunciar en el cargo porque hace tiempo se le viene escuchando declaraciones como éstas, como que la consulta previa está vigente recién a partir del reglamento, luego cambió y dijo “no, recién a partir de la ley”, entonces realmente la posición genuflexa de este viceministerio a las posiciones del Ministerio de Energía y Minas son lamentables ; no creo que sea un problema de mala comprensión del convenio 169, es una posición política explícita.

 

P.- Por otro lado, el Ejecutivo ya anunció que la comunidad quechua de Parobamba va a constituir la primera consulta previa en minería. Sin embargo, usted  mencionó   en el 2013 que el primer proceso de consulta previa en este sector, que anunció el MINEM en 2012, fue en el proyecto Angostura, pero finalmente no se llevó a cabo por un acuerdo previo entre la comunidad y la empresa minera.

P.- ¿Cómo operan los acuerdos previos? ¿Siguen dándose todavía en minería?

R.-Sí, el acuerdo previo es una figura que sabotea la viabilidad de la consulta previa en el subsector minero, es una figura contractual entre partes formalmente ‘iguales’, una figura de la Ley de Tierras, por la cual el privado se acerca  al dueño de la tierra -a la superficie de la concesión- para negociar una compra a la tierra, un contrato de cesión de uso, de alquiler; entonces la primera noticia que recibe el titular de la tierra superficial es la del privado que se acerca para adquirir derechos sobre ésta, no es el Estado el que se acerca para comunicarle que quiere otorgar una concesión sobre sus tierras y entonces le hace la consulta previa. El Estado está ausente, simplemente llega un privado y dice “bueno, tengo este título, este derecho real que el Estado me ha entregado, entonces tú tienes que llegar a un acuerdo conmigo y si no vas a llegar a un acuerdo conmigo, me voy por el procedimiento de la servidumbre”.  En la práctica, los concesionarios llegan a acuerdos justamente con los titulares de las tierras superficiales y en Angostura pasó eso. Se había proyectado el primer proceso de consulta previa, se había reconocido que había una comunidad indígena afectada por ese proyecto, pero el titular de la concesión tuvo un trato directo, un acuerdo previo con esta comunidad y logró que esta comunidad renunciara a su carácter indígena, dijo ‘nosotros’ en un perfecto idioma jurídico, -muy limeño-:“no somos indígenas y no queremos consulta previa y por tanto entregamos nuestros derechos a la empresa”.

 

P.- ¿Una vez que en diciembre esté la base de datos de pueblos indígenas andinos se podrán seguir dando los acuerdos previos?

R.- Sí, este acuerdo previo justamente fue el ‘caballo de Troya’ en la ley de consulta previa y en su reglamento porque en las disposiciones finales de la ley de consulta se dice: quedan en pie todas las leyes existentes, las normas sobre participación ciudadana. Ya en ese proyecto se hablaba de que la consulta previa se aplica sin prejuicio de la figura contenida en artículos tal de la ley tal, y bueno, se refería al acuerdo previo.

 

Entonces el reglamento de consulta previa- introduce ya desde su proyecto, elaborado en el viceministerio de Interculturalidad en la gestión de Ivan Lanegra, que nunca hay que olvidar porque hay un consenso que yo siempre cuestiono de caracterizar esa gestión como progresista, favorable a los derechos indígenas, lo cual fue realmente diferente-,  lo que hace es respaldar la posición de la ley de consulta previa señalando que se consulta el acto administrativo que aprueba el inicio de operaciones en el terreno y esto es la licencia de exploración y luego la licencia de explotación, no se consulta en ella el otorgamiento de la concesión.  Entonces, ¿qué se consulta? Una decisión ya adoptada, no se consulta si puede o no haber minería y por tanto, no se pone en discusión el plan de vida de la comunidad sobre sus tierras versus el proyecto minero del Estado. Ya se entregó una concesión, hay derechos establecidos.

 

 También está la concepción errada de que en el proyecto minero solamente se tiene que hacer consulta previa en un momento, y en realidad debería ser cada vez que se adopten decisiones susceptibles de afectar a los pueblos indígenas. Entonces la primera decisión es el otorgamiento de la concesión, luego es el otorgamiento del Estudio de Impacto Ambiental, la aprobación de las licencias de exploración y luego las de explotación y el cierre de mina. Es un proceso de consulta por etapas, pero continúas. Ese es el gran defecto de la legislación peruana, que no permite que se haga consulta previa en el otorgamiento y concesión, luego ya estamos hablando sobre hechos consumados.

 

P.- ¿El oficio que emitió la Defensoría del Pueblo donde pone de manifiesto que el MINEM aprobó 16 proyectos mineros sin consulta-cuando debió implementarla-, todos ellos es porque se había llegado a un acuerdo previo?

R.- Así es. En el subsector minero la evasión de la consulta previa ha sido sistemática y bajo diferentes estrategias argumentales. En un primer momento, el ministerio decía que no podía hacer la consulta previa porque no había ley nacional, pero se le decía que estaba el Convenio 169. Después, el Ministerio de Energía y Minas decía que sus normas de participación ciudadana son consulta previa, pero vino otra sentencia y le dijo: “no, esas normas son participación ciudadana, no son consulta previa”. Luego una vez aprobada la ley de consulta previa afirmaba que como  no había reglamento, no podía aplicar. Bueno, se aplicó el reglamento y luego dijo que como  no había base de datos no podía consultar. Se le dijo que no, porque eso es independiente de que haya base o no. Y comenzó a contratar consultorías privadas con conflicto de interés que calificaron que no habían pueblos indígenas, por lo tanto, no había proceso de consulta previa.

 

Y ahora que está haciendo su primer proceso de consulta previa sobre unas medidas posteriores, o sea una vez otorgadas las concesiones, aprobados los estudios de impacto ambiental, entonces no hay novedad.

 

P.- La actual ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz afirmó en una entrevista para Ojo Público que no hubo voluntad  política de hacer consulta previa en las anteriores gestiones, además el MINEM le  pasa  la pelota al Viceministerio de Interculturalidad. ¿Cómo valoras esas declaraciones?

R.- Allí hay una cosa que hay que recordar, el viceministerio de Interculturalidad señalaba sistemáticamente ante el Congreso que ellos no tenían lista la base de datos, inclusive recuerdo que en algún momento evaluamos hacer una visita sorpresa al Ministerio de Cultura para que nos enseñaran el sistema informático, el hardware, en el que estaba en construcción supuestamente la base de datos, y  ahora se está señalando que la culpa es del Ministerio de Energía y Minas que ya tenían la base de datos y el Estado lo sabía, que no lo podían hacer público.  Quien pida al Congreso la grabación de las sesiones de la Comisión de Pueblos sistemáticamente va a comprobar que el viceministro sistemáticamente decía que no estaba la lista.

 

Ahora dice que sí estaba la lista y que sí lo había informado al Ministerio de Energía y Minas, entonces ahí hay una posición aparentemente de juego en pared, estaban alineados, el viceministerio había preparado la base de datos, lo había comunicado, pero la ocultaba a los congresistas que pedían esa información. El Ministerio de Energía y Minas mientras tanto decía “no quiero consultar, esa base de datos tiene que seguir clandestina” y ahora llega una nueva ministra que dice  que lo que pasa es que el viceministerio nunca les dio la base de datos, que no cumplió su deber.

 

P.- Saltando a otro terreno, la comisión de Constitución tiene en agenda debatir- tras haber sido suspendido la última vez por falta de quórum-un predictamen sobre consulta previa legislativa que modificó el documento consensuado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Andinos, además de que contravendría lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT. En el nuevo texto, la consulta previa se tendría que realizar en la etapa de comisiones. ¿Qué implica este cambio?

R.- Es un cambio fundamental porque afecta a  la esencia misma de la consulta previa. Para que sea previa tiene que haber la posibilidad de que las partes, es decir, los pueblos indígenas y el órgano del Estado que realiza la consulta, puedan ponerse de acuerdo en algunos aspectos de la medida y que terminado el proceso, se arriben a acuerdos que sean respetados por ambas partes, por eso se llaman acuerdos vinculantes.

 

Cuando en el Congreso se quiere hacer la consulta previa en el momento de comisiones, estamos todavía en un momento tentativo, el dictamen de una comisión no es definitivo, entonces se plantea hacer la consulta previa de una medida que todavía puede cambiar después de la consulta previa, con lo que se viola el carácter vinculante de los acuerdos. El momento correcto, tal como ya lo hemos planteado hace tiempo, es justamente el momento entre la primera y segunda votación en el pleno del Congreso de la República porque solamente en ese momento ya contamos con opiniones formadas del Congreso sobre una determinada medida.

 

P.-De ser aprobado este proyecto, tal y como está planteado ahora mismo, ¿es para que se puedan seguir dictando normas como los paquetazos ambientales y que sigan pasando sin ningún tipo de consulta previa?

R.- No sé si haya esa intencionalidad de forma directa, puede ser, pero lo que sí es claro es que si se aprueba tal cual, de esta forma, esos no van a ser procesos de consulta previa aunque lleven el nombre, van a ser procesos de pedida de opinión, entonces solamente se va a cumplir con el actual reglamento del Congreso que ya dice que para proyectos de ley se tiene que pedir opinión a diversos sectores y para eso, no hay necesidad de hacer ningún proyecto de ley porque ya el reglamento del Congreso lo establece.

 

P.-¿Qué valoración  final haces de la consulta previa en el Perú, considerando además esa mezcla de discursos entre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por otra parte la disposición de normas como los paquetazos que afectan a sus derechos ?

R.- En un texto que titulé “La expropiación de la consulta previa” justamente yo hago un balance general que también explica esta aparente esquizofrenia entre aprobar normas sobre consulta previa y luego los paquetazos.  En realidad la legislación de consulta previa peruana es funcional a la profundización de un modelo extractivista, se diseña la legislación de consulta previa con la mente puesta en dejar las puertas abiertas de forma incondicional al desarrollo del programa extractivo. Nadie dice que la legislación deba impedir ese programa extractivo, sino que someta a filtros que garanticen derechos de las comunidades indígenas, esa es la finalidad de la consulta previa. ¿De qué se ha tratado en el proceso peruano? de una pseudo consulta previa que está plasmada en la ley y en el reglamento y en los otros instrumentos que están alrededor de ello. Entonces, teniendo un derecho originario que pertenece a los pueblos indígenas de forma intrínseca, reconociendo un tratado como el Convenio 169 y otros como la Comisión Americana, el Pacto de Derechos Económicos Sociales, etc. viene el Estado y dice que va a regular ese derecho, en el momento en que comienza a regular este derecho que, originariamente pertenece a los pueblos indígenas, lo que se comienza de forma voluntaria pero también objetiva ,es un proceso expropiatorio porque el Estado a la hora de regular un derecho, no lo hace de forma intercultural, lo desarrolla en normas bajo su propio entendimiento sin consulta previa.

 

Son normas escritas por los funcionarios públicos, entonces en realidad estamos en una legislación orientada hacia el Estado, hacia el propio funcionario público y no orientada hacia los pueblos indígenas que son los directos beneficiarios de estas normas.

 

Por Nylva Hiruelas/Consultape