domingo, 22 de diciembre de 2013

Los desayunos del Pronaa


Escribe Pedro Francke

Tras hacerse públicas las denuncias a Qali Warma, Alberto Fujimori ha salido a defender al PRONAA, igual que Alan García, quienes repiten que el programa de alimentación escolar del Pronaa que ellos dirigieron estaba perfecto.
 
No es verdad. Pronaa solo tenía presupuesto para entregar alimentación escolar durante 90 días al año, cuando los niños van al colegio más de 190 días y tienen que comer todos los días del año. Evidentemente, esta falta de continuidad del programa hacía que sus efectos sobre la nutrición y el aprendizaje fueran bastante limitados, además de dificultar una buena gestión de los mismos.
 
Los desayunos que entregaba el Pronaa que tanto defienden Fujimori y García eran poco variados y poco agradables, lo que llevaba a que la mitad de los niños y niñas, según estudios de la Defensoría, no los comían. Los niños y adolescentes, como cualquiera de nosotros, se aburre si le dan lo mismo todos los días y más todavía si es una galleta dura o un pan insípido. ¿Por qué no se les pueda dar también una fruta, una manzana o un plátano, que no se malogran tan rápido ni ensucian demasiado al comerse?
 
¿Alimentaban a todos los niños, acaso, esos gobiernos de García y Fujimori? No, claro que no, según la ENAHO apenas alcanzaban a 1 millón 600 mil niños, mientras la matrícula en primaria pública ascendió a 2,6 millones más otro millón en inicial. Es decir, no llegaban ni a la mitad, cuando debía ser universal.
 
Esos gobiernos no otorgaban presupuesto suficiente para los niños, al mismo tiempo que aplicaban políticas neoliberales que concentran los ingresos y reproducen la desigualdad y la pobreza rural. No es casualidad que se trata de gobiernos de un reo en cárcel y otro especialista en escaparse de la justicia con el apoyo de sus compañeros apristas bien ubicados como el actual Fiscal de la Nación

He criticado el modelo de Qali Warma de otorgar en muchas ciudades del país alimentos preparados (ver http://www.otramirada.pe). Se trata de una confianza desmesurada en empresas que han resultado poco éticas. Pero esa misma defensa de empresas poco éticas la han tenido y tienen el fujimorismo y el aprismo, firmes al lado de empresas contaminadoras. También por eso, Fujimori y García no tienen autoridad moral alguna para criticar ahora.
 
 
Publicado en el Diario La Primera, 9 de octubre de 2013

El proyecto Tía María y los estudios de impacto ambiental

Escribe: José De Echave C.
 
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.
 
La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.
 
Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona. 
 
El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada. 
 
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.
Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.
 
Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.
 
El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.

Empresas estatales y Petroperú

Escribe Pedro Francke
 
Singapur es uno de los “tigres asiáticos”, país que logró un alto crecimiento económico y cuyo PBI per cápita se compara al de Estados Unidos. Tiene muchas empresas estatales exitosas, como Singapur Airlines, que junto a empresas de puertos, transporte marítimo, semiconductores, construcción naval, ingeniería y banca, producen el 22% de su PBI. El Estado controla el banco más grande del país, el DBS. Singapur no es un país socialista ni nunca lo ha sido.
 
Veamos otros “tigres asiáticos”. Corea tiene empresas estatales cuyo peso en su economía es el doble del que tienen en la Argentina, cuyo gobierno es hoy acusado de estatista. En Taiwan, luego de tener empresas estatales que producen hasta 16% del PBI, la privatización retuvo para el gobierno el accionariado mayoritario en muchas empresas. Ninguno de estos países ha sido socialista.

China sí ha sido socialista. Y su crecimiento económico también ha venido de la mano con fuertes empresas estatales, que responden por un 40% de su PBI. Varias de ellas están presentes en el Perú, como Chinalco (que ahora explota Toromocho), la CNPC (petróleo) y otras.

Cerrando los ojos a esta realidad histórica, nuestra neoliberal DBA exige privatizar todo, incluyendo Petroperú. Receta única: privatización. Es como si Gastón Acurio solo pudiera preparar un plato y sin importar los ingredientes siempre los cocinará igual.

En el caso del petróleo, la privatización no es la receta seguida por Brasil, Chile, México o Colombia, por mencionar 4 países vecinos de diverso signo ideológico con poderosas empresas estatales. Tampoco es la receta de los países árabes. De las 10 mayores empresas petroleras del mundo, 8 son estatales.

Ahora en nuestro país un gobierno llamado “nacionalista” refuerza la política orientada a privatizar Petroperú. La forma de hacerlo es maniatar a Petroperú, impidiéndole que se financie para explotar el altamente rentable lote 64 que se le va a devolver en breve, y restringiéndolo a una modernización de la refinería de Talara que es socialmente rentable (porque reduce contaminación y evita enfermedades) pero cuya rentabilidad económica es baja.

Por el contrario, debiéramos reforzar Petroperú y dotarla de una administración renovada, capaz de enfrentar con éxito el reto de convertirla en un ejemplo de eficiencia y un aporte al proyecto nacional de desarrollo.
 
Publicado en el Diario La Primera, 18 de diciembre de 2013

Distribución: la verdad incómoda

Por Pedro Francke

 
El reciente Marco Macroeconómico Multianual del MEF dice que la desigualdad, medida a través del indicador Gini, ha bajado de 0.54 a 0.47 entre el 2003 y el 2009.
 
Repitiendo el dato, un reciente informe del IPE polemiza con quienes hemos criticado este modelo económico porque concentra los ingresos, ¿tendrán razón?
 
Pequeño olvido
Los cálculos del MEF incurren en un pequeño olvido: no consideran las ganancias de las transnacionales que se encuentran en nuestro país. Los capitales extranjeros tuvieron utilidades netas de 239 millones de dólares anuales en promedio en el periodo 1998-2002. Esas ganancias subieron muy rápidamente, pasando el 2003 a 1,112 millones, llegando el 2007 a 7,788 millones, el 2008 a 8,346 millones y el 2009 –año de crisis– a 7,064 millones de dólares. Este año 2010, recuperados los precios del oro y el cobre, las ganancias de las trasnacionales deben volver a estar bien por encima de los 8 mil millones de dólares. Si calculamos su equivalente en soles, los grandes capitales extranjeros ganan la friolera de 22 a 23 mil millones de soles al año.
 
Para que se hagan una idea de cómo influye esto en la distribución, el sector más pobre, compuesto por casi 3 millones de peruanos en pobreza extrema, tiene ingresos de apenas 72 soles mensuales. Si juntamos todo lo que ganan todas esas familias en un solo pozo, esos casi 3 millones de pobres logran sumar 2 mil 500 millones de soles al año. Las transnacionales, por sus operaciones en el Perú, tienen ahora ganancias que son 9 veces esa suma. Unas pocas empresas ganan nueve veces más que 3 millones de peruanos. Uuups, una enorme manada de elefantes pasaba frente a sus narices pero nuestros amigos del IPE y del MEF no se dieron cuenta.
 
Consideremos ahora al 40 por ciento de peruanos de menores ingresos. El gobierno no considera a todos ellos como pobres, pero por varias razones probablemente lo sean. Son casi 12 millones de peruanos, su ingreso promedio es de 150 soles mensuales, y la suma de todos sus ingresos es menos de 21 mil millones de soles. Haciendo la comparación, vemos que las ganancias de las transnacionales son más que lo que ganan 12 millones de peruanos. De ese tamaño es la manada de elefantes que el IPE y el MEF dejaron de ver.
 
Alguien podrá decir que no hay que fijarse en la foto, sino en la película. Somos un país muy desigual, la cuestión es si esa desigualdad ha disminuido o no. Eso es lo que dicen el MEF y el IPE. Analicemos el punto.
 
Dice el MEF que los ingresos de los peruanos más pobres han aumentado 80 por ciento entre el 2003 y el 2009. Cifras muy discutibles, basadas en encuestas que de acuerdo a la ciencia estadística no pueden compararse unas y otras, y que muestran para ese mismo periodo un aumento del consumo de esos hogares que no llegan ni a la cuarta parte. Pero por grande que sea esta discrepancia, aún inseguros acerca de si los más pobres mejoraron 20 por ciento u 80 por ciento, si lo comparamos con las ganancias de las transnacionales que en ese periodo aumentaron 700 por ciento, no cabe duda quien creció más. Ninguna duda.
 
Ya se sabía
Técnicamente, las ganancias de las transnacionales, siendo parte del PBI, no son parte del ingreso nacional. Es evidente, sin embargo, que si queremos entender lo que pasa en el país con la distribución, no podemos obviar al capital extranjero ni sus ganancias. ¿Podríamos acaso dejar de lado a las transnacionales en un análisis del crecimiento económico, de la minería, de las finanzas, de los servicios o de la tributación? Un análisis de la fauna que incluye a todos los animales excepto a los que pesan más de cinco toneladas y son grises, no tiene ningún sentido cuando un centenar de elefantes se cruza en el camino.
 
Además, por cierto, en este artículo me he dedicado a resaltar las ganancias del capital extranjero, pero es evidente que en los datos de distribución del MEF-IPE tampoco están considerados los grandes grupos económicos nacionales, como Brescia, Benavides y Romero.
 
La crítica que hago no es nueva. La metodología del MEF, que utiliza exclusivamente las encuestas de hogares y deja de lado las grandes fortunas, ha sido criticada hace  tiempo. Esta crítica fue bien expresada el 2001 por Martin Ravallion, del Banco Mundial: “No es raro que los ricos sistemáticamente se rehusen a responder las encuestas o que sean imposibles de encuestar”. 
 
Los fundadores de los estudios sobre distribución de ingresos en el Perú, Richard Webb y Adolfo Figueroa, jamás hicieron cálculos de una manera tan simplista como equivocada y siempre prestaron atención a quienes concentran la riqueza. Más recientemente, en un estudio del 2007 Gustavo Yamada y Juan F. Castro, dos colegas de Mercedes Aráoz en la Universidad del Pacífico, reestimaron los cálculos sesgados basados en encuestas de hogares, y estimaron que para el 2004 el Gini no fue de  0.48 sino de 0.69, es decir 44 por ciento más alto, y que en los 7 años anteriores no había disminuido en 2 por ciento sino aumentado en 12 por ciento.
 
Ningún misterio bajo el sol. Solo el MEF - IPE tratando de tapar el sol con el dedo. Pero esa enorme manada de elefantes, constituida por las gigantescas ganancias de transnacionales y grandes empresas, sigue allí, atropellando y haciendo sentir su presencia. La enorme y creciente desigualdad de ingresos en el Perú está a la vista y resulta demasiado difícil de ocultar.

 
Publicado en el Diario La República, 13 de junio de 2013

viernes, 20 de diciembre de 2013

Ejecutivo será demandado si no reglamenta la Ley General de las Personas con Discapacidad

·   La Presidencia del Consejo de Ministros será demanda por organizaciones de la sociedad civil si no dicta un reglamento antes del 3 de enero de 2014.
·  Ley General de las Personas con Discapacidad sigue sin reglamento un año después de su  aprobación. El 18 de junio venció el plazo por ley para dotar de un reglamento a la Ley.

El 24 de diciembre se cumple un año de la aprobación de la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, sin embargo, aún no ha sido reglamentada. “La falta de voluntad política es el principal obstáculo pues el Poder Ejecutivo no está convencido de muchas de las obligaciones establecidas en la ley”, afirma Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (Sodis). Frente a esta demora, la Asociación Pro Derechos Humanos - Aprodeh, Musas Inspiradoras de Cambios, la Sociedad Peruana de Síndrome Down, la Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual y Sodis han presentado una carta notarial dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando su reglamentación en un plazo de diez días útiles, es decir, antes del 7 de enero de 2014. De lo contrario, interpondrán una demanda de cumplimiento contra la Presidencia del Consejo de Ministros a cargo de César Villanueva.

“Sin reglamento no se pueden implementar varias de las medidas que están en la ley; tampoco son efectivos los mecanismos de fiscalización y sanción que la ley contempla”, declara Vásquez. A pesar de que existe una propuesta formal de reglamento desde hace seis meses, el Consejo de Ministros todavía no da luz verde a su aprobación. “Hay resistencia de varios sectores a reglamentar algunos aspectos como las pensiones no contributivas y la cuota laboral en el sector privado”, afirma Vásquez.

La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con su  artículo 59, obliga al Estado a otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tienen un ingreso o pensión y que se encuentran en situación de pobreza. “Ha habido mucha controversia sobre qué Sector se haría cargo del tema de las pensiones. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) no ha querido asumir la ejecución del programa, lo cual ha retrasado su puesta en marcha. Tanto es así que no se logró pedir los recursos para implementarla el próximo año”, explica el presidente de Sodis. Asimismo, Vásquez saludó el anuncio del Viceministro de Poblaciones Vulnerables, Julio Rojas, de que las pensiones se empezarán a pagar el próximo año pero puntualizó que “este anuncio debe ser acompañado de una solicitud de crédito suplementario para que pueda hacerse efectivo”.

Asimismo, la ley en su artículo 49 obliga a las entidades públicas a emplear a personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% total de su personal, obligación que se extiende a las empresas privadas con más de 50 trabajadores, las cuales tienen que cumplir con una cuota de 3%. “Pese a que la mayoría de los temores se han disipado y cada vez más empresas están apostando por contratar trabajadores con discapacidad, el debate inicial generado alrededor de la cuota ha provocado que el Ministerio de Trabajo ponga muchas objeciones a la propuesta de reglamento de la ley”, afirma Alberto Vásquez.

Se ha avanzado poco
Si bien con la promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad se pretendió avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, se ha progresado muy poco en esta materia durante 2013. “Nos preocupa que la discapacidad ha perdido peso en la agenda pública”, declara el presidente de Sodis. Esta situación conllevaría a una mayor invisibilización de las personas con discapacidad que representan el 5.2% de la población total en nuestro país, es decir, más de un millón y medio de personas.  Además, Vásquez  afirma que: “La ejecución de los programas presupuestales sobre discapacidad -que es lo que el Estado ha venido presentando como avance- ha sido muy deficiente; de hecho, vamos a acabar el año sin que se ejecute el 50% del presupuesto asignado”, afirma el presidente de Sodis.

Vásquez afirma que también existe una gran preocupación sobre el futuro de las  instituciones que ejercen rectoría en los temas de discapacidad. “Se habla de una posible desaparición de Dirección General de Educación Básica Especial en el Ministerio de Educación, y también existe resistencia en algunos ministerios a crear las instancias que la ley ordena”. Tal es el caso de la cartera de Salud que debía crear una Dirección de Discapacidad y Rehabilitación, y del Ministerio de Vivienda que aún no implementa la Dirección Nacional de Accesibilidad. 

viernes, 13 de diciembre de 2013

James Anaya: “Los pueblos indígenas en el Perú han sufrido consecuencias devastadoras de los proyectos extractivos en sus territorios”

Hoy ha concluido la visita del Relator de Naciones Unidas, James Anaya, quien desde el 6 de diciembre ha recogido información de parte de representantes del Gobierno, a nivel nacional y regional, las poblaciones afectadas por los proyectos extractivos y las empresas. Así, en la conferencia de prensa presentó las observaciones y recomendaciones preliminares, siendo uno de los puntos principales sus impresiones de la visita (10 y 11 de diciembre) a las comunidades indígenas alrededor del Lote 192 (ex lote 1AB) en Loreto.
 
Anaya resaltó que durante su visita los dirigentes indígenas manifestaron reiteradamente que ellos no se oponen al desarrollo, pero que ese desarrollo debe tener consonancia con sus derechos, incluyendo sus derechos sobre sus tierras, recursos naturales y sus propias aspiraciones y prioridades para el desarrollo.
 
“Un ejemplo de las varias experiencias negativas con la extracción de recursos naturales en el Perú es la situación de los pueblos indígenas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Estos pueblos, por más de  cuatro décadas, han sido afectados por la explotación petrolera en el Lote 1-AB en el departamento de Loreto. He podido constatar personalmente los serios problemas  ambientales que existen en esta zona a raíz de la actividad petrolera. Esto incluye la contaminación de los cuerpos de agua y suelos utilizados por los pueblos indígenas de esa región lo que ha afectado sus fuentes de alimentación y su salud”, señaló.
 
Sostuvo que la presencia de contaminación ambiental producto de la actividad petrolera durante las últimas cuatro décadas representa una situación crítica que debe ser atendida con la urgencia que merece. Es necesario que el Gobierno y la empresa realicen mayores esfuerzos para asegurar la remediación ambiental en el Lote 1-AB sin dilatación por razones de una falta de claridad sobre la responsabilidad empresarial.
 
Respaldó además las demandas de los pueblos indígenas de esta parte del parte del país como precondición para entrar en el proceso de la consulta previa que se contempla llevar a cabo alrededor de la licitación de la concesión del lote 192 que está prevista para el año 2015, como: la titulación de sus tierras, una mayor presencia del Estado en la zona, indemnizaciones por 40 años de explotación petrolera, y la compensación por el uso de sus tierras para actividades petroleras. “Coincido en que estas condiciones son justas y conducentes para un proceso de consulta productivo en relación con una posible nueva concesión petrolera en el área.
 
Invocó a las partes que aprovechen de esta oportunidad de acercamiento para buscar soluciones a los problemas planteados.
 
Anaya durante su visita a las comunidades indígenas de las cuencas del río Pastaza, Tigre y Corrientes visitó las lagunas de Shanshococha, Ullpayacu, Pampaliyacu y los depósitos sólidos, a fin de comprobar la contaminación de la zona, donde sostuvo que "la actividad petrolera en sus tierras es sumamente preocupante".
 
 
Ante la presencia de 150 apus prometió monitorear la situación y llevar su mensaje al gobierno y a la comunidad internacional.
 
En Shanshococha Juan Pablo Callas monitor ambiental quechua mostró el crudo se la laguna al momento de afirmar que "Pluspetrol ha rellenado la laguna tapando las evidencias del crudo, pero sigue filtrando petróleo". Asimismo se lamentó: "mis ancestros han subsistido de esta laguna. Seguimos pescando aunque sabemos que está contaminada."
 
 
Los apus le mostraron uno de los 26 cementerios de chatarra encontrados hasta el momento, que habrían sido enterrados por la empresa Oxy y Pluspetrol. Otro de los lugares visitados fue la laguna Ullpayacu. En 2007 el Ministerio de Energías y Minas dio el visto bueno al plan de remediación de suelos. Sin embargo en 2012 informes de la Digesa, ANA y OEFA mostraron que está zona está gravemente contaminada.

El recorrido finalizó en la extinta laguna Pampaliyacu, el arenal, cuyas aguas han sido reemplazadas por el crudo.
 
Consulta previa:
Enfatizó que una condición necesaria para el desarrollo de la consulta previa es la creación de un ambiente de confianza mutua. “Los pueblos indígenas en el Perú han sufrido a lo largo de los años las consecuencias devastadoras de proyectos extractivos en sus territorios, una historia que ha resultado en una deterioración de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, que todavía falta mucho por superar”, dijo.
 
“El reto ahora consiste en asegurar la implementación de la consulta previa de una manera conforme a los estándares internacionales relevantes. Durante esta visita, he constatado que se han dado pasos hacia la implementación de la consulta previa en el país, incluyendo en el contexto de proyectos de industria extractivas. Sin embargo, estos pasos se encuentran todavía en sus fases incipientes y según lo expresado tanto por representantes el Estado como por parte de los pueblos indígenas, el Gobierno todavía se encuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios”, dice Anaya.
 
“Revisare la extensa información recibida con el fin de elaborar un informe sobre los temas estudiados y para hacer una serie de recomendaciones. Este informe se hará público en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014”.
Crédito de las fotos: Grupo Técnico de las Federaciones Indígenas/Javier Dueñas.
 
Grupo Técnico de las Federaciones Indígenas (Federación Indígena Quechua del Pastaza- Fediquep y Feconat- Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre) integrado  por el Instituto de Defensa Legal, Solsticio Defensa Indígena, Oxfam, Fedepaz, RainforestNY.
 

jueves, 12 de diciembre de 2013

Informe OCM: El 2014 el nuevo foco de conflicto estará marcado por la minería ilegal

·         El crecimiento descontrolado de la minería informal  abre un horizonte marcado por la conflictividad social los primeros meses del próximo año.
·         A noviembre de 2013, según el mapa de concesiones mineras, el 21,20% del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir más de 26 millones de hectáreas.

 
El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú presentado por tres organizaciones: Grufides, CooperAcción y Fedepaz, identifica a la minería informal como uno de los principales focos de conflicto a nivel nacional con un crecimiento explosivo y descontrolado.  Entre 2005 y 2011  el número de titulares en régimen de minería artesanal se han incrementado en un 20%, mientras que el área concesionada prácticamente se triplicó, pasando de 1.5 millones a 4.4  millones de hectáreas, muchas de las cuales se convertirán en operaciones legales o serán tomadas por mineros ilegales.
 
Jose de Echave, investigador de CooperAcción, resaltó que si bien el 2012 los conflictos sociales han disminuido, pero los conflictos latentes se mantienen en proyectos mineros como Conga (Cajamarca), Espinar (Cusco),  Tía María (Arequipa) y en Madre de Dios por la concentración de la minería ilegal. Señaló que la agenda de los conflictos se ampliaron, en años pasados los temas que movilizaban a las poblaciones era el agua y la tierra y que actualmente los conflictos latentes son por la reducción del canon minero, la incesante minería informal en un número creciente en regiones y las políticas para destrabar las inversiones.
 
El informe destaca que la región Apurímac sigue siendo, de entre las  zonas monitoreadas, la región que concentra mayor cantidad de conflictos sociales, y sigue consolidando como el nuevo centro de inversión minera, concentrando el 21% de la cartera de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros. Solo el proyecto de Las Bambas demanda una inversión de más de US$ 5,200 millones.
 
De Echave señaló que durante el 2011 y 2012 las inversiones mineras no se han reducido, que según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que en esos años las inversiones se incrementaron en un 18% pasando de US$ 7,243 millones a US$ 8,549 millones, una tendencia que continuó durante el primer semestre de 2013, aumentando en un 19%. Es decir que las políticas para  “destrabar las inversiones” no han tenido justificación.
 
Ana Leyva, abogada de Fedepaz señaló que la minería ilegal en la región Piura se viene desbordando y que las competencias que se les ha dado a todos los gobiernos regionales son insuficientes porque no tienen capacidades para abordar el tema, por lo que se requiere que el Estado tenga capacidad multisectorial para enfrentarla.
 
Así el informe agrega que de las aproximadamente 70 mil Declaraciones de Compromiso presentadas a noviembre de 2012, a agosto de 2013, sólo 20.875 mineros habían iniciado el trámite de formalización.  A comienzos del 2012, el Ministerio de Energía y Minas estimó que hay unos 100.000 mineros, en su mayoría informales, y unas 400.000 personas que dependen de estas actividades.
 
Pablo Sánchez de Grufides presentó el impacto del megaproyecto de la hidroeléctrica Chadín 2, conformado por 24 hidroeléctricas,  y que se convierte en Cajamarca en un nuevo núcleo de tensión, luego de la violenta represión de la policía en julio de 2013, contra pobladores afectados. Los pobladores denunciaron irregularidades en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del megaproyecto. Afirmó que el megaproyecto desaparecería el río Marañón, que pasaría de un caudal de 450 m3/segundo a 70 m3/segundo durante el llamado de embalse.
 
Cifras:
Este 2013 Apurímac registra un 66.5% de su territorio concesionado a la minería, más de un millón 388 mil hectáreas, 12.1% más que el año 2012.  La venta del proyecto de las Bambas la empresa minera Glencore Xstrata e ha convertido en una nueva posibilidad de inversión para numerosas empresas que están presentando sus ofertas, entre ellas, destaca la fuerte apuesta que están realizando las corporaciones chinas.
 
Cusco tiene el 23.6% de su territorio concesionado, más de un millón 695 mil hectáreas. Como resultado del crecimiento sostenido de la actividad minera en la región se abrieron varios procesos de diálogo, entre ellos se encuentra el de Espinar donde se ha acordado la continuación de los Monitoreos Ambientales Participativos, aunque las negociaciones para la Reformulación del Convenio Marco siguen detenidas. Esta región es la más golpeada por la reducción de canon minero.
 
En Cajamarca, El 42.2% del territorio está concesionado a la minería. El sistema de vigilancia establecido en Conga, promovido por las rondas campesinas y pobladores afectados,  ha asumido un rol fundamental en la defensa de las tierras y de los recursos hídricos de la región, por ello, están en el punto de mira de las fuerzas de seguridad siendo objeto de violentas agresiones y del hostigamiento.
 
En Junín, Más de un millón de hectáreas de su territorio se encuentra concesionado, es decir un 27.4% de su territorio.
 
La región de Piura tiene un 32% de su territorio concesionado. Aparentemente en esta región se trata de reactivar la actividad extractiva.