Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad

• La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
• Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.

 

Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.

 

“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 

 

Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.

 

“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Maestro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.

 

Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Maestro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.

 

Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.

 

Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.

 

Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

Pobladores de Cotabambas demandan un desarrollo planificado para sus comunidades

ü  Las Bambas, una de las cinco operaciones mineras más grandes del mundo, se ubica en una de las zonas más pobres del país donde la tasa de pobreza alcanza al 88% de su población.

En Apurímac se esconde el mayor proyecto de inversión minera en la historia del país: La Bambas, operado por el consorcio chino MMG,  es una apuesta de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, a pocos kilómetros de los tajos abiertos, las comunidades de Grau y Cotabambas viven en la pobreza, en especial los niños: la mitad de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica, y la región Apurímac muestra la peor tasa de pobreza extrema de la población de 65 a más: 35.2%. El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los representantes sociales acordaron ampliar la Mesa de Diálogo por 180 días más. Comienza la cuenta regresiva para cerrar acuerdos y cumplir con las expectativas generadas en una población que espera poder beneficiarse de este proyecto.

“La gente de otros departamentos piensan que la población de Apurímac vivimos con un mayor desarrollo económico, pero no es verdad”, afirma Juan Carlos Huilca, vecino de Pissacasa. El megaproyecto Las Bambas generó expectativas  sobre su impacto económico en la zona, especialmente durante la fase de construcción que llegó a demandar unas 18 mil personas como mano de obra; ahora, se ha reducido a unas cuatro mil.  Fue entonces cuando la localidad de Challhuahuacho experimentó un crecimiento sin precedentes: pasó de tener una población de 3 mil habitantes a 16 mil. Restaurantes, bares, lavanderías, hospedajes, sedes bancarias comenzaron a multiplicarse en una pequeña localidad en medio de la puna. “Desde que entró la mina, los precios de nuestros productos de primera necesidad se elevaron”, relata Huilca. 

Sin embargo, todos estos nuevos servicios y habitantes, lejos de hacer de Challhuahuacho un polo de desarrollo, empezaron a colapsarla. Ahora, el río está contaminado por las aguas servidas y residuos sólidos. “Esta localidad  tiene una cantidad impresionante de casos de violación sexual. Challhuahuacho ni siquiera tiene una oficina de Centro de Emergencia Mujer”, explica Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras. Luque añade que la presencia de la actividad minera ha alterado la realidad social “los hombres que trabajan para empresas que prestan servicios a la minera tienen mayor capacidad económica, por tanto, acceden a una serie de servicios como bares, cantinas, y eso trastoca las relaciones familiares y vida comunal”.

Los vecinos apurimeños no quieren que se repita la experiencia de Challhuahuacho; quieren que el desarrollo empiece por tener acceso a servicios básicos. Para atenderse en un centro de salud deben viajar unas siete horas hasta Cusco, el 70% de los hogares no tiene acceso a agua, y el 88,5% no tiene acceso a desagüe. Felipe Mamani, presidente de Defensa de los Intereses de Mara, espera que el Estado invierta y apoye a los pequeños productores que cultivan papa nativa.

 “La población ha pedido que se promueva un desarrollo más concertado y planificado. Estos planes tienen que hacerlo los gobiernos regionales y locales, pero si el Estado nacional quiere fortalecer el desarrollo en estas zonas debería hacer un esfuerzo por mejorar la institucionalidad local”, declara César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción. 

Comunidades de Cotabambas demandan al gobierno de PPK que retome la Mesa de Diálogo

ü  El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar.

ü  Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.

Seis meses después desde que se instaló la Mesa de Diálogo en torno al proyecto Las Bambas, propiedad de la estatal china MMG,  las comunidades se muestran preocupadas por sus limitados avances y demandan que el gobierno de PPK continúe con este proceso de diálogo. “Quisiéramos sentarnos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para ver de qué forma vamos a trabajar a nivel de Cotabambas. Nosotros no estamos en contra de la mina, queremos que funcione pero respetando a las comunidades”, afirma Ebert Buendía de la comunidad campesina de Pisaccasa, en el distrito de Mara.

 

La Mesa de Diálogo es el resultado de un acuerdo al que llegaron las autoridades  del gobierno central (Gobierno de Humala) y los pobladores de Cotabambas  luego del estallido del conflicto social de setiembre de 2015,  y que tuvo como saldo tres muertos, dos personas con detención preventiva de 6 meses, una persona con incapacidad física y más de 100 dirigentes denunciados. Su creación recién se concretó en noviembre de 2015, se instaló a fines de febrero de 2016 y tuvo su segunda reunión a fines de abril.

 

Asimismo, el conflicto tuvo como una de sus razones los cambios operados en el proyecto Las Bambas,  la mayor inversión minera en la historia del país por un monto aproximado de US$ 10,000 millones.  

 

A pesar de que la población de Cotabambas en su mayoría es quechuahablante, la Mesa de Diálogo no cuenta con un traductor oficial que facilite las comunicaciones. “La mayoría de las comunidades que van no entienden, tampoco los funcionarios. No hay un interlocutor que facilite esto”, explica Víctor Limaypuma, de la comunidad de Asacasi, Tambobamba. También se quejan de que el Estado no les brinda facilidades para asistir a las reuniones. “El comunero tiene que costear su pasaje, su alimentación. Tenemos serias dificultades porque no tenemos un ingreso permanente, entonces tenemos que vender cuy o algunos de nuestros bienes. No podemos participar en óptimas condiciones”, asegura Limaypuma.

 

“El Estado tiene que invertir recursos en estas mesas para que se dé un diálogo sostenido con las mínimas condiciones. Se tendría que contratar a moderadores independientes, actualmente es algún representante del Estado, que no son expertos en facilitación, esto es básico en cualquier negociación a nivel internacional”, sostiene César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción.

 

Limitados acuerdos

Los ejes sobre los que gira la mesa son: Medio Ambiente, Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Respecto a los familiares de los fallecidos, el Ejecutivo ofreció incorporarlos en los programas Juntos y Pensión 65 (siempre y cuando las víctimas cumplan los requisitos establecidos por ley), la entrega de un kit escolar (que constaba de unos cuadernos y lápices), y la creación de un fondo que asignaría 850 soles por familia mensuales durante dos años. Este fondo sería cubierto el primer año por la empresa, y el segundo por el gobierno regional y los gobiernos locales de la provincia de Cotambambas. Sin embargo, esta ayuda no cubriría las necesidades que requieren las familias, especialmente los niños.

 

 “No vemos que el Gobierno central asuma su responsabilidad cuando son sus representantes, a través de la Policía Nacional del Perú,  los que han victimado a estos ciudadanos. Justo ellos deberían asumir la responsabilidad, y deberían asumirla como una indemnización no como un favor o ayuda humanitaria, sino como una reparación por violación de derechos humanos”, explica Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

 

Una de las preocupaciones que comparte la población en materia ambiental son las modificaciones que ha tenido el proyecto minero. “Son cinco modificaciones en un lapso de 20 meses, y tres de ellas, se han realizado a través de un instrumento que se aprueba en 15 días y no permite la participación ciudadana. El proyecto original involucraba a tres regiones y su infraestructura se iba a repartir en más de 200 kilómetros”, comenta José de Echave, investigador de CooperAcción. En estas condiciones la población teme de que los cambios realizados no se hayan hecho con el debido cuidado y que por lo  tanto, no se hayan adoptado las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños. Uno de los problemas que actualmente supone un auténtico dolor de cabeza para los habitantes es la carretera sin pavimentar- que remplazó al  mineroducto-  por la que transitan diariamente más de 300 vehículos (250 de ellos con minerales).

 

Por otro lado, un tema que acentúa la preocupación de los pobladores es que hasta el momento no se ha aclarado las razones por las que se desbordó la presa de clarificación en febrero, es decir, sólo dos meses después de ponerse en funcionamiento la mina.  El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha tomado las muestras mucho tiempo después del accidente y es probable que la contaminación producida se haya diluido. No obstante, es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) quien debería pronunciarse sobre las razones del colapso de la presa y hasta la fecha no se ha manifestado.

 

Finalmente, en el eje de desarrollo sostenible, la población demanda, más que obras de infraestructura, un desarrollo integral  y sostenible, lo que requiere de mayores recursos asignados por Estado; además, tanto la inversión pública como privada debería hacerse en base al Plan de Desarrollo Concertado Provincial, el que debe ser actualizado participativamente. Sin embargo se estima que hasta el  año 2021 Las Bambas no pagará impuesto a la renta ya que cuenta con el beneficio de un contrato de garantías que la última vez ha sido renovado en el mes de mayo de 2016, y por lo tanto, no habrá distribución de canon, debido a que la empresa, en los primeros nueve años de producción, recuperará la inversión realizada. Cabe precisar que de Apurímac, cuya tasa de pobreza alcanza al 88% y 78% de la población respectivamente. 

​Mujeres con discapacidad en Perú, doblemente agredidas cuando sufren violencia de género

ü  Las mujeres con discapacidad son igual o más vulnerables que las demás a la violencia. Especialistas señalan que los agresores utilizan esa condición para agredirlas.

ü  Las barreras que dichas mujeres encuentran al buscar justicia, hacen que finalmente no puedan acceder a ella. Esto se suma a la discriminación que viven en las instituciones encargadas de protegerlas.

 

Carla (la llamaremos así para proteger su privacidad) atravesó uno de los peores momentos cuando vivió lo que muchas peruanas padecen a diario: sufrió una violación sexual. Ella denunció el hecho, pero lamentablemente no obtuvo la justicia que esperaba y merecía. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Carla es invidente, divorciada y tenía 40 años cuando el terrible hecho sucedió. En Perú, más de un millón y medio de personas tienen discapacidad, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis). 820 mil 731 son mujeres que, muchas veces, se sienten vulnerables y desprotegidas por el Estado.

 

Liliana Peñaherrera, directora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), señala que a las mujeres con discapacidad visual se les dice cosas como: “Si tú no ves, ¿cómo puedes saber que la persona que acusas es tu agresor?”. Asimismo, comenta que las mujeres con discapacidad intelectual, no siempre tienen las habilidades de comunicación para poder expresar la situación, a eso se suma que el personal encargado no les crea cuando presentan una denuncia.

 

Esa realidad es la misma que muchas mujeres peruanas enfrentan, una justicia que no solo tarda, sino que nunca llega. Por eso, en el contexto de #NiUnaMenos, es importante visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres con discapacidad frente a la violencia de género. Las instituciones del sistema de justicia no están capacitadas para atender a las mujeres con discapacidad. No hay intérpretes de señas, tampoco personal capacitado para atender a personas con discapacidad psicosocial o intelectual.

 

No solo se comete violencia sexual

La violencia hacia las mujeres con discapacidad no se limita a casos de agresiones sexuales, pues son discriminadas, maltratadas verbalmente e invisibilizadas. Esperanza Villafuerte, consultora en temas de discapacidad, recuerda cuando a sus siete años estudió en un colegio para invidentes, allí conoció a Dorilla, una joven que tenía entre 18 a 21 años. “Recuerdo que ella dejó de ir al colegio”, narra Esperanza y añade que luego supo que su amiga había fallecido porque en su casa ocurrió una fuga de gas. El accidente terminó con la vida de Dorilla, pues sus familiares solían encerrarla en su habitación porque sufría de los nervios. Nadie se acordó de ella al momento de la tragedia.

 

“Fue terrible, me impactó que se hayan podido olvidar de ella. Fue una tremenda negligencia y eso también es una forma de violencia”, lamenta Villafuerte. La especialista sostiene que, pese a que ese hecho sucedió durante los años 70, en la actualidad muchas agresiones contra mujeres con discapacidad e incluso las que terminan en muertes, se atribuyen a la discapacidad y se maquillan como accidentes, pese a que varios han sido homicidios.

 

En Perú, 506 mil 358 personas presentan alguna limitación de las funciones mentales, el 53,2% son mujeres, algunas de ellas son internas de hospitales psiquiátricos donde, además de denuncias por agresión sexual, se ven casos de esterilizaciones forzadas que las privan de su derecho a ser madres.  “Creo que, como en todos los casos de acuerdo a lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debieran haber apoyos, no sustituir a las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones, pero sí acompañarlas en ese proceso. La discapacidad no debe ser una condición para quitar derechos”, menciona Peñaherrera.

 

“Todavía vivimos en una sociedad muy tradicional, hay familias que tienen temor a que la persona con discapacidad se embarace y, en lugar de pensar en la anticoncepción como una opción, prefieren el irrespeto decidiendo unilateralmente por la esterilización”, dice Madezha Cepeda, fundadora de la Asociación de Mujeres con Discapacidad “Musas Inspiradoras de Cambios”.

 

Por otro lado, muchos niños son arrebatados de sus madres y llevados a orfanatos, generalmente cuandola madre tiene discapacidad intelectual o psicosocial. También se suele discriminar a las mujeres con discapacidad física o visual cuando quedan embarazadas. Quien pasó por esa experiencia fue Madezha pues es invidente, ella sostiene que una psiquiatra le increpó a su esposo el “por qué se había metido con una mujer ciega que no iba a poder cuidar de sus hijos”.

 

Recomendaciones

Es importante “generar conciencia dentro del movimiento de mujeres para visibilizar a las mujeres con discapacidad y a los sucesos que a nivel de violencia podemos experimentar. También es necesario que el Estado, respondiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley de la Persona con Discapacidad, lleve a cabo campañas permanentes en la sociedad y con el mismo personal del Estado”, comenta Madezha Cepeda.

 

Peñaherrera recomienda fortalecer la educación para que las mujeres aprendan a levantar la voz, a identificar las agresiones y a no justificar el abuso; mientras que Villafuerte enfatiza que “ningún programa unilateral da soluciones, es un tema sistémico” y agrega que debe haber una mención específica a la discapacidad en las leyes.

 

Cabe resaltar que existe una ausencia de data que refleje la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Desde las organizaciones ligadas al tema, se resalta la importancia de incluir específicamente a la discapacidad como indicador para visibilizar estos casos, así como aprobar un protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad.

PPK debe incluir a las personas con discapacidad en los programas sociales que deja el actual gobierno

ü  Salvo la pensión no contributiva –que solo beneficia a personas con discapacidad severa en pobreza extrema-, programas sociales como “Juntos”, “Pensión 65”, entre otros, no incorporaron un enfoque inclusivo que beneficie a las personas con discapacidad.

ü  En educación, el gobierno de Ollanta Humala priorizó la inversión en educación especial, cuando la demanda de las organizaciones vinculadas al tema discapacidad demandan el fortalecimiento de la educación inclusiva.

 

Si hay dos temas que serán destacados del gobierno de Ollanta Humala son la política social desarrollada con la creación de más de 35 programas sociales y el rol de su ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien seguirá al mando del sector durante el próximo quinquenio. Sin embargo, las personas con discapacidad no gozaron de los beneficios implementados en esos sectores, pues los mismos no tuvieron un enfoque inclusivo.

 

Pese a que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destinó más de 5 mil millones de soles a la política social, mediante programas sociales, como “Juntos”, “Pensión 65” o el “Seguro Integral de Salud” (SIS), hace falta que dichos programas tengan en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad tanto en el proceso de afiliación como en el paquete de prestaciones y beneficios. Un estudio elaborado por SODIS, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Londres encontró que las personas con discapacidad, pese a estar entre los más pobres, no han sido focalizadas o priorizadas por parte de los nuevos programas sociales y no se han establecido diferencias notables en cuanto a su atención.

 

“Los programas sociales no tienen un enfoque de discapacidad y eso hace que, muchas veces, las personas con discapacidad sean excluidas o no se beneficien de los programas. No basta con afiliar a personas con discapacidad, debe asegurarse que los programas respondan a sus necesidades”, dice Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (Sodis). Advierte que no se ha considerado el costo adicional de la discapacidad, por ejemplo, el costo del transporte para trasladarse a la escuela o al centro de salud, o el pago de servicios sanitarios especializados y de dispositivos de apoyo como sillas de ruedas, prótesis o audífonos.

 

La misma situación se repite con “Pensión 65” pues, si bien ha ayudado a que adultos mayores mejoren su nutrición y estado de salud, no les ha permitido acceder a tratamientos especializados. Por ende, tales esfuerzos resultan insuficientes.

 

Esperanza Villafuerte, asesora de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip), resalta que la problemática inicia cuando las personas quieren beneficiarse de los programas pues se encuentran en desventaja cuando intentan ingresar. “Los asesores no saben cómo actuar y finalmente no los ayudan”, dice y agrega que no basta con la atención preferente pues es necesario acompañarlos hasta que se familiaricen con el trámite. Por otro lado, la pensión no contributiva, implementada en ocho regiones del país, beneficia solo a 1901 peruanos y está dirigida solo a cubrir la canasta básica.

 

El destino de la inversión en educación inclusiva

El Programa presupuestal 0106 (PPR 0106) del Ministerio de Economía y Finanzas está dirigido a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. Tiene un presupuesto institucional de apertura de S/166,491,749 y su nivel de ejecución (hasta junio de este año) es de 36,5%.

 

Pese a que el actual gobierno impulsó el discurso de la inclusión educativa, sorprende que el 84% del PPR 0106 se destine a escuelas de educación especial, no a escuelas regulares que podrían potenciar la inserción de niños y jóvenes con discapacidad, tampoco a capacitar a los docentes ni a identificar a los niños y niñas con discapacidad que no asisten a la escuela.

 

“El Ministerio de Educación no tiene claro hacia dónde debe ir la educación inclusiva, no se trata de seguir fortaleciendo la educación especial, se trata de que todos los estudiantes accedan a la misma educación y que sea de calidad”, menciona Queija. En la misma línea, Villafuerte cree que la razón sería que desde el ministerio se cayó en una especie de “facilismo”. “Es más fácil potenciar los colegios especiales que invertir en educación inclusiva. Si la idea es ir haciendo una transición de educación especial segregada a educación, por lo menos, de atención preferente entonces se tiene que invertir más dinero a donde se quiere llegar”, menciona la especialista.

 

Cabe resaltar que el presupuesto total en educación es de 27 mil millones 495. Es decir, la inversión en educación inclusiva representa solo el 0,6% del total del presupuesto en educación. La cifra es preocupante si consideramos que el 78% de personas con discapacidad en edad escolar están fuera del sistema educativo.

 

PPK debe impulsar

Desde Sodis, se recomienda que los programas sociales sean diseñados y aplicados sin dejar de lado el enfoque de género, la interculturalidad y la discapacidad. Por ejemplo, si un programa entrega becas a estudiantes destacados, habrá que revisar que los requisitos de postulación se adapten en casos de discapacidad, como una persona ciega que necesite el examen en formato virtual. También es necesario que, además de la pensión no contributiva, se asegure el acceso de las personas con discapacidad a los demás programas, pero con condiciones y prestaciones específicas que respondan a sus necesidades particulares.

 

Además, se debería apuntar a que la mayor parte del presupuesto destinado a la educación de personas con discapacidad se dirija a potenciar la efectiva educación inclusiva y no la educación especial, la cual debería disminuir y desaparecer progresivamente.

El reto de PPK estará en el sur del país donde se concentra la inversión minera y la conflictividad social

ü  La visión economicista de PPK  de los conflictos sociales se perfila como una de las principales debilidades para resolverlos.

ü  La contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre. Además, la reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico.

 

La reciente visita de PPK al Complejo Metalúrgico de La Oroya donde sólo ha mostrado su preocupación por la situación laboral de los trabajadores, y ha dejado de lado en su discurso la contaminación  que afecta a esta ciudad- unas de los 10 lugares más contaminados del mundo- y a sus habitantes, tras 18 años de incumplimientos ambientales por parte de Doe Run, constituye uno de los primeros movimientos del recién electo presidente y un reflejo de su entendimiento sobre los conflictos sociales. “Es legítimo preocuparse por  la situación de los más de  2000 trabajadores, pero que Pedro Pablo Kuczynski haya dejado de lado el tema ambiental resulta inquietante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, afirma José de Echave, economista de CooperAcción, en el 18º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

 

El Gobierno de Humala cierra su legislatura  y deja como legado a PPK más de 200 conflictos sociales sin resolver. Además, el Ejecutivo ha adoptado normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal. “El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explica el especialista. Durante las elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron - en primera vuelta-  por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.

 

“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisa De Echave. No obstante, la propuesta de creación de un Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de Conflictos Sociales por parte de PPK considera el especialista que ayudaría a mejorar la prevención de los mismos.

 

El sur motor de la inversión minera

El informe OCM da cuenta de que en los últimos dos años se observa una tendencia a nivel nacional de reducción del área concesionada a la minería. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas). En 2014 el  20,42% del territorio nacional estaba concesionado; y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).

 

El documento recorre la macro región norte, la zona central y la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo es  la región donde se concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.

 

El documento destaca la importancia del corredor minero (abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa) une las operaciones de Las Bambas, Constancia y Antapaccay culminando en el puerto de Matarani (Arequipa ) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica. Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta  como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico. Perú reporta un crecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por  estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello  se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.

 

La carretera que une el corredor minero, sin embargo, es motivo también de preocupación y malestar  entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y otras sustancias, y por el polvo que se genera. Por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto. En Cusco, Espinar es otro de los conflictos latentes con la minera Glencore-Xtrata. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural. En Arequipa, el anuncio de la empresa Southern que sostuvo que solo estaban esperando la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.

 

El informe OCM alerta también del peligro de la consolidación de la minería ilegal, siendo Madre de Dios y Puno son dos de los bastiones de esta actividad. Todo indica que su objetivo central será detener el proceso de interdicción y formalización, así como consolidar su presencia en influencia en ciertos territorios.

 

Menores aportes tributarios

La inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros. El aporte del sector minero ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.

 

El informe OCM da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S./1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.