El 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el
Perú, elaborado por las organizaciones
no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz, en esta edición hace un
balance de los conflictos por macro regiones: sur, centro y norte. Si bien es
cierto, es menor el número de conflictos así como su intensidad, pues los
estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido; la
balanza ha girado hacia el sur andino, siendo además la región que concentra el
53% de inversiones mineras del país.
Apurímac es el departamento que concentra este año el mayor número de
conflictos sociales.
El informe hace un análisis del impacto del recién
aprobado Proyecto de Ley que establece un conjunto de medidas tributarias, la simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en
el país. Este proyecto de Ley debilita las funciones del Ministerio del
Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará
temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función
principal que es la de sancionar por tres años. Asimismo, el MINAM ya no podrá crear áreas naturales
protegidas, tampoco fijará los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites
Máximos Permisibles, entre otros. Este paquete
de reformas legislativas recuerda a los Decretos Legislativos que
originaron los trágicos sucesos de Bagua.
Este paquete es
una respuesta a las presiones de los círculos empresariales
que desataron una fuerte campaña desde el año pasado señalando que la economía del país se estaba desacelerando,
incluida la minería. Sin embargo, no se puede ser tan categórico en el caso de
este sector, pues pese a la caída de los niveles de producción del oro y las menores cotizaciones
internacionales, la evolución del PBI minero metálico podrá seguir siendo
positiva en los próximos años, sustentada sobre todo en el salto productivo del
cobre, que en principio se duplicaría hasta el 2016. Asimismo, las cifras
oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que las inversiones en
minería se incrementaron un 18% entre el año 2011 y 2012, superando en el 2013
los US$ 9,700 millones.
El informe sostiene que
las bases objetivas que explicaban el aumento de los conflictos
vinculados a las actividades mineras no han cambiado. Además, con la aprobación
de ese paquete no sería extraño que aparezcan nuevos escenarios de conflictividad
asociados a esta medida. Según el informe de la Defensoría del Pueblo,
correspondiente al mes de mayo, se reportan 135 conflictos socioambientales, es
decir, el 63,7% del total (212). De éstos, el 74,1% están vinculados a
conflictos generados por la actividad minera (100 casos), situándose a la
cabeza de la lista. Además, según los últimos datos, el 20,23% del territorio
peruano se encuentra concesionado, es decir casi 26 millones de hectáreas.
Otro aspecto que caracteriza este momento es el calendario
electoral. Este hecho tiene una fuerte influencia, pues los conflictos mineros
tienden a “electoralizarse”, de tal manera que los diferentes actores (líderes sociales y empresas mineras) buscan
canalizar sus expectativas, demandas y propuestas. Está claro que para las
empresas mineras las elecciones son un escenario clave en este periodo y lograr
alcaldes funcionales a sus intereses es un objetivo central.
Uno de los conflictos más relevantes del primer semestre ha
sido el de los mineros informales y la organización de la denominada Marcha de
los Cuatro Suyos. A pesar del nuevo Decreto Supremo que se promulgó el 20 de
abril, por el cual el Gobierno ha puesto en marcha la llamada Etapa de
Saneamiento, -que en realidad es una interpretación más flexible de los plazos
del proceso de formalización (El Decreto Legislativo N°110 estableció como
fecha límite el 19 de abril)-; lo cierto es que los problemas estructurales que
han minado hasta ahora el proceso de formalización minera se mantienen y plazos
más o menos flexibles no garantizan mayor efectividad (la nueva estrategia
tiene como objetivo final el año 2016).
Esta realidad pone de
manifiesto la necesidad de un Estado con capacidad de actuación multisectorial;
además de la coordinación eficiente entre los diferentes ministerios y diversos
organismos estatales, es necesario articular con las regiones. Conviene recordar que de los 59,556 mineros
que se han inscrito en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos,
apenas 100 mineros han cumplido con los requisitos. En definitiva, se sigue
constatando que desde el Estado no se cuenta con estrategias integrales, con
capacidad de intervención multisectorial sostenida en el campo para enfrentar
un fenómeno que ha alcanzado niveles alarmantes en varias regiones de país.
La macro región
sur. Las
regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna concentran algo
más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país, en su gran mayoría vinculados a la actividad
minera.
De estas regiones, Apurímac
es, según la Defensoría del Pueblo, la zona que registra el mayor número de
conflictos sociales a nivel nacional, representando los socioambientales el 64%
de los mismos. Además, el 68% del territorio está concesionado a la industria
minera. Entre las principales causas de conflictos destacan temas vinculados al
acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos
asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de tierras sin
autorización y la creciente actividad minera informal. Incluso episodios de
violencia comienzan a aparecer en el escenario vinculado a la minería informal,
como el asesinato de la familia del dirigente de los mineros artesanales de la
comunidad de Pamputa, Carmelo Anjo, ocurrida el 19 de septiembre de 2013.
Algunos hechos que, sin duda, marcarán la agenda en esta
región en los próximos años son: en primer lugar, la concreción de la venta del
proyecto Las Bambas a la empresa china Minmetales por US$ 5,850 millones, y en
segundo lugar, el anuncio de una nueva modificación del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto Las Bambas.
Puno es el tercer
departamento con el mayor número de conflictos sociales, después de Apurímac y
Ancash, con un total de 18 casos, de los cuales la mitad responden a problemas
socioambientales principalmente vinculados a la actividad minera. Uno de los
temas más complejos en esta región es el de la minería informal y minería
artesanal que impactan desde hace varios años las reservas y captaciones de
agua de las cuencas de los ríos Suches y Ramis. En cuanto a la minería formal,
se registran denuncias de poblaciones por la actividad de Minera La Poderosa,
Minsur, Bear Creek, Arasi S.A. y Sillustani. Las demandas giran en torno a los
pedidos de consulta previa y temas de compensación por los impactos
ambientales.
En la región Cusco,
el 23% de su territorio está concesionado a la minería, y el 84% de los
conflictos (más de 11 al mes) son por razones medioambientales, vinculados una
gran parte de ellos a la minería. Comparte las causas de los conflictos que
afectan a Apurímac. Los conflictos
alrededor de la gran minería también aparecen en la agenda, siendo el más
conocido el de la provincia de Espinar, en torno a las operaciones de la mina
Tintaya, en proceso de cierre y el del nuevo proyecto de Antapaccay, propiedad
del conglomerado suizo Glencore-Xtrata.
Arequipa (48,4% de su
territorio concesionado) aparece, en comparación con las anteriores regiones
mencionadas, como una zona con menores niveles de conflictividad, aunque sí registra algunos casos de conflictos
largos y complejos, como es el caso Tía María de la Southern Perú que ha vuelto
a la palestra este año tras ser relanzado, luego de varios años de paralización
por la oposición de la población al proyecto. La empresa ha señalado que no
escatimará gastos para sacar adelante el
proyecto y se anuncia que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será
aprobado próximamente. Alrededor de este caso no se registra un proceso de
diálogo formal.
Moquegua es una región con el 70,6% de su territorio
concesionado a la industria minera, y
presenta bajos índices de conflictividad. No obstante, en los últimos meses se
han registrado en promedio tres conflictos sociales activos, uno de ellos de
carácter socioambiental vinculado a la presencia de la empresa minera Southern,
que mantiene actividades de extracción, fundición y refinería en dos provincias
de la región. Otro tema importante en Moquegua es el posible desarrollo del
proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American.
Finalmente, en Tacna- con el 53,9% de su territorio
concesionado a la minería- también se
ubica la empresa minera Southern por más de cincuenta años, explotando el
yacimiento de Toquepala. Adicionalmente, desde el 2012, la empresa Minsur
realiza actividades de exploración en el proyecto Pucamarca, muy cerca de la
frontera con Chile.
La
macro región centro. Esta zona muestra el renacer de un dinamismo
productivo en minería con problemas ambientales que se arrastran.
En Junín, -con el 27% de su territorio
concesionado a la minería-,la entrada en producción del mega-proyecto
Toromocho, de la empresa Chinalco, se reafirma todo un corredor minero dinámico
y con proyección para nuevas inversiones. Este proyecto avanza pese a tener
varios temas pendientes que no han sido solucionados: la falta de diálogo y los
problemas ambientales y sociales por el reasentamiento del distrito de
Morococha siguen sin solución, a lo que se le suma un inicio accidentado de la
fase productiva.
Los administradores del Complejo Metalúrgico
de La Oroya (CMLO), en su intento por salir de la crisis, continúan apostando
por la reestructuración, aunque ello le cueste la oposición de los
trabajadores. Los problemas financieros y laborales de esta corporación están
llegando a un punto crítico con el reciente anuncio de la paralización de las
operaciones y por el hecho de que el pasado 10 de junio, la Junta de Acreedores
de DRP aprobó finalmente el plan de venta del complejo de La Oroya y la mina de
Cobriza, presentado por el banco de inversión suizo UBS. La fecha
anunciada para la venta es el próximo 8
de diciembre. Entre los posibles compradores interesados de este complejo con
más de 90 años de funcionamiento y que requiere una inversión aproximadamente de
US$ 768 millones para su modernización están la empresa Cormin (Trafigura),
Buenaventura, Volcan y Glencore. Finalmente, dos temas de fondo que siguen sin
abordarse en La Oroya: el estado actual de la población (por exposición a los
gases tóxicos) y la responsabilidad de la remediación de los suelos que recae
en el Estado peruano.
En la región Pasco, donde el 17,6% de su territorio está concesionado a esta
industria, la situación parece ser la misma año tras año. Un Estado ausente
para encarar el proceso de reasentamiento involuntario que no termina de
reglamentarse y que tampoco enfrenta el grave problema de contaminación del
aire, suelo y agua, que afecta la salud de la población a niveles muy elevados.
De las doce empresas que trabajan en Pasco, cinco están vinculadas a la empresa
Volcan, que en la última década ha logrado consolidarse y expandirse a través
de empresas subsidiarias. A nivel de fiscalización ambiental, en febrero del
2014, el OEFA impuso dos multas por un total de 250 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) a Volcan por infringir la normativa ambiental en la Unidad
Minera de Cerro Pasco. Pese a estos recurrentes problemas ambientales, Volcan
tiene proyectado seguir creciendo en Pasco, con una explotación diversificada
en metales base y preciosos.
La
macro región norte. Esta zona ha estado fuertemente vinculada al
proceso de expansión minera y ha sido el epicentro de una fuerte conflictividad
en diversos momentos. Cajamarca, Piura y ahora también Amazonas y Lambayeque
son casos representativos de varios ejes centrales de la conflictividad social
vinculada a la minería en lo últimos años.
Amazonas cuenta con el
6,7 % de su territorio concesionado a la minería. Durante el primer semestre de
2014 la Defensoría del Pueblo reportó sólo un conflicto minero en esta región -que nace en el 2008-: el caso
entre comunidades nativas del distrito de El Cenepa y las empresas mineras que
proyectan actividades en sus territorios; específicamente la Compañía Minera
Afrodita en la Cordillera del Cóndor, por los riesgos de impactos negativos e irreversibles
en los frágiles ecosistemas de la zonas y las fuentes de agua que son el
sustento de sus habitantes, quienes temen que un futuro cercano se repita el
trágico escenario de Madre de Dios. Las
organizaciones indígenas consideran que es ahora el momento adecuado para
suspender el otorgamiento de más concesiones mineras y restituir la extensión
inicial acordada en 2004 del Parque en la Cordillera del Cóndor como área
natural protegida. Si bien la empresa insiste en la titularidad directa e indirecta
de varias concesiones mineras en esta cordillera, aún no inicia los trámites
necesarios para la explotación de oro a tajo abierto que se había proyectado en
la zona.
Cajamarca cuenta con el
40,2% de su territorio concesionado a la industria minera. Esta región mantiene
una participación estelar en la cartera de inversiones mineras ocupando el
tercer lugar en el ranking. Además registra un gran número de conflictos, el
92% de ellos por causas socioambientales, mayoritariamente relacionados con la
actividad minera. Sin duda, el conflicto más importante sigue siendo el del
proyecto Minas Conga. Como se sabe, el proyecto pretende explotar dos depósitos
con contenido de cobre, oro y plata, afectando todo un sistema de lagunas alto
andinas, lo que ha provocado el rechazo y reacción de la población al mismo. En
abril se retomaron las movilizaciones, y en mayo la DINOES intervino a un grupo
de personas. En ese mismo mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) se pronunció sobre las medidas cautelares sobre el caso Conga
solicitadas por varias organizaciones. Este organismo exige al Estado peruano
que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de
líderes cuya vida e integridad personal están amenazadas y en riesgo. Además, la
detención del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ha causado
sorpresa y preocupación, y se especula que es una suerte de “sanción” por
oponerse al proyecto Conga.
Piura, con el 30,6%
de su territorio concesionado, figura entre las regiones con mayor
conflictividad socioambiental. En el semestre, los principales casos de
conflicto están vinculados a la creciente presencia de la actividad minera
informal, sobre todo en el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca; y en
el distrito de Las Lomas, en Piura; lo que está generando un clima de
inseguridad y violencia entre los comuneros, y está afectando las actividades
tradicionales de la zona, como es la agricultura. Aunque no hay cifras
oficiales, la minería ilegal instalada en el distrito de Suyo, produciría
aproximadamente 8 mil kilos de oro al año. Los dirigentes de los mineros de La
Servilleta, en Suyo, participaron con una delegación en la protesta nacional
denominada Marcha Minera de los Cuatro Suyos, realizada en el mes de marzo y
que llegó a la ciudad de Lima. Asimismo, dos casos han marcado la agenda en
esta región: el proyecto Tambogrande y el de Río Blanco. En ambos casos, luego
de situaciones de enfrentamiento entre la población y los promotores de
proyecto, las organizaciones sociales y las autoridades municipales organizaron
procesos de consulta que mostraron con claridad y contundencia el rechazo a los
respectivos proyectos.
Finalmente,
Lambayeque no es una región que haya
estado vinculada a la actividad minera en el país, pero han avanzado las
actividades de exploración en los últimos años (25% del territorio concesionado
a la minería). Sin duda, el caso más
conocido es el del proyecto Cañariaco, ubicado en el distrito de Cañaris. Se ha
convertido en un caso relevante porque se trata de una comunidad campesina,
reconocida formalmente como indígena, que reclama su derecho a la consulta
previa, libre e informada frente a la posibilidad que se desarrolle el proyecto
minero. Además de la ausencia de un proceso de consulta, existen serios
cuestionamientos a los permisos del uso del terreno superficial. Del otro lado,
la denuncia de la comunidad de San Juan Cañaris presentada a la CIDH se
encuentra en trámite y ya ésta habría remitido al Estado para que realice sus
descargos. En cuanto a la Mesa de Desarrollo instalada desde enero de 2013 y
que ha concluido en marzo de 2014, el Gobierno dio por concluida su labor; sin
embargo, ha mostrado esta mesa serias limitaciones que han puesto de manifiesto
la ausencia de una perspectiva de desarrollo local y clara situación de
relación asimétrica entre los actores.
