Fiscalía archiva investigaciones contra Alberto Fujimori y sus ex ministros sobre las Esterilizaciones Forzadas

Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, expresó hoy su indignación por la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicados en las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante el régimen fujimorista, con lo cual se extendería el manto de la impunidad sobre una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país.

 

La institución feminista deploró la Resolución, con fecha 22 de enero de 2014, emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.

 

Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas.

 

Demus informó que ayer 23 de enero, el titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Marco Guzmán Baca, emitió la referida notificación que pondría fin a la investigación fiscal que se reinició en noviembre del 2012 ante el exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia donde se monitorea el Acuerdo de Solución Amistosa en torno al caso de María Mamérita Mestanza Chávez, víctima mortal de esterilización forzada, y que involucra a 2,074 mujeres denunciantes a nivel nacional.

 

Ante la CIDH el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, lo que se desdice con la decisión fiscal.

 

La Resolución señala que los hechos denunciados no constituirían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático de parte de Alberto Fujimori. Y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado por falta de dolo de parte de los ex ministros, asesores y directores de salud.

 

Demus sostiene que con esa apreciación, el fiscal no toma en cuenta la política estatal vigente entre los años 1996-2000, que era de conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori, los titulares de Salud de ese periodo y de los funcionarios, quienes ordenaban y monitoreaban el cumplimiento de las metas establecidas, que tuvo como consecuencia un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento.

 

“Esta resolución vulnera, nuevamente, el derecho a la verdad y al acceso a justicia y reparación de las víctimas de esterilización forzada en nuestro país”, remarcó la institución que junto con otras organizaciones de derechos humanos ha venido acompañando el caso de Mamérita Mestanza.

 

Subrayó que las esterilizaciones forzadas implican delitos contemplados en la legislación penal peruana y constituyen graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo al sistema internacional de derechos humanos, configurando un crimen de lesa humanidad por haber sido una práctica sistemática y generalizada, que amerita investigación y sanción.

 

La primera investigación fiscal se archivó en mayo del 2009 durante el gobierno aprista, y en este 2014, un poco más de cuatro años después, la justicia nacional le cierra sus puertas una vez más a las miles de peruanas esterilizadas forzadamente que siguen con las secuelas de ese hecho violento en sus vidas. El Estado les responde con la impunidad.

Comunidades indígenas de la Amazonía fortalecidas frente a conflictos socioambientales

Presentan informe final del proyecto  “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía"
Caholic Relief Services (CRS), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), y CooperAcción presentan resultados del proyecto  “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía”, implementado cuatro zonas del país: Bagua, Condorcanqui, en Amazonas, Lamas en San Martín, Selva Central y Napo en Loreto. En estas zonas del país difícilmente llegan servicios, hay poca presencia del Estado y no hay suficientes alternativas económicas legales para sus habitantes.  En todas ellas, existen conflictos socio-ambientales que no permiten una adecuada gestión del desarrollo de las zonas.

El proyecto “Mitigación de conflictos y Desarrollo en la Amazonía” trabajó en temáticas como la Consulta Previa y conflictos socio-ambientales. Algunos  casos emblemáticos son la implementación de la Ordenanza regional de Consulta previa del Gobierno Regional de Amazonas, la incorporación de  los pueblos Kichwas, al proceso del ACR Maijuna, ahora Maijuna Kichwa y la consulta y cogestión del ACR – Cordillera Escalera en Lamas.

Estos casos fueron difundidos en el Observatorio de conflictos Vigilante Amazónico www.vigilanteamazonico.pe, información trabajada por las propias comunidades. Así, las comunidades han venido trabajado sus agendas indígenas, que plantean prioridades y propuestas para aportar al desarrollo del país.

La presentación del informe del proyecto se realizará el martes 28 de enero en el Hotel Sol de Oro (Sala Ejecutivo III), desde las 8:30 de la mañana.  Durante este evento se expondrán los principales logros del mismo y contará con la presencia de Eduardo Vega, Defensor del Pueblo; Clara Indacochea, Supervisora de Gestión de Responsabilidad Social (PETROPERU); Mayu Velasco Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas (Ministerio de Cultura), Edwin Montenegro, presidente de ORPIAN-P y Richard Rubio de FECONAMNCUA.

El acceso es limitado. Confirmaciones a: hiperactivacomunicaciones@gmail.com

Teléfono: 6206950

¿De quién dicen que es el mar? ¿De Grau?

Escribe Pedro Francke

 

Queremos el mar que por justicia nos corresponde, para los peruanos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya debe resolver este tema de manera equitativa. Es todo lo que pedimos, ya que la actual postura chilena de plantear una línea demarcatoria horizontal y no una bisectriz, es evidentemente injusta. El estado peruano ha hecho esfuerzos por sustentar nuestra demanda en este tribunal internacional. Sobre eso ya se ha hablado bastante. Sobre lo que se ha hablado poco es: ¿el mar está siendo, y será, para los peruanos? ¿o solo para unos poquísimos peruanos y varias trasnacionales? ¿estamos defendiendo el mar de Grau para quién?

 

Pesca

El 98 por ciento de la anchoveta que se pesca en el Perú se convierte en harina de pescado y se exporta. Buena parte de esa exportación, por cierto, tiene un origen oscuro: mientras en el Ministerio de la Producción se registran 850 mil toneladas de producción (datos 2012),  se exportan 1 millón 320 mil (La República, 11.04.2013). ¿Cómo así? Pues porque hay sobrepesca, pesca negra, pesca más allá de las cuotas legales. No es poco: es 50% más allá del límite. No es poco: 470 mil toneladas a 1,700 dólares la tonelada valen nada menos que 800 millones de dólares.

 

Los responsables de semejante agujero negro son principalmente las empresas afiliadas a la Sociedad Nacional de Pesquería, que controlan el 90 por ciento de las exportaciones de harina de pescado.Tienen de su lado a IMARPE, controlado por la Marina Peruana que en vez de hacer ciencia tapa la sobreexplotación pesquera. La SNP son apenas una docenita de empresas. Son las mismas empresas que han puesto el grito en el cielo, hecho tremendo lobby, comprado titulares de periódicos y logrado un fallo de una sala de la Corte Suprema (nada menos, ¿cuánto habrá costado?),  contra un Decreto Supremo del gobierno que establece que las grandes bolicheras no se pueden llevar el pescado de calidad que se ubica en las primeros 10 millas de mar cerca de la costa.Ese DS los obliga a que vayan a pescar un poco más allá para que dejen espacio a los 40 mil pescadores artesanales para la mesa popular.

 

Lo peor es que en reciente comunicado la CONFIEP, que junta a las grandes empresas de todos los sectores, respaldó en tono airado los reclamos de la SNP por seguir acaparando el pescado.

 

No es demasiado raro: en la pesca están algunos de los más grandes grupos de poder económico en el Perú, como el grupo Brescia, tal vez el con más poder económico del país y parte del muy exclusivo grupo de billonarios peruanos (se encuentran entre los 8 con más de mil millones de dólares). Como los Brescia Cafferatta además están en las finanzas (Seguros Rímac, Banco Continental), en la minería (Minsur) y en los hoteles (cadena Libertadores), tienen fuerza para promover sus intereses a lo largo y ancho de los diversos gremios empresariales. El grupo Romero también tiene su empresa pesquera, aunque de menor envergadura.

 

El control de la pesca por unos pocos grupos empresariales de gran tamaño no solamente ha ido en desmedro de los pescadores artesanales, que apenas si logran sobrevivir en algunas caletas y con crecientes problemas pues el pescado escasea (razón por la que llega cada vez más caro a las mesas urbanas). Al destinar la enorme mayoría del pescado a harina para la exportación, se quita a los peruanos más pobres de una fuente de proteínas y hierro importante, precisamente cuando la anemia afecta a más de la mitad de los niños en edad pre-escolar y a 42% de las mujeres gestantes, causando pérdidas y retrasos en la capacidad de aprendizaje de nuestros niños.

 

Queremos el mar para los peruanos. Para todos los peruanos, en especial para nuestras mujeres y niños que merecen una buena alimentación, y para los pescadores artesanales y pequeños y medianos empresarios pesqueros. No solamente los 38 mil kilómetros cuadrados en manos de los chilenos, sino todo el mar de norte a sur.

 

Petróleo

Pocos asocian el mar con el petróleo. Pero el escándalo de los petroaudios, ese del “faenón” con el papi de Lucianita León y su amigo Químper, se refería precisamente a un negociado orientado a que una empresa noruega obtuviera la concesión de 4 lotes petroleros en el mar peruano.

 

La cuestión es que si desde hace 5 décadas ha habido un solo lote petrolero en producción en el mar del norte, el gobierno aprista sacó a licitación otros cuatro lotes en el mar, los lotes Z-50, Z-53, Z-54 y Z-55 entre Lima y Pisco. Estos eran tan apetitosos que provocaron el grito de “faenón” por parte de Alberto Químper.

 

El escándalo no solamente obligó al gobierno aprista a paralizar esas nuevas concesiones. Afectó también a la empresa Petrotech que venía operando en la zona sacando 10 mil barriles diarios de petróleo. Petrotech vendió a Savia, una empresa formada por la asociación de la estatal Korea National Oil Company y la estatal colombiana Ecopetrol, para asombro de aquellos que creen que toda empresa estatal es mala.

 

Los coreanos y colombianos aprovecharon una oferta, ya que el dueño de Petrotech, William Kallop, estaba en la mira de Alan García porque fue quien pagó el chuponeo de BTR que sacó a luz los petroaudios. La venta fue de US$ 900 millones de los que, como ya se ha hecho costumbre, ni un sol fue a pagar al erario peruano que sigue sin cobrar impuestos sobre estas ganancias de capital, bajo el pretexto de que lo vendido son unas empresas cascarones constituidas en Islas Cayman. Perdimos US$ 300 millones de dólares que debieron pagar de impuesto a la renta. Por hacer negocios en nuestro mar. Por pura coincidencia, nadie piense mal, poco después el ex – ministro aprista Hernán Garrido-Lecca se veía forzado a reconocer que había hecho “consultorías” por 400 mil soles para Savia. ¿De quién dicen que es el mar, de Grau?

 

¿El problema ha sido solo por la transacción, la venta de la empresa petrolera de un gringo a una estatal coreano- colombiana? Tras el escándalo de los petroaudios, el entonces presidente de Petroperú César Gutiérrez tuvo que reconocer en el Congreso ante una comisión investigadora que  “Petroperú es dueño de las plataformas de explotación en el mar que hoy día las administra la Empresa Petrotech. Petroperú recibe por la renta de esas plataformas 10 millones de dólares al año y le compra el íntegro de producción a Petrotech y le paga a Petrotech por el petróleo que le compra 382 millones de dólares al año, o sea, tenemos infraestructura, solamente rentamos con 10 millones y pago 382”. El mismo contrato y las mismas condiciones legales están vigentes hoy. Insisto, ¿de quién es el mar, de los peruanos?

 

Este gobierno viene intentando sacar a licitación no solo esos lotes, sino además los lotes Z-56, Z-57 (Salaverry-Trujillo), Z-58, Z-59 y Z-60 (Mollendo-Arequipa). ¿A favor de los peruanos?

 

Contaminación

Mientras tanto, en julio del 2013 esta explotación petrolera por la empresa Savia generó un derrame de petróleo que llegó hasta las costas de Lobitos, afectando a los ecosistemas y a los pescadores artesanales de la zona.

 

En Ilo, en la zona sur precisamente cercana al límite con Chile, el mar está contaminado por las operaciones de la Southern Peru Copper Corp. La Southern ha botado por décadas sus relaves, es decir los residuos tóxicos que salen de la explotación minera, al mar, en la bahía de Ite. Un estudio de hace ya dos década reveló que “los relaves depositados (1,7 m3/seg) poseían una dispersión radial de aproximadamente 15 km hacia el Sur……tuvo un ritmo de crecimiento de 40 a 60 metros por año debido a que las olas esparcen los relaves en el mar formando los mencionados depósitos en la orilla y el fondo marino.El 55 % de estos relaves tenían contenido sólido. Los principales elementos y sustancias contenidos en los relaves eran Cobre, Plomo, Mercurio, Zinc, Fierro, Sílice, Cianuro, grasas, etc. Aproximadamente unos 300 km2 de la Bahía de Ite quedaron contaminados”. La misma empresa ahora quiere explotar una mina mucho mayor, Tía María, y promete no contaminar. Imposible creerle.

 

Al día siguiente

Mar para los peruanos. Mar sano, no lleno de contaminación y basura. Mar que sustente la alimentación de nuestras familias, niños y mujeres. Mar nuestro.

 

Al día siguiente del fallo de La Haya, que esperamos favorable, debemos ser firmes en exigir a Chile su cumplimiento inmediato. Desde hoy, hay que insistir en que el mar sea de y para todos los peruanos, de hoy y de generaciones futuras.

 

Publicado en Hildebrandt en sus trece, 24 de enero de 2014

El Estado debe priorizar la deuda pendiente que tiene con el pueblo indígena

El gobierno tenía programado realizar el año pasado la consulta previa a las comunidades indígenas alrededor del Lote 192, ex Lote 1AB, antes de licitar el mayor bloque petrolero de la selva norte del país, el próximo año vencerá el contrato con la Pluspetrol. El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino Dahua, nos habla del proceso de consulta, las demandas indígenas tras la inacción del Estado peruano durante 40 años de contaminación ambiental en la cuenca de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

-Más allá de las evasivas ante las responsabilidades de la contaminación ¿qué espera del proceso de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros?

Esperemos llegar a un buen acuerdo, que entiendan nuestra realidad. Estamos hablando de vidas de todos los pueblos indígenas. Es lo que más nos preocupa. Aunque nosotros no tenemos una vida segura, por haber tomado por 40 años agua contaminada, no queremos dejar esta situación a nuestros hijos, ni a las nuevas generaciones. Queremos que vivan bien, sin contaminación. Por ello estamos luchando.

-En el caso que la reunión que han pedido al gobierno central, ¿cuáles son los temas prioritarios que debería responder el Estado?

-Lo que pedimos es que se prioricen la deuda pendiente que tiene el Estado con el pueblo indígena, como la titulación de nuestras tierras, remediación ambiental, compensación por el uso de nuestro territorio, indemnización, diagnóstico social. Pedimos que se remedie totalmente nuestra agua y territorios, que están contaminados por petróleo.

-En el tema de remediación, ¿cuánto tiempo tomaría hacer esto en todos los puntos que han identificado?

-No tenemos proyecciones, pero pienso que tomará mucho tiempo, son 40 años de explotación petrolera sin control y fiscalización. No creo que el Estado tenga tecnología para que remedie todo en el más breve plazo. Por eso pienso que ahora que saben del agua contaminada, y dicen que cuentan con tecnología de punta., ¿por qué no aplican esa tecnología? La remediación ambiental por los menos tomará entre 5 a 10 años.

-Se dice que como salida algunos sectores del gobierno estarían planteando la ampliación del contrato y que  con ello no sería necesaria la realización de la consulta previa

-Eso va a generar problemas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si el gobierno va a querer manejar las cosas de esa manera le vamos a decir que por su culpa estamos contaminados. Nosotros estamos a favor del desarrollo, pero con un desarrollo que respete a los pueblos indígenas, ya hemos sido postergados por décadas.

-El Estado, buscando un acercamiento,  puede presentarles como propuesta programas sociales como Juntos, Beca 18.

-Ya conocemos eso. No nos pueden engañar con programas. Ya hemos hablado de nuestros pedidos, ahora tienen que cumplirse. Si el actual gobierno se hace presente con esos programas, es responsabilidad del Estado, es nuestro derecho a ser atendidos, como lo son otras zonas declaradas en extrema pobreza.

-Ustedes han criticado que se hacen muchos estudios, visitas, pero no hay ninguna acción concreta. Por ejemplo, los servicios básicos. Son 40 años de la extracción de petróleo, hay ingresos directos al Gobierno Central, Regional y Local, pero no cuentan con agua potable y desagüe. Los gobernantes siempre han recalcado que la inversión privada trae desarrollo, pero aquí no llega...

 -¿Cómo vamos a creer que aquí, en la frontera, va haber desarrollo con el ingreso de una empresa petrolera? Queremos sentarnos con el presidente para decirle que ya hemos vivido 40 años sin desarrollo. Acá no ha llegado el desarrollo, al contrario, hay destrucción. ¿Desarrollo es tener, como en Andoas, bodeguitas o discotecas? No. ¿Por qué no nos preguntan a los apus ¿Qué pensamos, cual es nuestra visión de desarrollo? Ellos (los gobernantes) deberían saber cuál es nuestra visión de desarrollo. Cada pueblo tiene diferentes formas de pensar. Nuestros mercados están llenos de venados, sachavacas. Entonces, nosotros le plantearíamos cuál es nuestra visión de desarrollo. No es desarrollo traer de la ciudad cinco mil sacos de cemento a la selva, millares de ladrillos. Eso no es desarrollo para nosotros.

-¿Pero cuál es la presencia del Estado en el tema de fiscalización ambiental? ¿Cómo fiscaliza los derrames?

-Si las autoridades vienen, nunca llegan a las comunidades, nunca han tenido acercamientos con las poblaciones. Llegan a la empresa, que les lleva en su propia camioneta, y los lleva donde quieren. Ellos les dicen que no hay derrames, que ya han limpiado. A mí me gustaría que esas autoridades, quienes deben fiscalizar vengan a las comunidades, que nos busquen, somos nosotros quienes conocemos nuestros territorios,  si nos buscan caminemos juntos y les mostraremos lo que no les muestra la petrolera.

-¿Cuál es el trabajo que viene desarrollando los monitores ambientales de las Federaciones Indígenas?

-Cuando hemos notado que estábamos abandonados por el Estado, el 2006 hicimos una asamblea del pueblo Quechua, donde planteamos que los jóvenes sean los monitores para que vigilen que la empresa trabaje responsablemente. Empezamos a capacitarlos poco a poco desde el 2007.

Una vez que estaban capacitados, empezaron a caminar y supimos cómo trabaja Pluspetrol. Por ejemplo, en Chanchococha, la empresa ni siquiera conocía el camino. Allí descubrimos que el Estado no hace nada ante los derrames de petróleo. Por eso el Estado ha perdido nuestra confianza.  Acá el rol de los monitores es fundamental.

-¿Si no fuera por los monitores, no se conocería de los derrames en la zona?

-Recuerdo que el Ministro del Ambiente, Pulgar Vidal nos pidió disculpas. Pero con eso no basta, no basta una disculpa si no hay remediación.

-Usted ha señalado varias ausencias del Estado, como en el tema de fiscalización. ¿En qué otros aspectos no hay Estado?

-En educación, un solo profesor trabaja con 60 alumnos. Uno solo. En salud, hay puestos de salud construidos, pero están vacíos. Hay que preguntar si tienen sueros o vacunas para picaduras. Son 10 mil habitantes en el pueblo Quechua, solo hay dos médicos en las comunidades: Alianza Cristiana y Nuevo Andoas. En todos los demás hay obstetras y enfermeras. En las comunidades de Nuevo Andoas, no hay laboratoristas.

En cuanto a Seguridad alimentaria. ¿De qué manera está afectado la seguridad alimentaria en esta zona de influencia petrelera?

-En la asamblea de Fediquep hemos presentado las condiciones en las que se encuentran  nuestras aguas. Nuestros animales están bebiendo de esos pozos contaminados y abandonados. Hemos informado al gobierno nacional y al gobierno regional sobre la contaminación de los peces. Fuimos a una reunión en Iquitos, invitados por el Gobierno Regional de Loreto, para elaborar un plan sobre seguridad alimentaria. Una vez que estaba armado el plan, les pregunté en cuántos días estará ejecutándose, y nos dijeron que recién iban a buscar el presupuesto. ¿Por qué nos llaman para luego decirnos eso? Es lamentable lo que estamos sufriendo, porque seguimos comiendo esos animales que a su vez comen del agua contaminada.

 
-¿Qué es lo que reclaman al Estado para subsanar estas deficiencias?

-Exigimos que nos atiendan urgentemente. Lo que necesitamos es agua y comida limpia. Pero no nos atienden, no hay avances, solo vienen a hacer puros estudios. Sentimos que seguimos siendo abandonados, pese a que sale tanta riqueza del territorio Quechua.

-¿Qué consecuencias trae este problema?

-El Estado no cumple con lo que se ha comprometido. El Estado no está asumiendo esa responsabilidad, debe asumir la remediación total de nuestro territorio y de nuestras fuentes de agua como era antes. Ahora que tanto hablan de tecnología de punta, ¿por qué no pueden aplicarla para limpiar nuestras aguas? El gobierno regional se comprometió a poner 16 plantas de agua, y hasta la fecha no hay nada. Hemos priorizado a dos comunidades: Alianza Topal y Andoas Viejo, porque allí está fuerte la contaminación. Pero si allí no pueden poner dos plantas, menos van a poner 16. Y seguimos tomando esas aguas contaminadas, por eso nuestra preocupación.

-¿Quiénes son los responsables de la contaminación, el Estado o la empresa Pluspetrol?

-Los responsables son los dos, el Estado y la empresa. El Estado por firmar los convenios y permitir la contaminación impune, y la empresa por trabajar irresponsablemente y no respetar nuestros derechos como quechuas.

PETRÓLEO: CAPITULACIÓN FINAL

Escribe Pedro Francke

Se esperaba que, si en algo podría ser nacionalista Ollanta Humala, sería  en el petróleo.

Después de todo, hasta en los Estados Unidos, el reino mundial del capitalismo de libre mercado, está actualmente prohibida la exportación de petróleo por razones de seguridad nacional, y su gobierno maneja una reserva estratégica gigantesca que alcanza 700 millones de barriles de petróleo.

Antes que nada, fue la toma de Talara por parte del gobierno de Velasco el 8 de octubre de 1968 el acto que marcó su tónica nacionalista.

En el medio, el “programa de la Gran Transformación” que recogía los discursos de Humala antes de ser electo, indica que “Se afianzará a Petroperú como empresa integrada con una política de explotación petrolera que se sustente en las más estrictas exigencias ambientales y las respectivas consultas a las poblaciones”.

UN PASO PARA ATRÁS Y OTRO TAMBIEN

Al iniciarse el gobierno, el nombramiento de Humberto Campodónico al frente de Petroperú daba espacio al ánimo. Campodónico, entonces Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de San Marcos, es un reconocido economista de izquierda experto en el tema petrolero desde años atrás. Su primer libro sobre el tema se publicó hace casi 30 años, analizando la política petrolera de 1970 a 1985. En él puso la lupa en el ministro de energía y minas del segundo gobierno belaundista, un tal Pedro Pablo Kuczynski, que otorgó exoneraciones tributarias especiales a las trasnacionales petroleras regalándoles cientos de millones de dólares.

Campodónico tenía una propuesta basada en recuperar para Petroperu los pozos petroleros cuyas concesiones vencen, en modernizar la refinería de Talara y en renovar la gestión aceptando hasta 20% de accionistas privados, profundizando el Buen Gobierno Corporativo. En pocos meses fue aislado dentro del gobierno hasta su salida a comienzos del 2013, aunque alcanzó a terminar toda la ingeniería de Talara y consiguió que Talisman le ceda a Petroperú el Lote 64, con 55 millones de barriles de reservas probadas.

El año pasado fue el año de los retrocesos. Tras la salida de Campodónico vino la rápida frustración de la compra de Repsol. El ministro de energía y minas planteó el tema con el respaldo público de Nadine y Ollanta, recibiendo la furibunda respuesta de la derecha neoliberal. Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, llegó a decir que “Me queda claro que este será el comienzo de la transformación del Perú con un Estado avasallador, prepotente, autoritario, como en Cuba, Bolivia Venezuela y Argentina”. Uuuy, el cuco comunista. Humala retrocedió asustado. Primer roche.

La verdad es que la compra de Repsol no era la mejor forma de fortalecer Petroperú, ya que no era muy rentable y se debe invertir 800 millones de dólares en la refinería de La Pampilla para que pueda retirar el azufre del combustible (obligación incumplida de la empresa privada trasnacional ya por 7 años), lo que es necesario para resguardar nuestra salud pero sin rentabilidad económica.

¿A quién se le ocurrió esa propuesta, en la que el más beneficiado era la trasnacional española? No se sabe, pero está claro quienes tenían intereses de por medio, de uno y otro lado.

Segundo roche. El 31 de julio se aprobó, por resolución ministerial, los objetivos de Petroperu 2013-2017. Un mínimo paso hacia definir orientaciones estratégicas, que incluía el regreso de la empresa a la producción petrolera en los pozos del noroeste (la zona cerca de Talara) donde vencen las concesiones. Pero apenas 3 días después esta resolución se retiró de la web y poco después fue derogada “para su revisión”, revisión que ha resultado tan exhaustiva que dura hasta ahora. Petroperú no tiene objetivos definidos para este periodo.

La cereza del pastel ha sido la reciente ley que plantea vender el 49% de acciones de Petroperu, pero, sobre todo, que impide a la empresa hacer inversiones en base a conseguir financiamiento para las mismas, como hace cualquier empresa a nivel mundial.

Prácticamente todas las inversiones privadas en la minería y petróleo que se hacen en el Perú y en el mundo, requieren tanto dinero que buena parte del mismo se consigue prestado. Así se hizo el gas de Camisea y Yanacocha, para hablar de dos de los proyectos emblemáticos en el rubro. Negándole esa posibilidad a Petroperú, le será casi imposible realizar inversiones para explotar petróleo, sobre todo en el Lote 64, donde actualmente se está en la fase de selección de socio inversionista, que pondrá el 100% del capital de inversión.

Al mismo tiempo que se impide que la empresa entre a negocios rentables como la explotación petrolera, se le endeuda para modernizar la refinería de Talara, inversión de 2,730 millones de dólares necesaria para desulfurizar los combustibles y proteger así la salud pública, pero que tiene una rentabilidad muy baja. O sea, Petroperú debe endeudarse para proyectos poco rentables pero no puede invertir en negocios super rentables de producción de petróleo que le permitirían la integración vertical, como el Lote 64 y los lotes del noroeste.

Basta sumar dos más dos: la ley aprobada es un camino seguro a la quiebra de Petroperu.

SOBERANIA ENERGETICA Y EMPRESAS ESTATALES

El gobierno de EEUU tiene una reserva estratégica de 700 millones de barriles y la exportación de petróleo está prohibida. 15 de las 20 empresas de petróleo más grandes del mundo, son estatales. Estas empresas tienen el 85% de las reservas mundiales de petróleo. Incluso en el Perú, el 61% del petróleo peruano lo producen empresas estatales extranjeras. La transacción de negocios petroleros más grande de los últimos años en el Perú fue la venta de los lotes y participaciones de PetroBras, empresa estatal, a PetroChina, otra empresa estatal, por 2,600 millones de dólares.

En Latinoamérica, Brasil, Chile, México o Colombia son ejemplos de países de diverso signo ideológico con poderosas empresas estatales. Por supuesto que hay que añadir a países como Venezuela, Ecuador o Bolivia, que si bien ahora tienen gobiernos nacionalistas de izquierda, han tenido fuertes empresas petroleras estatales durante décadas, incluso bajo gobiernos de derecha como el COPEI venezolano o los Adecos, primos hermanos del Apra.

Para la derecha comercial peruana, cualquier cosa que haga el estado en la economía es siempre mala. La receta Friedman al extremo.

No es verdad que las empresas estatales son siempre negativas.La estrella del crecimiento económico de las últimas décadas, China, mantiene fuertes empresas estatales que responden por un 40% de su PBI. Varias de ellas están presentes en el Perú, como Chinalco (que ahora explota Toromocho), la CNPC (petróleo) y otras. Y no es solo cuestión de países ex - comunistas. Singapur es un pequeño país de los “tigres asiáticos” cuyo PBI per cápita hoy se compara al de Estados Unidos. Su gobierno tiene empresas estatales exitosas en transporte aéreo (Singapur Airlines), puertos, transporte marítimo, semiconductores, construcción naval, ingeniería y banca, que producen el 22 % de su PBI. El estado controla el banco más grande del país, el DBS. Singapur nunca ha sido comunista o socialista.

Incluso en el Perú, hay un grupo de empresas estatales muy exitosas, como por ejemplo las Cajas municipales. Tienen 12 mil millones de soles en préstamos y crecen encima del 10% anual. Son estatales, ya que pertenecen a las municipalidades, que son gobiernos locales. No tienen favores del estado, trabajan en un mercado competitivo y hacen ganancias, al mismo tiempo que dedican el 60% de su cartera de préstamos a las pequeñas y microempresas. Viven, como todos los bancos y financieras, de la plata ajena,¿por qué no se puede pedir prestado en el negocio petrolero estatal?

LA MERMELADA

Nueve lotes petroleros en la zona de Tumbes, Talara y Sechura tienen sus contratos de concesión  cercanos a vencerse. Son zonas de producción antigua. Las trasnacionales que actualmente los explotan, no han invertido en exploración, debido a lo cual su producción es declinante. Prefieren no invertir y actuar de manera rentista. Corresponde legalmente que esos pozos regresen al estado, con lo que Petroperú podría a muy bajo costo regresar a un negocio integrado, con explotación petrolera incluida, que es donde se concentran las ganancias. Pero resulta que ahora el gobierno quiere prorrogar esos contratos de concesiones petroleras por 10 años más.

¿Cómo justifica el gobierno el mantener atornillados a los que actualmente explotan estos pozos sin invertir para el futuro? Según el Presidente de Perupetro, porque “vamos a demorar en hacerlo y los contratos van a terminar y la producción va a seguir declinando”. Disculpen, pero se sabe que estos contratos petroleros vencían desde hace 20 años, ¿no podían prepararse con antelación? Este gobierno 30 meses en el poder, ¿no es tiempo suficiente? En Colombia, hace 3 años sucedió algo parecido, venció la concesión de una gran explotación petrolera, y el gobierno del ultraderechista Uribe hizo que Ecopetrol asumiera el control de esos pozos.

Se dice que las empresas ya no están invirtiendo porque están por vencerse los contratos. Con ese chantaje, todas las concesiones se vuelven eternas; mejor cambiamos la Constitución y declaramos que los recursos naturales ya no le pertenecen a la nación. Regresamos a los tiempos de la IPC y la Standard Oil, el abuso de Talara entre 1930 y 1968. Mientras tanto, el Estado sin fiscalizar ni defender el interés nacional.

A DEDO

Petroperú no tiene que asumir directamente la producción de esos pozos. La alternativa es simple: licitar los servicios de producción. Es lo que dice ni más ni menos el Plan de Gobierno de la Gran Transformación. Es lo que se hace en decenas de países del mundo.Al que cobre menos, se le da el contrato. Usualmente son contratos de participación, donde la empresa privada recibe un porcentaje de lo producido. Las bases pueden incluir que profesionales peruanos sean capacitados y asuman puestos directivos, que haya mínimos de inversión y que toda la información geológica y productiva pase al Estado. Los requisitos ambientales y sociales de ley, desde luego, deberán cumplirse con el rigor necesario.

Pero claro, las trasnacionales hoy operando se quedarían sin negocio. Por eso promueven que les prorroguen a dedo los contratos. Que competencia ni que ocho cuartos. Quieren quedarse bien atornilladas. La mano que los está atornillando, haciendo aprobar leyes en el Congreso, un gran atornillador será.

Enfrentando la atornillada, los sindicatos de Petroperú han tomado la iniciativa para conseguir 50,000 firmas y derogar el Art. 3 (la privatización del 49% de las acciones) y el Art 6 (que impide a Petroperú invertir en proyectos conendeudamiento) de la ley. La ciudadanía puede detener la mano atornilladora de Castilla.

Publicado en Hildebrandt en sus trece el 17 de enero de 2014

Incertidumbre sobre el proceso de consulta en el Lote 192

A pesar de los anuncios triunfalistas del Ejecutivo en relación a los procesos de consulta previa en el Lote 169 o por la reciente decisión de publicación de la guía metodológica para la primera semana de febrero, lo cierto es que el proceso de consulta previa en el Lote 192 –emblemático por ser el primero que anunció el Gobierno-sigue entrampado y está rodeado de mucha incertidumbre sobre su futuro.

 “El tema de fondo tiene que ver con el modelo de crecimiento del Estado en los últimos 20 años basado en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas. ¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo  y a la vez respetar derechos de los pueblos indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera que no, porque el Gobierno no ha sabido resolver esta situación. El Gobierno tiene la obligación ética, moral y política de encontrar una solución a esto: respetar los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo, y a la vez también buscar cómo obtener recursos para la energía que necesite el país”, afirma Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

“Las comunidades indígenas alrededor del Lote 192 están amparados por la Ley de la Consulta Previa y también por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Se les tiene que consultar”. “De lo que se trata aquí es de un tema de derechos: derecho a la tierra, a los recursos naturales, a la consulta misma que están en juego”, explica Ana Leyva, abogada de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la selva loretana, conviven desde los años setenta con la exploración y explotación petrolífera, inicialmente bajo la compañía Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y desde el año 2000 por Pluspetrol. De este lote se extrae casi el 12% de la producción nacional de petróleo. “Se trata de un lote estratégico para el Perú porque si se deja de explotar, se paralizaría la industria en el país, se paralizaría el país en realidad”, explica Vega.

“Sería muy grave que el Ejecutivo rompa el diálogo o que recurra a la extensión del contrato. Las organizaciones indígenas en estas zonas han tenido-y siguen teniendo- una capacidad de respuesta pacífica, empleando todos los recursos legales que el mismo Estado ha aprobado. Pero creo que también estas organizaciones estarían dispuestas a defender su territorio y sus derechos. Creo que se generaría una situación de ingobernabilidad, de escalamiento del conflicto a una situación muy grave que podría ser inmanejable”, sostiene el investigador del CAAAP.

El contrato de concesión de Pluspetrol sobre este lote vence en 2015, por ello las comunidades demandaron al Estado el cumplimiento de cinco demandas mínimas,-como la remediación de la contaminación o indemnización, entre otras-, antes de la realización de la consulta previa anunciada. Sin embargo, el Estado no las ha cumplido hasta el momento y  esto ha provocado el estancamiento del proceso.

“Desde el Gobierno ha habido la idea de que la consulta previa era un proceso que solo se podía resolver diciéndole a los pueblos indígenas los beneficios económicos que se pueden obtener de la actividad petrolera. Mientras para el Gobierno la intervención del territorio tiene que ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios, para los pueblos indígenas constituye un espacio a partir del cual se estructura toda su vida”, afirma Vega.

Derechos de las mujeres en Perú sufrieron retroceso en el 2013

DEMUS-Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, hizo un balance negativo sobre el estado de los derechos humanos de las peruanas en el año que culmina, especialmente los relacionados a su autonomía sexual y reproductiva, sobre los que se ha cernido una permanente amenaza por la acción de congresistas de posiciones conservadoras y la falta de voluntad política del Ejecutivo.

 

La institución feminista, en el análisis elaborado por su asociada Jeannette Llaja Villena, considera que uno de los riesgos latentes es la intención de eliminar la obligación estatal de brindar educación sexual a adolescentes planteada en el proyecto de ley del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes y de reconocer derechos absolutos al concebido lo que implicaría inclusive la ilegalidad del aborto terapéutico.

 

También evidencia la contradicción entre el discurso oficial favorable a los derechos humanos de las mujeres, expuesto en citas internacionales y otros de carácter nacional, y las decisiones de Estado que en el 2013 no han generado cambios orientados al reconocimiento integral de todos los derechos que les corresponde.

 

“El gobierno habla del derecho a una vida libre de violencia pero le asigna apenas un 0.07% del presupuesto del Ejecutivo, aprueba el Plan para la prevención del embarazo adolescente con dos años de retraso, y hasta hoy no da luz verde al protocolo del aborto terapéutico”, afirmó Llaja.

 

Asimismo indicó que es negativo el desempeño estatal en torno a las observaciones que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo sobre el Quinto Informe Periódico del Perú a inicios del año pasado, en su 107° reunión entre el 11 y 28 de marzo del 2013.

 

Por ejemplo no ha tomado acciones para garantizar justicia y reparación a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, y a las que fueron esterilizadas contra su voluntad en el régimen fujimorista, contra quienes se cometieron crímenes de lesa humanidad. No existe ningún sancionado hasta la fecha ni reparaciones integrales.

 

Tampoco ha aprobado el protocolo de aborto terapéutico ni promovido la revisión de la legislación punitiva de las interrupciones de embarazo –previendo las excepciones por violación e incesto- y menos incluido la anticoncepción oral de emergencia como parte de los métodos proveídos en los establecimiento públicos de salud para prevenir las gestaciones tempranas y mortalidad materna.

 

Además no ha impulsado una legislación que penalice las agresiones domésticas. “Si bien se cuenta con un tipo penal específico para el feminicidio ello no es suficiente para enfrentar la violencia de género una de cuyas manifestaciones crecientes es la violencia sexual, pese a lo cual el gobierno no destina el presupuesto suficiente ni lo articula a las prioridades nacionales”, manifestó Llaja Villena.

 

DEMUS también deplora que no se cuente con una Ley Marco contra la violencia hacia las mujeres y que no se haya tipificado el acoso político, sancionado los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, y el proyecto de ley sobre alternancia resultara archivado.

 

Igualmente, que el sistema de justicia no garantice que las denuncias por violencia de las mujeres sean todas investigadas, los responsables sancionados y las víctimas accedan a medios eficaces de protección, suficientes Cámaras Gesell, defensa pública y toma de testimonios en su lengua materna en los casos necesarios para darles seguridad y privacidad.

 

Y que la formación en género de magistradas y magistrados aún no sea obligatoria ni se les evalúe desde esta perspectiva en los procesos de acceso, ratificación y ascenso, como garantía de una valoración de pruebas y ponderación de penas, libre de estereotipos y prejuicios machistas.

 

Llaja Villena agregó que este panorama demuestra que el discurso oficial en defensa de los derechos de las mujeres tiene un techo marcado por la falta de laicidad del Estado que lo hace permeable a los intereses de grupos conservadores opuestos a los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres adultas, a quienes no reconocen el derecho a decidir con autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas.