Una delegación de EEUU está en Lima evaluando si Perú ha cumplido con sus recomendaciones para acabar con las prácticas antisindicales en el sector exportador

• Perú incumple el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con normas que generan ventajas comparativas  a los productos peruanos a  costa de bajos precios y condiciones precarias (dumping social).
•  El Departamento de Trabajo  estadounidense expresó su preocupación por la falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad sindical en el sector exportador. El 18 de diciembre vence el plazo para que el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski cumpla con estas recomendaciones.

 

Una delegación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos está visitando Lima para evaluar si el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha avanzado con las recomendaciones para acabar con las prácticas antisindicales en el sector exportador.  El 18 de diciembre vence el plazo para que el Ejecutivo adopte estas disposiciones, de lo contrario, Perú se enfrentaría a un proceso que conllevaría la suspensión de las preferencias comerciales.

 

“Esta nueva visita ratifica el interés del gobierno de Estados Unidos porque el Perú cumpla con sus compromisos asumidos en materia laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio. Implica, un llamado de atención a la inacción del gobierno peruano frente a la queja presentada por las organizaciones de trabajadores”, explica Luis Mendoza, abogado laboralista.

 

Las normativas que promocionan el sector agrario y textil, la Ley de Promoción del Sector Agrario (27360) y el Decreto Ley de Exportación No Tradicional (22342) establecen respectivamente menores condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores: en el primer caso permite condiciones en la agroindustria inferiores a las del régimen general (menos tiempo de vacaciones, menor compensación por despido arbitrario o una remuneración mínima en la que se incluye también CTS y gratificaciones); mientras que en el segundo caso se permite la renovación indefinida de contratos temporales de los trabajadores de exportación no tradicional. Ello perjudica la libertad sindical de los trabajadores y genera ventajas comparativas a los productos peruanos a costa de bajos precios y condiciones precarias de empleo (dumping social), e incumple el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

 

El Departamento de Trabajo expresó su preocupación mediante un pronunciamiento público en marzo del presente año como respuesta a la queja presentada el 21 de julio de 2015 por el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú Equidad y siete organizaciones de trabajadores que se sustenta en la falta de cumplimiento por el gobierno peruano de las normas laborales incluidas en el acuerdo de promoción comercial entre ambos países, en vigor desde el 1 de febrero de 2009. La queja documenta ocho casos emblemáticos de vulneración a los derechos laborales en empresas como Topy Top, Hialpesa, Corporación Texpop, Inca Tops, Tejidos Pisco, Camposol, Sociedad Agrícola Virú y el Grupo Palmas.

 

“Esta queja activa un procedimiento internacional, acordado por ambos estados, que puede concluir en lapérdida de las preferencias comerciales”, precisa Mendoza, asesor laboral que participó en la presentación de la queja. “Si Perú no subsana las recomendaciones realizadas por Estados Unidos, sin duda, va a tener un efecto sobre los compradores. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones peruanas en estos rubros, y las grandes corporaciones compran a empresas que respeten la normativa internacional vinculada a los derechos laborales, por tanto, afectaría a las ventas  nacionales”, comenta Juan Carlos Vargas, economista de la institución Programa Laboral de Desarrollo (PLADES).  

 

Desde el 2009, las exportaciones agrícolas han crecido un 144% y las textiles bordean los dos mil millones de dólares anuales, vendiendo a gigantes mundiales como Nike, Hugo Boss, New Balance, RalphLauren, Calvin Klein, GAP o North Face, entre otras. En su pronunciamiento, el Departamento de Trabajo señaló, basándose en estadísticas gubernamentales, que el porcentaje de sindicalización en los sectores de exportación no tradicional es menos de la mitad del que existe en el resto de sectores sujetos al régimen general. El informe muestra “preocupaciones significativas” de si el marco legal “es suficiente para proteger el derecho a la libertad de asociación”.

 

El informe público emitido por Estados Unidos recomendó que antes del 18 de diciembre el gobierno de Perú debería poner coto a la renovación indefinida de los contratos temporales, modificando el artículo 32 del decreto ley 22342, para ajustarlo a la normativa general contenida en la Ley 728 que establece un tope de 5 años a partir del cual se debe hacer indefinido al trabajador. También señala que el Estado debe reforzar  la fiscalización laboral, a través del establecimiento de oficinas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en todas las regiones  y aumentar el número de inspecciones laborales, lo que supondría incrementar el presupuesto de este organismo, así como el del Poder Judicial para los casos laborales.

 

La Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) y la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (Fentagro) han presentado en la Comisión de Trabajo dos proyectos ley para derogar los regímenes laborales del Decreto Ley de Exportación No Tradicional y de la Ley de Régimen Agrario (Decreto Ley 22342 y la Ley 27360). Ambas propuestas buscan suprimir el régimen discriminatorio que afecta los trabajadores de estos sectores y propone que se adecúen al régimen general establecido por el Decreto Legislativo 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral). A partir de este momento, se abre un plazo de 30 días para que soliciten opinión técnica a instituciones públicas (como el Ministerio de Trabajo) y otros organismos, para que pueda ser debatido en la comisión.

Conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de las personas con discapacidad

Congresistas de Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Alianza Popular conforman la primera bancada multipartidaria que trabajará a favor de la igualdad de derechos del más de un millón y medio de ciudadanos con discapacidad que viven en Perú. Los congresistas se comprometieron a fiscalizar el cumplimiento de las normas ya aprobadas como la Ley General de la Persona con Discapacidad,  a impulsar propuestas que apoyen los derechos civiles y políticos y a promover la asignación de recursos presupuestales para las políticas. Esta bancada inclusiva (Bancada ‘”IN”) contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (SODIS), organización con una trayectoria de casi dos décadas defendiendo los derechos de las personas con discapacidad.

 

“La conformación de esta bancada es una iniciativa inédita en la historia de nuestro país. Debemos luchar por la equidad de las personas con discapacidad. Hoy en día no somos tratados como el resto de ciudadanos. Por eso, la creación de esta bancada es una luz al final del túnel”, declaró José Antonio Isola, director de SODIS.

 

Todos los congresistas que participaron en el acto oficial, celebrado el pasado viernes 16, coincidieron en la necesidad de mejorar la fiscalización de las normas, y se comprometieron a apoyar e impulsar políticas. Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, condenó la discriminación y exclusión de las personas con discapacidad, especialmente, en el sector educativo y laboral.  En la actualidad, más de 120.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanecen fuera de las aulas. Además, el 60% de las personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse, lo cual restringe su acceso a servicios básicos.

 

Alberto de Belaunde, parlamentario de Peruanos por el Kambio, señaló como prioridad la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica para dotar de una mayor autonomía a las personas con discapacidad. “Si dotamos de las herramientas necesarias a las personas con discapacidad podemos estar de igual a igual”, declaró Paloma Noceda, congresista de Fuerza Popular.

 

El anuncio de la bancada, compuesta por 26 congresistas, se acompañó  de la presentación de una guía legislativa con propuestaspolíticas urgentes, consensuadas y  respaldadas por las organizaciones de personas con discapacidad que conforman la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El documento elaborado presenta propuestas concretas que se pueden hacer desde el Congreso para eliminar las barreras en educación, salud, empleo, accesibilidad y autonomía de la persona con discapacidad.

 

“Las personas con discapacidad son un sector invisibilizado. La conformación de esta bancada y la presentación de esta guía constituyen un esfuerzo importante a favor de los derechos de  estos ciudadanos”, declaró Percy Medina, jefe de IDEA Internacional-organización que ha apoyado la conformación de la bancada, junto con la Unión Europea-. El arquitecto Jaime Huerta, usuario de una silla de ruedas, reconoció la importancia de esta iniciativa  que velará por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de una manera transversal a través de todas las políticas que se dicten en el Congreso.

Avanzan las negociaciones en la Mesa de Diálogo para el multimillonario proyecto Las Bambas

ü  El Gobierno, pobladores de Cotabambas y la minera MMG se reunieron durante los días 7 y 8 de septiembre.

ü  La población ha pedido al Ejecutivo que declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia.

 

El diálogo entre el Gobierno de Pedro Pablo Kucyznski, los pobladores de Cotambambas y la minera MMG comienza a cobrar impulso. Tras dos días de intensas reuniones celebradas ayer y hoy, se han logrado aprobar las reglas del juego que regirán el proceso de diálogo, es decir, el reglamento. El Estado presentó un balance sobre el cumplimiento de los compromisos asumidosque han sido calificados por la población como insuficientes y han pedido al Ejecutivo que  declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia donde el 88% de sus habitantes viven en la pobreza. La próxima cita está programada para los días 6 y 7 de octubre donde se abordarán las preocupaciones ambientales y la responsabilidad social empresarial, cumpliendo con el apretado  cronograma  de la mesa que tiene 180 días para llegar a acuerdos que ayuden a promover el desarrollo integral de Cotabambas, provincia que espera poder beneficiarse de la mayor inversión minera en la historia del país.

 

“Hemos pedido al Estado que declare de interés nacional el desarrollo de la provincia de Cotabambas”, declara Rodolfo Abarca, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Cotabambas. “No contamos con servicios básicos. Necesitamos proyectos de gran envergadura en agricultura, educación, salud para tener un futuro mejor”, comenta Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha de Cotabambas.  Un reclamo sobre el que pesa su preocupación porque durante la reunión Proinversión no ha informado en qué fecha ni a cuánto ascendería el monto quese recibiría por canon minero.

 

En el eje ambiental, la sociedad civil reiteró la necesidad de contar con una opinión técnica sobre las cinco modificaciones realizadas al proyecto en un lapso de 20 meses a su Estudio de Impacto Ambiental. Además, demandaron el asfaltado de la carretera por la que transitan casi 300 camiones diarios transportando el mineral. 

 

“En el eje de responsabilidad social, el Ministerio de Energía y Minas presentó la agenda de trabajo aprobada al inicio del proceso sobre la cual no ha habido avances”, remarca Ana Leiva, directora de CooperAcción. Frente a ello, la sociedad civil planteó que se incluyera un aporte social como parte de un convenio marco, en vista de que la minera no pagará impuestos hasta por lo menos el año 2022. Asimismo, explica Leiva, se pidió que la minera cumpla con los principios de responsabilidad social y ambiental del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y de la Cámara China de Minería, Metálicos y Químicos. 

 

El diálogo comienza a desbloquearse en un proceso que parecía encallado. No hay que olvidar que esta mesa se instaló hace casi siete meses a raíz del conflicto que estalló el 25 de  septiembre del 2015 y que se cobró la vida de tres personas, una decena de heridos y 21 personas detenidas. La viceministra de Derechos Humanos, Guisella Vignolo, se mostró dispuesta durante la reunión a mejorar las condiciones de vida de las familias que han quedado rotas  tras el incidente, aunque por el momento se ha comprometido a realizar una evaluación de su situación. Hasta el momento, la única ayuda que se les ha prometido a estas familias es un fondo de 850 soles mensuales durante dos años- aunque tan solo está asegurado el primer año-, además de trasladar sus casos ante el Consejo Nacional de Reparaciones para que pudieran recibir una pensión.

 

“Pedimos un diálogo horizontal, y que participen los ministros titulares”, explica Rodolfo Abarca. A las reuniones celebradas durante estos dos días asistieron el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shino; el viceministro de Políticas Agrarias, Juan Carlos Gonzales y la viceministra de Derechos Humanos quienes estuvieron acompañados por 21 funcionarios del Gobierno nacional.

 

Este proceso de diálogo, heredado del gobierno de Ollanta Humala, cuenta con novedades: se asegura la participación de un traductor de quechua que pueda facilitar las comunicaciones, una demanda que los pobladores han reclamado de manera insistente desde el inicio de la mesa. Además, se contará con un facilitador, una propuesta de la sociedad civil sobre la que se mostraban discordantes algunos representantes del sector público, pero que finalmente aceptaron que la Oficina Nacional de Diálogo sea la que  designe un facilitador profesional que propicie un “diálogo horizontal y la construcción de consensos”.

 

La Mesa de Diálogo será presidida por el Ministerio de Energía y Minas, y estará integrada por 10 representantes del Gobierno nacional, uno del gobierno regional, y seis miembros del gobierno local. Es decir, habrá 17 representantes del Estado, 30 personas de la sociedad civil y cuatro miembros de la empresa MMG. Experiencias en mesas de diálogo anteriores han mostrado que la dificultad no sólo subyace en alcanzar acuerdos, sino en que se cumplan en plazos razonables; por ello, los equipos negociadores han acordado la creación de un comité, integrado por representantes estatales, de la sociedad civil y de la empresa minera,  que dé seguimiento a los acuerdos.  Las próximas reuniones están programadas para los días  6 y 7 de octubre y para el 20 y 21 de octubre donde se abordará los ejes de de derechos humanos y desarrollo sostenible.

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad

• La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
• Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.

 

Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.

 

“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 

 

Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.

 

“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Mastro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.

 

Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Mastro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.

 

Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.

 

Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.

 

Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

Alistan bancada multipartidaria que apoyará la inclusión de las personas con discapacidad

• La Bancada Inclusiva (“Bancada IN”) es una iniciativa que une a parlamentarios de diversos partidos políticos para trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
• Congresistas de Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Acción Popular y el APRA integrarían dicha bancada.

 

Congresistas de los principales partidos políticos del país se suman a la lucha de las personas con discapacidad. Parlamentarios del Frente Amplio (FA), Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP),  Peruanos por el Kambio (PPK), Acción Popular (AP) y el APRA dejarán de lado sus respectivas ideologías políticas y conformarán la “Bancada IN”, una iniciativa multipartidaria que trabajará por la promoción de los derechos del más de millón y medio de peruanos con discapacidad.

 

“Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que hablar de desarrollo integral e integrado, eso significa incluir a todos los segmentos de la población de todos los sectores y de todo el Perú en un tema de fortalecimiento de capacidades, de servicios de calidad y con equidad. Debemos tener un Perú para todos”, dice la congresista Gloria Montenegro (APP), integrante de la Bancada IN. 

 

Dicha bancada contará con el apoyo técnico de la ONG Sociedad y Discapacidad (Sodis), fundada en el año 1997 por el recordado congresista Javier Diez Canseco. Sodis promueve los derechos de las personas con discapacidad en Perú desde hace casi dos décadas.

 

“Es una bancada multipartidaria que verá el tema de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas que salgan desde el Congreso. Además se verá la posibilidad de impulsar proyectos ligados a la discapacidad”, sostiene María Verónica Del Maestro, abogada investigadora de Sociedad y Discapacidad (Sodis), quien agrega que “lo que hará cada congresista que integre la bancada es apoyar las reformas según el interés y la agenda de cada uno”.

 

Si bien la Bancada IN es una iniciativa nueva en nuestro país, la idea viene de Colombia donde este año representantes de todos los partidos políticos lanzaron su bancada de la inclusión de las personas con discapacidad. Del Maestro considera a la “Bancada IN” como un ejemplo de voluntad política al dejar de lado las diferencias para unirse bajo el propósito común de garantizar los derechos de muchas personas que, por años, han sido excluidas.

 

Para la parlamentaria Montenegro es importante saber el tipo de discapacidad de cada persona y la situación en la que se encuentra para que, de esa manera, se brinde el apoyo adecuado. “Tenemos mucha actitud positiva para ayudar, pero si no tenemos un diagnóstico real y validado, no habrán buenos resultados”, explica.  También plantea una revisión de la Ley General de la Persona con Discapacidad (N°29973) y su reglamento, así como una mayor accesibilidad y presencia de las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) “registradas a nivel de las 1865 municipalidades que tiene el país”, dice Montenegro.

 

Por su parte, Marisa Glave, congresista del Frente Amplio, sostuvo que “en el Congreso hay una agenda pendiente para eliminar las barreras que casi un millón y medio de personas con discapacidad enfrenta para participar en la vida social; restricciones que los excluyen en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como en el ejercicio de sus derechos; por ello es importante que el Parlamento cuente con un espacio multipartidario que impulse esta agenda”.

 

Desde Sociedad y Discapacidad, se han tenido reuniones previas con los congresistas Alberto De Belaunde (PPK), Marisa Glave (FA) y Paloma Noceda (FP). Todos ellos manifestaron su interés de integrar la Bancada IN, que tendrá su conformación oficial a mediados del mes de setiembre. Gloria Montenegro (APP), Guido Lombardi (PPK), Leyla Chihuán (FP), Luis Galarreta (FP), Miguel Román (AP), Luciana León (APRA) también adelantaron su interés de sumarse a la bancada. Asimismo, se espera que más parlamentarios se sumen a esta iniciativa que velará por los derechos de las personas con discapacidad.

Pobladores de Cotabambas demandan un desarrollo planificado para sus comunidades

ü  Las Bambas, una de las cinco operaciones mineras más grandes del mundo, se ubica en una de las zonas más pobres del país donde la tasa de pobreza alcanza al 88% de su población.

En Apurímac se esconde el mayor proyecto de inversión minera en la historia del país: La Bambas, operado por el consorcio chino MMG,  es una apuesta de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, a pocos kilómetros de los tajos abiertos, las comunidades de Grau y Cotabambas viven en la pobreza, en especial los niños: la mitad de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica, y la región Apurímac muestra la peor tasa de pobreza extrema de la población de 65 a más: 35.2%. El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los representantes sociales acordaron ampliar la Mesa de Diálogo por 180 días más. Comienza la cuenta regresiva para cerrar acuerdos y cumplir con las expectativas generadas en una población que espera poder beneficiarse de este proyecto.

“La gente de otros departamentos piensan que la población de Apurímac vivimos con un mayor desarrollo económico, pero no es verdad”, afirma Juan Carlos Huilca, vecino de Pissacasa. El megaproyecto Las Bambas generó expectativas  sobre su impacto económico en la zona, especialmente durante la fase de construcción que llegó a demandar unas 18 mil personas como mano de obra; ahora, se ha reducido a unas cuatro mil.  Fue entonces cuando la localidad de Challhuahuacho experimentó un crecimiento sin precedentes: pasó de tener una población de 3 mil habitantes a 16 mil. Restaurantes, bares, lavanderías, hospedajes, sedes bancarias comenzaron a multiplicarse en una pequeña localidad en medio de la puna. “Desde que entró la mina, los precios de nuestros productos de primera necesidad se elevaron”, relata Huilca. 

Sin embargo, todos estos nuevos servicios y habitantes, lejos de hacer de Challhuahuacho un polo de desarrollo, empezaron a colapsarla. Ahora, el río está contaminado por las aguas servidas y residuos sólidos. “Esta localidad  tiene una cantidad impresionante de casos de violación sexual. Challhuahuacho ni siquiera tiene una oficina de Centro de Emergencia Mujer”, explica Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras. Luque añade que la presencia de la actividad minera ha alterado la realidad social “los hombres que trabajan para empresas que prestan servicios a la minera tienen mayor capacidad económica, por tanto, acceden a una serie de servicios como bares, cantinas, y eso trastoca las relaciones familiares y vida comunal”.

Los vecinos apurimeños no quieren que se repita la experiencia de Challhuahuacho; quieren que el desarrollo empiece por tener acceso a servicios básicos. Para atenderse en un centro de salud deben viajar unas siete horas hasta Cusco, el 70% de los hogares no tiene acceso a agua, y el 88,5% no tiene acceso a desagüe. Felipe Mamani, presidente de Defensa de los Intereses de Mara, espera que el Estado invierta y apoye a los pequeños productores que cultivan papa nativa.

 “La población ha pedido que se promueva un desarrollo más concertado y planificado. Estos planes tienen que hacerlo los gobiernos regionales y locales, pero si el Estado nacional quiere fortalecer el desarrollo en estas zonas debería hacer un esfuerzo por mejorar la institucionalidad local”, declara César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción. 

Comunidades de Cotabambas demandan al gobierno de PPK que retome la Mesa de Diálogo

ü  El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar.

ü  Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.

Seis meses después desde que se instaló la Mesa de Diálogo en torno al proyecto Las Bambas, propiedad de la estatal china MMG,  las comunidades se muestran preocupadas por sus limitados avances y demandan que el gobierno de PPK continúe con este proceso de diálogo. “Quisiéramos sentarnos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para ver de qué forma vamos a trabajar a nivel de Cotabambas. Nosotros no estamos en contra de la mina, queremos que funcione pero respetando a las comunidades”, afirma Ebert Buendía de la comunidad campesina de Pisaccasa, en el distrito de Mara.

 

La Mesa de Diálogo es el resultado de un acuerdo al que llegaron las autoridades  del gobierno central (Gobierno de Humala) y los pobladores de Cotabambas  luego del estallido del conflicto social de setiembre de 2015,  y que tuvo como saldo tres muertos, dos personas con detención preventiva de 6 meses, una persona con incapacidad física y más de 100 dirigentes denunciados. Su creación recién se concretó en noviembre de 2015, se instaló a fines de febrero de 2016 y tuvo su segunda reunión a fines de abril.

 

Asimismo, el conflicto tuvo como una de sus razones los cambios operados en el proyecto Las Bambas,  la mayor inversión minera en la historia del país por un monto aproximado de US$ 10,000 millones.  

 

A pesar de que la población de Cotabambas en su mayoría es quechuahablante, la Mesa de Diálogo no cuenta con un traductor oficial que facilite las comunicaciones. “La mayoría de las comunidades que van no entienden, tampoco los funcionarios. No hay un interlocutor que facilite esto”, explica Víctor Limaypuma, de la comunidad de Asacasi, Tambobamba. También se quejan de que el Estado no les brinda facilidades para asistir a las reuniones. “El comunero tiene que costear su pasaje, su alimentación. Tenemos serias dificultades porque no tenemos un ingreso permanente, entonces tenemos que vender cuy o algunos de nuestros bienes. No podemos participar en óptimas condiciones”, asegura Limaypuma.

 

“El Estado tiene que invertir recursos en estas mesas para que se dé un diálogo sostenido con las mínimas condiciones. Se tendría que contratar a moderadores independientes, actualmente es algún representante del Estado, que no son expertos en facilitación, esto es básico en cualquier negociación a nivel internacional”, sostiene César Flores, economista y antropólogo de CooperAcción.

 

Limitados acuerdos

Los ejes sobre los que gira la mesa son: Medio Ambiente, Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Respecto a los familiares de los fallecidos, el Ejecutivo ofreció incorporarlos en los programas Juntos y Pensión 65 (siempre y cuando las víctimas cumplan los requisitos establecidos por ley), la entrega de un kit escolar (que constaba de unos cuadernos y lápices), y la creación de un fondo que asignaría 850 soles por familia mensuales durante dos años. Este fondo sería cubierto el primer año por la empresa, y el segundo por el gobierno regional y los gobiernos locales de la provincia de Cotambambas. Sin embargo, esta ayuda no cubriría las necesidades que requieren las familias, especialmente los niños.

 

 “No vemos que el Gobierno central asuma su responsabilidad cuando son sus representantes, a través de la Policía Nacional del Perú,  los que han victimado a estos ciudadanos. Justo ellos deberían asumir la responsabilidad, y deberían asumirla como una indemnización no como un favor o ayuda humanitaria, sino como una reparación por violación de derechos humanos”, explica Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

 

Una de las preocupaciones que comparte la población en materia ambiental son las modificaciones que ha tenido el proyecto minero. “Son cinco modificaciones en un lapso de 20 meses, y tres de ellas, se han realizado a través de un instrumento que se aprueba en 15 días y no permite la participación ciudadana. El proyecto original involucraba a tres regiones y su infraestructura se iba a repartir en más de 200 kilómetros”, comenta José de Echave, investigador de CooperAcción. En estas condiciones la población teme de que los cambios realizados no se hayan hecho con el debido cuidado y que por lo  tanto, no se hayan adoptado las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños. Uno de los problemas que actualmente supone un auténtico dolor de cabeza para los habitantes es la carretera sin pavimentar- que remplazó al  mineroducto-  por la que transitan diariamente más de 300 vehículos (250 de ellos con minerales).

 

Por otro lado, un tema que acentúa la preocupación de los pobladores es que hasta el momento no se ha aclarado las razones por las que se desbordó la presa de clarificación en febrero, es decir, sólo dos meses después de ponerse en funcionamiento la mina.  El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha tomado las muestras mucho tiempo después del accidente y es probable que la contaminación producida se haya diluido. No obstante, es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) quien debería pronunciarse sobre las razones del colapso de la presa y hasta la fecha no se ha manifestado.

 

Finalmente, en el eje de desarrollo sostenible, la población demanda, más que obras de infraestructura, un desarrollo integral  y sostenible, lo que requiere de mayores recursos asignados por Estado; además, tanto la inversión pública como privada debería hacerse en base al Plan de Desarrollo Concertado Provincial, el que debe ser actualizado participativamente. Sin embargo se estima que hasta el  año 2021 Las Bambas no pagará impuesto a la renta ya que cuenta con el beneficio de un contrato de garantías que la última vez ha sido renovado en el mes de mayo de 2016, y por lo tanto, no habrá distribución de canon, debido a que la empresa, en los primeros nueve años de producción, recuperará la inversión realizada. Cabe precisar que de Apurímac, cuya tasa de pobreza alcanza al 88% y 78% de la población respectivamente.