lunes, 23 de febrero de 2015

Organizaciones expresan su descontento sobre la consulta previa en los lotes 169 y 195

Entre los principales cuestionamientos está el poco tiempo en los que han sido ejecutados, su lenguaje altamente técnico y la falta de discusión de los impactos reales de los proyectos; así como de las medidas que se adoptarán para proteger los derechos colectivos.
 
El presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali, Lizardo Cauper, cuestionó  los  procesos de consulta previa llevados a cabo en las áreas de influencia directa de los lotes petroleros 169 y 195, ubicados en las regiones de Ucayali y Huánuco, respectivamente.
 
El caso del lote 169 fue el primer proceso realizado desde que se aprobó el reglamento de la Ley de Consulta Previa en abril de 2012. El organismo encargado de ejecutarlo fue Perupetro.
 
Para Cauper, quien, como representante de AIDESEP fue actor y veedor de estos dos procesos, una de las críticas más saltantes fue el poco tiempo que se dedicó a informar a la población acerca de todo lo que conlleva la explotación petrolera.
 
En una publicación del Ministerio de Cultura en donde se sistematiza la consulta previa de estos dos lotes se indica que las comunidades fueron informadas de las  repercusiones del proyecto en un tiempo de 30 días. Es más,  respecto a Lote 169 se señala que la etapa de diálogo se llevó a cabo en 8 días, entre el 12 y 20 de diciembre de 2013.
 
El líder indígena señaló que los plazos establecidos no guardan relación con la complejidad cultural de las zonas.  El área de influencia del lote 169 alberga a tres pueblos indígenas: Asháninka, Yaminahua y Amahuaca; mientras que en el lote 195  existe presencia de los pueblos indígenas: Shipibo-Konibo y Kakataibo.
 
Además, señaló que esta deficiencia se hace más sentida, si se considera que la población consultada  presentaba bajos niveles de educación y altos índices de analfabetismo y que las autoridades conocían de ello:
  
“No tuvieron en cuenta el grado de instrucción de la población consultada. En tres días de talleres informativos no quedó nada, puesto que los temas eran técnicos. El papel aguanta todo, pero en las acciones, los hechos son completamente distintos y negativos para nosotros. El diálogo fue completamente desigual”, comentó Cauper.
 
El líder indígena consideró que el Estado vio este proceso como un mero trámite. Pero además, resaltó  la necesidad de que el Estado sea claro en lo que consulta:
 
“Es necesario que los temas tratados queden claros. No hablan de impactos, sino de posibles impactos. Y no dicen cuáles son los reales impactos y si es que suceden, cómo se procedería”.
 
Es más, Lizardo Cauper cuestionó profundamente la forma en qué se discutió las condiciones de los contratos de licitación de los lotes. Al respecto señaló que en el proceso no se puede determinar en qué claúsula  ni cómo se introducirán las medidas para garantizar los derechos colectivos y que en realidad es difícil determinar qué se está consultando:
 
“Perupetro tiene que aprobar de acuerdo a consulta para dar licitación a un contrato privado.  Pero vamos a ver ¿Qué contiene el contrato? ¿En qué parte del contrato de licitación va a garantizar el derecho colectivo de los pueblos? ¿En qué cláusula se especificará el tema? ¿Qué se ha consultado?”, manifestó.
 
Sobre los acuerdos, comentó que se ofrecen empleos, y se pregunta qué empleos se generarán para una población con bajos niveles de educación.
“Ellos solo dicen que va a generar empleo, que el país va a desarrollarse, que van a generar oportunidades, pero ¿Para quién? y “cómo”, sentenció.
 
Por su parte, Pilar Camero, Coordinadora del Programa Ecosistemas y Derechos de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), acotó que en estos procesos de consulta no se garantiza los derechos y demandas.
 
“Por ejemplo, la titulación pendiente no es abordada ni se agenda su atención, tampoco sobre las recomendaciones ante posibles impactos ambientales. Si estas propuestas no son llevadas a ser incluidas como parte de modificaciones del Contrato de Licencia de Hidrocarburos y la inclusión de la consulta a futuro en instrumentos de gestión ambiental (EIAs), este proceso no será eficaz ni eficiente en la realidad”, señaló.
 
En cuanto a si el Estado ofrece la garantía de respetar los acuerdos pactados en el proceso de consulta, Camero consideró que las instituciones del Estado quedan asumiendo un rol “como juez y parte” y, quizás, organismos como la Defensoría del Pueblo debería jugar un papel más activo en esta fiscalización y control de los compromisos.
 
“Asimismo, una de las propuestas, desde el primer proceso de consulta en este sector, de las organizaciones y comunidades nativas, ha sido poder tener participación efectiva en Comité de Supervisión del contrato lo que implica modificar la Cláusula Sétima del modelo de contrato de licencia para hidrocarburos, lo que es un reclamo legítimo de los pueblos indígenas, que guarda relación con la medida consultada y sobre lo cual hasta ahora el ente rector, Perupetro, no ha querido entregar una respuesta a la altura del estándar normativo”, puntualizó.
 
*Foto: tomada de revistaoronegro.

viernes, 13 de febrero de 2015

Estudio revela que las personas con discapacidad tienen una probabilidad cuatro veces menor para encontrar empleo

ü  Presentan proyecto de investigación “Inclusión de las Personas con Discapacidad en los Sistemas de Protección Social”  en  Perú y Tanzania.
ü  El Programa JUNTOS presenta problemas en los hogares con menores con discapacidad.
 
¿Cuál es el grado de inclusión de las personas con discapacidad en los sistemas de protección social? Esta es la pregunta que se realizaron los investigadores del estudio, con el fin de proponer estrategias para su inserción adecuada. En el caso peruano, esta investigación incluyó varios estudios en el distrito de Morropón, Piura.
 
Esta publicación encontró una prevalencia de discapacidad de 7.9% en Morropón, con una tasa significativamente mayor entre mayores de 60 años (29.2%). La discapacidad física (limitaciones para moverse o caminar) y la discapacidad visual (limitaciones para ver) son las que más afectan a dicha población.
 
Además, la prevalencia de la discapacidad es mayor entre familias con menores ingresos y aquellas de nivel socioeconómico más bajo.
 
De acuerdo con el estudio, las personas con discapacidad tienen cuatro veces menos probabilidades de trabajar que aquellas sin discapacidad y, entre quienes sí lo hacen, sólo el 5% recibe el salario mínimo legal.
 
Solo 18.3% de mujeres con discapacidad reportó haber trabajado en el último año, comparado con el 37.7% de varones.
 
ALTA TASA DE ANALFABETISMO
En relación con el acceso a la educación, si bien no se encontraron diferencias significativas en las tasas de asistencia a la escuela, las personas con discapacidad reportaron mayores tasas de analfabetismo (32.6%) y los menores con discapacidad fueron más propensos a estar matriculados en un año inferior (26.3%), faltar a clases (10.5%) y repetir el año (26.3%).
 
En cuanto a la salud, proporción similar de personas con y sin discapacidad cuentan con un seguro de salud; sin embargo, las personas con discapacidad reportaron problemas de salud más graves y mayor necesidad de atención especializada.
 
También se econtraron brechas altas en el acceso a servicios de rehabilitación y ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones, anteojos y demás).
 
Como parte del estudio, también se evaluó el acceso a los diferentes programas sociales que presta el Estado en Morropón, tales como Juntos, Pensión 65 y el Sistema Integrado de Salud (SIS).
 
Si bien los resultados del estudio cuantitativo sugieren que, en comparación con las personas sin discapacidad, no existen diferencias significativas en la inclusión de las personas con discapacidad en dichos programas, los estudios de calidad desarrollados hayaron diversos problemas en la ejecución de estos programas vinculados a la falta de servicios de educación y salud adecuados para las personas con discapacidad, así como a problemas en el transporte y movilidad.
 
De igual modo, en el caso particular del programa JUNTOS, el estudio encontró que los hogares con menores con discapacidad enfrentan diversas dificultades al momento de cumplir con las corresponsabilidades exigidas por el programa.
 
Un total de 4.021 personas en 1.084 hogares fueron encuestadas durante el estudio cuantitativo, mientras que unas 48 personas fueron entrevistadas para los estudios cualitativos. Adicionalmente, 22 representantes del Estado y la sociedad civil fueron entrevistados para el análisis de las políticas nacionales en protección social y discapacidad.
 
Esta investigación se presentó el 28 de enero en Lima, ha sido desarrollada por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en conjunto con la ONG Sociedad y Discapacidad (SODIS) y el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas (CRONICAS) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por encargo de la- Cooperación Alemana, implementada por la GIZ.
 
Cabe destacar que en el taller participaron representantes de distintos sectores y programas de gobierno, así como representantes de varias organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil.

jueves, 5 de febrero de 2015

Víctimas de esterilizaciones forzadas exigen se judicialice el caso


  • Hace un año, organizaciones de mujeres presentaron un recurso de queja por archivamiento parcial del caso, hasta ahora no hay judicialización. 
Hace más de un año, en enero de 2014, se archivó parcialmente la investigación fiscal del caso de esterilizaciones forzadas, lo cual dejó fuera de responsabilidad penal al expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. 
El abogado del caso, el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, agregó que, más allá de establecer investigaciones preliminares contra autores materiales (personal médico) del delito, no existe una imputación a los autores mediatos. A ello se le agrega el serio estancamiento a nivel fiscal, puesto que no hay una judicialización del caso. 
 
“Tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no solo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”, manifestó Arbizu. 
 
Asimismo, consideró que existe una seria contradicción -y que es parte del recurso de queja presentado hace un año- al abrir investigación a autores materiales de esterilizaciones forzadas por homicidio negligente, sin dolo. A pesar de esa atribución, el fiscal declara archivado el caso con respecto a la responsabilidad penal de Fujimori y sus ministros como caso de violación de derechos humanos. 
 
“¿Cómo un homicidio sin dolo puede suponer una violación a los derechos humanos? Es la primera gran incongruencia de la disposición de archivo del fiscal provincial”, declaró Julio Arbizu, abogado de las víctimas. 
 
Por su parte, la directora de Demus, María Ysabel Cedano, recordó que el único caso en el que el Estado ha reconocido responsabilidad penal es en el de Mamérita Mestanza, fallecida días después de la intervención quirúrgica de esterilización. “Pero el asunto es ¿Qué pasa con las demás víctimas y con los responsables políticos?”, acotó.  
 
Además, alertó su preocupación por el hecho de que el caso actualmente está en la Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa, quien ha sido ratificado como fiscal titular y, como corresponde, deberá ser removido.  
 
Al respecto, Julio Arbizu precisó que el fiscal entrante deberá ponerse al tanto del caso y esperó que sea designado como titular y no provisional. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”, puntualizó. 
Hay que recordar que el exfiscal de la Nación, José Peláez,  retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de segunda instancia Carmen Ibáñez,  a quien le correspondía por  ser su turno,  y lo  transfirió a Luis Antonio Landa, fiscal de  la Tercera Fiscalía Superior Nacional .Las organizaciones feministas  presentaron hace un año un pedido de nulidad por la decisión del exfiscal, pues alegan que se realizó sin la “debida motivación”, vulnerando el principio de fiscal natural.   

 
Exigen a Ministerio de la Mujer y Salud reparar a las víctimas  
 
La representante del Grupo de Seguimiento de las Reparación de víctimas de esterilizaciones forzadas, Ana María Vidal, exigió a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, y al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, la reparación integral -que pasa por el acceso a la salud y salud mental- de las miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento. 
En tanto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, hizo hincapié en que la esterilización de más de 300 mil mujeres y 22 mil hombres durante el segundo quinquenio del fujimorato, se trató de un delito de lesa humanidad, que no se tiene que dejar pasar. 
 
Por su parte, Liz Meléndez, miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Perú, añadió que se debe resaltar la impunidad en la que las esterilizaciones forzadas continúan. “La justicia es una utopía para las mujeres”, criticó.  
 
El caso de las esterilizaciones forzadas, en el punto de mira de los organismos internacionales de derechos humanos 
 
El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas, bajo el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000, para erradicar la pobreza. El programa alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones.  
En 1999, DEMUS, APRODEH, el Centro de Derechos Reproductivos, CLADEM y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida tras ser esterilizada de manera forzada en Cajamarca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2003 el Estado peruano y la CIDH suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa para el caso.  
 
Con este acuerdo, Perú aceptó su responsabilidad por la violación de derechos humanos y se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los responsables políticos que resulten implicados, así como a reparar a las víctimas siguiendo las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo.